“CUANDO TODOS LOS ANDALUCES CONOZCAN SU VERDADERA HISTORIA Y ESENCIA, SERÁ CUANDO LLEGAREMOS A OBTENER LA FUERZA NECESARIA PARA EXIGIR EL RESPETO QUE SE NOS DEBE, POR TENER UNA PERSONALIDAD TAN DIFERENTE DE AQUELLA QUE TRATARON DE IMPONERNOS POR LA FUERZA"

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La policía acusa a la Junta de Andalucía de amañar el concurso para conceder la mina de Aznalcóllar (Sevilla) y vulnerar el procedimiento que fija la ley. Tras un mes de pesquisas, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha finalizado su investigación por fraude y prevaricación con 15 detenidos entre altos cargos del Ejecutivo, técnicos y los dos empresarios ganadores de la convocatoria. La juez Patricia Fernández, tras censurar que el concurso careció del “más mínimo rigor”, debe ahora mover ficha.

La policía considera que en el concurso para la mina de Aznalcóllarla Junta andaluza alteró los criterios establecidos en la Ley de Minas para difuminar su concreción y así poder aplicar la discrecionalidad y elegir un ganador predeterminado. Las empresas Minorbis-Grupo México se alzaron con el concurso el pasado febrero y a continuación la firma perdedora Emerita denunció en los juzgados el supuesto amaño de la convocatoria pública, lo que desembocó en la investigación policial que acaba de concluir. Durante las pesquisas, ha prestado declaración la directora general de Minas, María José Asensio, además de los técnicos que intervinieron en el concurso y los dos empresarios ganadores de Minorbis.


Ahora los investigadores estiman en su informe que los técnicos del concurso emitieron valoraciones sesgadas para perjudicar a Emerita. Especialmente en los apartados económico y del presupuesto de investigación por cuadrícula minera. El proyecto de Emerita ofrecía una inversión de 641 millones frente a los 304 millones de la alianza Minorbis-Grupo México, pese a lo cual la segunda ganó el concurso con 75,9 puntos sobre 73,6 de la oferta perdedora. La policía sostiene que a Emerita le fueron sustraídos al menos 6,5 puntos de manera indebida.

El informe policial relata una inicial negociación entre ambas empresas que fracasó pronto. Tras la ruptura, la consultora Ayesa protagonizó supuestamente una maniobra de espionaje industrial al facilitar el proyecto de Emerita a su competidor Minorbis, que presentó ante la Junta una propuesta muy similar a la de Emerita. El abogado de Emerita denunció ante la juez cómo hace un año el responsable del grupo ganador, Mario López, les ofreció "refundir ambos proyectos", tras advertirles que "tenía la llave del concurso".

La policía subraya asimismo las carencias del proyecto ganador de Minorbis respecto a que utiliza datos y volúmenes de agua ficticios. Además, los agentes critican la propuesta de Minorbis para construir balsas de residuos tóxicos, prohibidas en el propio pliego tras el desastre ecológico del vertido en 1998, y considera suficiente una depuradora físico química cuando es necesaria una de ósmosis inversa. Por último, el informe censura la propuesta para el acceso subterráneo al talud sur sin tener en cuenta su inestabilidad y su alto riesgo de desprendimiento.

La tesis policial denuncia que el Gobierno andaluz ignoró la transparencia debida en el concurso, y que esa intención motivó que el Consejo Consultivo no interviniera para vigilar el proceso, a pesar de que por ley no está obligado a ello. La UDEF considera que el Consultivo debía haber emitido un dictamen dado que el proyecto supera los 300 millones. Al Grupo México no le fue exigida la documentación requerida en las bases porque este no fue licitador en el concurso, sino que solo prestó a Minorbis apoyo económico, técnico y financiero, tal y como explicaron las personas acusadas por la policía. Para rechazar los testimonios de los detenidos, la policía incluye certificados, actas y resoluciones que indican lo contrario y rubrican la participación de Grupo México como licitador en unión con Minorbis.

La Junta ha defendido la legalidad del concurso, y tras un informe favorable de sus servicios jurídicos, ahora el Ejecutivo ha cerrado la vía administrativa al rechazar el recurso de alzada de Emerita, a la que acusa de basarse en “meros juicios de valor”. “No se vulneró ningún derecho de la compañía, ni se halló ilegalidad en la resolución del concurso”, concluye el Gobierno.

Mientras, en las diligencias por tráfico de influencias desgajadas de la investigación troncal, que investigan un supuesto trato de favor desde la Junta hacia el grupo Magtel (propietario de Minorbis), la juez ha archivado seis de los siete casos que se investigaban. Tras el informe de la fiscal del caso, la juez ha ordenado investigar los trabajos de asesoramiento del ex director general de Innovación de la Junta Andrés Luque para Magtel por "servicios de asesoramiento", por los que recibió 430.000 euros.
FUENTES:elpais.com

El ex vicepresidente de la Junta y ex consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, el onubense Diego Valderas Sosa, recibirá por su cesantía del Gobierno andaluz, tras la ruptura del pacto entre PSOE e IU y la posterior convocatoria de elecciones, 100.480 euros en dos años. La cesantía es algo así como ‘el seguro de paro’ de los dirigentes de un gobierno.

Valderas recibe de manera mensual 4.186 euros, según consta en la relación de asignaciones económicas por razón de cese de los cargos del Gobierno andaluz que se ha publicado en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía.

La ruptura del pacto entre PSOE e IU y la posterior convocatoria de elecciones supondrá un desembolso de más de medio millón de euros (586.173 euros) al erario público andaluz a causa de las cesantías, de las que actualmente solo hay dos en vigor, la ya referida de Diego Valderas y la de Rafael Rodríguez, también de IU, que fue consejero de Turismo y Deporte en el Gobierno andaluz.

La mayoría de los cargos con derecho a cobrar cesantías son miembros de Izquierda Unida, al ser sus cargos públicos los que debieron abandonar el Gobierno. Entre los cesados tras la ruptura del pacto se encontraba también el también onubense Francisco Javier Camacho, aunque con rango de director general, por lo que ha recibido tres meses de indemnización a razón de 4.524 euros al mes, lo que da una cuantía total de 13.572 euros.

Otras cesantías, aunque relacionadas con el Parlamento de Andalucía, han sido hechas públicas. En el caso del diputado socialista por Huelva José Juan Díaz Trillo, la cesantía le otorgaba un derecho a cobrar 7 mensualidades a 4.302, 41 euros, lo que hace un total de 30.116 euros. El también diputado socialista por Huelva Francisco Jesús Fernández Ferrera tenía derecho a tres meses a razón de 3.511 euros, lo que daba un total de 10.534 euros

PORTAL DE TRANSPARENCIA

De los datos hechos públicos a través del Portal de Transparencia se sabe que la Junta de Andalucía cuenta con un total de 238 altos cargos y directivos de máximo nivel, un total de 222 eventuales, y una flota de coches oficiales formada por 4.086 vehículos públicos, de los que 64 se dedican a la representación política.

CRÍTICAS

IU y Podemos han coincidido este miércoles en calificar como insuficiente el Portal de Transparencia puesto en marcha el martes en cumplimiento de la Ley de Transparencia aprobada. Ambos grupos del arco parlamentario aseguran que aún faltan muchos datos, como los detalles de los entes intrumentales, las empresas públicas y las fundaciones vinculadas al Gobierno andaluz.

Antonio Maíllo (IU) ha dicho que es el Portal de “la semitransparencia” porque ahora “queda publicar la otra mitad” de los datos, como por ejemplo todos los gastos y las dietas. Asimismo, ha criticado que sobre el referido portal “se ha hablado de publicar los datos de la administración pública con carácter general” pero ha defendido que “hay que hacerlo también con el sector público, los entes instrumentales, empresas o fundaciones”. También ah reclamado que se incluyan no sólo los cargos “número uno” si no todos los de libre designación con sus remuneraciones. No obstante, confía en que la Junta de Andalucía lo complete.

Por su parte, la secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha defendido que es necesario que la Junta dé más pasos en pro de la transparencia,porque considera que “algunas de las ventanas del Portal de Transparencia que ha presentado tienen los cristales tintados”. En cualquier caso, ha explicado que “están estudiando el portal” con la ayuda del colectivo Openkratio. También ha insistido en lanecesidad de crear una Comisión de transparencia permanente en el Parlamento andaluz para avanzar en los objetivos.

“Tenemos un compromiso con la transparencia”

Como no podía ser de otro modo, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha apreciado el “compromiso con la transparencia” que manifiesta el Gobierno andaluz con la “traslación de información” que ha realizado ya al Portal de Transparencia, aunque, puntualiza, “la cantidad de datos que maneja la Administración hace que detalles específicos no se hayan podido colgar en el mminuto uno”. También ha mantenido la “voluntad” del Ejecutivo regional de “unificar criterios” para que “ningún directivo de empresa pública gane más que la presidenta”, como se pretende también con los “altos cargos” del Gobierno andaluz.

José David Sánchez de Medina, secretario nacional de Programa Electoral del Partido Andalucista, valoró los resultados del estudio Urban Audit publicados por el Instituto Nacional de Estadística que “saca de nuevo a la luz el verdadero drama de Andalucía y, con más virulencia si cabe, de la provincia de Cádiz”. “Sea cual sea el estudio, informe, encuesta o estadística – añadió – la realidad de este territorio es que somos la capital del paro, se mire como se mire”.

“La estacionalidad en gran parte del poco empleo que se crea; la mala gestión de medidas como el Plan Bahía Competitiva; los fondos que se han malgastado año tras año o el desastre de la política de formación para el empleo, son algunos de los elementos que nos han llevado y nos mantienen en la actual situación ya que, incluso cuando el empleo mejora, seguimos a la cabeza del paro”, declaró.

El secretario de Programa Electoral andalucista dijo que “otro factor ha sido la falta de una verdadera unidad de acción política para hacer un frente común efectivo ante el principal problema de las personas. Por el contrario, la falta de voluntad política y la permanente confrontación puramente partidista ha provocado la paralización o el retraso de proyectos que podrían contribuir a la creación de puestos de trabajo”.

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TASA DE PARO:29 DE ABRIL DEL 2017

ESPAÑA:-------------4.255.000---------------- "-------18,75%
ANDALUCIA:---------1.072,400-----------------"-------26,94%
ALMERIA:----------------74.200 ---------------"--------21,37%
CÁDIZ:------------------195.500----------------"--------33,87%
CORDOBA:-------------104.800----------------"---------27,53%
GRANADA:-------------113.700----------------"---------25,66%
HUELVA:-----------------63.900----------------"---------26,22%
JAEN:--------------------76.100----------------"---------25,39%
MALAGA:-------------- 240.400 ---------------"---------26,20%
SEVILLA:-------------- 243.900 ---------------"---------26,37%
DATOS: Encuesta de la Población Activa (EPA) 1º Trimestre



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