“CUANDO TODOS LOS ANDALUCES CONOZCAN SU VERDADERA HISTORIA Y ESENCIA, SERÁ CUANDO LLEGAREMOS A OBTENER LA FUERZA NECESARIA PARA EXIGIR EL RESPETO QUE SE NOS DEBE, POR TENER UNA PERSONALIDAD TAN DIFERENTE DE AQUELLA QUE TRATARON DE IMPONERNOS POR LA FUERZA"

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Casal, afirma que los planes de empleo de la Junta de Andalucía no crean ni un solo puesto de trabajo, ya que se basan en contrataciones temporales por parte de los ayuntamientos, que al terminar harán que todos los contratados vuelvan al paro.

Por todo ello, los andalucistas proponen que sea la propia Junta de Andalucía la que gestione estos más de 300 millones de euros como un autentico Plan de Empleo, contando con las Pymes y los trabajadores autónomos, porque este hecho traería ventajas tales como: más meses de contrato para los beneficiarios, ayuda directa a la contratación por parte de empresas y no de ayuntamientos, además de mayores oportunidades a Pymes y Autónomos de contratar con mas facilidad.

Por último , han destacado que las Políticas Activas de Empleo son competencia de la Junta de Andalucía desde el año 2002, y que llevamos dos años sin que se pongan en marcha las mismas, sin resolver las peticiones y en muchos casos sin abonar las aportaciones correspondientes, lo que está dando lugar a la renuncia de muchos promotores y a que las mismas no se pongan en marcha.

El Partido Andalucista ha valorado los datos del paro en Andalucía arrojados por la EPA hecha pública esta misma mañana por el INE, así como el informe del Ministerio de Hacienda sobre las cuentas territorializadas. “Caer en la complacencia sería demoledor para Andalucía, seguimos siendo los primeros en paro, con un millón y medio de andaluces sin trabajo”.

El Secretario General del PA y candidato andalucista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, ha valorado esta mañana los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), que recoge datos del segundo trimestre de 2014, que periódicamente realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según los datos, Andalucía sigue siendo el territorio con más paro del Estado, con una tasa del 34,7% y 1.400.300 parados.

Ruiz ha dicho que “los datos siguen siendo desastrosos para Andalucía, la situación es insostenible para muchas familias. Más de la quinta parte de los hogares andaluces tienen a todos sus miembros desempleados, además ahora son más familias que marzo de este mismo año”. Ruiz ha incidido en que “los datos son malos para los andaluces, sin paliativos. Vender una mejoría de la situación económica de Andalucía a tenor de un descenso del 0,2% en número de desempleados, sería engañar a los andaluces”.

El líder andalucista se ha referido también a las palabras de la Presidenta Susana Díaz ayer tras su reunión con la CEA. Díaz anunció que, a pesar del documento propuesto por el Ministerio de Hacienda, no habrá más recortes en educación o sanidad, a lo que Ruiz ha contestado que “la Presidenta deje de mentirnos. Llevan haciendo recortes en educación y sanidad desde que empezó la legislatura. Hacer recortes no es solo retirar partidas a educación y sanidad, es también dejar de pagar a los proveedores de aulas matinales o de comedores escolares, o cerrar 3000 camas hospitalarias durante el verano. Eso también es recortar y arrinconar la sanidad y la educación públicas”.

Por otro lado, el Secretario General de los andalucistas ha querido referirse a las cuentas públicas territoriales presentadas esta semana por el Ministerio de Hacienda, sobre las que ha dicho que “no se puede dejar caer que Andalucía es la que más recibe y menos aporta al Estado tan alegremente, cuando no es, ni mucho menos verdad. Andalucía, teniendo en cuenta nuestro PIB y el número de habitantes, es la séptima de las comunidades del estado en esa relación, teniendo por delante además a Ceuta y Melilla. Castilla León, Castilla La Mancha, Extremadura y Galicia reciben más y aportan menos que Andalucía”. 

Para finalizar, Ruiz ha apuntado que “el documento presentado por el Ministerio es tajante al afirmar que Andalucía es la segunda comunidad peor financiada del Estado, una infrafinanciación que asciende a 1.687 millones de euros menos de lo que nos correspondería recibir de las cuentas del Estado. Las balanzas fiscales se sustentan en el IRPF, la tributación por IVA y la tributación empresarial. Por ejemplo, Andalucía recauda el 16% del IVA del total estatal, sin embargo aquí solo se liquida el 6%. Cuando los andaluces pagamos la factura de la luz, ese IVA se liquida en Madrid. Y con la tributación empresarial pasa más o menos lo mismo, al haberse desmantelado nuestro poder financiero, después de que nuestras cajas de ahorro se vendiesen a entidades catalanas y murcianas, con lo cual los impuestos de nuestras empresas se liquidan en esas comunidades. Estamos vendidos”.

CSI-F acuerda con la Seguridad Social un protocolo pionero para prevenir la violencia a empleados públicos en su puesto de trabajo

- La Administración enviará un informe a la fiscalía y prestará asistencia letrada.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social contemplará como episodio de violencia las conductas verbales o físicas amenazantes que sufren los empleados públicos en su puesto de trabajo, a efectos de prevenir y contabilizar las agresiones.

Así se contempla en un Protocolo de Actuación en casos de Agresiones a Empleados Públicos acordado con CSI-F y que el Ministerio de Empleo pondrá en marcha, como experiencia piloto, en las oficinas de la Seguridad Social en Ciudad Real. El protocolo también contempla la elaboración de un registro y estadística anual de situaciones violentas que sufren los trabajadores. Hasta el momento, no existen datos sistematizados, aunque la información de los delegados sindicales evidencia que existe una realidad silenciosa, y así lo reconoce también la propia Administración con este protocolo.

Esta iniciativa ha sido posible tras la campaña de concienciación iniciada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las administraciones públicas, tras detectar un incremento exponencial de este tipo de situaciones violentas desde el inicio de la crisis económica.

Nuestras reivindicaciones hicieron posible la puesta en marcha de una póliza de seguros en las oficinas de empleo. Ahora damos un paso más con la puesta en marcha de este protocolo, que amplía el concepto de violencia más allá de la mera agresión física, y que esperamos se extienda pronto en el conjunto de la Administración General del Estado, así como en comunidades y ayuntamientos.

El documento, acordado con CSI-F, establece una serie de indicaciones específicas y grados de alerta para actuar en el caso de que se produzcan agresiones, desde la solicitud de ayuda inmediata a compañeros, superiores jerárquicos y personal de seguridad; la alerta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; y la atención del trabajador agredido.

Asimismo, se contempla la notificación del incidente en un Modelo de Registro de Atenciones, la denuncia a la autoridad competente, la asistencia letrada con cargo a la Administración y, en su caso, la remisión a la Fiscalía para que actúe conforme al artículo 550 del Código Penal, que establece como delito las agresiones contra los funcionarios/as públicos/as.

CSI-F se felicita de este acuerdo, porque supone un avance en la sensibilización social y dar visibilidad a este tipo de situaciones que en demasiadas ocasiones sufren con resignación y en soledad los empleados públicos por indefensión, miedo a las represalias o simplemente por considerar que su denuncia no sirve para nada.

Este tipo de situaciones se han elevado de manera exponencial desde el comienzo de la crisis, pero al no existir un registro sistematizado, salvo en ámbitos específicos como los centros penitenciarios, no es posible determinar una cifra. Pero Administración y CSI-F coinciden en que estos casos son solo la punta del iceberg que esconde una realidad que se sufre en soledad y por tanto que es necesario denunciar, con todos los recursos públicos disponibles para respaldar social y jurídicamente a los empleados públicos

Hay que tener en cuenta que desde el comienzo de la crisis, los empleados públicos han sido objeto de una campaña de desprestigio sin precedentes; una operación de acoso y derribo en la que se nos responsabilizó directamente de las causas de la recesión, cuestionándose nuestra labor, el volumen de las plantillas e incluso nuestra función social.

La jueza Mercedes Alaya ha acusado a la Junta de conceder ayudas para la formación por valor de 950 millones de euros «sin justificar» entre 2008 y 2011. Así lo ha expresado la magistrada en el auto de imputación del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el primer imputado en la causa donde se investigan presuntas irregularidades en los CURSOS DE FORMACIÓN subvencionados por el Gobierno autonómico. 

En el escrito, Alaya asegura que, según se desprende de la declaración prestada como testigo por el director general de Formación Profesional para el Empleo, Carlos Cañavete, el Ejecutivo andaluz habría exonerado o permitido no justificar estos casi mil millones de euros, todo ello a FECHA de octubre de 2013.

En cuanto a Fernández, que ha sido citado a declarar el próximo 16 de octubre, la jueza le imputa presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos. Lo hace como consecuencia de la concesión de 70 millones de euros en ayudas para el plan de formación de los extrabajadores de Delphi. Cabe recordar que en ESTA causa se investigan también las subvenciones otorgadas a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). 

Mientras, la jueza de Almería que instruye la investigación de presuntas irregularidades en subvenciones al SAE por parte de la Junta en 2010 y 2011 ha vuelto a prorrogar el secreto de sumario. Díaz defiende a sus antecesores La presidenta de la Junta, Susana Díaz, expresó ayer su deseo de que «cuanto antes» finalice la INSTRUCCIÓN del caso de los ERE, que paguen los culpables y que, sobre todo, «no se siga poniendo en cuestión» a personas «honestas» COMO sus antecesores, José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Además, Díaz señaló que no TIENE ninguna información sobre el hecho de que la causa se vaya a trasladar al Tribunal Supremo.

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"El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos.

No sabe que el costo de la vida, el precio de los garbanzos, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas.

El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política.

No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales". Bertolt Brecht

TASA DE PARO: 17 DE OCTUBRE DE 2017

ESPAÑA:-------------3.914.300---------------- "-------17,22%
ANDALUCIA:---------1.000,200-----------------"-------25,24%
ALMERIA:----------------79.500 ---------------"--------23,03%
CÁDIZ:------------------168.000----------------"--------29,63%
CORDOBA:-------------104.900----------------"---------27,94%
GRANADA:-------------109.000----------------"---------24,61%
HUELVA:-----------------50.300----------------"---------20,59%
JAEN:--------------------92.200----------------"---------30,76%
MALAGA:-------------- 166.900 ---------------"---------21,94%
SEVILLA:-------------- 229.400 ---------------"---------24,76%
DATOS: Encuesta de la Población Activa (EPA) 2º Trimestre



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