“CUANDO TODOS LOS ANDALUCES CONOZCAN SU VERDADERA HISTORIA Y ESENCIA, SERÁ CUANDO LLEGAREMOS A OBTENER LA FUERZA NECESARIA PARA EXIGIR EL RESPETO QUE SE NOS DEBE, POR TENER UNA PERSONALIDAD TAN DIFERENTE DE AQUELLA QUE TRATARON DE IMPONERNOS POR LA FUERZA"

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El juez del Caso ERE en el Supremo tomará declaración el martes a la senadora socialista Mar Moreno, exconsejera de la Junta de Andalucía, y culminará así los interrogatorios a cinco aforados este mes de abril, lo que le acerca al momento de decidir a quién va a encausar.

Una reciente reforma de legislativa permite las comparecencias voluntarias como imputados de parlamentarios (y por tanto aforados) ante el Supremo para que el alto tribunal tenga elementos de juicio suficientes antes de dar un paso decisivo para sus carreras políticas: pedir el suplicatorio.

Ese momento está a punto de llegar para los exconsejeros Gaspar Zarrías, Mar Moreno y José Antonio Viera; y para los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

¿De qué puede depender si la decisión del magistrado es archivar la causa respecto a ellos o no? Pues en el tiempo, de la cercanía de la hora de constituir gobierno en Andalucía, dado que las responsabilidades políticas que podrían deducirse de su decisión afectan a un asunto tan capital para dicha comunidad autónoma.

Así, aunque al magistrado aún le quedarán determinadas indagaciones antes de decidir si pide a la Sala de lo Penal del Supremo que tramite el suplicatorio contra alguno de los aforados, es previsible que las realice con celeridad para interferir lo menos posible en el proceso político.

En principio, ha sido solicitada la declaración en la causa del interventor de la Junta de Andalucía por la acción popular ejercida por la organización de abogados Manos Limpias.

Manuel Gómez Martínez está imputado ante el Juzgado de Sevilla donde ha instruido el caso la juez Mercedes Alaya. La versión de quien fue interventor de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2010, es decir, en pleno desarrollo del supuesto fraude en los ERE, es totalmente contradictoria de la que dan Chaves y Griñán.

Ambos han explicado a Barreiro que no constan en la causa informes de actuación, el tipo de informe que la ley prevé para alertar al máximo nivel de que una medida política no cumple con la ley.

Lo que según los aforados hizo el interventor fueron informes de cumplimiento que no deben ser elevados al consejero y menos al presidente. Este tipo de informes de la intervención señalan irregularidades pero no lo bastante graves como para que lleguen al máximo nivel.

Griñan ha señalado que el interventor de la Junta alertó de defectos concretos respecto a los ERE, defectos que se dio orden de subsanar.

Añadió que las transferencias de financiación y la propia medida política de apoyo al empleo fueron correctas y que el fraude no obedeció a un plan sino a corrupción de personas individuales en la gestión de fondos financiados por él, como consejero de Economía.

Esa será, por tanto, una de las claves respecto a los expresidentes, junto al hecho de si llega a demostrarse que lo que sucedió con los 140 millones de euros que aparentemente se desviaron en los ERE (sobre un total de más de 800 millones con los que se financió la medida) obedeció a un plan diseñado desde el máximo nivel, lo que de momento no ha sido probado.

En cuanto a Zarrías y Mar Moreno, ambos exconsejeros de Presidencia, la capacidad o no de la Comisión de Viceconsejeros para adoptar medidas políticas ejecutivas y, en concreto, relativas a los ERE, es significativa.

Para cometer la prevaricación que se investiga es necesaria esa premisa (el delito consiste en tomar decisiones injustas a sabiendas, luego es necesaria la capacidad de tomarlas).

Zarrías, en todo caso, también ha negado haber conocido informes alertando de ilegalidades respecto a losERE.

En cuanto a Viera, parece ser quien está en peor situación procesal. El pasado 7 de abril el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía negó haber diseñado la trama para la concesión irregular de ayudas públicas investigada en el caso de los ERE en Andalucía y atribuyó la responsabilidad a sus subordinados.


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