“CUANDO TODOS LOS ANDALUCES CONOZCAN SU VERDADERA HISTORIA Y ESENCIA, SERÁ CUANDO LLEGAREMOS A OBTENER LA FUERZA NECESARIA PARA EXIGIR EL RESPETO QUE SE NOS DEBE, POR TENER UNA PERSONALIDAD TAN DIFERENTE DE AQUELLA QUE TRATARON DE IMPONERNOS POR LA FUERZA"

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Cuatro altos cargos nombrados por el Gobierno andaluz siguen sin ser destituidos pese a tener procesos abiertos por presunta prevaricación, como la ex directora general de Minas.

Aunque el nuevo Gobierno andaluz de Susana Díaz se vanagloria públicamente de haber comenzado la X Legislatura sin ningún alto cargo imputado en la Junta, y aunque en paralelo Ciudadanos tampoco dude en apuntarse el mérito de la limpia por el pacto anticorrupción que desbloqueó la investidura de la líder socialista, la tozuda realidad obliga a puntualizar que el Ejecutivo regional sigue manteniendo en despachos oficiales a responsables autonómicos inmersos en investigaciones penales de futuro incierto.
Algunos casos son conocidos. Para empezar está el de la delegada provincial de Medio Ambiente y Ordenación en Granada,Inmaculada Oria, a quien como adelantó EL MUNDO de Andalucía el pasado sábado se le puede complicar la virtual desimputación atendiendo a los informes periciales que está recabando el Juzgado de Instrucción 6 de Granada para dilucidar si esta alto cargo, entre otros responsables públicos supuestamente implicados, pudo incurrir en los delitos de prevaricación omisiva, contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente en el caso de los vertidos de aguas fecales desde la depuradora de la prisión de Albolote.

La versión pericial

Según el informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses reclamado por el juez, el 83% de las muestras recogidas desde la apertura de la cárcel granadina en el entorno superan ampliamente los parámetros tolerables para la salud humana, con un «riesgo grave» para los ecosistemas y el uso de las aguas corroborado por los peritos independientes que explicaría por qué el caso no haya sido archivado automáticamente, pese a lo cual la Junta mantiene en el cargo a la delegada de Medio Ambiente.
Pero el caso de Inmaculada Oria no es el único. Sin ir más lejos, en la misma causa -aunque su nombre no haya salido a relucir tanto- está también imputada la delegada del Gobierno andaluz en Granada, la socialista Sandra García, quien está resistiendo igual de bien a la oleada de relevos aprobados en la Administración periférica durante las últimas semanas. Y es que la confianza de la Junta en que el caso acabará siendo sobreseído y ambas desimputadas es absoluta, sobre todo tras el archivo automático de la investigación contra el ex delegado provincial de Medio Ambiente y actual parlamentario andaluz por Granada del PSOE Francisco Javier Aragón, un precedente que según expertos jurídicos anticipa que no habrá condenas penales por los problemas de la depuradora de la cárcel de Albolote, informa Ramón Ramos.
El Consejo de Gobierno andaluz también mantiene en su puesto a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva, la socialista Manuela de Paz, quien declaró el pasado 23 de junio en calidad de imputada ante el titular del Juzgado de Instrucción 5 de Huelva, que ha dado curso a una de las denuncias presentadas por el sindicato CCOO; en concreto, a la relativa a la presunta comisión de delitos medioambientales por De Paz en el proyecto ampliación Sur Muelle Ingeniero Juan Gonzalo, que requería evaluaciones ambientales que no se habrían realizado. Pero también en este caso el Gobierno andaluz ha mostrado públicamente su convicción plena respecto a que la presidenta del puerto onubense acabará siendo exculpada de cualquier responsabilidad penal, por lo que se la mantiene en el cargo a expensas de las futuras resoluciones judiciales.
Al menos hay un cuarto caso de alto cargo andaluz en ejercicio pese a estar imputado. Se trata del director general de Gestión del Medio Natural de la Junta, Javier Madrid, imputado desde el año pasado en el Juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla por un presunto delito de prevaricación a raíz de una denuncia de la Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía -avalada por Fiscalía de Medio Ambiente- contra la autorización, año tras año, de la polémica práctica del silvestrismo durante el paso migratorio de los pájaros fringílidos entre septiembre y noviembre.
Los casos de los cuatro altos cargos analizados están relacionados con presuntas irregularidades medioambientales -a las que fue el PSOE el que les otorgó relevancia criminal mediante la reforma del Código Penal de 1995-, pero en todos estos supuestos se analizaría si ha habido la supuesta prevaricación administrativa que le acaba de costar el puesto a la ex directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio,destituida el pasado martes por el Consejo de Gobierno tras la citación para declarar como imputada el próximo 17 de septiembre por la polémica adjudicación de las minas de Aznalcóllar al Grupo Magtel.
El listón para la asunción de las responsabilidades políticas se ha rebajado exclusivamente para Asensio, pese a que se presume también de su inocencia hasta el punto de que se le está guardando el despacho en la confianza de que la juez instructora, Patricia Fernández, acabará desimputándola en cuanto declare dentro de un mes.
Por último, llama la atención que quien ha ejecutado formalmente el cese de la directora de Minas sea precisamente José Sánchez Maldonado, el nuevo consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta, que estando al frente de Economía mantuvo durante más de un año en el cargo al ex secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología, Francisco Triguero,pese a estar imputado y pese a que el 3 de abril de 2014 el Parlamento andaluz le pidió expresamente su destitución para «asumir las responsabilidades políticas» por la firma de una ayuda de 15,5 millones de euros para la sede de un instituto que ya no existía.
FUENTES:elmundo.es

La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, María del Carmen Ortiz Rivas, ha ratificado en el cargo al delegado provincial de Almería, José Manuel Ortiz Bono, a pesar de su imputación por posibles irregularidades en el cambio de calificación de suelos en Tabernas a instancias de una empresa. Se da la circunstancia de que Carmen Ortiz y su delegado, ambos de Almería, son primos segundos.
La consejera y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, firmaron el pasado 30 de julio el cese y posterior nombramiento de Ortiz Bono, publicado en el BOJA, y que se produce a pesar del compromiso de la presidenta con Ciudadanos de no mantener en los cargos públicos a personas imputadas.
El delegado de Agricultura de Almería se convierte así en el quinto cargo imputado en la Junta de Andalucía, junto a Inmaculada Oria, delegada de Medio Ambiente en Granada;Sandra García, delegada del Gobierno en Granada; Manuela de Paz, presidenta del Puerto de Huelva; y Javier Madrid, director general de Gestión del Medio Natural de la Junta. Todos están imputados por prevaricación en casos de falta de protección al medio ambiente, algunos vinculados con el urbanismo.
La Fiscalía pidió en abril la imputación del entonces delegado de Agricultura y Medio Ambiente en Almería, José Manuel Ortiz Bono, por presuntas irregularidades cometidas en el cambio de uso de forestal a agrícola de casi 300 hectáreas en Tabernas, donde la empresa Gespater SLU pretende cultivar olivos. Con el cambio de Gobierno, la Consejería ha perdido las competencias en materia de Ordenación del Territorio.
La imputación de Bono, junto a la de dos técnicos de la misma Consejería, es consecuencia del escrito presentado ante la Fiscalía por el Grupo Ecologista Mediterráneo, después de recibir las denuncias de agricultores y vecinos de la zona, que advertían del peligro que sufrían los acuíferos.
Según los ecologistas, se trata de un proyecto de explotación agrícola intensiva de regadío de 600.000 olivos que no cuenta con la obligada evaluación de impacto ambiental. Tampoco tendría los derechos de uso de agua correspondientes.
Los ecologistas precisan que el proyecto real se fraccionó en al menos tres, con una superficie individual inferior a las 100 hectáreas, «cuyo objeto no puede ser otro que el de eludir la exigencia de evaluación de impacto ambiental».
Además, advierten de que la tramitación de los cambios de uso, que suele tiene una duración ordinaria no inferior a un año, se produjo en estos casos «con una celeridad extraordinaria». Los tres cambios se solicitaron por el mismo promotor, de forma sucesiva y sobre terrenos ubicados en el mismo lugar, «luego la necesidad de la evaluación ambiental conjunta no puede haber pasado desapercibida para la Delegación Territorial», aseguran.
La denuncia de la Fiscalía señala que el examen de los tres expedientes entre enero y junio de 2013 «evidencian irregularidades y omisiones que hacen precisa la incoación de diligencias previas para determinar si los hechos pudieran constituir un delito de prevaricación».

Me limito a firmar lo que dicen los técnicos

Ortiz Bono declaró como imputado el Juzgado de Instrucción 1 de Almería el 21 de abril y cargó toda la responsabilidad en los técnicos de la Delegación: «He aclarado cómo funciona y lo que hago como delegado, que realmente el delegado no entra ni en el fondo ni en nada de la propuesta de resolución, que no la cambio ni la puedo cambiar, y que me limito a firmar lo que dicen los técnicos de la casa, que son los que saben, porque son muchísimas resoluciones y muchísimos expedientes», dijo.
Por su parte, la Consejería de Agricultura insistió ayer en que el delegado no está imputado formalmente, ya que no ha habido un pronunciamiento de la juez sobre la petición de la Fiscalía al respecto. ElGobierno andaluz subraya que todavía se trata de diligencias previas.
No obstante, la propia Junta ha asumido la defensa del delegado en el procedimiento. El pasado mes de abril, la juez rechazó decretar sobreseimiento de la causa tras el archivo solicitado por la Junta de Andalucía, ya que la instrucción aún no había concluido.
Los letrados de la Junta argumentaron que su defendido «no se apartó en ningún momento de lo informado por los técnicos», dos de los cuales están también imputados en las diligencias previas.
El acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos en Andalucía que permitió la investidura de Susana Díaz establece que los imputados por corrupción deben ser «apartados de inmediato de cualquier cargo público, electo o designado». La misma medida se contempla para los cargos que «mientan, manipulen su currículum o su cualificación profesional y académica».
El PSOE-A burla esa cláusula asegurando que sus imputados no lo están por corrupción, sino por cuestiones administrativas relacionadas con la gestión. En algunos casos, Ciudadanos da por buena esa interpretación. En otros, como el de la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio, no la aceptan. Por este motivo, la directora de Minas fue destituida el pasado martes en el Consejo de Gobierno tras la citación para declarar como imputada el próximo 17 de septiembre por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. No obstante, el Gobierno andaluz le guarda el puesto para su vuelta en el caso de que sea declarada inocente.
En este sentido, la secretaria general del PSOE de Sevilla y diputada Verónica Pérez insistió ayer en que «la Junta de Andalucía no tiene ningún imputado por corrupción», sino «tolerancia cero».

Susana Díaz revisa los nombramientos con lupa

La presidenta de la Junta ha revisado con lupa el nombramiento de la estructura periférica de la Junta precisamente para evitar casos como el de Ortiz Bono. Esta fiscalización previa de los perfiles de los altos cargos ha demorado los nombramientos y muchos puestos siguen vacantes en las consejerías y las delegaciones provinciales. El grueso de los nombramientos se ha producido, de hecho, en agosto. La propia Susana Díaz ha rechazado muchos nombres y ha fomentado la búsqueda de perfiles técnicos, con formación académica e incluso de funcionarios para categorías como los directores generales. Curiosamente, el nombramiento de funcionarios hasta ese nivel fue una de las peticiones de Podemos para apoyar la investidura que el PSOE-A rechazó. Al afán de la presidenta por 'limpiar' la Administración de perfiles bajo sospecha continúa durante su baja maternal, en la que Susana Díaz sigue «al mando de la nave», como ha declarado su vicepresidente.
FUENTES:elmundo.es

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