“CUANDO TODOS LOS ANDALUCES CONOZCAN SU VERDADERA HISTORIA Y ESENCIA, SERÁ CUANDO LLEGAREMOS A OBTENER LA FUERZA NECESARIA PARA EXIGIR EL RESPETO QUE SE NOS DEBE, POR TENER UNA PERSONALIDAD TAN DIFERENTE DE AQUELLA QUE TRATARON DE IMPONERNOS POR LA FUERZA"

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El Secretario General del PA, Antonio Jesús Ruiz, ha valorado esta mañana en declaraciones a los medios de comunicación al respecto de la subida de la parte fija del recibo eléctrico anunciada por el Gobierno del PP.

El líder andalucista, manifestaba que “aumentarán los beneficios de las grandes empresas eléctricas destruyendo aúna más la economía familiar”.

Para el líder andalucista, “toda esta estrategia respecto a la subida de la parte fija del recibo eléctrico es consecuencia directa de la caída de consumo debido a la crisis. Los beneficios para las cinco empresas eléctricas que se reparten los beneficios y las familias cada vez con menos recursos energéticos para su día a día”.

El PA “el argumento utilizado por el PP para justificar que más de la mitad del recibo de la luz 60%, que se abonará de manera independiente del consumo, es para que aumenten las aportaciones de sistema de las casas vacías y las segundas residencias no tiene fundamento alguno”. Continuaba Ruiz “va en contra de toda política europea de ahorro energético y desarrollo sostenible”. 

Finalizaba, Ruiz, “la nueva modificación en la regulación de un suministro básico nos hace que exijamos al PP que por este camino sigue asfixiando a las familias pero beneficia a las empresas eléctricas. Que los momentos actuales no son para buscar los beneficios para unos pocos sino para asegurar la calidad de vida de todas las personas”.

La Mezquita de Córdoba acabará convirtiéndose en propiedad de la Iglesia Católica en 2016. En 2006 el obispado de Córdoba ha inscrito la Mezquita en el Registro de la Propiedad. La Iglesia ha usurpado un bien público que la Junta de Andalucía puede reclamar, si se dirige al Estado Central antes de que se cumplan diez años de inmatriculación. De este modo recuperaríamos su titularidad pública. La Mezquita de Córdoba necesita una gestión limpia y transparente por parte de las instituciones andaluzas y no el uso privado de una institución como la Iglesia que ni siquiera paga impuestos.


El Secretario General del PA, Antonio Jesús Ruiz, denuncia la “persecución y política de amenaza y derribo que el Gobierno está llevando a cabo contra las y los emigrantes retornados a nuestra Comunidad Autónoma, al estar reclamándoles con intereses y sancionando, a través de la AEAT, el pago de atrasos de pensiones extranjeras no declaradas desde el año 2.008, cuando la causa de esa “no declaración” ha sido propiciada por la propia información ofrecida por la Administración Tributaria”. 

Manifiesta, el líder andalucista, que “tras esas actuaciones inspectoras masivas contra las y los emigrantes andaluces retornados y las pensiones que de otros países perciben, no hay sino una avaricia y desesperación recaudatoria del Gobierno del PP, ya que si hasta ahora, ni los propios funcionarios de la AEAT sabían de la existencia de una norma que obligaba a tributar por dichas rentas, informando en ese sentido a todo emigrante que les preguntó, ahora no puede el Ministro de Hacienda, Sr. Montoro, decir que cabe pedir esos impuestos no tributados, porque la obligación de su declaración estaba expuesta en la página web del Ministerio de Hacienda. Si los propios empleados de tal Ministerio, pese a esa página web, informaban que eran rentas exentas de tributación, ¿cómo unos pensionistas, iban a saberlo?”

Lola de Toro, Secretaria Nacional de Políticas Sectoriales, ha denunciado hoy “que 800.000 personas en España, entre ellas 180.000 andaluces y andaluzas retornados del extranjero y que perciben algún tipo de pensión por trabajos desempeñados fuera de España, están siendo sometidos a una política agresiva y desalmada por parte del Ministerio de Hacienda, ya que este les está abriendo expedientes sancionadores por el mero hecho de no haber declarado estar percibiendo una pensión extranjera, imponiéndoles 150 € de multa si dicha pensión por su cuantía no da lugar siquiera a ingresar y reclamándoles el pago de retenciones de I.R.P.F. desde el 2008, con intereses y una multa del 50% de la cantidad “defraudada”, (sic), si por el contrario dicha pensión daba lugar a pagar”.

Evidentemente, dice De Toro, “se está calificando de defraudadores a personas que desconocían su obligación de declarar tales pensiones y que ante tal desconocimiento recurrieron a informarse ante la AEAT, siendo evidente que por el número de “supuestos defraudadores” todos fueron informados en igual sentido por los empleados de dicha Agencia. Curiosamente, valiéndose el Sr. Montoro de que tales informaciones fueron verbales y que a ninguno de los afectados se le ocurrió dudar de la información recibida, no formulando por escrito consulta vinculante que hubiese dado lugar a una Resolución que ahora tendría valor probatorio, ahora el Sr. Ministro de Hacienda dice que esa obligación de declaración de tales pensiones extranjeras estaba recogida en la página Web de la AEAT, -aunque por lo que se ve ni sus propios empleados lo sabían-, y que por ello, todo aquél que haya omitido hacer dicha declaración ha cometido, como mínimo, una infracción por no presentar declaración, sancionándose este caso con multa de 150 €, y si además, revisadas las cuantías de su pensión no declarada desde el 2008, esta daba lugar a tributación por I.R.P.F., se le levantan actas de liquidación con intereses desde el año 2008, primero no prescrito, hasta la fecha, y además una sanción que llega hasta el 50% de la cantidad estimada defraudada”

Dice De Toro, que “si la Agencia Tributaria ve normal estas reclamaciones, basándose en la mera alegación de que se obliga a declarar las rentas que una persona obtenga en cualquier parte del mundo porque antes no había una información del extranjero de la que ahora la AEAT sí dispone, el desconocimiento, malfuncionamiento o carencias de dicha Administración no puede ser desviado a una conducta culposa del administrado, existiendo más que indicios evidentes de la buena fe de los afectados”

Finaliza las declaraciones Ruiz “por lo que el Partido Andalucista va a luchar con todos los medios legales a su alcance para que los emigrantes retornados, a partir de la fecha en que la AEAT tuvo la información precisa, sí declaren esas pensiones, pero en ningún caso vengan obligados a declarar unos ingresos, y menos pagar sanciones y atrasos, por unos años en los que ni el propio órgano recaudador sabía de la existencia de esa obligación legal, o al menos, no informaba convenientemente de la misma, ya que de haberlo sabido, seguro que estas actuaciones se habrían llevado a cabo hace mucho tiempo”.

Félix Millet. Presidente Palau de la Música

El diccionario de la corrupción en España
El expolio del Palau de la Música a cargo deFèlix Millet y Jordi Montull ha degenerado en el caso de corrupción y de financiación irregular de un partido más grave registrado nunca en Cataluña. El beneficiario es Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), que pudo recibir parte de los más de 30 millones que se habrían vaciado de una de las instituciones culturales catalanas con mayor tradición. Mediante empresas interpuestas y la Fundación Trias Fargas, CDC se habría embolsado hasta seis millones, dinero que empresas constructoras abonaban a través de la institución musical para pagar comisiones por obras públicas, como la Línea 9 del Metro o la Ciudad de la Justicia.

Por este motivo, el juez instructor imputó a un extesorero de CDC y declaró a CDC responsable a título lucrativo, por lo que le exigió una fianza de 3,2 millones: el partido de Artur Mas la cubrió, en parte, con las escrituras del edificio sede del partido, ahora embargado. Una de las derivadas del caso, la del «Hotel Palau» (por la que está imputada la cúpula de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona), está pendiente de que se señale fecha para el juicio oral. La instrucción de la pieza principal (expolio más financiación de CDC) está a punto de concluir.

Francisco Correa. Cerebro de la red Gürtel
El diccionario de la corrupción en España
Más de sesenta personas están imputadas en el caso Gürtel, un escándalo de corrupción política que ha salpicado al Partido Popular en tres comunidades autónomas: Madrid, Valencia y Castilla y León, y que se ha llevado por delante al juez que lo destapó, Baltasar Garzón, condenado por prevaricación. El presunto cerebro de la red es Francisco Correa, un empresario que pagó comisiones a cargos públicos a cambio de contratos para sus sociedades.

La investigación ha pasado por distintos tribunales: comenzó en la Audiencia Nacional, pasó después al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la implicación de diputados regionales; se fragmentó y una parte fue al Tribunal Supremo por las sospechas sobre el exsenadorLuis Bárcenas y el exdiputado Jesús Merino y, finalmente, ha vuelto a la Audiencia Nacional. Otra pieza se remitió a la Comunidad Valenciana, dando origen a otros dos procedimientos: el llamado caso de los trajes, que afectó a Francisco Camps y al secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa; y una investigación, aún en curso, sobre presunta financiación irregular del partido.

La causa matriz, en manos del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, está hoy pendiente de nuevas averiguaciones bancarias en EE.UU.

Francisco Rodríguez. Exalcalde de Orense. Caso Pokémon
El diccionario de la corrupción en España
Más de una treintena de imputados suma ya el caso Pokémon, que se instruye en Lugo y amenaza con alargarse en el tiempo. Desde que arrancó la investigación de la trama, dedicada a otorgar contratos públicos a cambio de sobornos, por el despacho de la juez Pilar de Lara han pasado políticos de las tres fuerzas tradicionales en Galicia (PP, PSOE y BNG), empresarios (están implicadas medio centenar de sociedades) y agentes de la Policía local de Orense. Hasta cuatro alcaldes figuran en la causa, que está declarada secreta. El último ha sido el alcalde de Santiago Ángel Currás (PP). Antes pasaron por el juzgado el exregidor de Orense Francisco Rodríguez (PSdeG); el exalcalde de Boqueixón, Adolfo Gacio (PP); y el alcalde de Lugo, el socialista José López Orozco.

Las primeras pesquisas llevaron a la detención de directivos del grupo Vendex, cuyo propietario es Gervasio Rolando; Javier Reguera, responsable del sistema de la ORA en Lugo, y Francisco Fernández Liñares, expresidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y considerado como uno de los principales cabecillas.

Iñaki Urdangarín. Duque de Palma. Caso Nóos
El diccionario de la corrupción en España
El 22 de julio de 2010 el juez José Castrodesgajó del caso Palma Arena una pieza separada (era la vigesimoquinta) para investigar los convenios firmados en 2005 y 2006 entre la Fundación Illesport y el Instituto Balear de Turismo, organismos públicos dependientes del Gobierno balear, y el Instituto Nóos, presidido en esas fechas por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín. Castro requirió al Instituto Noos que acreditara «haber rendido cuentas de la inversión de los fondos (públicos) recibidos para la ejecución de los referidos convenios y, en caso positivo, que aporte las correspondientes justificaciones».

Los principales imputados en este procedimiento son Urdangarín, a quien el juez atribuye delito fiscal, fraude, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos, y su exsocio Diego Torres. Según los datos que obran en la causa, el Duque de Palma y Torres percibieron 5,8 millones de euros del Instituto Nóos, cantidad que coincide con la que cobraron a los gobiernos valenciano (3.519.533,90 euros) y balear (2.285.000 euros) por organizar eventos. En su declaración ante el juez, en febrero de 2012, Urdangarín reivindicó su inocencia y admitió que, aunque en 2006 Su Majestad el Rey le había ordenado abandonar Noos, en 2008 volvió a hacer negocios. La instrucción sigue abierta y de hecho deberá declarar de nuevo ante el magistrado.

Jaume Matas. Expresidente de Baleares. Caso Palma Arena
El diccionario de la corrupción en España
Jaume Matas, presidente de Baleares en dos legislaturas y exministro de Medio Ambiente del PP, está imputado o implicado en una veintena del total de 25 piezas del caso Palma Arena. Ya ha sido condenado a seis años de prisión en una de ellas, en concreto por favorecer a un periodista que escribía sus discursos y después los ensalzaba en un periódico de tirada nacional. En la actualidad, está pendiente de juicio con jurado en otra causa.

A Matas, en libertad bajo fianza de 2,5 millones de euros, se le atribuyen los delitos de falsedad documental, fraude a la administración, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, apropiación indebida, delito fiscal y delito electoral. El procedimiento matriz es el llamado caso Palma Arena, que arranca en 2008 a raíz de una denuncia anónima presentada ante la Fiscalía Anticorrupción sobre el supuesto enriquecimiento ilícito de Matas y el cobro de comisiones legales. Un año después, el juez José Castro empezó a investigar el sobrecoste del velódromo Palma Arena. El escándalo estalló definitivamnete con la detención de cargos de segundo nivel del Gobierno balear y desde entonces no ha hecho sino implicar a más altos cargos de esa administración.

José Antonio Griñán. Presidente de la Junta. Caso de los ERE
El diccionario de la corrupción en España
El mayor escándalo de corrupción andaluz saltó a la luz cuando ABC publicaba en marzo de 2009 la petición de los directivos de Mercasevilla del pago de una comisión a los dueños de un restaurante a cambio de la escuela de hostelería. Una grabación evidenciaba cómo Fernando Mellet y Daniel Ponce aseguraban que «la Junta de Andalucía colabora con quien colabora». El caso subía de tono y la Fiscalía tomaba cartas en el asunto mientras el PP presentaba una querella que caía en manos de una juez hasta entonces desconocida, Mercedes Alaya.

Así iban saliendo tramas: adjudicación irregular de suelo; delito societario y los ERE fraudulentos, destapado cuando el exdirector de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, admitía la existencia de un «fondo de reptiles» para empresas en crisis y que se incluyeron intrusos (que no trabajaban) en los expedientes. Luego llegaba la escandalosa declaración del chófer, que dijo que parte del dinero lo gastaban en «coca, fiestas y copas». Ambos eran enviados a prisión, igual que el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández. Los directivos de Mercasevilla y el exdelegado de la Junta fueron condenados en octubre, mientras en los ERE hay ya 60 imputados, entre ellos siete ex altos cargos de la Junta, abogados, empresarios y testaferros. El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, es el máximo responsable político.

José Blanco. Exministro de Fomento. Caso Campeón
El diccionario de la corrupción en España
José Blanco y José López Orozco, extitular de Fomento y alcalde de Lugo, respectivamente, ponen rostro a la operación Campeón, que entra en este 2013 en su segundo año de instrucción con una pieza separada en el Tribunal Supremo para el exministro, sobre el que se ciñe la sospecha de haber dispensado un trato de favor a empresarios a cambio de dinero, que supuestamente recibía en metálico y en billetes de 500 euros.

La trama estaba destinada a captar subvenciones públicas para empresas que encuentran nexo común en el empresario Jorge Dorribo, dueño de los laboratorios Nupel, cuyas declaraciones salpicaron a la política gallega y nacional. Pasó dos años y medio en prisión por un presunto fraude de cuatro millones gestionados a través del Igape (dos altos cargos fueron arrestados) hasta que en 2011 fue puesto en libertad tras un testimonio voluntario ante la juez del caso, Estela San José, que abría la caja de pandora. En total, 15 implicados por blanqueo, evasión fiscal, alzamiento de bienes y falsedad en un sumario interminable despiezado en varias causas en las que también están imputados el diputado del PP Pablo Cobián y el exconsejero del BNG Fernando Blanco.

Josep Duran. Presidente de UDC. Caso Pallerols
El diccionario de la corrupción en España
El caso Pallerols alude al desvío de subvenciones para cursos de formación para la financiación irregular de Unió Democràtica (UDC) y representa un caso único en la historia de la corrupción en España, al ser la primera ocasión en que un partido admite haberse financiado de manera irregular. Tras un periplo judicial que se ha prolongado casi quince años, el escándalo llegó finalmente a juicio el pasado 7 de enero, aunque la vista no se celebró porque las partes llegaron a un acuerdo de conformidad. Los imputados: el propio Pallerols y su mujer, así como altos cargos del partido que preside Josep Duran (citado como testigo) asumieron su culpabilidad.

En esencia, la trama consistía en la adjudicación de cursos por parte de la consejería de Trabajo, controlada por UDC, a las academias del empresario andorrano Pallerols. De los 220 cursos investigados por la Guardia Civil, más de 160 eran irregulares: o no se celebraron, o su precio estaba hinchado. La Generalitat pagó por ellos más de ocho millones de euros, financiados con fondos de la UE, de los cuales un 10% retornaba a UDC o a los implicados. Unió Democràtica, declarada responsable civil subsidiaria y partícipe a título lucrativo, ha acabado pagando una indemnización de 388.483 euros.

Julián Muñoz. Exalcalde de Marbella. Caso Malaya
El diccionario de la corrupción en España
El caso Malaya desenredó en 2006 la trama corrupta creada alrededor del Ayuntamiento de Marbella durante los últimos años de gobierno del GIL. Fue pionero en la detención de concejales de una gran ciudad y los hechos fueron de tal enjundia que derivaron en la disolución de la corporación municipal. Sobornos, contratos amañados, blanqueo de capitales, contabilidades en B… Y todo esto manejado, supuestamente, por Juan Antonio Roca, exasesor de Urbanismo, hombre de confianza de Jesús Gil y poseedor de una fortuna millonaria que habría amasado de forma ilegal. Según Anticorrupción, una «organización» con el único fin de enriquecerse con dinero público. Junto con Roca han sido juzgados una veintena de exconcejales (incluidos los exalcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe), empresarios, testaferros, joyeros y marchantes de arte. Durante el juicio, el fiscal pidió en total cerca de 490 años de cárcel y unos 3.800 millones de euros en multas. Malaya está pendiente de sentencia, que se espera para este verano.

Luis Bárcenas. Extesorero y exsenador del PP. Caso Bárcenas
El diccionario de la corrupción en España
Luis Bárcenas, que durante veinte años manejó, primero como gerente y después como tesorero, las cuentas del Partido Popular, es uno de los imputados en el caso Gürtel. La investigación destapó una trama de corrupción política en la que, a cambio de suculentas comisiones, los cargos públicos implicados favorecieron a la red de empresas vinculadas a Francisco Correa con la adjudicación de eventos. Las ramificaciones de este entramado se extendieron a Valencia y provocaron la dimisión del presidente de la Generalitat,Francisco Camps, aunque éste resultó finalmente absuelto de cohecho por recibir unos trajes como regalo.

El escándalo político ha golpeado de lleno al PP al publicarse que en la etapa de Bárcenas como tesorero era práctica habitual el pago de sobresueldos de entre 5.000 y 15.000 euros a la dirección del partido. Anticorrupción ha avanzado que, de momento, no investigará este hecho.

Tras un periplo judicial que le llevó de la inicial imputación en el caso Gürtel al sobreseimiento por falta de pruebas, Bárcenas ha vuelto a ver su nombre entre los implicados en la trama. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz volvió a imputarle. La reciente llegada de documentación reclamada a Suiza ha puesto contra las cuerdas al exsenador: Bárcenas disponía en el Dresdner Bank de Ginebra de una cuenta en la que acumuló 22 millones de euros.

Manuel Bustos. Alcalde de Sabadell. Caso Mercurio
El diccionario de la corrupción en España
Después del caso Pretoria (que afecta a cargos del PSC como el exalcalde de Santa Coloma y a figuras clave de los gobiernos de Jordi Pujol), el caso Mercurio vuelve a golpear al socialismo catalán. En este caso, el implicado de mayor rango es el alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, aunque a quien se considera clave en la trama es al ex edil del Partido Popular, Jordi Soriano. En la trama, en la que están imputados empresarios de la comarca, aparece también de manera destacada el tío de Bustos, el constructor Melquiades Navarro. De manera colateral se investiga también al secretario de organización del PSC, Daniel Fernández, por tráfico de influencias. Siguiendo un esquema de corrupción clásica, los constructores abonaban sobre un 3 por ciento del valor de la obra a cambio de la adjudicación. En dos años, el exedil Soriano se habría embolsado casi un millón de euros en comisiones. La instrucción prosigue tras dos años de investigación, y el pasado viernes el juez levantó el secreto sobre parte del sumario. Bustos, que proclama su inocencia, ha pedido volver a declarar.

Oriol Pujol. Secretario general de CDC. Caso ITV
El diccionario de la corrupción en España
El caso de las ITV surge como una derivada del caso Campeón y alude a la supuesta trama compuesta por empresarios y cargos de la Generalitat para modificar los pliegos de los concursos y adjudicar así las estaciones para la inspección técnica de vehículos, entre otros negocios. El principal implicado es el secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Oriol Pujol, que está siendo investigado al ser, según un informe de Vigilancia Aduanera, «colaborador necesario» en la red. En las grabaciones practicadas, los imputados aluden a Pujol como el «Zumosol».

A tenor de las evidencias que surgen de la instrucción, la Fiscalía Anticorrupción estudia pedir la imputación de Pujol, lo que se da por hecho, en lo que sería el fin de la carrera política de quien en su momento se dijo que estaba llamado a suceder a Artur Mas. ç

Entre los socios de Pujol que ya están imputados se cuentan los empresarios Sergi Alsina (dueño de la consultora Alta Partners, donde trabaja la esposa de Oriol), y Sergi Pastor. Los «Sergis» y Oriol son amigos, compañeros de estudios, y comparten localidad de segunda residencia. Además de los citados, están implicados el que fuera número dos de la Diputación de Barcelona, Josep Tous, y un subdirector general de Industria, Isidre Masellas. El caso está en fase de instrucción en el juzgado.

Rodrigo Rato. Expresidente de Bankia. Caso Bankia
El diccionario de la corrupción en España
El exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, declaró en diciembre ante la Audiencia Nacional, junto a otros 32 imputados entre los que figuran el exministroÁngel Acebes y el expresidente de la Comunidad Valenciana, José Luis Olivas. A todos ellos, así como a Bankia y BFA como personas jurídicas, se les imputan de forma indiciaria y genérica los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida, todos los que mencionaba en su querella UPyD.

Otro de los casos de presunta comisión de delito en el sector bancario es el del Banco de Valencia. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) denunció a los anteriores gestores de esta entidad en junio ante la Audiencia Nacional por la sospecha de que hubieran cometido delitos societarios y de falsedad mercantil. Además, está el caso de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, en el que hay cinco exdirectivos imputados por presuntas irregularidades en la gestión.

Textos elaborados por Mercedes Benítez, Àlex Gubern, elena Pérez, Esperanza Codina, Maribel Núñez y Nieves Colli.

La Marcha de la Dignidad, organizada por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y otras organizaciones sociales y sindicales, prevé reunir a un millón de personas en la marcha final que se celebrará en Madrid el 22 de marzo, donde confluirán al menos 11 marchas a pie procedentes de toda España.

Según ha indicado a Europa Press el secretario general del SAT, Diego Cañamero, las primeras marchas a pie saldrán a inicios de marzo, como es el caso de Asturias, que tiene previsto salir el 1 de marzo, mientras que otras comunidades como Murcia o Extremadura, saldrán en torno al 10 de marzo.

En el caso de Andalucía, el 15 de marzo saldrán todas las marchas andaluzas desde Córdoba, desde donde partirán a pie hasta Madrid unas 200 ó 300 personas. Previas a la salida de Córdoba de toda la representación andaluza, están previstas "microcmarchas" o manifestaciones en todas las provincias andaluzas.

De esta forma, en Madrid se unirán 11 columnas, procedentes de todos los territorios españoles, que, junto a la marcha organizada en Madrid, se agruparán en cuatro puntos o plataformas de encuentro, que a su vez se unirán en un solo punto de la capital de España, aún por determinar.

Cañamero ha asegurado que en esta movilización "participarán todas las organizaciones sociales, políticas y sindicales de izquierdas y progresistas, excepto PSOE, CCOO y UGT".

La 'Marcha de la Dignidad Madrid 22 de Marzo', movimiento que engloba a numerosos colectivos sindicales, sociales y políticos, llevará a cabo estas acciones reivindicativas por la renta básica y contra la reforma de las pensiones, entre otras reivindicaciones.

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CÁDIZ:------------------195.500----------------"--------33,87%
CORDOBA:-------------104.800----------------"---------27,53%
GRANADA:-------------113.700----------------"---------25,66%
HUELVA:-----------------63.900----------------"---------26,22%
JAEN:--------------------76.100----------------"---------25,39%
MALAGA:-------------- 240.400 ---------------"---------26,20%
SEVILLA:-------------- 243.900 ---------------"---------26,37%
DATOS: Encuesta de la Población Activa (EPA) 1º Trimestre



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