“CUANDO TODOS LOS ANDALUCES CONOZCAN SU VERDADERA HISTORIA Y ESENCIA, SERÁ CUANDO LLEGAREMOS A OBTENER LA FUERZA NECESARIA PARA EXIGIR EL RESPETO QUE SE NOS DEBE, POR TENER UNA PERSONALIDAD TAN DIFERENTE DE AQUELLA QUE TRATARON DE IMPONERNOS POR LA FUERZA"

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El sindicato pagó publicidad de la huelga general de 2010 con dinero para formación

EL MUNDO destapó el escándalo el 30 de julio de 2013

UGT pagó cenas con barra libre con dinero para formación de desempleados

También compró 700 maletines falsificados en Asia con una subvención de la Junta

El escándalo de las facturas falsas de UGT Andalucía, que ya se ha cobrado un secretario regional del sindicato y suma 14 detenciones, lo destapó EL MUNDO a finales de julio del año pasado, cuando denunció los anuncios publicados en El País y la Cadena Ser de la campaña Así no, convocando a la huelga general de 2010 contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se cargaron a un curso de formación dirigido a especializar a desempleados en el cuidado de enfermos de Alzheimer.

Las irregularidades documentadas después por este diario han sido abrumadoras, cuantitativa y cualitativamente. Por ejemplo, las cenas con barra libre celebradas durante los peores años de la crisis económica y que se cargaban a ayudas otorgadas por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para la negociación colectiva. Unas fiestas que negó UGT-A (las denominaba "copas institucionales de trabajo") hasta que se publicaron las evidencias gráficas del bailoteo nocturno -copa en mano- de un dirigente.

El escándalo tocó techo cuando EL MUNDO reveló los 700 maletines de Salvador Bachiller falsificados en Asia por orden expresa de la dirección andaluza 'ugetista' para agasajar a los delegados que en 2009 votaron en el IX Congreso Regional por la continuidad deManuel Pastrana como líder del sindicato. Su sucesor en el cargo,Francisco Fernández Sevilla, se vio abocado a la dimisión cuando la Junta reconoció la magnitud multimillonaria del fraude.

Lo que evidenció este diario en su investigación es todo unmecanismo irregular de sobrefinanciación sindical con cargo al contribuyente, ideado para saltarse cuantos controles de fiscalización quieran hacerse a posteriori en instancias autonómicas, nacionales o europeas sobre las multimillonarias ayudas públicas otorgadas.

El desvío de fondos se ha realizado por varias vías. El método más sencillo consistía en pedir a una empresa contratada por el sindicato que le emitiera la factura con cargo a un programa subvencionado eliminando cualquier referencia al bien adquirido o el servicio prestado que evidenciaría el mal uso del dinero público. Proveedores del sindicato han asegurado que recibían advertencias de que era el único modo de cobrar las facturas.
Proveedores habituales

Cuando quien emitía la factura de UGT era un proveedor habitual, los responsables del sindicato le exigían rápeles o descuentos en porcentajes que, en algunos casos, llegaron hasta el 20%. El problema es que esos rápeles se convertían en mordidas si se efectuaban sobre facturas pagadas íntegramente con fondos de subvenciones que deberían destinarse también en su integridad al fin para el que se concedían, que no era la financiación de la estructura sindical.

A las empresas que más facturaban a UGT se les pedían recibos con cargo al bote. Para cerrar ejercicios presupuestarios, se acordaba la emisión de facturas infladas o directamente falsas con las que terminar de 'rebañar' las ayudas públicas en beneficio directo del sindicato. Como en el caso de los rápeles, la gestión de los famosos botes se sofisticó hasta el punto de incorporarse al propio sistema informático de la contabilidad interna de UGT-A.
Estafa a los Reyes Magos

Por esta vía se llegó a estafar hasta a los Reyes Magos, a cuya cabalgata sevillana UGT 'donó' en 2009 media tonelada de carameloscargada a las ayudas de riesgos laborales de la Junta. En 2010, el sindicato ordenó hacer una factura falsa para fingir ante la Administración autonómica que se habían comprado otros 415 kilos de caramelos, cuando en realidad los que se acabaron mandando a la cabalgata fueron los kilos que habían sobrado del año anterior.

También se han imputado costes del funcionamiento ordinario del sindicato a los programas de formación de parados: desde sueldos del personal de estructura de UGT-A hasta los servicios de limpieza de los despachos principales, pasando por el mantenimiento de los aires acondicionados o incluso por los vigilantes de seguridad de la sede central ugetista, donde no se impartían los cursos formativosque terminaban pagando el mantenimiento de la sede.

Había métodos más sofisticados si cabe de corrupción, como el cobro de comisiones por los cursos de formación subcontratados (el célebre pósit de "el 15% para nosotros" en la contabilidad interna de UGT-A es la evidencia más notable) o la utilización de 'empresas pantalla' del conseguidor de los ERE irregulares, el ex ugetista Juan Lanzas.

Apunta que el sindicato realizó este fraude 'de manera sistemática, año tras año'.
Los investigadores afirman que el sistema se fue 'perfeccionando con el tiempo'.
'Los procedimientos eran ejecutados por personal de UGT-A, dirigido por un responsable'

La Guardia Civil asegura que el fraude en las subvenciones realizado "de manera sistemática año tras año" por UGT-A podría constituir "la vía más importante en la financiación de este sindicato".

Ésta es la principal conclusión de la investigación llevada a cabo por el Grupo de Delincuencia Económica de la UCO de la Guardia Civil, coordinado y dirigido por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y el Juzgado de Instrucción número 9 de de Sevilla, y que este martes se ha saldado con la detención de 14 personas, entre ellas el máximo responsable de las finanzas de UGT-A durante una década, el que fuera tesorero y vicesecretario general de Administración y Recursos Humanos en la época de Manuel Pastrana, Federico Fresneda.

La Guardia Civil realizó el 19 de diciembre pasado un registro de la sede de UGT-A, en Sevilla, en el que se intervino abundante documentación, de cuyo análisis los investigadores concluyen que existe un delito de "fraude de subvenciones". "Las investigaciones han podido definir diversos métodos utilizados para desviar el dinero de las subvenciones a otros fines diferentes, en este caso presuntamente a una financiación del propio sindicato", afirma la Guardia Civil en una nota emitida este martes. "Estos procedimientos eran ejecutados por personal que trabajaba para UGT-A, el cual sería dirigido por un responsable de la citada organización".

El Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil concluye que este fraude "se realizaba de manera sistemática año tras año" y que fue "perfeccionado en el trascurso del tiempo". Para la Guardia Civil, "esta presunta práctica ilícita" podría haberse convertido en "la vía más importante en la financiación de este sindicato".

En mayo pasado, la que la Guardia Civil se incautó de diversos expedientes de justificación de subvenciones para formación, en la sede de la Dirección General de Formación de la Junta de Andalucía, si bien la investigación había tenido su origen en unas diligencias del Juzgado 6 de Sevilla en el verano de 2013. Posteriormente, aquella investigación se dividiría en dos causas diferentes. El juzgado número 9 se hizo cargo de toda la investigación relacionada con UGT-A.

La Guardia Civil ha detenido este martes a 14 personas (5 en Madrid, 1 en Jaén, 7 en Sevilla y 1 en Gran Canaria), al tiempo que ha efectuado seis registros (1 en Madrid, 1 en Jaén y 4 en Sevilla). Los detenidos serán trasladados entre hoy y mañana a dependencias de la Guardia Civil de Sevilla, para posteriormente ponerlos a disposición judicial. La 'operación Cirene' "abarca el análisis de los fondos de formación otorgados, por la Junta de Andalucía, mediante subvenciones a distintos beneficiarios a lo largo de los últimos doce años".

En los últimos días el Gobierno ha conseguido que el Proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público, que se encuentra actualmente a trámite en el Senado, esté en boca de todos al incluir una enmienda para proceder al aforamiento de Juan Carlos I tras su abdicación. Pero lo que se ha ocultado a la opinión pública es que el Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Senado ha aprovechado este tramite parlamentario para incluir otra enmienda en este Proyecto de Ley, que supone una nueva Reforma Laboral que deja en situación de absoluta indefensión laboral a decenas de miles de empleados públicos. Por su relevancia social y jurídica podéis descargar aquí la enmienda presentada por el PP.

La enmienda formulada por el Partido Popular, claramente inconstitucionales en mi opinión, se dirige directamente contra los colectivos más débiles de las administraciones públicas, esto es: personal laboral contratado en fraude de ley, personal laboral temporal, personal laboral indefinido no fijo por sentencia judicial, desempleados que prestan servicios para las administraciones mediante contratos de colaboración social, investigadores públicos o trabajadores que prestan servicios para las administraciones mediante encomiendas de gestión. Su objetivo es crear un régimen discriminatorio para este grupo de trabajadores en la aplicación de los artículos 15.1, (contratación temporal), 15.3, (adquisición de la condición de indefinido por contratación en fraude de ley), 15.5, (inaplicación de la adquisición de la condición de indefinido por el transcurso del tiempo), y 43, (cesión ilegal de trabajadores en el ámbito de las administraciones públicas) del Estatuto de los Trabajadores.Todos estos colectivos, que agrupan a cientos de miles de trabajadores en España, quedarán en una situación de absoluto desamparo si la enmienda presentada por el Partido Popular sale adelante.

La enmienda introducida por el Partido Popular, de enorme calado jurídico y social, crea una división entre los empleados públicos que, según el PP, cubren o no cubren “puestos de necesaria cobertura”. De hecho, la enmienda ya anticipa que excluye de esta naturaleza a los trabajados destinados a cubrir una necesidad temporal, los que respondan a la realización de un proyecto o prestación específica cualquiera que sea su “sustantividad”, los que tengan su origen en una colaboración social, los efectuados conforme al artículo 10 de la Ley de Contratos del Sector Público y los que se efectúan en virtud de encomiendas de gestión, cualquiera que sea la formula que hubiera motivado la declaración del trabajador como indefinido. Según esta enmienda, los empleados públicos que ocupen puestos de necesaria cobertura seguirán desempeñando este trabajo hasta que la plaza que ocupan se cubra por el procedimiento reglamentariamente establecido (concurso, oposición, concurso-oposición, etc.). Por el contrario, los empleados públicos que cubran puestos que no se consideren de necesaria cobertura, verán cómo su relación laboral se extingue mediante la amortización de su puesto de trabajo, con los efectos económicos establecidos en el artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, es decir, con una indemnización solamente de entre 8 y 12 días por año trabajado. A estos empleados públicos no resultarán de aplicación “los procedimientos y efectos previstos para el despido en los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores”, con independencia del número de empleados afectados.

Esta enmienda vulnera flagrantemente la Reforma Laboral que el propio Gobierno aprobó por medio de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y en concreto la Disposición Adicional Vigésima del Estatuto de los Trabajadores. Esta Disposición introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de que las administraciones públicas realizaran despidos objetivos por causa económica, técnica, organizativa o de producción, abonando en estos casos la una indemnización de 20 días por año trabajado prevista legalmente. Los empleados públicos contratados temporalmente, de forma interina, indefinida no fija o en fraude de ley, también tienen que ser despedidos conforme a esta Disposición Adicional Vigésima del ET, recibiendo por tanto esta indemnización de 20 días por año trabajado, resultando discriminatorio y contrario a derecho excluirlos de esta normativa. Esta postura es precisamente la que defiende la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, tal y como se ha conocido esta misma semana, al declarar nulo el despido del personal interino laboral por vacante efectuado por la Universidad Politécnica de Madrid en marzo del 2013. Pinchando en este enlace a la página web del Poder Judicial se puede comprobar que el Tribunal Supremo defiende que un empleado público, aunque sea temporal, solo puede ser despedido si concurren justificadas causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. También la Sala de lo Social dictaminó en 2014, en su sentencia de 22 de enero, que los contratos de colaboración social constituyen un fraude de ley cuando se conciertan por las administraciones públicas para cubrir necesidades permanentes de las mismas, cuestión que ya analizamos en este mismo blog en otra entrada a la que podéis acceder pinchando aquí.

Lo que ahora pretende el Grupo Popular con la enmienda introducida a la Ley de Racionalización del Sector Público es que estos trabajadores temporales, los desempleados contratados en colaboración social, o cualquier otro empleado público en fraude de ley, queden excluidos del ámbito de aplicación de esta Disposición Adicional Vigésima, de modo que su despido no tendrá que ajustarse a la existencia de una causa económica, técnica, organizativa o de producción, pudiendo la administración amortizar su puesto de trabajo sin alegar causa alguna, abonando al despedido una ridícula indemnización de entre 8 y 12 días por año trabajado. Queda claro que para el Grupo Popular cuando la jurisprudencia del Tribunal Supremo no se adapta a sus intereses, la Ley se cambia, y punto, aunque ello suponga una violación del derecho al trabajo plasmado en el artículo 35 de la Constitución y en la sentencia 22/1981 del Tribunal Constitucional, del Convenio 158 de la OIT o de la Carta Social Europea.

Pero la enmienda introduce otra modificación más, y es que el Grupo Popular pretendeinaplicar el artículo 15.1.a) del Estatuto de los Trabajadores, en lo relativo a la duración máxima de los contratos por obra o servicio determinado, a los contratos celebrados por las Administraciones Públicas y sus organismos vinculados y dependientes. El Estatuto de los Trabajadores, con el fin de evitar la contratación fraudulenta, establece que la duración máxima de un contrato por obra o servicio determinado no podrá exceder de tres años, ampliable por doce meses más cuando así lo estipule un convenio colectivo estatal sectorial. La inaplicación de este artículo a los empleados públicos, aparte de su evidente inconstitucionalidad, supone convertir a las administraciones públicas en las máximas defensoras de la precariedad laboral. Con esta medida la contratación temporal se convierte en la regla general y no en la excepción.

Para completar el despropósito, la enmienda del Grupo Popular señala que el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, que regula la adquisición de la condición de trabajador indefinido por el encadenamiento irregular de contratos, no será de aplicación a las modalidades contractuales contempladas en la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, ni tampoco a los contratos celebrados para la realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica contemplados en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. El mensaje es claro: el Gobierno Popular apuesta por una ciencia en precario, tolerando el encadenamiento ilimitado de contratos para el personal investigador.

Por fortuna en este país aún quedan jueces y abogados laboralistas. El Gobierno podrá modificar la Ley, pero nosotros ya estamos analizando cómo enfrentarnos a ella. La batalla será larga, pero lograremos que la Justicia y el Derecho se impongan.

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