“CUANDO TODOS LOS ANDALUCES CONOZCAN SU VERDADERA HISTORIA Y ESENCIA, SERÁ CUANDO LLEGAREMOS A OBTENER LA FUERZA NECESARIA PARA EXIGIR EL RESPETO QUE SE NOS DEBE, POR TENER UNA PERSONALIDAD TAN DIFERENTE DE AQUELLA QUE TRATARON DE IMPONERNOS POR LA FUERZA"

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El PA ha abordado esta mañana ante los medios el debate sobre la reforma constitucional que se ha reavivado tras la celebración del proceso participativo en Cataluña del 9N. “Las posturas de PP y PSOE sobre la reforma del modelo territorial no son serias. El 9N debería haber generado un diálogo institucional con vocación de abordar esta cuestión definitivamente” ha manifestado el candidato andalucista a la Junta, Antonio Jesús Ruiz.
En la mañana de hoy, el Partido Andalucista, a través de su Secretario General y candidato andalucista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Jesús Ruiz, se ha manifestado a propósito del debate sobre la reforma constitucional para abordar un nuevo modelo territorial para el Estado. Ruiz ha anunciado que desde esta misma semana, el PA está trabajando,  a través de una comisión creada a tal efecto, en una propuesta de reforma institucional del Estado “que va más allá de una reforma territorial”.
Según el líder andalucista, “es un debate que seguirá bloqueado y que se desarrollará según los tiempos que marquen el Gobierno del Estado y la oposición, y visto lo visto va para largo”. Los andalucistas advierten que ambas posturas se alejan de “la responsabilidad institucional que exige la movilización social que se vive en Cataluña. Es preocupante que el PP quiera pasar el vendaval sin ver y oír, pero era de esperar. Pero es más preocupante aún que el PSOE advierta que abordará la propuesta más adelante, es decir, cuando más le convenga electoralmente”.
De este modo, Antonio Jesús Ruiz ha informado de que los andalucistas han comenzado ya a trabajar en una propuesta “más ambiciosa de los que venimos escuchando”. Según Ruiz, la propuesta del PSOE es “una Constitución del 78 maquillada, están vendiendo humo. Hablar de avanzar hacia un modelo federal es engañar a la gente, porque ya vivimos en un Estado federal, si bien frustrado desde las instituciones (atrofiando las funciones constitucionales del Senado, por ejemplo), pero de una inspiración incuestionablemente federal”. Sobre el PP ha dicho que “está fuera del más elemental sentido común sobre esta cuestión. Negar que en el Estado español hace falta replantear el modelo territorial visto lo visto en Catalunya, es la estrategia del avestruz, y lo van pagar en las urnas”.
Sobre la propuesta andalucista, el candidato del PA a la Junta ha explicado que “nosotros hemos abierto un proceso participativo para que los andaluces aporten sus propuestas y hagamos, entre todos, un debate constructivo del que resulte un proyecto desde Andalucía para la reforma institucional del Estado. Si abrimos a la ciudadanía las decisiones sobre nuestros candidatos, como hemos hecho con las primarias ciudadanas, con más razón abrimos el debate sobre nuestras propuestas a los andaluces”. Ruiz ha explicado que “hemos creado una comisión en el seno del partido, con expertos constitucionalistas de las universidades andaluzas, para presentar una primera propuesta que después será debatida y enmendada en encuentros ciudadanos organizados por las agrupaciones locales del PA”.
Finalmente, Ruiz ha manifestado que “desde el PA  vamos a hacer una propuesta valiente sobre la reforma territorial, que vaya más allá de un esquema federal que ya hemos superado, pero queremos una reforma de mayor calado, que se ocupe también de reformar el sistema judicial, el sistema tributario o el de la legislación laboral, ente otros muchos temas”. “Andalucía, y los andalucistas, fuimos vanguardia de la construcción territorial del Estado en los ochenta, y tenemos que liderar la propuesta en este nuevo proceso constituyente”.
Fuente:partidoandalucista.org
Foto:partidoandalucista.org


La decisión del Tribunal Supremo de investigar el papel de los expresidentes de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñánen la implantación del procedimiento irregular que amparó los ERE fraudulentos no solo cuestiona su actuación, sino que supone en la práctica una enmienda a la totalidad de las políticas con las que los socialistas trataron de evitar conflictos laborales durante dos décadas en la región con mayor tasa de paro. Un asunto delicado por cuanto lo que pone en duda no es si los cargos públicos se llevaron dinero a cuentas opacas, sino la legitimidad de una política social con la que intentaron mantenerse en el poder.

"El pago de la paz social fue un cáncer", reprochaba recientemente IU. A mediados de los noventa, los gobiernos de Manuel Chaves pusieron en marcha una serie de políticas de empleo para rescatar a empresas en dificultades y socorrer a trabajadores despedidos con difícil reinserción laboral. Fueron años muy conflictivos laboralmente por la crisis económica y en los que eran habituales las imágenes de los puentes cortados con neumáticos en llamas y tornillos volando a la entrada de las factorías de astilleros de Cádiz y Sevilla o ante las puertas de una Santana Motor en Linares, Jaén, con serias dudas de viabilidad. A esto se sumaban las dificultades de un PSOE acorralado en el Parlamento andaluz por la 'pinza' entre PP e IU, que incluso obligó a un adelanto electoral.

Para reducir los conflictos y no perder el apoyo de las bases que sostenían las mayorías absolutas, la Junta de Andalucía optó por el camino del "bolsillo roto", como lo calificó IU en el último Debate sobre el Estado de la Comunidad para justificar que de aquellos polvos vinieron estos lodos. A saber, un Gobierno cuestionado, dos expresidentes a punto de desfilar por el Tribunal Supremo, empresarios presos y unos sindicatos debilitados.

El Gobierno andaluz sufragó expedientes de regulación de empleo en los que se colaron intrusos; se concedieron ayudas directas a muchos empresarios, algunos afines al PSOE, y las mediadoras acabaron convirtiendo en un negocio la tramitación de estas ayudas merced a las jugosas sobrecomisiones que se embolsaron. Por si fuera poco, se fomentó la colaboración entre instituciones, empresarios y sindicatos con los pactos de concertación bianuales que, en la práctica, significaba ungir a estos últimos con grandes cantidades de dinero en concepto de ayudas finalistas a la formación para la reinserción de los parados. Un modelo que, además de romperse en el momento en que dejó de manar el dinero o se le reclamó a UGT por no justificarlo, también está en los tribunales por el cúmulo de irregularidades detectadas.

"PROSELITISMO POLÍTICO"

Para la juez Mercedes Alaya, el apaciguamiento laboral fue una mera excusa para hacer "proselitismo político" y crear una "red clientelar" a favor del PSOE durante años, según detalló en su exposición razonada al Supremo. Y todo mediante la "decisión política" del Gobierno andaluz encabezado por Manuel Chaves y del que formaban parte Gaspar Zarrías, en Presidencia, José Antonio Viera, Empleo, y más tarde José Antonio Griñán, en Hacienda, y Mar Moreno, Presidencia, para implantar un sistema de dar las ayudas eludiendo los controles de la Intervención, "una auténtica subversión del ordenamiento jurídico", según la juez.

La instructora no deja lugar a dudas acerca de que el Ejecutivo andaluz prefirió "apostar por el compromiso político de la 'paz social' antes que por el cumplimiento estricto de la legalidad". Una máxima que se mantuvo incluso en pleno escándalo judicial, cuando en 2012 y ya con una coalición entre PSOE e IU, el Gobierno autonómico legalizó mediante decreto ley las cuestionadas prejubilaciones concedidas desde el año 2000 mediante ayudas ilegales para poder seguir pagándolas. Se trató de hacer un "borrón y cuenta nueva" para reconocer los derechos de cobro de los prejubilados y garantizarle las prestaciones.

Las ayudas laborales ya concedidas, que se debían haber regido por la normativa de subvenciones, se mantuvieron, pero pasaron a convertirse en asistenciales, gestionadas con otros criterios, con lo que se puso fin al ya famoso 'fondo de reptiles'. Se evitó así el conflicto que podía haber supuesto considerar ilegales todas las ayudas que salieron de esa partida 31-L mediante transferencias de financiación, y que, como se han cansado de repetir los dirigentes socialistas y de la Junta, muchas no suponían irregularidad alguna.


Fuente:diariodenavarra.es


Foto:EFE

Redaccion del Articulo original:COLPISA

Antonio Jesús Ruiz, Secretario General del Partido Andalucista, es entrevistado en el programa Buenos Días Andalucía de Canal Sur sobre diversos temas de actualidad.

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