“CUANDO TODOS LOS ANDALUCES CONOZCAN SU VERDADERA HISTORIA Y ESENCIA, SERÁ CUANDO LLEGAREMOS A OBTENER LA FUERZA NECESARIA PARA EXIGIR EL RESPETO QUE SE NOS DEBE, POR TENER UNA PERSONALIDAD TAN DIFERENTE DE AQUELLA QUE TRATARON DE IMPONERNOS POR LA FUERZA"

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Un mismo trimestre, el cuarto de 2013, y dos tasas de paro: la anunciada hace unos meses del 26% por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la nueva, del 25,73%, publicada hoy por el mismo organismo. Un 'milagro' que no se explica por ningún error o por el anuncio de ningún dato nuevo, sino por la revisión de su metodología de cálculo, actualizada con el censo de 2011, más representativo de la población actual que el anterior, fechado en 2001 y al que se introdujeron algunos ajustes en 2002 y 2005 .

La Encuesta de Población Activa (EPA), al ser una encuesta, extrapola sus resultados a la población total. Sin embargo, los cambios demográficos de la última década han hecho que algunos colectivos estuviesen sobrerrepresentados en sus cálculos.

La población era de 45,9 millones de personas en 2001, frente a los 46,3 millones de 2011. Y el peso de sus colectivos, algunos de ellos con altas tasas de paro, como los inmigrantes o los jóvenes, ha variado. Según el INE, la población española estaba infravalorada en 585.700 personas mientras que la extranjera estaba sobrevalorada en 212.100. Así, la alta tasa de paro de los inmigrantes, que rondaba el 36%, tenía un impacto mayor en la EPA del que le correspondía en 2011.

Con los nuevos ajustes, el número de parados ha repuntado de 5,89 a 5,93 millones de personas en el cuarto trimestre de 2013. Sin embargo, al aumentar la población activa, la tasa de paro ha bajado unas décimas.

La población activa, la suma de trabajadores y de personas que buscan empleo, supera los 23 millones de personas según la nueva revisión del INE, unas 400.000 personas más que los 22,6 millones calculadas con el sistema anterior.

Con la nueva metodología hubo 17,1 millones de ocupados a finales de 2013, una cifra superior a los 16,7 millones estimados con el censo antiguo.

Un cambio aprobado por Bruselas

Los datos de paro válidos para Bruselas son los recabados por el INE, cuya metodología es armonizada con el resto de países por Eurostat. La EPA, con su aprobación, se basaba hasta ahora en el censo de 2001, pero "cambios significativos en el volumen de la población" han hecho "obligados" estos cambios de base de cálculo. Por ello, el INE ha publicado hoy una revisión de la serie entre los años 2002 y 2013 según el censo de 2011, revisión que servirá para comparar con nuevos datos como la EPA del primer trimestre que se difundirá el 29 de abril. En cualquier caso, la serie histórica con el censo de 2005 sigue siendo consultable en la web del INE.

La tasa de paro cerró en el 26% de la población activa en 2013, según el censo de 2005. Sin embargo, con el censo de 2011 se ha suavizado esta cifra, algo que ya admitió el ministro de Economía, Luis de Guindos.

¿Cómo se elabora la EPA?

La EPA es una encuesta cuya muestra abarca 65.000 hogares con 180.000 ciudadanos. Afinada de forma continua desde su creación, en 1964, para intentar representar a toda la población, sus resultados se extrapolan al conjunto del país. Aún con sus errores de muestreo, permite reflejar fielmente la evolución del mercado laboral.

La base poblacional se utiliza en dos fases. En la primera se pondera el número de personas a las que representa cada individuo de la muestra encuestada. En la segunda se calibra su peso con un modelo matemático en el que se valoran otros factores externos.

Esta calibración se hizo en 2002 y 2005 para ajustar el peso de los inmigrantes y los jóvenes en el censo de 2001. Eran los años del 'boom del ladrillo'. Ahora, con esta última revisión, se tendrá más en cuenta la especificidad del tamaño de los hogares en cada comunidad autónoma, algo que el INE considera clave para datos de la EPA como la ocupación, el paro y la inactividad.

El Secretario General del Partido Andalucista, Antonio Jesús Ruiz, ha lamentado que “Andalucía vuelva a estar en las portadas por la investigación de un nuevo caso de fraude que pone al descubierto que los fondos europeos destinados a la formación de personas desempleadas no llegaban siempre a quienes debían llegar”. Los andalucistas consideran que los datos publicados por Eurostat, “ponen de manifiesto la cruda realidad y deberían abrir una verdadera brecha en el Gobierno del bipartito”. El PA pide a Díaz y Maillo que “acepten que no son capaces de sacar adelante a nuestra tierra”.

El Partido Andalucista ha lamentado que Andalucía, en menos de 24 horas, “sea la protagonista de informaciones que vinculan esta tierra con el récord de paro y la corrupción”. El Secretario General del PA, Antonio Jesús Ruiz, ha manifestado su “máxima preocupación” ante la nueva investigación que la policía está llevando a cabo, aún en fase previa, y que apunta a nuevo caso de fraude que “ha puesto al descubierto que los fondos europeos destinados a la formación de personas desempleadas no llegaban siempre a quienes debían llegar”. 

Ruiz ha considerado que “es difícil que Andalucía no lidere el paro en Europa, si parte de los fondos dedicados a la formación de desempleados acaban en manos de corruptos”, dijo. El líder del PA ha señalado que “es la sociedad andaluza la que está sufriendo la crisis de forma brutal”, por lo que ha pedido que “se deje trabajar a la policía, y más adelante a la Justicia, para que se puedan esclarecer absolutamente todos los aspectos relacionados con este caso”. 

Asimismo, el PA ha exigido que “se pongan en marcha de una vez por todas las medidas de transparencia, porque está claro que las actuales no han servido para impedir que la corrupción se abriera camino en Andalucía”, señala Ruiz.

Al hilo de los datos publicados por Eurostat, que sitúan a Andalucía como el territorio de la Unión Europea con la tasa de paro más elevada (36,3 %), el andalucista ha subrayado que “nos ponen de manifiesto la cruda realidad y deberían abrir una verdadera brecha en el Gobierno del bipartito, no como el postureo que ambas fuerzas políticas han escenificado días atrás con la retirada de competencias, el órdago a la presidenta Díaz y la vuelta a la supuesta normalidad”.

En cambio, el Partido Andalucista considera que “mientras que nos sacan las vergüenzas en Europa, aquí están más preocupados en resolver los problemas de los políticos y en hacer cábalas de si conviene o no un adelanto electoral”. No obstante, Ruiz ha pedido a Susana Díaz (PSOE) y Antonio Maíllo (IU) que “acepten que no son capaces de sacar adelante a nuestra tierra”. 

El Secretario General de la formación andalucista ha aludido a que los datos negativos de Eurostat, “por desgracia no son una novedad, estamos a la cabeza del desempleo en Europa desde hace mucho tiempo y las políticas activas de Empleo desarrolladas por la Junta de Andalucía, que tiene todas las competencias desde 2004, no han venido a mejorar la situación”. Por último, los andalucistas han lamentado “la retirada, y en el mejor de los casos retrasos, que han sufrido los proyectos escuelas y talleres de empleo, que ha sido la dinámica de la Junta desde hace ya varios años”.

La operación Edu contra el fraude masivo de la formación para el empleo en Andalucía está sacando a la luz unos mecanismos delictivos que trascenderían el ámbito estrictamente judicial.

Los funcionarios de la Seguridad Social y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que dirigen la investigación están convencidos de que, para malversar las partidas multimillarias de los cursos para desocupados, los diferentes ejecutivos socialistas que han gobernado la comunidad en la última década habrían creado una tupida red clientelar por todo el territorio andaluz que les ha permitido conseguir miles de respaldos políticos continuos e incondicionales.

Por ahora, la operación Edu se centra sólo en Málaga. La Fiscalía Anticorrupción de esta provincia, que ya se ha hecho con el caso, analiza únicamente un expediente dudoso de esta demarcación correspondiente al ejercicio 2010. De la veintena de empresas privadas, sindicatos y patronales que recibieron subvenciones para supuestas acciones formativas, al menos 17 no reunían los requisitos para conseguir las ayudas.

Los investigadores de la Seguridad Social y la UDEF creen que ese expediente sólo es la punta de un iceberg de proporciones descomunales. Desde hace dos años disponen de numerosos testimonios y pruebas documentalesque apuntan a que la estafa en la formación para el empleo afecta masivamente a toda Andalucía. De hecho, los expedientes dudosos son tan abundantes que han tenido que empezar por una sola provincia y acotar las pesquisas al periodo 2009-2011. La trama podría haber malversado, según los funcionarios de los ministerios de Empleo e Interior, más de 2.000 millones de fondos públicos aportados en su mayoría por la Unión Europea en el programa de fomento del empleo para el periodo 2007-2013, al que también contribuyó la Administración del Estado.

Imagen de archivo de dependencias del Servicio Andaluz de Empleo.

La implicación de la red periférica de la Junta

Los investigadores mantienen que para distribuir estas sumas de dinero a las centenares de empresas de formación, patronales y sindicatos afines que se encuentran en el punto de mira de la operación Edu, los Ejecutivos socialistas habrían utilizado la vasta red periférica de la Junta. El Gobierno andaluz cuenta con sus propios delegados en las ocho provincias. No sólo el departamento de presidencia. Todas las consejerías tienen su propio representante en cada de una de las demarcaciones. Los máximos responsables de la trama, a los que la Fiscalía Anticorrupción aún no ha puesto nombre, habría canalizado las subvenciones para la formación a través de los responsables provinciales de Empleo.

En el caso de Málaga, las investigaciones policiales apuntan a Juan Carlos Lomeña, exdelegado de Empleo de la Junta en esa provincia durante la etapa en la que se centra el caso. Él habría sido el responsable político encargado de desviar los fondos para el desempleo a sociedades mercantiles, asociaciones y sindicatos cercanos al partido socialista. En teoría, el dinero fue destinado a organizar cursos que favorecieran el acceso al mercado laboral de los desempleados, pero los agentes han descubierto que los beneficiarios de las ayudas no cumplieron los objetivos del programa o, directamente, nunca ejecutaron las formaciones para las que habían sido subvencionados.

La cifra de centros formativos que habría participado en el fraude podría superar el millar, y el número de alumnos implicados en la trama que habrían obtenido certificaciones, becas u otro tipo de compensaciones económicas por figurar en cursos a los que nunca asistieron puede otorgar otro funesto récord a este caso. Sólo en el año 2011, la filial educativa de UGT Andalucía afirmó haber ofrecido instrucción a unos 40.000 alumnos en más de 1.200 acciones formativas. Entre 2009 y 2010, se programaron casi 30.000 cursos en toda Andalucía. Qué porcentaje de ellos formó parte de este fraude masivo es todavía una incógnita, pero los investigadores de la Tesorería de la Seguridad Social y la UDEF estiman que más de un 50%.
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado. (EFE)

La Cámara de Cuentas, ignorada

Será la operación Edu la que determine si las irregularidades detectadas formaban parte de un plan preconcebido para malversar estos fondos. La Cámara de Cuentas de Andalucía, el órgano autonómico de fiscalización presupuestaria, ya advirtió en 2004 de gravísimas anomalías en la utilización de estas partidas de la Unión Europea y la Administración del Estado. Y el pasado mes de febrero emitió un nuevo informe en el que, además de insistir en que no se habían subsanado los agujeros de 2004,volvió a denunciar que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) -la institución responsable hasta 2013 de la gestión de estos fondos- apenas había efectuado inspecciones para conocer el destino real del dinero y que el 89% de las acciones formativas que había promovido no conducían a la obtención de ningún tipo de título. Las conclusiones de la Cámara de Cuentas son tan devastadoras y elocuentes que deberían haber sido suficiente para provocar una reacción inmediata en el Palacio de San Telmo. Es difícil mencionar en tan pocas líneas mayor número de tropelías administrativas.

Si la Justicia acaba confirmando los hechos que han trascendido hasta la fecha, este caso superaría en implantación territorial y número de implicados a todos los escándalos de corrupción que han afectado hasta ahora a Andalucía. Por lo pronto, los investigadores de Empleo e Interior sostienen que los dirigentes del PSOE andaluz habrían utilizado las transferencias multimillonarias de la Unión Europea y la Administración del Estado para alimentar año tras año una malla de relaciones clientelares con la que habrían fabricado un número ingente de lealtades electorales en todos los rincones de la comunidad. La contundencia con la que el Gobierno de Susana Díaz y los principales sindicatos han reaccionado a las primeras informaciones adelanta el alcance del caso.

Andalucía recibirá un 9,27% menos de fondos para políticas activas de empleo en 2014, 270 millones en total, según dijo ayer el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, al término de la conferencia sectorial, celebrada en Madrid bajo la presidencia de la ministra Fátima Báñez. De este modo, la comunidad que lidera el paro en Europa va a sufrir un recorte de 27,6 millones de euros, un ajuste que se une al 50% registrado desde 2011, cuando Andalucía recibió 700 millones.

El consejero andaluz censuró también la evaluación de las políticas de empleo por consecución de objetivos, que sube al 40%, frente al 15% del año anterior.

Asimismo, Sánchez Maldonado rechazó la implantación de agencias privadas de colocación, por considerar un «proceso de privatización» de los servicios de empleo. Andalucía, Cataluña y País Vasco no han firmado el protocolo para estas agencias, por lo que no entrarán en el reparto de los 50 millones que se distribuyen para ellas, lo que supone un recorte adicional para Andalucía. Además, dijo el consejero, los fondos para las oficinas públicas quedarán en 3,2 millones de euros, frente a los 7,3 que recibió el año pasado. Con respecto al año 2011 el recorte acumulado en ese sentido es del 84%, según los datos del consejero andaluz.

Maldonado denunció que el Ministerio ha incluido el «incentivo por resolución de irregularidades» de estas agencias, de modo que recibirán un suplemento del 15% si denuncian anomalías en los demandantes de empleo, que pueden desembocar en sanción: «Se trata de la pérdida temporal o definitiva de prestación por un retraso, comúnmente conocido como sellar el paro», por lo que aseguró que el Gobierno andaluz «no va a ser cómplice de este intento de privatización de los servicios públicos».

El derecho a protestar en España está cada vez más amenazado. Es la conclusión principal de una amplia investigación realizada por Amnistía Internacional, en la que la organización denuncia "cómo el Gobierno está utilizando todos los medios posibles para limitar por ley el derecho a la libertad de expresión y a la protesta pacífica", ha adelantado la ONG.

El informe 'España: el derecho a protestar, amenazado', que no se hará público hasta este mediodía, recoge casos de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad, así como la falta de investigación de estos abusos.

Se trata de un extenso estudio escrito por la investigadora española Virginia Álvarez y en el que la organización ha estado trabajando durante un año para plasmar lo ocurrido en nuestro país en las muchas manifestaciones que han tenido lugar entre la convocatoria del Rodea el Congreso del 25 de septiembre de 2012 hasta las recientes Marchas de la Dignidad el pasado 22 de marzo.

En la investigación, Amnistía Internacional analiza, por ejemplo, la respuesta de las autoridades españolas durante las protestas, el uso excesivo de la fuerza, el intento de criminalización y las restricciones que quieren imponerse por parte del Gobierno, el trato bajo custodia policial, los escraches o las multas por participar en concentraciones o manifestaciones.

Todo ello bajo una perspectiva internacional en la que la organización compara y relaciona la situación en España con la de otros países de Europa y la legislación internacional. El informe será presentado por la directora para Europa de Amnistía Internacional, Jezerca Tigani, así como por Anja Bienert, experta en cuestiones policiales y de derechos humanos.

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TASA DE PARO: 25 DE JUNIO DEL 2017

ESPAÑA:-------------4.255.000---------------- "-------18,75%
ANDALUCIA:---------1.072,400-----------------"-------26,94%
ALMERIA:----------------74.200 ---------------"--------21,37%
CÁDIZ:------------------195.500----------------"--------33,87%
CORDOBA:-------------104.800----------------"---------27,53%
GRANADA:-------------113.700----------------"---------25,66%
HUELVA:-----------------63.900----------------"---------26,22%
JAEN:--------------------76.100----------------"---------25,39%
MALAGA:-------------- 240.400 ---------------"---------26,20%
SEVILLA:-------------- 243.900 ---------------"---------26,37%
DATOS: Encuesta de la Población Activa (EPA) 1º Trimestre



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