“CUANDO TODOS LOS ANDALUCES CONOZCAN SU VERDADERA HISTORIA Y ESENCIA, SERÁ CUANDO LLEGAREMOS A OBTENER LA FUERZA NECESARIA PARA EXIGIR EL RESPETO QUE SE NOS DEBE, POR TENER UNA PERSONALIDAD TAN DIFERENTE DE AQUELLA QUE TRATARON DE IMPONERNOS POR LA FUERZA"

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El Estudio de Impacto Ambiental podría clarificar el origen del mayor desastre ecológico de España. “El documento nunca se ha subido a la web”, reconoce un portavoz del Gobierno andaluz.

La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía oculta documentos clave de la adjudicación de la mina de Aznalcóllar a la empresa Boliden, causante en 1998 del mayor desastre ecológico ocurrido en España. El más importante escrito que no difunde el Gobierno andaluz es el Estudio de Impacto Ambiental que podría clarificar las causas de la catástrofe natural sucedida en el entorno de Doñana.

“El documento nunca se ha subido a la web”, reconoce un portavoz oficial de la Junta de Andalucía, que admite el lugar donde está el informe, fechado en 1994: en el archivo central de la Consejería, ubicado en el municipio sevillano de Los Palacios. “Ni siquiera estará escaneado”, según aclaran a El Confidencial fuentes de Economía, donde se agrupa la Dirección General de Minas, que capitanea María José Asensio, quien fue imputada en Matsa, la mina donde era apoderada la hija de Manuel Chaves.

En el llamado Portal Andaluz de Minería sí aparece el proyecto de explotación del yacimiento Los Frailes en el que se incluyen la memoria y los planos. “Estos documentos se subieron a la web para empresas que fueron al concurso. Había información con mapas y datos económicos que servía para que pudieran elaborar sus propuestas”, explica a este diario un portavoz de la Consejería que dirige el consejero Pepín Sánchez Maldonado.

Desde el equipo de Sánchez Maldonado precisan que esta adjudicación polémica a Magtel y el Grupo México, responsable del mayor desastre ambiental en la historia de México, ya judicializada, no tuvo nada que ver desde el punto de vista de control ambiental con la de 1994. “La de 2015 prohibía cualquier tipo de balsa. Se trataba de impedir que se volvieran a reproducir los problemas con Boliden”, argumentó la Consejería. La Junta de Andalucía no incluye ninguno de los documentos que formaron parte del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

Luis Escribano, alto funcionario de la Junta de Andalucía, relata cómo en noviembre de 1994 (recién constituido el Gobierno socialista en la Junta sin mayoría absoluta en el Parlamento andaluz, con el Gobierno de Felipe González), llega al Departamento de Impacto Ambiental el “Proyecto de Explotación del Yacimiento Los Frailes. Memoria, -Andaluza de Piritas, Boliden aprisa-", fechado en octubre de 1994, junto al Estudio de Impacto Ambiental correspondiente a dicho Proyecto, y la Memoria Resumen, que es el documento que debe presentarse para iniciar el procedimiento de E.I.A.

FUENTE:elconfidencial.com

El próximo 10 de junio la organización agraria ha convocado una manifestación en Sevilla por este tema.

El presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, ha anunciado hoy que si la Consejería de Agricultura no articula una solución que contemple la superficie pastable real de las explotaciones y revise el coeficiente de pastos de los 10.200 ganaderos que han sufrido una reducción artificial e injustificada de sus explotaciones ASAJA, que ya ha presentado un recurso de alzada, se mantendrá firme y recurrirá a la vía judicial en defensa de los ganaderos afectados por esta arbitrariedad. 

Tal como ha puesto de manifiesto el presidente de ASAJA-Andalucía dos meses después de la primera denuncia pública del problema y a sólo doce días hábiles para que se cierre el plazo de declaraciones de la PAC seguimos sin una solución clara, por lo que nos vemos obligados a convocar un acto de protesta el próximo 10 de junio en Sevilla “En defensa de la ganadería y el monte mediterráneo” al que invitamos a que se sumen todos los ganaderos andaluces.

La aplicación de un nuevo CAP calculado de manera automática mediante satélite reduce la superficie de las explotaciones ganaderas andaluzas en 790.000 hectáreas y causa un grave perjuicio a más de 10.200 ganaderos andaluces de ganado ovino, bovino, porcino y caprino que con el pastoreo mantienen la dehesa y el monte y contribuyen a la mejora del ecosistema y a la lucha contra los incendios forestales. La aplicación de este nuevo Coeficiente de Admisibilidad de Pastos reduce de forma brutal el terreno considerado como “pastable”, eliminando más de la mitad de superficie de pastos tradicionales de nuestra Comunidad Autónoma. 

Ha sido a partir del pasado 1 de marzo, cuando se abrió el periodo de declaración de la PAC, cuando los agricultores y los ganaderos han empezado a ser conscientes del problema que les genera la aplicación de este coeficiente más restrictivo que reduce las superficie de sus explotaciones y, en algunos casos, lleva los recintos a “0”, lo que supone que los ganaderos no pueden contar con esas hectáreas ganaderas en su declaración de la PAC, pese a que en ellas pastan y se alimentan sus rebaños. 

Tras las trece reuniones que ASAJA ha mantenido con responsables del Ministerio de Agricultura y de la Consejería andaluza de Agricultura en los últimos dos meses, el problema sigue “enquistado” y de la última reunión a tres bandas –Ministerio, Consejería y ganaderos- celebrada en Sevilla el pasado viernes tan sólo queda claro un asunto, que la comunidad autónoma andaluza es competente para corregir de oficio el coeficiente de pastos de Andalucía y para que este refleje la realidad de cada una de las explotaciones atendiendo a su carga ganadera real. 

Si el coeficiente de pastos no se corrige los ganaderos sufrirán una doble reducción de las ayudas, por un lado derivada de la convergencia de los derechos de pago base, y por otro por la reducción del montante de ayudas ecológicas, puesto que la ayuda a la ganadería ecológica va directamente ligada a la superficie elegible de la explotación. Este importante daño económico se ve agravado por la pérdida patrimonial que sufre el ganadero con la reducción de superficie elegible. 

“Si hace dos meses denunciamos en rueda de prensa que ya íbamos tarde, ahora vamos tardísimo”, afirmó Serra. “En un periodo crítico de la declaración de la PAC la mayoría de la normativa aún no está publicada, por lo que la PAC se está pidiendo a ciegas, porque este Gobierno en lugar de “en funciones” está en “dejación de funciones”, añadió Serra.

Entre la normativa retrasada y no publicada citó las ayudas Agroambientales y clima, y las ayudas ecológicas, que solicitan más de 85.000 agricultores y ganaderos, y que aún no se han publicado en el BOJA; por lo que no pueden aún presentar su solicitud; la Orden SIGPAC (con fuerte y directa vinculación al problema del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos), las ayudas a la primera instalación o incorporación de jóvenes agricultores (los jóvenes ya no van a poder optar a la Reserva Nacional) el Decreto de Registro de Explotaciones Agrícolas y Ganaderas, o la Orden de Condicionalidad de las ayudas, que como destacó Serra, “es importantísima para el desarrollo de la actividad de los agricultores y ganaderos, puesto que resuelve dudas sobre las labores ordinarias prohibidas o permitidas en la explotación”. 

Por todo esto, tal y como anunció hoy Ricardo Serra, ASAJA-Andalucía convocará a todos los ganaderos andaluces a sumarse al acto de protesta “En defensa de la ganadería andaluza y el monte mediterráneo” que se celebrará en Sevilla en próximo 10 de junio. 

“Seguiremos en la batalla y el próximo 10 de junio en Sevilla repartiremos plantones de encinas para poner de manifiesto la necesidad de recabar el apoyo de toda la sociedad para ayudar a que los ganaderos puedan mantener el monte mediterráneo”, ha indicado Serra.

“Llevamos ya trece reuniones con la Consejería y el Ministerio para abordar este asunto y lo único que vemos es cómo se pasan la pelota el uno al otro. En la última reunión, celebrada el pasado 22 de mayo, lo que quedó claro es que la Junta de Andalucía es la que tiene las competencias para solucionar el problema y modificar el CAP mediante el Control de Calidad y teniendo en cuenta los criterios de mejora de pastabilidad de las dehesas, las prácticas tradicionales y la carga ganadera, pero el tiempo pasa y a doce días de finalizar el plazo no podemos conformarnos sólo con compromisos basados en “la buena fe”, concluyó Serra.

La Policía ha detenido este viernes al delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, en el marco de la investigación abierta sobre presuntos favores a una empresa a la que se le adjudicó contratos para la extinción de incendios entre los años 2008 a 2010, cuando ocupaba el cargo de conseller de Gobernación, con cuyo presidente coincidió en cacerías.

La detención ha sido ordenada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto y llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía.

De acuerdo con fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), además del delegado del Gobiernohan sido detenidas otras ocho personas. La causa está bajo secreto y la operación continúa abierta.

La Fiscalía Anticorrupción lleva investigando desde octubre de 2014 una presunta contratación irregular por parte de Serafín Castellano, durante su etapa como conseller de Gobernación, a la empresa de servicios contraincendios Avialsa T-35, a la que adjudicó un contrato por 22 millones de euros en 2010.

El arresto se ha producido en la localidad de Benisanó, donde reside el delegado del Gobierno. Castellano llegó al cargo en junio del año pasado tras ser destituido como conseller de Gobernación y secretario general del Partido Popular de la Comunidad. Tras las elecciones del pasado domingo se había quedado como el principal cargo institucional de la formación en la región. Ayer ya tuvo un acto público en Valencia y para este viernes tenía previsto en su agenda una visita a la localidad castellonense de Nules.

Los agentes han desplegado una operación en Valencia, coordinada con Fiscalía Anticorrupción, en la que se están practicando diferentes registros tanto en la vivienda de Castellano como en la sede de la conselleria, han informado fuentes conocedoras de la investigación.

Esta operación surge de la investigación abierta en el ministerio público el pasado mes de octubre, cuyas diligencias le fueron remitidas de Fiscalía de Madrid tras una denuncia interpuesta por el exgerente de Avialsa --empresa adjudicataria de dichos contratos-- en la que alertaba de diferentes irregularidades tanto en la adjudicación como en la gestión de los contratos otorgados por parte de la conselleria dirigida por Castellano --quien también ocupó el cargo de secretario general del PPCV-- a esta mercantil entre los años 2008 a 2010.

Tras meses de investigación, Anticorrupción decidió denunciar los hechos en el juzgado al observar que los mismos podrían ser constitutivos de delito, han indicado a Europa Press las mismas fuentes.

En concreto, la investigación se ha centrado en los contratos adjudicados a Avialsa por parte de Castellano, cuando ocupaba el cargo de conseller de Gobernación, entre los años 2008 y 2010, para la extinción de incendios forestales, por un importe de más de 33 millones de euros.

En la denuncia presentada en Madrid, se aludía a supuestos regalos efectuados por el presidente de Avialsa, Vicente Huerta, a Castellano, relacionados con cacerías de patos y perdices; y, por otro, a gestiones del exconseller para favorecer al directivo.

Sobre este último aspecto, en la denuncia se alude a una serie de "modificaciones contractuales" que firmaron Castellano y Huerta por cambio del tipo de aviones, cuando las adjudicaciones de los contratos públicos se hicieron con otro tipo de aparatos que, después, no llegaron a España. Con estas modificaciones --se apunta en la denuncia-- se pudo haber incumplido el pliego de licitación, sin que se hubiera hecho ninguna penalización hacia Avialsa.

No es la primera vez que estos contratos con Avialsa salen a la luz,puesto que en agosto de 2013 ya se aludió en los medios de comunicación a estas adjudicaciones, y en ese momento Castellano desmintió "rotundamente" que su conselleria hubiera contratado irregularmente a la empresa Avialsa. "Todas las contrataciones que se realizan se hacen acorde a la ley, con transparencia y sin irregularidades", dijo en ese momento.

Así mismo, recordó que Avialsa es una empresa que trabaja desde 1983 y cuando se publicó el concurso de extinción de incendios de 2010, por algo más de 22 millones de euros, "fue la única que se presentó y no concurrió ninguna otra". Sobre sus compañías en las cacerías, aseveró que tiene afición por la caza y agregó que cuando va a cazar no pregunta a nadie el curriculum o le pide el DNI.

Por su parte, el grupo Avialsa manifestó hace más de un año en un comunicado que no ha tenido nunca "ningún trato de favor" de la Administración valenciana o de cualquier otra para la que la empresa trabaja o haya trabajado.

También fijó la realización de sus servicios, en el caso de la Comunitat Valenciana, desde 193, aunque recalcó que hizo la primera campaña contra incendios en 1973. Apuntó que siempre ha actuado "conforme a la ley y a los procedimientos de contratación".

FUENTE:abc.es

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CORDOBA:-------------104.800----------------"---------27,53%
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HUELVA:-----------------63.900----------------"---------26,22%
JAEN:--------------------76.100----------------"---------25,39%
MALAGA:-------------- 240.400 ---------------"---------26,20%
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DATOS: Encuesta de la Población Activa (EPA) 1º Trimestre



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