“CUANDO TODOS LOS ANDALUCES CONOZCAN SU VERDADERA HISTORIA Y ESENCIA, SERÁ CUANDO LLEGAREMOS A OBTENER LA FUERZA NECESARIA PARA EXIGIR EL RESPETO QUE SE NOS DEBE, POR TENER UNA PERSONALIDAD TAN DIFERENTE DE AQUELLA QUE TRATARON DE IMPONERNOS POR LA FUERZA"

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Tachan de oportunista al alcalde de Algeciras, Landaluce (PP) y de hacer un uso político de una situación que vulnera los derechos constitucionales de los ciudadanos de esta comarca.

La Plataforma de Ciudadanos Rodeados por la Fábricas, Cooperación Alternativa, Agaden y CGT Campo de Gibraltar, presentarán alegaciones a la respuesta que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha dado a la resolución formulada por la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz a finales del pasado mayo, sobre la queja por la grave situación de la salud pública en el campo de Gibraltar.

Para estas organizaciones, el escrito de la Consejería de Salud, respondiendo a la resolución formulada por el defensor de Pueblo andaluz, confirma una vez más, la dejadez del gobierno de la Junta de Andalucía, que ni siquiera ha leído los diferentes documentos que conforman el expediente de la queja 10/3589, certificando que ni tiene ni han tenido intención de revertir las condiciones sociales, sanitarias y medioambientales de este territorio y que asumen la recomendación solo de cara a la opinión publica.

Insisten en que la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz, sobre la queja por la situación de deterioro de la salud y el medio ambiente en la comarca del campo de Gibraltar, Cádiz, es insuficiente y volverán a solicitarle que incluya las recomendaciones planteadas por las organizaciones ciudadanas, sociales y ecologistas promotoras de la queja, contemplando la aplicación del principio de precaución, aplicando una moratoria a la instalación y ampliaciones de nuevas industrias contaminantes, actuando directamente sobre uno de los factores de riesgo de esta comarca, la contaminación industrial.

Recuerdan que el Defensor del Pueblo Andaluz tiene el encargo de velar por los derechos fundamentales de las personas y es flagrante que el derecho a la protección de la salud y el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado en este entorno, están constantemente conculcados, tanto por las grandes industrias como por las acciones y omisiones de las administraciones públicas. En este caso critican la falta de contundencia de Maeztu no incluyendo de manera explícita el establecimiento de una moratoria industrial. Moratoria que los promotores de la queja especificaron en su análisis al Defensor del Pueblo, considerada imprescindible al basarse en el principio de precaución. Frente a la instalación de nuevas industrias, implantar medidas limpias y concretas de creación de empleo, recuperación del territorio y mejoras sociales y educativas para toda la población.

Aunque señalan como positivo que la resolución del Defensor del Pueblo Andaluz reconozca, y citamos textualmente, “está suficientemente acreditada la existencia de una situación de salud publica entre la población del campo de Gibraltar comparativamente peor que la de otras poblaciones similares asentadas en otras zonas del territorio”, y además asuma que la relación entre la contaminación industrial y la salud de su población: “debemos decir que la relación de causalidad no ha quedado en absoluto descartada por los estudios e investigaciones realizados hasta la fecha ni, menos aún, por el Dictamen elaborado por la Sociedad Española de Epidemiología. Antes al contrario, creemos que debe asumirse como muy probable la existencia de una relación entre la contaminación industrial de la zona y los problemas de salud pública de la población asentada en la misma”.

Sobre el dictamen de la Sociedad Española de Epidemiología, recalcan que es sesgado y limitado y que excluye un factor de riesgo para la salud tan reconocido en el ámbito científico como es la contaminación atmosférica o la exposición ocupacional que se da en las industrias de esta zona. Un dictamen alineado con las tesis del gobierno andaluz, pues ha tenido entre sus autores a personal al servicio de la Junta de Andalucía, en un claro conflicto de intereses.

Además, se llega a plantear, aunque tímidamente, el principio de precaución para instalar nuevas industrias en la zona, de la siguiente manera: “Asimismo, y hasta tanto no se disponga de conclusiones definitivas sobre la incidencia real de los factores ambientales en la situación de salud pública existente en el campo de Gibraltar, entendemos que cualquier decisión que pueda redundar en un aumento significativo del riesgo ambiental en la zona debería venir precedido de estudios rigurosos que, bajo la premisa del principio de precaución, acrediten la oportunidad y conveniencia de dicha decisión”.

En resumen, Maeztu evita en la resolución formulada a la Consejería de Salud, incorporar medidas concretas que se vienen reivindicando y que se especifican en el análisis aportado por estas organizaciones, por lo que le advierten que de no contemplar las alegaciones y recomendaciones propuestas trasladaran sus protestas a la oficina del Defensor de Pueblo en Sevilla y al Parlamento de Andalucía en caso de no tomar medidas efectivas ante el deterioro de la comarca.

Por ultimo lamentan la falta de compromiso de las fuerzas políticas y critican las palabras del alcalde de Algeciras, Ignacio Landaluce, al que le recomiendan aplaudir menos y preocuparse de la salud de los ciudadanos y piden a los partidos políticos y a la Junta de Andalucía que al menos se lean la resolución completa del la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz antes de realizar declaraciones y confundir a la ciudadanía.

Cooperación Alternativa, CGT Campo de Gibraltar, Agaden y la Plataforma de Ciudadanos Rodeados por la Fábricas, presentarán alegaciones a la respuesta de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, a la vez que prepararan acciones de protesta junto a otras organizaciones.

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