“CUANDO TODOS LOS ANDALUCES CONOZCAN SU VERDADERA HISTORIA Y ESENCIA, SERÁ CUANDO LLEGAREMOS A OBTENER LA FUERZA NECESARIA PARA EXIGIR EL RESPETO QUE SE NOS DEBE, POR TENER UNA PERSONALIDAD TAN DIFERENTE DE AQUELLA QUE TRATARON DE IMPONERNOS POR LA FUERZA"

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El exconcejal socialista de Hacienda y Personal de Vélez Rubio (Almería), Diego Gea, será juzgado en enero de 2015 acusado de haber maniobrado presuntamente, junto al jefe y al subjefe de la Policía Local, para que su sobrino, quien también está imputado, pudiese acceder a una plaza en este cuerpo en 2010 "sin cumplir los requisitos legales" para ello.

A Gea, contra el que la Fiscalía no ha formulado acusación aunque su procesamiento sí fue dictado por el juzgado de instrucción al encontrar indicios racionales que habría cometido ilícito penal, se le abrió juicio oral después de que las dos acusaciones particulares personadas en la causa le atribuyan la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y de falsedad documental.

Una de estas acusaciones interesará para él en la vista oral, señalada para los días 12 y 13, penas de dos años y seis meses de cárcel, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por cuatro años mientras que la otra acusación va a solicitar multa de 16 meses a razón de 50 euros al día e inhabilitación especial por cuatro años y seis meses. Ambas piden, asimismo, que abone como multa las nóminas percibidas por su sobrino hasta la fecha en la que se dicte sentencia.

La Fiscalía limita la responsabilidad penal en este caso a D.R.G.L., sobrino del exedil que cuando sucedieron los hechos ostentaba también la primera tenencia de Alcaldía, y sostiene que "consiguió el cargo de Policía Local" en junio de 2011 "a sabiendas de que carecía de los requisitos legalmente exigidos por la convocatoria" al contar con "antecedentes penales no cancelables".

Descarta, sin embargo, que, como apreció el titular del Juzgado de Instrucción de Vélez Rubio, existiese una presunta trama para favorecerlo y que, por tanto, el exedil socialista, "desde su posición de jefe directo" de los miembros del tribunal, fuese el "muñidor" de un proceso de oposición "dirigido" para que "aprobase su sobrino carnal" y se "prevaliese" de su posición "de jefe de todos" para, "influyendo en ellos, conseguir un beneficio a favor de su familiar".

Según recoge el Ministerio Público en su escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, D.R.G.L. se presentó al concurso que convocó el Ayuntamiento en marzo de 2010 y obtuvo "las mejores calificaciones", por lo que accedió al curso de carácter obligatorio que se desarrolla en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, con sede en Sevilla. El 24 de junio de 2011, "obtuvo finalmente posesión del cargo".

GEA "INFLUYÓ" PRESUNTAMENTE "DESDE SU POSICIÓN"

El Ministerio Público indica que el acusado "sabía" que "carecía de los requisitos legalmente exigidos" en la convocatoria ya que, en 2008, había sido condenado "en firme a nueve meses de prisión por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas" y el archivo definitivo de la causa no se produjo hasta abril de 2009", cuando, según remarca, "se precisa para la cancelación de dichos antecedentes el plazo de tres años".

Por este motivo le imputa la comisión de un delito de prevaricación de funcionario público y otros comportamientos injustos e interesa que se le condene a una pena de cinco meses de multa a razón de 18 euros al día.

Por su parte, las acusaciones particulares consideran que D.R.G.L. "manipuló y falsificó el examen original, sacando al menos un folio e incorporando otro" y que aportó "una declaración jurada falsa" supuestamente para ocultar que no cumplía con los requisitos legales.

Sin embargo, en el mismo sentido en que redactó su auto de procedimiento abreviado el instructor de la causa, sí sostienen que Diego Gea "influyó" presuntamente "desde su posición" como teniente de Alcalde y concejal de Hacienda y Personal "para que los miembros de tribunal, en su totalidad funcionarios designados por el gobierno del que era parte para puestos de libre designación mejor remunerados que las plazas de su propiedad" eligieran "a su sobrino pese a su pésimo papel en el examen".

"Además facilitó el acceso al sobre cerrado bajo la custodia del secretario para que este pudiese incorporar y quitar folios del mismo", añaden.

Apuntan hacía él como el "urdidor de un proceso dirigido para que aprobase su sobrino" y le acusan de "ofrecer beneficios urbanísticos y profesionales" a dos miembros del tribunal al tiempo que remarcan que las bases del proceso de selección especifican que "no podrán formar parte de este personal de libre elección o designación política".

JEFE Y SUBJEFE DE LA POLICÍA LOCAL

En sus escritos, consultados por Europa Press, señalan, asimismo, que uno de los agentes enjuiciados, "pendiente de ascenso a subinspector y designación como jefe de la Policía Local", determinó presuntamente "como presidente del tribunal que el pésimo examen de D.R.G.L. fuera calificado con las mejores notas" y "falsificó su propio atestado y libro registro de entrada de la policía".

Al segundo agente, las acusaciones le imputan que "supuestamente" omitió el deber de promover la persecución del posible delito que suponía la "apertura del sobre" y que habría participado "activamente en otorgar las mejores calificaciones" al "estar pendiente su ascenso a oficial, así como un expediente de regularización urbanística con el Ayuntamiento".

En sus escritos de calificación provisional, imputan a D.R.G.L. presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos mientras que a ambos policías locales, M.L.S. y J.G.G., les acusan de supuesta omisión de deber de perseguir delitos, falsedad en documento público y prevaricación.

La investigación penal se inició después de una denuncia en la que un opositor alertaba de que los folios del examen "podrían estar amañados" y aseguraba haber visto como la persona que había aprobado hacía "tachaduras" en los folios "que no estaban cuando fue a revisar el examen".

El Partido Andalucista se dio cita ayer, como cada 11 de agosto, en el Km. 4 de la Carretera de Carmona en Sevilla, lugar del asesinato de Blas Infante, para recordar y honrar la obra y figura del Padre de la Patria Andaluza. “Blas Infante impulsaba el andalucismo como una política transversal, sin embargo el PA es el único proyecto político verdaderamente andalucista" ha señalado el Secretario General de los andalucistas.

En la tarde de ayer lunes 11 de agosto, el PA se reunió un año más para conmemorar el aniversario de Blas Infante, en esta ocasión el número 78. Alrededor de medio millar de militantes y simpatizantes andalucistas acompañaron al Secretario General del PA y candidato andalucista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Jesús Ruiz, así como algunos de los rostros más populares del PA. Previamente se reunieron los órganos del partido, Comisión Ejecutiva Nacional y Comité Nacional Andalucista, donde se debatieron propuestas sobre empleo.

Ruiz criticó en declaraciones a los medios que ninguno de los dos grandes partidos en Andalucía hayan tenido a bien homenajear a Blas Infante en el 78 aniversario de su asesinato y ha atribuido precisamente a esta "falta de andalucismo" el hecho de que la comunidad vaya "a la cola" de todas las del Estado. “En un día como éste se hace más necesario que nunca reivindicar la existencia de un partido andalucista propio, que tenga como sustantivo a Andalucía" recalcó Ruiz.

El líder andalucista se refirió a la obra de Infante y ha añadido que "Blas Infante impulsaba el andalucismo como una política transversal y quería que todos los partidos fueran andalucistas, pero, a día de hoy, por desgracia, siguen vigente los partidismos y hace falta que exista el Partido Andalucista para defender a Andalucía”.

Sobre todo, según ha agregado Ruiz, porque también "hoy, por desgracia, 78 años después de que Blas Infante estuviera reivindicando un Estatuto para Andalucía como una necesidad para mejorar la situación de los andaluces, se ve que seguimos a la cola en todos los niveles socioeconómicos y con el récord de paro tanto en la Unión Europea como en España".

"También por eso hace falta luchar desde el andalucismo, para darle la vuelta a estos resultados y para que Andalucía deje de ser una colonia todavía, por ejemplo, con el tema de las balanzas fiscales, donde recaudamos el 18 por ciento de todo el IVA del Estado y sólo tributa aquí el seis por ciento", ha ejemplificado al respecto.

La Guardia Civil ha llevado a cabo en la madrugada de este martes una operación a gran escala contra el tráfico de estupefacientes en el litoral de La Janda, concretamente en Barbate, Zahara, Caños de Meca y Zahora. Aunque no hay confirmación oficial sobre el número de detenidos, éste podría superar las 50 personas. De hecho, la Guardia Civil tuvo que cortar la calle que da acceso a su Cuartel en Barbate, que desde primera hora de la mañana estuvo rodeado de vecinos, entre familiares y curiosos. El tráfico y la venta de cocaína puede ser el centro de la investigación, aunque no se descartan otros delitos.

Además, todo hace indicar que entre los detenidos hay, supuestamente, un agente de la Policía Local y un guardia civil destinado en Zahara de los Atunes. Por otro lado, este medio ha podido saber que en la redada han caído varios empresarios que regentan locales y bares de copas, sobre todo dedicados a la noche.

Este medio también ha podido saber que en la operación, “muy bien planificada”, han participado agentes de asuntos internos de la propia Guardia Civil. A medida que se sepan más datos les iremos informando.

Y es que más de medio centenar de personas han resultado detenidas este martes en el transcurso de una operación desarrollada por la Guardia Civil contra el tráfico de drogas en la comarca de La Janda, en Cádiz, y en la provincia de Sevilla.

En la operación podrían estar implicados tanto militares como guardias civiles. Fuentes de la investigación han detallado a Europa Press que los arrestos se han producido a lo largo de la jornada de este martes en el marco de una operación "de calado" contra el tráfico de drogas.

Así, las citadas fuentes indican las detenciones se han llevado a cabo en distintas localidades de la comarca gaditana de La Janda y también se han producido en municipios de la provincia de Sevilla como Paradas.

El número de detenidos asciende a más de medio centenar y no se descarta que esta cifra se incremente a medida que avance la operación, que continúa abierta.

El Tribunal Supremo ha recibido este martes de la jueza Mercedes Alaya la investigación del 'caso de los ERE' que afecta a los aforados en este caso, entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que figuran como "preimputados" desde septiembre del 2013.

Fuentes de este tribunal han informado de que el tribunal ha recibido el documento de la jueza de Sevilla, que va acompañado de veinte de los ochenta tomos del sumario del caso, aunque no han concretado los nombres de los aforados que se detallan en él.

La juez llevaba varios meses trabajando en el escrito de inhibición en el Supremo después de que en el caso estuvieran "preimputados" varios aforados, entre ellos el diputado Chaves y el senador Griñán. 

La Fiscalía Anticorrupción pidió luego a la jueza de los ERE que dividiera la causa en piezas, una por cada ayuda investigada, y que elevara al Supremo dos de ellas: la dirigida contra Chaves y Griñán, y la referida a la Sierra Norte de Sevilla. Sin embargo, la Audiencia de Sevilla confirmó la decisión de Alaya de no dividir la causa en piezas para que no fuera llegando al Supremo "por goteo". 

Además de Griñán y Chaves, hay cinco exconsejeros de la Junta que también están aforados: Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, José Antonio Viera, Manuel Recio y Francisco Vallejo. 

En el caso de los ERE se investigan 401 ayudas y quedan por practicar importantes pruebas como la declaración de los cuatro auditores de la Intervención General del Estado en cuyo informe se basará la futura imputación a los aforados. En dicho peritaje, los interventores afirmaron que los consejeros andaluces de Economía entre el 2000 y el 2009 no adoptaron las "medidas necesarias" para evitar las "irregularidades", que los pagos se hicieron de manera indebida y que los fondos "nunca debieron destinarse a subvenciones sociolaborales".

 El sumario de los ERE, que con sus 201 imputados ya ha superado al 'caso Malaya' de Marbella en número de acusados, acumula 300.000 folios y analiza 126 expedientes de ayudas de prejubilación (con 582 millones de euros pagados) y 275 subvenciones a empresas (con 127 millones) concedidas entre el 2000 y el 2010, aunque el pasado 15 de julio la juez acordó ampliarlo a las subvenciones del 2011 y del 2012. 

La jueza ha adelantado en algunos escritos sus indicios contra los aforados pues presuntamente conocieron las advertencias que llegaron al Consejo de Gobierno sobre las irregularidades en los pagos. Según la jueza, el pago a través de las llamadas transferencias de financiación desembocó en la concesión "arbitraria" de ayudas públicas sin cumplir "los principios de objetividad, igualdad y no discriminación", con "ausencia absoluta de trámite administrativo, de fiscalización previa, de bases reguladoras y de criterio".

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"El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos.

No sabe que el costo de la vida, el precio de los garbanzos, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas.

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ESPAÑA:-------------3.914.300---------------- "-------17,22%
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ALMERIA:----------------79.500 ---------------"--------23,03%
CÁDIZ:------------------168.000----------------"--------29,63%
CORDOBA:-------------104.900----------------"---------27,94%
GRANADA:-------------109.000----------------"---------24,61%
HUELVA:-----------------50.300----------------"---------20,59%
JAEN:--------------------92.200----------------"---------30,76%
MALAGA:-------------- 166.900 ---------------"---------21,94%
SEVILLA:-------------- 229.400 ---------------"---------24,76%
DATOS: Encuesta de la Población Activa (EPA) 2º Trimestre



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