“CUANDO TODOS LOS ANDALUCES CONOZCAN SU VERDADERA HISTORIA Y ESENCIA, SERÁ CUANDO LLEGAREMOS A OBTENER LA FUERZA NECESARIA PARA EXIGIR EL RESPETO QUE SE NOS DEBE, POR TENER UNA PERSONALIDAD TAN DIFERENTE DE AQUELLA QUE TRATARON DE IMPONERNOS POR LA FUERZA"

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Los andalucistas han denunciado esta mañana la última campaña de turismo hecha por la Junta de Andalucía a través de la Consejería al cargo de Rafael Rodrígez, de Izquierda Unida. Al final del spot publicitario se puede leer segundos antes de terminar, “Andalucía, tu mejor iU”.

El Secretario General del Partido Andalucista y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Jesús Ruiz, ha denunciado esta mañana la última campaña publicitaria de la Consejería de Turismo y Comercio, capitaneada por el Rafael Rodríguez de IU, en cuyo spot, al final, aparece por un instante la frase “tu mejor IU” para acabar convirtiéndose sobre la pantalla en “tu mejor tú”.

Ruiz ha manifestado que “aunque pueda parecer un episodio anecdótico, es muy grave´que un partido en el gobierno use las instituciones para darse autobombo, tratando además a los andaluces como bobos, como si no nos fuéramos a dar cuenta”.

El líder andalucista ha declarado que “nos cuesta creernos que se trate de un error. Vemos cada día como IU gobierna en la Junta bajo la bandera de ser en frente anti-recortes de Rajoy, y también vemos cada día como el BOJA publica nuevos recortes en Sanidad y en Educación. Obviamente, nos cuesta presumir la buena fe”.

En este sentido, Ruiz ha instado al Consejero de IU, así como al Consejo de Gobierno, a “actuar rápidamente y modificar a la mayor brevedad la última secuencia del spot para que no de lugar a confusiones. Ruiz ha añadido que “si se trata de un error, la Consejería no tendrá problema en modificarlo. Si realmente hay otros intereses detrás del 'fallo', el Consejero tardará en darse por aludido, o lo negará”.

Continúa desaparecido y la última vez que se le vio fue en Arcos de la Frontera, por la presa del Pantano. Algunas personas también comentan haberlo podido ver por la zona de El Mesón de la Molinera.

A la Junta de Andalucía se le acumulan los problemas judiciales y casi todos están relacionados con la entidades locales creadas y financiadas por la Administración andaluza que supuestamente tenían como objetivo reducir el paro actuando sobre el terreno en ayuntamientos y mancomunidades. El Ministerio Público no cuestiona que generaran puestos de trabajo, pero sospecha del procedimiento que utilizaron los diferentes Ejecutivos autonómicos socialistas para seleccionar a los beneficiarios de esas subvenciones. Con este nuevo procedimiento ya son cuatro las investigaciones en marcha sobre los programas de la Junta de Andalucía contra el desempleo. Todo el sistema diseñado por el Ejecutivo andaluz para repartir durante años cantidades ingentes de fondos públicos se sienta en el banquillo.
gestión de fondos públicos contra el desempleo. La Fiscalía Superior de Andalucía acaba de revelar que está investigando la red de Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT), unas
La investigación que ha iniciado ahora la Fiscalía Superior de Andalucía es fruto de una denuncia presentada el pasado mes de marzo ante el Ministerio Público por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF). La documentación aportada por el SAF detalla, tomando como punto de partida las conclusiones de un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas autonómica, que los consorcios UTEDLT contrataron a personas que ni siquiera estaban dadas de alta ante el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) –uno de los requisitos de la contratación– y que un 48% de las contrataciones analizadas se efectuaron sin convocatoria previa, es decir, sin publicidad ni criterios objetivos de ningún tipo.
A la Junta de Andalucía se le acumulan los problemas judiciales y casi todos están relacionados con la gestión de fondos públicos contra el desempleo. La Fiscalía Superior de Andalucía acaba de revelar que está investigando la red de Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT), unas entidades locales creadas y financiadas por la Administración andaluza que supuestamente tenían como objetivo reducir el paro actuando sobre el terreno en ayuntamientos y mancomunidades. El Ministerio Público no cuestiona que generaran puestos de trabajo, pero sospecha del procedimiento que utilizaron los diferentes Ejecutivos autonómicos socialistas para seleccionar a los beneficiarios de esas subvenciones. Con este nuevo procedimiento ya son cuatro las investigaciones en marcha sobre los programas de la Junta de Andalucía contra el desempleo. Todo el sistema diseñado por el Ejecutivo andaluz para repartir durante años cantidades ingentes de fondos públicos se sienta en el banquillo.
La investigación que ha iniciado ahora la Fiscalía Superior de Andalucía es fruto de una denuncia presentada el pasado mes de marzo ante el Ministerio Público por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF). La documentación aportada por el SAF detalla, tomando como punto de partida las conclusiones de un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas autonómica, que los consorcios UTEDLT contrataron a personas que ni siquiera estaban dadas de alta ante el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) –uno de los requisitos de la contratación– y que un 48% de las contrataciones analizadas se efectuaron sin convocatoria previa, es decir, sin publicidad ni criterios objetivos de ningún tipo.

La operación se ha centrado por ahora en los responsables de las sociedades mercantiles que lograron fraudulentamente las ayudas para la formación, pero la UDEF ha puesto el foco en los máximos responsables de la Consejería de Empleo durante el periodo bajo sospecha. Las primeras estimaciones de los agentes apuntan a que el fraude total en la formación de los trabajadores podría alcanzar los 2.000 millones de euros.
Investigaciones de la Guardia Civil
La operación Edu se instruye por ahora en juzgados de instrucción de todas las provincias de Andalucía. También en un juzgado de primera instancia, en el número 6 de Sevilla, la célebre magistrada Mercedes Alaya instruye otro procedimiento centrado en las ayudas a la formación para el empleo, el tercero sobre esta misma materia. En este caso, el objeto de las pesquisas que están realizando los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil afecta de lleno al Ejecutivo autonómico.
La jueza trata de determinar si los máximos responsables en la gestión de estas ayudas pudieron cometer malversación de fondos públicos en la gestión de las subvenciones para la realización de cursos. La investigación arrancó después de que los investigadores hallaran indicios de que UGT había utilizado esas partidas multimillonarias para financiar su actividad. En otro juzgado de Sevilla, en el número 9, se instruye específicamente la investigación contra UGT, pero el caso que lleva el número 6 se centra en la actuación de los máximos responsables en la adjudicación de los fondos.
El cuarto procedimiento es el escándalo de los ERE, que también investiga las ayudas públicas al empleo de la Junta. En este procedimiento, que también instruye la jueza Alaya con la colaboración de la Guardia Civil y que es el más avanzado de todos los que hay en curso, se investiga en concreto el llamado fondo de reptiles, una partida presupuestaria que en el periodo 2001-2011 llegó a sumar 1.217 millones de euros y que supuestamente tenía como objetivo conceder subvenciones a empresas en dificultades económicas para que pudieran afrontar ajustes en sus plantillas. La investigación ha permitido detectar que se concedieron ayudas a empresas que no habían iniciado expedientes de regulación de empleo (ERE), que se prejubiló a políticos, sindicalistas y familiares que nunca habían trabajado en las empresas afectadas por los recortes de plantilla y que la trama regó concomisiones exorbitantes a bufetes, aseguradoras, despachos de abogados, sindicatos y políticos.
El juicio a todo un modelo
La investigación que acaba de anunciar la Fiscalía Superior de Andalucía sobre los consorcios de las UTEDLT se suma a estos otros procesos y contribuye a cuestionar todavía más la legalidad de unos procedimientos que, según los investigadores, habrían permitido al PSOE andaluz alimentar con fondos de los contribuyentes una red clientelar que llegaba hasta el último rincón de las ocho provincias.
Por el momento, en el punto de mira de las investigaciones hay exconsejeros de Empleo, como José Antonio Viera, Antonio FernándezManuel Recio y Antonio Ávila; exconsejeros de Economía, como Magdalena Álvarez y José Salgueiro; y expresidentes de la Junta, como Manuel Chaves y José Antonio Griñán. La Justicia decidirá si las responsabilidades se extienden al equipo de dirigentes de la actual presidenta del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz, que parece haber quedado al margen de estos procedimientos.

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