“CUANDO TODOS LOS ANDALUCES CONOZCAN SU VERDADERA HISTORIA Y ESENCIA, SERÁ CUANDO LLEGAREMOS A OBTENER LA FUERZA NECESARIA PARA EXIGIR EL RESPETO QUE SE NOS DEBE, POR TENER UNA PERSONALIDAD TAN DIFERENTE DE AQUELLA QUE TRATARON DE IMPONERNOS POR LA FUERZA"

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No todo han sido ventajas para los más de 20.000 trabajadores de empresas públicas, Ley de Reordenación del Sector Público andaluz, más conocida como ley del enchufismo, aprobada en 2011 entre las protestas de buena parte de los funcionarios andaluces.
fundaciones y otros entes instrumentales de la Junta de Andalucía que se vieron afectados por la polémica
La Junta convirtió en empleados públicos por la puerta de atrás a miles de trabajadores -también los enchufados- pero para algunos habría sido más ventajoso permanecer en su antigua empresa pública y no en la nueva agencia que surgió de la Ley de Reordenación.
En esta situación hay un grupo de trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), en la que se integraron casi 6.000 empleados de la extinta Egmasa (Empresa de gestión Medioambiental).
Las víctimas de la Ley de Reordenación son casi 200 empleados que debían ser indefinidos si se hubiera cumplido el acuerdo de estabilidad firmado por los sindicatos y la dirección de Egmasa en el año 2005, que fue ratificado posteriormente en marzo de 2011, un mes después de ser aprobada la Ley de Reordenación del sector público.
Pero al extinguirse Egmasa y crearse Amaya, aquel acuerdo de estabilidad quedó en papel mojado y la Agencia nunca «transformó la relación en indefinida de aquellos que vayan cumpliendo 54 meses de contratación continuada en la empresa», como se había comprometido con los sindicatos.
Y ahí empezó el agravio comparativo entre los trabajadores. Por una parte, está la mayoría de los más de 4.000 empleados que ahora forman parte de la plantilla de Amaya, que son «indefinidos fijos». Y, por otra parte, están los casi 200 eventuales, que han sido considerados «indefinidos no fijos» por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), confirmada por el Tribunal Supremo el pasado mes de febrero.
Al no ser fijos, la Agencia Amaya les está aplicando mayores recortes salariales que al resto, ya que al 5% de todos los empleados públicos le suman el 10% adicional en el sueldo y la jornada previsto para los eventuales en la Ley 3/2012 de Medidas Fiscales y Administrativas de reequilibrio económico-financiero de la Junta. Tampoco pueden participar en los concursos internos para mejorar de puesto.
«Se ha generado una discriminación laboral en una agencia pública, en la que hay trabajadores de primera y segunda de forma arbitraria e injusta», resumió un empleado de Amaya consultado por este diario.
Los agraviados no son solamente los casi 200 «indefinidos no fijos». También hay otros 242 incluidos en el convenio colectivo del medio natural de la antigua Egmasa, que sigue vigente en Amaya. Los sindicatos consideran que estos 242 trabajadores están en fraude de ley porque llevan entre 10 y 15 años encadenando contratos temporales de forma irregular. Dado el tiempo transcurrido, ya deberían ser indefinidos, como ocurrió con sus compañeros en la antigua Egmasa. Este colectivo también está sufriendo con mayor dureza los recortes salariales, porque son eventuales y soportan el 5% y el 10% adicional.
Otro grupo de trabajadores de la Agencia Amaya que está considerado «indefinido no fijo» está formado por 104 operarios del Infoca que trabajan solamente los cuatro meses de la campaña contra incendios. A principios de año, estuvieron acampados a las puertas del Parlamento andaluz durante más de dos meses para exigir mejoras laborales y mayor estabilidad.
Ante el malestar que se vive entre los empleados de Amaya que son «indefinidos no fijos», el secretario general de la Agencia, Ignacio Candel, ha enviado un escrito en el que afirma que «tener una relación laboral indefinida, pero no fija en la Agencia, implica tener todos los derechos laborales, salvo la fijeza en tu empleo. Los dos efectos directos de dicha falta de fijeza vienen dados por la ley y la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, no por la voluntad de la dirección de la Agencia», dice el documento.
La Ley de Reordenación andaluza no ha conseguido homogeneizar el vasto sector público empresarial, como prometió hace años la Junta.
Tampoco se han unificado las condiciones laborales de los trabajadores del entramado empresarial y poco se ha avanzado en el convenio colectivo único que reclaman sindicatos como la Unión Independiente de Trabajadores de Andalucía (UITA), que surgió en plena batalla entre los empleados públicos por la reordenación del sector para ser referente en las empresas públicas.
Fuente:elmundo.es

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