“CUANDO TODOS LOS ANDALUCES CONOZCAN SU VERDADERA HISTORIA Y ESENCIA, SERÁ CUANDO LLEGAREMOS A OBTENER LA FUERZA NECESARIA PARA EXIGIR EL RESPETO QUE SE NOS DEBE, POR TENER UNA PERSONALIDAD TAN DIFERENTE DE AQUELLA QUE TRATARON DE IMPONERNOS POR LA FUERZA"

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El Sindicato Profesional de la Policía Local de San Roque ha denunciado, a través de un comunicado, el estado de “derrumbe” en el que se encuentra el antiguo pabellón militar de la Plaza de las Constituciones. Han asegurado que trabajadores municipales siguen realizando sus labores profesionales en el mismo, “con el peligro que conlleva, tanto para los funcionarios, como para los viandantes”.

Este colectivo ha asegurado que “existen carteles que advierten del peligro, pero operarios municipales siguen trabajando allí diariamente, a pesar de que la delegación de Urbanismo tiene conocimiento del estado deplorable e inseguro en el que se encuentra el edificio”.

Según los denunciantes, existe también un almacén en estas instalaciones donde se guardan los materiales necesarios para las clases de educación vial y para los parques, “por lo que en caso de derrumbe serían unas pérdidas importantes por el valor económico del mismo. Hay otro almacén más con vallas, conos y otros objetos para distintos eventos”, han sostenido.

Propiedad de la Junta de Andalucía

Por otro lado, el sindicato ha recordado que en el Pleno del 26 de enero de 2010 hubo una moción del Partido Andalucista sobre este antiguo pabellón militar. Se acordó solicitar a la Junta de Andalucía la reparación, adecentamiento y todas las actuaciones necesarias para poner en valor el edificio, que es propiedad del Gobierno andaluz.

El sindicato de la Policía Local de San Roque ha destacado que va a dar conocimiento de esta situación a la inspección de trabajo para que realice el estudio conveniente, además de registrar este asunto en el registro de entrada del Ayuntamiento.

Los materiales se están trasladando

El delegado de Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Ordóñez, ha señalado a Sanrópolis que “desde la semana pasada se dio la orden de trasladar los materiales. Se deberían de estar transportando desde ayer”.

El edil ha añadido que se ha habilitado una parte del antiguo Consistorio para los objetos de educación vial, y otra en los bajos del Teatro Juan Luis Galiardo para los materiales de señalización.

Ordóñez ha asegurado a este diario que desde el Ayuntamiento “estamos luchando para que la Junta de Andalucía nos ceda el edificio y poder rehabilitarlo nosotros. Sería el lugar donde se ubicarían los juzgados”, ha concluido.

El PSOE de Alcalá de Guadaíra, del que es secretario general el alcalde, Antonio Gutiérrez Limones, podría haberse financiado a través de la empresa pública Alcalá Comunicación Municipal (ACM), según las grabaciones realizadas al contable de la sociedad (hoy liquidada), Javier Luque, que investiga la Fiscalía de Dos Hermanas.

En las cintas, a las que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía y que han motivado la apertura de diligencias de investigación por el Ministerio Público, el responsable de la contabilidad de ACM desvela no sólo que el alcalde, concejales y directivos de la empresa se costearon con dinero público viajes y regalos. Además, da algunos detalles sobre lo que podría ser un caso de supuesta financiación ilegal por parte del PSOE alcalareño.

En concreto, Luque relata cómo algunas empresas que han prestado servicios a la formación socialista en algún momento con motivo de citas electorales recibían en realidad el dinero correspondiente a sus trabajos desde la empresa ACM.

De acuerdo con lo que explica el contable, la mecánica sería la siguiente: el PSOE de Alcalá contrata los servicios de la empresa en cuestión (básicamente de comunicación y márketing) pero no los paga, sino que la compañía presenta a ACM facturas confeccionadas ad hoc, es decir, falsas, para cobrar.

Javier Luque -a quien la fiscal encargada de la investigación interrogó el pasado mes de diciembre- nombra en las grabaciones entregadas en poder del Ministerio Público a dos agencias de publicidad que facturaron a ACMpor trabajos realizados al PSOE local.

De la que aporta más detalles es de Prestomedia, una agencia de comunicación con sede en Madrid que habría recibido encargos del Partido Socialista con motivo de la campaña para las últimas elecciones municipales. El contable cuenta que Prestomedia llegó a reclamarle una factura de 90.000 euros amenazándole con denunciar un posible caso de prevaricación si no cobraba por un trabajo que, en realidad y según Luque, hizo para el PSOE.

«Esto es el alcalde, yo creo que detrás de todo esto está el alcalde, pero que las toca sin manos [...]», apunta.

La segunda empresa señalada es Alma Comunicación, con sede en Alcalá de Guadaíra y que facturó unos 20.000 euros a ACM bajo el concepto -siempre según la grabación- de «plan de comunicación 2.0». «Nos dijeron que pusiéramos esto, claro, a mí me dicen que lo haga y ¿yo qué hago», se escucha decir a Luque.

Se da la circunstancia, además, de que el administrador de Alma es Alberto Martín, que fue director de la agencia de desarrollo de Alcalá de Guadaíra y que recibió el encargo tras ser relevado en el puesto.

Un portavoz oficial del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra manifestó ayer que los trabajos a los que se refiere el contable en la grabación que investiga la Fiscalía «fueron campañas del Ayuntamiento, encargadas por este Ayuntamiento y para este Ayuntamiento». «Todo lo demás son especulaciones, sean de quien sean», señalaron estas fuentes.

La empresa Prestomedia, por su parte, señaló a este periódico que la única factura relacionada con ACM que aparece en su contabilidad es una de 3.000 euros por un plan de comunicación y participación en 2010. Asegura no haber trabajado nunca para el PSOE de Alcalá de Guadaíra. La empresa Alma Comunicación no respondió a la invitación de este periódico para ofrecer su versión.

ACM, la 'caja B' sin control externo

Alcalá Comunicación Municipal (ACM), la empresa del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra que investiga la Fiscalía de Dos Hermanas, funcionaba de manera absolutamente opaca y escapaba al control de la Intervención municipal. Sus cuentas, como pone de manifiesto el propio interventor de Alcalá, Francisco de Asís Sánchez-Nieves, en un informe de mayo de 2012, no estaban sujetas a ningún tipo de supervisión externa e independiente, lo que podría haber facilitado el supuesto desvío de fondos que investiga desde el año pasado el Ministerio Público. En el informe que elaboró con motivo de la liquidación de ACM, el interventor llega a pedir al gobierno que preside Antonio Gutiérrez Limones que establezca «los procedimientos» necesarios para que el órgano de control municipal pueda acceder e inspeccionar la contabilidad de las sociedades mercantiles dependientes del Ayuntamiento alcalareño, «conforme a la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local», lo que pone en evidencia la falta de supervisión no sólo sobre ACM sino sobre todo el entramado societario del Consistorio. El interventor va más allá y pone en evidencia la falta de medios que padece y que hace su función «imposible» de cumplir.

Para el PA el PARO es la palabra maldita para los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía. Tasas del 40% o del 85% en desempleo juvenil son insoportables para una sociedad como la nuestra. Mientras que en la mayor parte de Europa se crea empleo, incluso en el Estado Español, Andalucía, con el gobierno de 35 años del PSOE, seguimos a la cola de Europa. El hecho diferencial de Andalucía desde el primer cuarto del siglo XX son sus altas cifras de desempleo. Es absolutamente necesario acabar con esta lacra. 

Europa está sumergida en una crisis económica, social y democrática. Desde el crack del 2008 el paro y la crisis de la deuda han ahondado en la brecha Norte-Sur, no sólo dentro del continente sino dentro del propio estado español. El mantra ultra liberal de la autorregulación de los mercados nos ha llevado a una crisis financiera que ha desatado la crisis económica más importante de los últimos setenta y cinco años.

El austericidio y los recortes impuestos por la Troika (BCE, Comisión Europea y FMI) nos han llevado a que la brecha social se haga inmensa, más en territorios como el nuestro que partían ya de cifras de desempleo altas y estructuras económicas desarrollistas. Desgraciadamente Andalucía, según los últimos datos del Eurostat encabeza las cifras del paro en Europa, resultado de políticas impuestas que nos llevan al precipicio. 

Hemos asistido al rescate de Entidades financieras privadas. Se han rescatado a los bancos pero no a las personas y nos han robado a los andaluces las cajas de ahorro andaluzas, dejándonos en manos de entidades financieras radicadas fuera de nuestra tierra. 

Debemos pasar de un modelo económico desarrollista a otro basado en la industria, la innovación, la formación, la economía social de valor compartido y sostenible y la prosperidad compartida. 

La creación de empleo no se puede basar en peores condiciones de trabajo: salarios bajos, prolongación de jornada laboral, desajustes entre la formación y el puesto de trabajo. 

No podemos decir que la Unión Europea no nos incumbe, no le podemos dar la espalda. Las decisiones importantes que nos afectan diariamente las toman órganos de la UE: el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea, con la ayuda y aquiescencia del Fondo Monetario Internacional (FMI). Otra Europa es posible. 

Ha llegado la hora de rescatar a las personas y no sólo a la banca, uno de los principales causantes de la crisis, ha llegado la hora de socializar las pérdidas de los damnificados y no de las entidades privadas, ha llegado la hora de apostar por el empleo y no por la austeridad y los recortes. 

PROPUESTAS ANDALUCISTAS 

ANDALUCÍA NECESITA UN PLAN ESPECÍFICO DE EMPLEO. Es necesario que este Plan de empleo que venimos reivindicando los andalucistas desde hace 5 años acabe con las medidas fracasadas de austeridad, que adoptar políticas de estímulo económico, y que permita rescatar a las personas y no a los bancos, que permita fluir el crédito a los autónomos y empresarios andaluces, que reforme el sistema de la Formación Profesional y que reactive sectores económicos de futuro para Andalucía, como el Sector Verde, el Industrial y tecnológica o el Cultural entre otros, y que permita que nuestros jóvenes no tengan que emigrar. 

Reivindicamos un Plan Europeo de Inversiones de un 1% del PIB de la UE durante 10 años para los territorios con más de un 25% de paro. Se establecerá una Estrategia de Inversiones Europea, que permita que los instrumentos financieros de la Unión lleguen directamente a los empresarios andaluces. 

Estrategia contra la deslocalización. No podemos ser victimas silenciosas del cierre de empresas para localizarse en otros países incluso de la Unión Europea. Las empresas que se vayan tendrán que devolver el dinero de las ayudas con intereses que hagan replantearse su marcha. 

Modificar la Estructura Productiva de Andalucía, apoyando los sectores de futuro, y permitiendo una nueva estructura diversificada y de alta productividad. Programa de transferencias fiscales y programas de inversión pública que tengan como objetivo la reorientación de un modelo productivo. 

Limitación salarios estableciendo topes salariales en las administraciones, desde la local a la Europea. Esta limitación se llevará más allá también en el Sector Bancario. 

Rescisión del Rescate Bancario. Los grandes accionistas y los responsables políticos de las entidades financieras rescatadas tendrán que asumir las perdidas y las responsabilidades penales, y que el dinero de ese rescate recaiga en financiación para empresas y autónomos. 

Unión bancaria que incorpore la reestructuración y mutualización de la deuda soberana provocada por los rescates, incluida la de las entidades financieras españolas para que los intereses no lastren el presupuesto del Estado y permitan realizar políticas activas de empleo e inversión productiva. 

Reformulación del Presupuesto de la UE cuyas instituciones no han realizado ningún plan de ajuste aún, y que necesariamente deben plantear un aumento de la inversión en el empleo en las regiones europeas que más lo necesitan. 

Renta Básica y Salario Mínimo. Es necesario el establecimiento a nivel europeo de una renta básica que permita a los ciudadanos europeos salir de la pobreza y la exclusión. Además es necesario centralizar la negociación laboral para el establecimiento de una coordinación de salarios en el continente. 

Empleo estable y de calidad. Salario Mínimo Europeo del 60% del salario medio de cada estado. Hay que paralizar las actuales reformas laborales que tanto están perjudicando a Andalucía y a los andaluces. La precariedad laboral no puede ser el elemento clave de una reforma laboral, y el concepto de flexiseguridad que pretende imponer la UE hasta 2020 no puede ser establecido si no se dan unos niveles de desempleo inferiores a los de la media Europea. 

Salvar a las personas. Apoyo a la deuda privada. Se hace necesario poner en marcha fondos y programas de reestructuración de la deuda privada y regule e instaure la dación en pago, que permita a la ciudadanía, familias y pequeñas y medianas empresas salir del pozo en el que se encuentran, y que se pueda estimular el consumo y la reactivación de pequeñas y medianas empresas. Siempre teniendo la renta y riqueza de las familias afectadas y con criterios de sostenibilidad en el caso de las Pymes. 

Estrategia Fiscal Europea. Lucha contra el Fraude Fiscal y los Paraísos fiscales. No podemos permitir que los propios países de la UE mantengan paraísos fiscales y que sean los propios instigadores de fraude fiscal. Los Andalucistas defendemos una política impositiva de naturaleza que apueste por la armonización fiscal y la lucha contra el fraude en el seno de la Unión Europea. Apostamos por prohibir las transferencias a paraísos fiscales y la existencia de los mismos en territorio de la Unión, así como por el establecimiento de un sistema de control de movimientos de capitales en la UE para luchar contra el fraude y la especulación financiera. 

Reestructurar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento aprobado por PP y PSOE. La política económica no puede girar exclusivamente sobre la consolidación fiscal y los límites de endeudamiento. Tienen que girar en torno al empleo y a la inversión para el crecimiento. 

Transparencia fiscal y Auditoría de la deuda pública. Los andaluces y andaluzas pagamos impuestos a empresas localizadas fuera de nuestras fronteras, por lo tanto invertimos con nuestros impuestos en su riqueza. Los andalucistas apostamos por la transparencia fiscal para que se destinen los recursos a los que pagan los impuestos y no a quienes los cobran. Y lo mismo ocurre con la deuda pública, gran parte de la deuda pública lo han generado los procesos especulativos, y no los ciudadanos, y por lo tanto son ellos, los bancos y entidades privadas que han generado esa deuda, los que tienen que hacer frente a ella. 

Protección ante los productos financieros especulativos con gran riesgo. Este tipo de actuaciones se deben prohibir si van ligadas a deuda pública, y se tienen que controlar en el sistema financiero, así como prohibir su realización a sectores de población de riesgo o que desconocen su uso. 

Reindustrialización. El impulso del proceso de industrialización deberá pasar por tres grandes elementos: el tipo de industria (criterios de demanda), sostenibilidad (por ejemplo las energías renovables sector en el que Andalucía es pionera) y la ciudadanía (su capacidad y entorno) 

Innovación y Desarrollo. Tras años de desmantelamiento de ayudas y de dejar emigrar a nuestros jóvenes investigadores, tenemos que darle la vuelta y poner en el centro de nuestras prioridades los programas de innovación y desarrollo, que deben ser los motores fundamentales del cambio en el modelo productivo. La economía andaluza ha de pasar a tener estructuras productivas de alto valor añadido, aspirando a la producción de mercancías complejas tecnológicamente y mucho más sólidas en la situación económica actual. Defender la I+D es fundamental para el futuro de nuestra tierra. 

Defensa Europea de las PYMES y autónomos. Para los andalucistas es clave que este tejido productivo fundamental en nuestra tierra esté protegido, y por lo tanto proponemos llevar una iniciativa para el aumento de la financiación comunitaria, a través del BEI (Banco Europeo de Inversión) para PYMES, autónomos y comercio tradicional, aumentando las coberturas sociales de estos empresarios. Para ello también gravaremos las grandes superficies y distribuidoras como parte de la estrategia antimonopolio de la UE .

Los sindicatos CC.OO. y UGT han convocado para este Primero de Mayo, 'Día Internacional del Trabajo', más de 70 manifestaciones en toda España para pedir al Gobierno y la UE empleos de calidad para recuperar los derechos laborales perdidos y afrontar la salida de la crisis. 

Una de estas convocatorias se está llevando a cabo en la capital hispalense, en la que más de 2.500 ciudadanos han salido a la calle para "para recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo interprofesional (SMI), relanzar la inversión pública productiva, establecer una renta mínima contra la pobreza y la exclusión social, el reforzamiento de la negociación colectiva, la promoción y la defensa de la actividad sindical, entre otras cuestiones", tal y como explican los sindicatos a pie de calle.

La Fiscalía Superior de Andalucía ha terminado de apuntalar la teoría policial del carácter masivo del fraude de los cursos de formación subvencionados por la Junta que preside la socialistaSusana Díaz, reconociendo como "evidente" que no puede ser excepcional la exoneración en la justificación de las ayudas si éstas llegaron a "70 millones de euros en 2009 y casi alcanzan los 227 millones de euros en 2010".

Y ello gracias a las resoluciones del "presidente del Servicio Andaluz de Empleo", cargo que en este periodo ostentaron los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y Manuel Recio.

El decreto de apertura y remisión firmado por el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, en poder de EL MUNDO, es contundente: "Es evidente que tales resolucionesdeberían configurarse como excepcionales y parece, sin embargo, que han sido generalizadas o muy frecuentes, debiendo examinarse estas resoluciones para comprobar si efectivamente tenían lugar las circunstancias de especial interés social y si pueden vincularse con expedientes en los que hayan podido tener lugar otras responsabilidades administrativas y contables de gravedad".

"Sería necesario, en todo caso, la identificación del perceptor o perceptores de estas ayudas, su importe y circunstancias de su ejecución. Pero esta labor, como es obvio, deberá realizarse con la extensión necesaria en las investigaciones judiciales o fiscales que se tramitan en la actualidad", sugiere el fiscal, proponiendo un cruce de datos que es el que terminará conectando definitivamente el caso de las facturas falsas de UGT con el fraude masivo que investiga la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional y la Fiscalía de Málaga.

"Las investigaciones que se desarrollan en la actualidad presentan coincidencias en la norma habilitante para la concesión de ayudas, organismo gestor, beneficiarios y espacio temporal", recoge el decreto rubricado por García Calderón, que aprecia indicios de delito en el reparto de las ayudas para formación de la Junta, como ayer informó este diario.
Conexión 'Edu'-facturas

Las conexiones entre el caso de las facturas falsas de UGT y la operación Edu a las que se refiere el fiscal superior son que todas las subvenciones las concedía el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)de la Junta con arreglo a la misma normativa, que ahora están cuestionando los investigadores policiales porque en algunos casos se adjudicaba de forma automática el 75% de la ayuda sin mayores exigencias sobre la justificación. Otra coincidencia es que el foco del fraude se concentra en los años posteriores a 2009.

¿Y cómo concedía las subvenciones la Junta de Andalucía? Había una"generalizada falta de control y desorden en el otorgamiento de las ayudas", avisa en su escrito el fiscal superior, que analiza el informe policial que le encargó a la Unidad Adscrita de la Policía tras el demoledor examen de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre las ayudas del SAE, que detectó que el 89% de las subvenciones repartidas en 2009 se adjudicaron a dedo o que hay 48,8 millones de euros recibidos por la Fundación de Empleo de la Junta -Faffe- sobre los que no consta justificación alguna.

"Las irregularidades apreciadas en el documento fiscalizador son tan numerosas, persistentes y graves, especialmente aquéllas que se estima que podrían dar lugar a una responsabilidad contable, que también podrían operar como indicios de la comisión de hechos delictivos", destaca el fiscal.

Por ello, remite este decreto y las pesquisas policiales a las fiscalías de Málaga y Sevilla para que, a su vez, las incorporen a las investigaciones que se siguen por el caso de las facturas falsas de UGT y también en el marco de la operación Edu, que indaga ya lasayudas a 20 empresas por unos 1,7 millones de euros.

Actualmente, dos jueces de Sevilla, Mercedes Alaya y Juan Jesús García Vélez, están tramitando investigaciones relacionadas con presuntos fraudes con subvenciones para cursos de formación subvencionados por la Junta y por la Unión Europea. Inicialmente, Alaya acaparó todas las pesquisas, también la de las facturas falsas de UGT, pero la Audiencia de Sevilla decidió que le correspondía al otro magistrado, que recibió la primera denuncia sobre el presunto desvío de fondos del sindicato, del que EL MUNDO está informando desde el verano.

Aunque el Gobierno de Susana Díaz ha asegurado que los fondos investigados no son de Bruselas, García Calderón advierte: "Es preciso aclarar si los hechos han sido comunicados a los órganos de fiscalización y control de la Unión Europea para que pueda ser defendida la Hacienda comunitaria, de manera que, exponiendo con claridad la respuesta institucional frente a posibles supuestos de fraude, y al margen del imperativo legal correspondiente, puedan seguir percibiéndose ayudas en el futuro".

El decreto de la Fiscalía Superior destaca el trabajo de la Cámara de Cuentas andaluza. "Las irregularidades apreciadas en el documento fiscalizador son tan numerosas, persistentes y graves, especialmente aquéllas que se estima que podrían dar lugar a una responsabilidad contable, que también podrían operar como indicios de la comisión de hechos delictivos. Esta circunstancia exige su investigación con todas las garantías, aunque sería aún prematuro establecer las tipologías concretas que podrían haber sido vulneradas".

"Cabe concluir que la gestión de estas ayudas, como señala la Unidad Adscrita, no cuenta con un procedimiento de concesión, justificación y liquidación homogéneo y estandarizado, abriendo la puerta a posibles y habituales irregularidades, produciéndose una ausencia de control y seguimiento por el Servicio Andaluz de Empleo a pesar de las recomendaciones que fueron realizadas en 2004 y de la acreditación de continuas y destacables incidencias de una singular gravedad", concluye el fiscal.

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"El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos.

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TASA DE PARO: 17 DE OCTUBRE DE 2017

ESPAÑA:-------------3.914.300---------------- "-------17,22%
ANDALUCIA:---------1.000,200-----------------"-------25,24%
ALMERIA:----------------79.500 ---------------"--------23,03%
CÁDIZ:------------------168.000----------------"--------29,63%
CORDOBA:-------------104.900----------------"---------27,94%
GRANADA:-------------109.000----------------"---------24,61%
HUELVA:-----------------50.300----------------"---------20,59%
JAEN:--------------------92.200----------------"---------30,76%
MALAGA:-------------- 166.900 ---------------"---------21,94%
SEVILLA:-------------- 229.400 ---------------"---------24,76%
DATOS: Encuesta de la Población Activa (EPA) 2º Trimestre



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