“CUANDO TODOS LOS ANDALUCES CONOZCAN SU VERDADERA HISTORIA Y ESENCIA, SERÁ CUANDO LLEGAREMOS A OBTENER LA FUERZA NECESARIA PARA EXIGIR EL RESPETO QUE SE NOS DEBE, POR TENER UNA PERSONALIDAD TAN DIFERENTE DE AQUELLA QUE TRATARON DE IMPONERNOS POR LA FUERZA"

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El Juzgado de Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha confirmado el proceso de embargo contra los exdirectores generales de Presupuestos de la Junta Antonio Vicente Lozano y Buenaventura Aguilera, a los que impuso sendas fianzas de responsabilidad civil de 46,6 y 1 millón de euros, respectivamente.

El abogado de ambos exaltos cargos, José María Mohedano, presentó un recurso de revisión en el que pidió la suspensión del plazo de diez días que se les concedió para que designaran bienes a embargar a fin de cubrir dichas fianzas civiles hasta que se resuelvan los recursos contra su imputación en la causa y contra la imposición de las fianzas civiles, en cuya tramitación se están produciendo "dilaciones indebidas e injustificadas".

En un decreto dictado el pasado 2 de abril, al que ha tenido accesoEuropa Press, la secretaria del Juzgado, Rosa María Vélez, señala que ambos autos, el de imputación y el de imposición de las fianzas civiles, "si bien son susceptibles de recurso, éste no tiene efectos suspensivos", por lo que "ningún perjuicio o indefensión causa a la parte dicho requerimiento efectuado", en referencia al plazo de diez días concedido.

Así, insiste en que, "si bien dicho auto es susceptible de recurso, el mismo tiene en modo alguno efectos suspensivos como ahora parece pretender la parte recurrente, y no solo por la naturaleza inmediatamente ejecutiva de las medidas en él acordadas, sino también por lo establecido en la legislación procesal".

Por todo ello, la secretaria rechaza el recurso de revisión presentado por el abogado de los dos exaltos cargos de la Junta y ratifica el plazo de diez días concedido para que designen bienes a embargar a fin de cubrir las fianzas civiles impuestas por la juez Mercedes Alaya.

EL RECURSO

En el recurso de reposición elevado al Juzgado, consultado por Europa Press, el letrado José María Mohedano pidió suspender el plazo conferido para la averiguación patrimonial integral y designación de bienes por parte de Antonio Vicente Lozano y Buenaventura Aguilera a fin de proceder al embargo de los mismos hasta cubrir las fianzas civiles de 46,6 y un millón de euros impuestas, respectivamente.

En su escrito, el abogado asevera que, a día de hoy, "todavía está pendiente de resolución" el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 28 de junio de 2013 en el que Alaya imputó a ambos, todo ello "como consecuencia de que sigue sin recibirse por la Audiencia Provincial la información requerida en tres ocasiones al Juzgado".

"Aunque la ejecución de la medida cautelar de la fianza no queda suspendida en circunstancias normales por la interposición de los recursos contra el auto de imputación, si en la tramitación del recurso de apelación se producen dilaciones indebidas e injustificadas estas circunstancias pueden y deben dar lugar a la suspensión de la traba de bienes hasta que se resuelva el recurso de apelación", argumenta.

A su juicio, "la tardanza, desde el 28 de junio en que se dictó el auto de imputación, para que la Audiencia pueda resolver el recurso, constituye una vulneración" del artículo 24 de la Constitución española, "que garantiza a todas las personas un proceso sin dilaciones indebidas sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión".

El abogado, que señala que a ello se suma "la tardanza excesiva" en tramitar el recurso contra las medidas cautelares civiles adoptadas, pone de manifiesto que la "tardanza" en resolver el recurso contra el auto de imputación "provoca que el mismo no esté aún resuelto, y con su resolución en el futuro podría producirse la revocación de la imputación y con ello la imposición de la fianza como medida cautelar".

"Las dilaciones indebidas y la indefensión producida viene agravada por el hecho de que la mera elevación del recurso de apelación a la Sala se produce con un retraso muy superior a la tramitación de la traba de bienes en la pieza separada de responsabilidad civil", aduce el abogado.

Manuel Martín Alba se enfrenta a penas que superan los 226 años de prisión y los 700 años de inhabilitación

La Audiencia de Málaga busca fecha para un macrojuicio en el que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado más de 226 años de prisión para el exalcalde de Alcaucín (Málaga), José Manuel Martín Alba, por numerosos delitos en el caso Arcos contra la corrupción urbanística, en el que acusa a otras 48 personas..

Por turno de reparto este mes le ha tocado a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga enjuiciar el caso Arcos, que ahora busca fecha entre los juicios ordinarios para compaginar una vista oral que podría durar más de un año.

La Fiscalía acusa al exalcalde – que dejó el PSOE tras su detención en la causa y es concejal independiente – de los delitos de fraude, malversación, falsedad, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias.

Por este procedimiento Manuel Martín Alba se enfrenta a penas que superan los 226 años de prisión y los 700 años de inhabilitación para empleo o cargo público.

Por su parte, para el que fuera jefe adjunto de Arquitectura de la Diputación de Málaga, José Francisco Mora, el fiscal solicita un total de 111 años de prisión por los delitos de falsedad, estafa, falsificación, cohecho, ordenación del territorio y falsedad en documento oficial.

El procedimiento denominado Arcos, que se ha centrado en varias tramas de corrupción urbanística que durante la última década operaron en Alcaucín, dio lugar a la imputación de más de 70 personas y su fase de instrucción se cerró en junio pasado tras generar actuaciones que ocupan casi 50.000 folios.


La acusación se dirige contra 27 empresarios de la promoción urbanística, el exalcalde y dos familiares, seis funcionarios municipales o de la Diputación de Málaga, siete arquitectos, cuatro intermediarios y dos abogados o asesores urbanísticos.

Anticorrupción describe hechos ocurridos de 1999 al 2010 que califica como 90 delitos de falsedad ideológica -en algunos casos se manipulan firmas, sellos y textos- “cometidos por una autoridad o funcionario en documentos oficiales creados desde el Ayuntamiento, la Diputación o el Catastro Inmobiliario, con frecuencia inducidos por promotores beneficiados o sus representantes”.

También señala delitos de falsedad en documento oficial o por imprudencia grave y 62 delitos de prevaricación o prevaricación urbanística atribuidos al exalcalde por autorizar arbitrariamente parcelaciones o construcciones contrarias a la normativa urbanística, prescindiendo casi siempre de los preceptivos informes.
Igualmente califica 22 delitos contra la ordenación del territorio por construcciones ilegales y otros de cohecho, fraude, malversación, estafa, estafa procesal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, actividades prohibidas a funcionarios y de intrusismo profesional.

La Fiscalía señala que “tan prolongada actividad delictiva se sitúa en los años del auge urbanístico, que en el caso de Alcaucín se tradujo en una creciente demanda de nuevas viviendas, impulsada por multitud de residentes extranjeros deseosos de establecerse en la Axarquía, lo cual desbordó la previsión de suelo urbanizable”.

Añade que eso hizo que “se multiplicaran las infracciones urbanísticas” y que “el Ayuntamiento no sólo hiciera dejación de sus responsabilidades en materia de disciplina urbanística, sino que tratara de solaparlas promoviendo nuevos instrumentos de planeamiento basados en un desmesurado aumento de suelo edificable”.

Anticorrupción considera que “se aprovecharon fallos del sistema” y destaca “numerosos informes técnicos emanados sin ningún control de la Diputación Provincial para encubrir las infracciones urbanísticas de mayor importancia” y “la frecuente manipulación del Catastro Inmobiliario, gracias a la colaboración de funcionarios”.

Será por el acuciante problema del paro y la situación económica, pero la preocupación de los andaluces por el medio ambiente se encuentra en su tasa más baja desde que se estudia. Así lo indica el Ecobarómetro 2013, un estudio estadístico que la Consejería de Medio Ambiente realiza desde 2001 y que pone de relieve también la falta de confianza en las instituciones, tanto en la política en general como en las autonómicas en la materia. Los andaluces confían más en los ecologistas para resolver los problemas 'verdes' de su entorno.

Quizá el dato más llamativo del estudio es la pérdida de confianza en las autoridades autonómicas, cuya gestión medioambiental ha caído en diez puntos porcentuales respecto a 2011. Se trata de la peor valoración desde que se inició la serie histórica del Ecobarómetro. Los encuestados aprueban por décimas las políticas de conservación, de lucha contra los incendios forestales y gestión del agua, pero suspenden en difusión de información ambiental, en educación ambiental y en gestión de la contaminación o cambio climático.

Por el contrario, ha aumentado el nivel de confianza en las asociaciones ecologistas, que alcanzan el 3,31% de aprecio. Le siguen el sistema educativo, la comunidad científica y los medios de comunicación, lo que lleva a los autores del estudio a concluir que los andaluces creen que la solución a los problemas medioambientales tiene que venir de la sociedad civil.

Los datos se relacionan con la desafección política que se registra en todo el país, puesto que las instituciones peor valoradas son los partidos políticos y el sistema judicial, a la hora de ofrecer soluciones a los problemas del ecosistema.

Así, se extiende la falta de confianza en todas las administraciones. De 1 a 5 la Junta merece un 2,34%; la UE, el 2,16%; los ayuntamientos, el 2,13%, y el Gobierno de España, el 1,82%.

El Ecobarómetro sitúa en un 3,3% la tasa de preocupación de los andaluces por las cuestiones ambientales, un poco más que la vivienda (2,1%) o la inmigración (2%). Curiosamente, su percepción de la problemática va de menos a más: consideran grave la situación del planeta, pero tienen una opinión positiva de su entorno más cercano.

Así, casi la mitad cree 'buena o muy buena' la situación de su localidad de residencia; un poco menos buena la de Andalucía, que sólo merece la calificación óptima para el 37,7% de los encuestados, mientras que la del planeta recibe un 68,3% de opiniones de que es 'mala o muy mala'.

Respecto a los problemas locales, los andaluces están cada vez más preocupados por la suciedad de las calles, según el registro de la serie histórica del estudio. En cambio, el ruido sigue perdiendo importancia, ya que era el problema ambiental más destacado hasta 2011, cuando comenzó a perder peso frente a la limpieza urbana. También preocupa más la falta de zonas verdes en las localidades, que ahora es citado por uno de cada cuatro encuestados.

En el ámbito andaluz, los incendios forestales siguen copando el primer puesto de las preocupaciones andaluzas (51,6%), lo que sucede desde que comenzó a estudiarse. Mientras, cae la percepción como problema de la escasez de agua, que apenas un 6% menciona, debido a los buenos registros pluviométricos de 2013, dice el estudio.

Otros problemas son la contaminación (24,1%), el deterioro de playas y mares (23,4%), la pérdida de paisajes y parajes naturales (17,8). La erosión de los suelos y la desertificación preocupa a un 16,6% de los andaluces y los analistas indican que depende mucho de la localización: a los encuestados en el sureste árido les atañen más los incendios forestales, mientras que los que residen en el litoral mediterráneo y los sistemas béticos destacan la pérdida de paisajes. Los encuestados en Sierra Morena se preocupan menos por el deterioro de las playas.

El sindicato denuncia la sobrecarga de trabajo de una plantilla municipal formada por 12 agentes para atender a una población de casi 10.000 habitantes.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, de Córdoba denuncia la “el nulo talante negociador” del Ayuntamiento de Fernán Núñez a la hora de consensuar las condiciones laborales de la plantilla de la Policía Local. El sindicato señala que ni los horarios ni los cuadrantes de trabajo correspondientes a este año han sido aún objeto de acuerdo entre el Consistorio y los representantes de los trabajadores.

El presidente del Sector de Administración Local de CSIF Córdoba, Rafael García, desvela que el Ayuntamiento ha modificado sustancialmente las condiciones de trabajo de los policías “sin ningún tipo de negociación y de forma unilateral, lo que supone una total falta de respeto a la conciliación laboral y familiar de los agentes”. “La verdad es que esta falta de diálogo por parte del Consistorio no nos extraña, ya que la Mesa de Negociación no se convoca desde 1998, y eso que desde ese año han sido distintos partidos políticos los que han pasado por la Alcaldía”, destaca. Sin ir más lejos, para ayer lunes estaba previsto que se celebrase una de estas mesas, pero “el Ayuntamiento la suspendió a última hora sin ningún motivo aparente”.

La central sindical señala que esta ausencia de talante negociador conlleva que no exista un calendario laboral, lo que, a su vez, implica que los agentes deban tener una disponibilidad absoluta no recogida en el marco legal, “con el consecuente estrés en su labor”. García lamentó que los efectivos “reciben, incluso, las órdenes por Whatsapp”. El presidente del Sector de Administración Local indica que algunos policías, incluso, han sufrido episodios de ansiedad debido a la situación de inestabilidad que padecen por estas circunstancias.

CSIF denuncia que a toda esta situación se suma la “evidente falta de personal” en la plantilla de Policía Local de Fernán Núñez, cuyo número de agentes (12) es “insuficiente a todas luces” y se ha mantenido inalterable desde hace algunos años. El sindicato lamenta que “la sobrecarga de trabajo que soportan los policías en activo hace imposible responder con garantías a la seguridad que se merece un municipio como Fernán Núñez con cerca de 10.000 habitantes”. García apunta que, de los 12 agentes que conforman el personal de la Policía Local de Fernán Núñez, solo 7 son operativos. El resto, al tener más de 55 años, deberían pasar a una segunda actividad con funciones acordes a su edad. Sin embargo, esto no se está produciendo.

García indica que hace varios meses se envió a la alcaldesa un escrito en el que se denunciaba toda esta situación. “De nuevo, haciendo gala de su nula apuesta por el diálogo, no hemos obtenido respuesta por parte del Ayuntamiento, a pesar del enorme problema de seguridad que se puede generar en la localidad”, subraya. El máximo responsable del Sector Local de CSIF Córdoba exige al gobierno municipal que “abandone su actitud despectiva hacia los agentes y se siente a negociar con sus representantes sindicales para conseguir una mejora de sus condiciones laborales, así como un aumento de su plantilla”.

Los municipios madrileños reservarán el 20 por ciento de las plazas para militares de toda España.

Aquellos militares de tropa y marinería que no consigan la renovación de sus contratos y, por tanto, queden expulsados de las Fuerzas Armadas podrán acceder con mayor facilidad a una plaza como policía local en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.

Gracias a este convenio, los ayuntamientos madrileños podrán reservar plazas a militares de tropa y marinería en las convocatorias de ingreso como policía local. El requisito es haber servido durante cinco años en las Fuerzas Armadas españolas.

Se contempla, en concreto, la reserva de un cupo del 20 por ciento de las plazas ofertadas en total, que irán destinadas sólo a militares que se acojan a este programa.

La no renovación de compromisos de militares de tropa y marinería es un problema al que Defensa lleva tiempo intentando encontrar solución. Así nació la iniciativa SAPROMIL, que busca ‘recolocar’ en el sector civil a aquellos que dejen las Fuerzas Armadas.

El proyecto, al que se ha denominado Salidas Profesionales de los miembros de lasFuerzas Armadas (SAPROMIL), busca la reorientación laboral de los militares que decidan voluntariamente abandonar el Ejército, o que lo hagan de forma obligatoria.

Se trata de un extenso catálogo en el que las empresas privadas podrán buscar potenciales empleados especializados en distintas ramas, todos ellos procedentes de las Fuerzas Armadas. Una medida tras la que algunos ven una voluntad de Defensa de "adelgazar" el número de oficiales en el ejército.

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"El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos.

No sabe que el costo de la vida, el precio de los garbanzos, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas.

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No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales". Bertolt Brecht

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ESPAÑA:-------------3.914.300---------------- "-------17,22%
ANDALUCIA:---------1.000,200-----------------"-------25,24%
ALMERIA:----------------79.500 ---------------"--------23,03%
CÁDIZ:------------------168.000----------------"--------29,63%
CORDOBA:-------------104.900----------------"---------27,94%
GRANADA:-------------109.000----------------"---------24,61%
HUELVA:-----------------50.300----------------"---------20,59%
JAEN:--------------------92.200----------------"---------30,76%
MALAGA:-------------- 166.900 ---------------"---------21,94%
SEVILLA:-------------- 229.400 ---------------"---------24,76%
DATOS: Encuesta de la Población Activa (EPA) 2º Trimestre



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