“CUANDO TODOS LOS ANDALUCES CONOZCAN SU VERDADERA HISTORIA Y ESENCIA, SERÁ CUANDO LLEGAREMOS A OBTENER LA FUERZA NECESARIA PARA EXIGIR EL RESPETO QUE SE NOS DEBE, POR TENER UNA PERSONALIDAD TAN DIFERENTE DE AQUELLA QUE TRATARON DE IMPONERNOS POR LA FUERZA"

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El PA ha arropado esta mañana a los cuatro trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2003 a los que la Junta les ha negado durante 3 años el derecho su prejubilación. El TSJA ha fallado a favor de los trabajadores, que hoy han acudido a solicitar la ejecución forzosa de la sentencia, “ya que ni la Junta ni Generali, la aseguradora, han abonado aún las cantidades pendientes” ha dicho Marta Mejías, Vicesecretaria General de los andalucistas.

En la mañana de hoy, el Partido Andalucista, a través de su Vicesecretaria General, Marta Mejías, ha querido arropar a los cuatro trabajadores del ERE de Mercasevilla en 2003 que por fin ven el final del largo camino que han supuesto estos tres años de lucha por lo que les corresponde. En mayo de 2011, estos empleados no volvieron a cobrar su nomina, y entonces empezó este largo proceso.

Después de pedir explicaciones y no tener respuestas de ninguna administración, por fin consiguieron ponerlo en conocimiento de la Consejería de Empleo, que notificó a la empresa aseguradora, hoy Generali, que los trabajadores no tenían derecho a los abonos por ser considerados intrusos, que en el argot de la Junta significa que no habían sido empleados jamás. Ante las evidencias de lo contrario, la Junta cambió el tratamiento a trabajadores irregulares, argumentando que no cumplían con los requisitos de edad para acogerse al ERE, y que sin embargo los trabajadores demostraron más tarde que se acogieron a la última fase de este cumpliendo con los requisitos del mismo. Finalmente, estos cuatro empleados, agotada la vía administrativa, interpusieron una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que terminó dándoles la razón.

Ahora, asistidos por el abogado Estanislao Naranjo Infante, lo empleados solicitan la ejecución forzosa de la sentencia del TSJA y el pago de los importes pendientes (además de los suelos, los intereses e indemnizaciones), dado que ni la Junta de Andalucía ni la aseguradora han cumplido con la sentencia en el plazo de cumplimiento voluntario.

La número dos del PA, Marta Mejías, ha dicho al respecto que “la justicia ha demostrado que estos cuatro trabajadores fueron injustamente tratados por la Junta, en concreto por la Consejería de Empleo, al suspender sin ningún tipo de procedimiento sus prejubilaciones”. Mejías ha insistido en que “El TSJA, en las cuatro sentencias, reconoce que estos trabajadores son terceros de buena fe, por lo que la Junta esta obligada a anular la suspensión del pago de las prejubilaciones y ordenar a Generali que abone las mismas”.

Finalmente, Mejías ha recordado que “las pérdidas y situaciones a las que se han visto sometidos estos trabajadores ya no se las quita nadie. Ha habido situaciones muy serias, alguno ha estado a punto de perder su casa. Se les deben 40 meses de sus sueldos, la Junta tiene que cumplir con urgencia la sentencia y evitar que los dramas personales de estos cuatro trabajadores honrados se sigan complicando”.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha sugerido hoy que la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana resulta el marco adecuado para regular el uso del burka.No obstante, ha dejado la decisión en manos de los grupos parlamentarios, a la espera de que alcancen “consensos”.

El ministro ha comparecido para presentar el balance de seguridad vial del verano junto a la directora general de Tráfico, María Seguí, y ha explicado, a preguntas de los periodistas, que la posición de su departamento en este asunto “tiene dos dimensiones”. La primera es el convencimiento del propio Fernández Díaz de que el burka denigra a las mujeres que lo llevan. “Creo que tiene que ver con la dignidad de la mujer y me parece que la prenda atenta contra la dignidad, pero eso no es competencia exclusiva de Interior”, ha sostenido. A renglón seguido, ha añadido una segunda “dimensión” a este asunto, “en la medida en que [elburka] dificulta la identificación de una persona que pueda cometer un acto ilícito”.

Fernández Díaz ha recordado que la norma que ha diseñado su departamento, pendiente aún de recibir el visto bueno del Congreso, “contempla sanciones para personas que asisten a manifestaciones embozadas, de manera que impiden su identificación” por las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado.

El titular de Interior ha pedido “esperar a ver cómo evoluciona” la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y defendió que el trámite parlamentario de enmiendas a su texto que los distintos partidos han presentado en el Congreso puede suponer “un buen momento para buscar consensos”.
 


El Gobierno aprobó el pasado mes de julio una versión suavizada del polémico texto inicial que había presentado el Ministerio del Interior y que acumuló reparos no sólo del conjunto de las fuerzas de la oposición, que lo tacharon, entre otros aspectos, de “ley mordaza” contra las manifestaciones ciudadanas, sino también del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado.

En cualquier caso, el proyecto de ley sigue suscitando duras críticas en todas las formaciones con escaño en el Congreso, que han exigido su retirada desde el primer momento, salvo el Partido Popular.

La última modificación del texto, que incorpora ya las recomendaciones realizadas por los distintos organismos consultivos, prohibirá por primera vez por ley las redadas indiscriminadas o basadas en motivos étnicos, regulará los cacheos y establecerá que las personas que quedan retenidas en comisaría para ser identificadas no podrán serlo por un plazo superior a seis horas.

No resulta demasiado habitual ver a una persona en pijama a las 18.30 horas paseando por la Gran Vía. Menos aún, cuando la vestimenta coincide con la habitualmente utilizada en los hospitales por los enfermos. La Gran Vía granadina no es precisamente la Gran Manzana de Nueva York, donde uno puede pasar totalmente desapercibido, aún con el atuendo más estrafalario. Por ello, los viandantes que el pasado lunes por la tarde observaban a un varón de unos cuarenta años caminando en pijama por Gran Vía quedaban extrañados, pero sin alertar a nadie.

Fue una patrulla de la Policía Local la que paró el vehículo e identificó a esta persona.

-Documentación, por favor

-No llevo.

-¿De dónde viene usted?

-Soy un enfermo de tuberculosis y me he ido de la habitación del Clínico donde estaba.

Este, más o menos, fue el diálogo mantenido en plena Gran Vía entre el enfermo localizado y los agentes que lo atendieron.

Los policías locales decidieron entonces hacerse con mascarillas y guantes para prevenir cualquier tipo de contagio. La imagen de una persona con el tradicional pijama azul, utilizado en los hospitales, y de varios agentes ataviados con mascarillas y guantes, despertó la curiosidad de los ciudadanos que observaban la estampa desde la acera de enfrente, en la zona próxima a la sede de la delegación del Gobierno de Andalucía en Granada. No debe olvidarse el estigma generado por el virus del ébola en los últimos cuarenta días y por ello la estampa de personas con mascarillas, en este caso agentes, junto a enfermos en plena vía pública llamaba la atención. Los funcionarios de la Policía Local actuaron de acuerdo al protocolo y tal y como lo hacen policías nacionales o guardias civiles en situaciones similares.

La confirmación

Los agentes comunicaron con el Hospital Clínico para averiguar si realmente este individuo había abandonado la habitación del área de infecciosos en la que presuntamente estaba ingresado. En el recinto sanitario confirmaron que tenían un enfermo con el nombre facilitado por los agentes, pero no les constaba de que se hubiera marchado. Cuando subieron a la habitación pudieron confirmar que no se encontraba allí.

A partir de ese momento, una ambulancia se desplazó a la Gran Vía para trasladar a este enfermo, de nuevo, al Hospital Clínico donde se encontraba ingresado. Los agentes le preguntaron al enfermo sus razones por haber abandonado el hospital, pero optó por no contestar ni hacer públicas las causas de haber dejado su habitación del Clínico.

Esta enfermedad infecciosa resulta muy difícil contagiarla en espacios bien ventilados o al aire libre y se transmite cuando la persona sana inhala microscópicas gotas de saliva procedentes del enfermo, que se generan cuando este tose o estornuda. No existe contagio por el mero contacto.

Los agentes volvieron a su patrulla después de que esta persona enferma fuera trasladada al Hospital Clínico de Granada, a la misma habitación que había abandonado pocos minutos antes.

Fuentes consultadas ayer en el hospital confirmaron a este periódico que allí es muy complicado controlar si un enfermo se marcha de su habitación para abandonar el recinto sanitario, básicamente «porque aquí no se retiene a nadie contra su voluntad» y hay pacientes muy desestructurados «que suelen actuar de esta forma», aunque tampoco es que sean habituales estos casos, pero sí se suelen dar de vez en cuando». Este profesional sanitario consultado no estaba al tanto del abandono del hospital por parte de este enfermo.

DENUNCIA DEL ALCALDE A LA POLICÍA LOCAL.


El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Pozoblanco dictó el pasado 30 de julio un auto sobre la denuncia interpuesta por el alcalde, Pablo Carrillo, contra la Policía Local tras los “insultos personales y calumnias” recibidos durante la inauguración de la Feria Agroganadera. 

En dicho auto, el juez entiende que los hechos puestos en su conocimiento pueden ser constitutivos de falta por lo que ambas partes tendrán que verse las caras en un juicio.

Así lo ha transmitido el Ayuntamiento de Pozoblanco en una nota de prensa en la que indica que “para depurar las eventuales responsabilidades en las que los agentes hayan podido incurrir se celebrará en fechas próximas el oportuno juicio”. En dicha nota, se explica también que la denuncia se interpuso, además de por las “expresiones de contenido claramente injurioso hacia el alcalde” utilizadas, porque las protestas provocaron “molestias al ganado y pusieron en peligro a las personas que asistían al recinto”.

“Se da la circunstancia de que en días anteriores la gerencia del Consorcio de la Feria Agroganadera había presentado un escrito en la subdelegación del Gobierno de Córdoba denunciando que en anteriores inauguraciones algunos agentes de Policía Local se habían manifestado ocasionando años y molestias a los animales”, prosigue la nota.

Desde la alcaldía se ha querido dejar claro que “respeta el derecho de manifestación y de libertad sindical de todos los empleados municipales y entiende que los trabajadores y funcionarios puedan adoptar medidas de conflicto colectivo, pero siempre dentro del respeto a la legalidad y normas de convivencia y sin riesgo para la integridad de las personas”. Un nuevo paso en un conflicto que se extiende en el tiempo y que ahora toma un nuevo cariz con el auto dictaminado por el juez.


RESPUESTA DE LA POLICÍA LOCAL.

La respuesta de los miembros de la Policía Local ante el comunicado por parte del Ayuntamiento de que la denuncia interpuesta por el acalle contra este colectivo a tenor de los hechos acaecidos en la inauguración de la Feria Agroganadera no se han hecho esperar. En dicha respuesta, la Policía niega haber recibido comunicado alguno del juzgado y tacha la actitud del alcalde como “dictatorial”. En concreto, el comunicado es el siguiente:

“Los miembros de Junta de Personal Funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco pertenecientes a la Policía Local, una vez preguntados por el comunicado hecho por el Alcalde D. Pablo Herrero Carrillo acerca de una denuncia supuestamente interpuesta por él a la Policía en general, sólo pueden contestar que:

Nadie ha recibido comunicación de tal hecho por parte de ningún Juzgado, pero de ser cierto sólo nos demostraría una vez más que a este Alcalde le hubiera gustado gobernar en otra época donde no existían el derecho de reunión y manifestación.

Son muchas las ocasiones que nos ha demostrado esta actitud dictatorial llegando incluso a intentar echar a miembros de este colectivo a la calle mientras protestaban pacífica y silenciosamente ante la puerta de su despacho.

Por último indicar que si realmente tenemos que vernos en los tribunales, nos veremos, eso sí, si en alguna ocasión los sindicatos tienen que denunciar al Alcalde lo harán con nombre y apellidos y no de forma general al Ayuntamiento ni al Equipo de Gobierno”.

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TASA DE PARO: 20 DE JULIO DEL 2017

ESPAÑA:-------------4.255.000---------------- "-------18,75%
ANDALUCIA:---------1.072,400-----------------"-------26,94%
ALMERIA:----------------74.200 ---------------"--------21,37%
CÁDIZ:------------------195.500----------------"--------33,87%
CORDOBA:-------------104.800----------------"---------27,53%
GRANADA:-------------113.700----------------"---------25,66%
HUELVA:-----------------63.900----------------"---------26,22%
JAEN:--------------------76.100----------------"---------25,39%
MALAGA:-------------- 240.400 ---------------"---------26,20%
SEVILLA:-------------- 243.900 ---------------"---------26,37%
DATOS: Encuesta de la Población Activa (EPA) 1º Trimestre



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