“CUANDO TODOS LOS ANDALUCES CONOZCAN SU VERDADERA HISTORIA Y ESENCIA, SERÁ CUANDO LLEGAREMOS A OBTENER LA FUERZA NECESARIA PARA EXIGIR EL RESPETO QUE SE NOS DEBE, POR TENER UNA PERSONALIDAD TAN DIFERENTE DE AQUELLA QUE TRATARON DE IMPONERNOS POR LA FUERZA"

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La jueza Mercedes Alaya ha ordenado pasadas las 3,30 horas de este jueves el ingreso en prisión de tres de los cinco detenidos en la segunda fase de la operación 'Madeja', en la que la magistrada investiga si el exdirector del área de Vía Pública y exasesor del grupo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño pudo recibir dádivas a cambio de la concesión de contratos de mantenimiento a las empresas Fitonovo y Fiverde.

En este sentido, fuentes del caso han informado a los periodistas de que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla ha aceptado la petición de la Fiscalía y ha ordenado el ingreso en prisión sin fianza del administrador único de Fitonovo, José Antonio González Baró, y del exjefe de servicio de la Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla Francisco de Amores.

Asimismo, ha decretado prisión eludible con fianza de 150.000 euros para el capataz y responsable de conservación del Parque de María Luisa, Francisco Luis Huertas, quien ha comunicado que no puede hacer frente en este momento al pago de dicha cantidad y, por tanto, no ha podido evitar su ingreso en la cárcel.

De igual modo, la juez ha dejado en libertad sin fianza al director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Bruguera, y a un ingeniero de caminos, empleado de la empresa Jardines y Riegos Al-Andalus, imputado por un delito de cohecho después de que la instructora le haya acusado de haber realizado un pago de 25.000 euros hace unas tres semanas a Francisco de Amores, aunque según alguna fuentes éste habría alegado que dicha cantidad se correspondería con un préstamo.

Amores también habría sido acusado de haber recibido pagos periódicos de unos 500 euros por parte de Fitonovo a cambio de la adjudicación de un contrato de mantenimiento, y de hecho la Guardia Civil le enseñó durante su declaración un supuesto documento con un pago a su nombre, aunque sin su firma, no obstante lo cual el exalto cargo de Parques y Jardines ha negado ante la juez Alaya todas las acusaciones.

Y es que la juez investiga una supuesta contabilidad 'b' de la empresa Fitonovo donde ésta registraría las presuntas 'mordidas' abonadas a cambio de ser favorecida en la concesión de determinados contratos públicos.

En este sentido, fuentes del caso han informado de que, en el marco de la investigación, se está indagando en torno a un documento 'excel' hallado en un ordenador de Fitonovo en el que aparecerían registrados una serie de pagos realizados por la empresa durante una década --desde 2003 hasta la actualidad-- a una serie de personas que aparecen citadas con nombres o iniciales.

Además, y dentro de esta operación, los agentes de la UCO imputaron a un funcionario municipal cuya identidad se desconoce hasta el momento y al director del Área de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Joaquín Peña (PP), que fue destituido de manera fulminante y nada más conocer su imputación por el alcalde, Juan Ignacio Zoido.

LA PRIMERA FASE DE 'MADEJA'

Además de las detenciones e imputaciones, la Guardia Civil ha practicado registros en la sede de la empresa Fitonovo ubicada en el Parque Empresarial Los Llanos del municipio sevillano de Salteras y en la Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, concretamente en el despacho del propio Joaquín Peña; del jefe de servicio; del jefe de negociado, Javier Gómez, y del capataz y responsable de conservación del Parque de María Luisa.

A los registros citados, que fueron llevados a cabo este lunes, se suman otros dos que fueron practicados este martes en la sede de dos empresas, concretamente en Suministros Agrícolas, en La Rinconada, y en Explotaciones Agrícolas Villaflor, en Dos Hermanas.

La segunda fase de la operación 'Madeja' se ha producido justo después de que la juez Mercedes Alaya revelara en el auto por el que prorrogó por quinta vez el secreto de las actuaciones que, el pasado 21 de octubre, acordó la intervención de ocho líneas telefónicas utilizadas por directivos y empleados de Fitonovo y por funcionarios del Consistorio hispalense, habiendo acordado el 5 de noviembre la intervención de dos líneas más.

El secreto de las actuaciones fue decretado por primera vez el pasado mes de julio, tras las detenciones tanto de Castaño como de su mujer, la abogada Ana María Vaquero, del administrador de la empresa de infraestructuras y medio ambiente Fitonovo, Rafael González Palomo, y del exadministrador de Fiverde Ángel Manuel Macedo.

7,6 MILLONES DE FIANZA CIVIL A CASTAÑO

Castaño fue el único de los cuatro detenidos en esta primera fase de la operación que ingresó en prisión, aunque la pudo abandonar a mediados del pasado mes de agosto después de pagar la fianza de 60.000 euros que le impuso la Audiencia Provincial de Sevilla.

La instructora imputa a Castaño los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude y exacciones ilegales. Asimismo, le impuso una fianza de responsabilidad civil de 7,6 millones de euros, frente a la petición de 360.000 euros planteada por el Ministerio Público.

Durante su declaración ante la juez, el administrador de Fitonovo aseguró que, entre los años 2005 y 2006, entregó un sobre con 30.000 euros a Domingo Enrique Castaño y que le dijeron que este sobre con la cantidad de dinero referida "era para el PSOE", punto en el que subrayó que el dinero entregado "no era a cambio de nada", porque además "los contratos ya estaban dados".

El secretario de Organización de UGT-A y actual máximo responsable del sindicato, Manuel Ferrer, ha asegurado que nadie ha avisado del registro que acomete la Guardia Civil en la sede central del sindicato, tras lo que ha lamentado que UGT-A se encuentra en una situación de "indefensión".

Ferrer ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras llegar a la sede de UGT-A, en la calle Antonio Salado, donde no se encontraba al hallarse de viaje. En ese sentido, se ha limitado a asegurar que no les habían avisado previamente de dicho registro y lamentar que la central se encuentra en situación de "indefensión".

Por otro lado, fuentes sindicales han indicado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está dejando salir a los trabajadores, aunque les está pidiendo los números de DNI, las claves de todos los ordenadores y los números de teléfono móvil para que estén localizados.

La Guardia Civil no prevé efectuar detenciones en el seno de la operación 'Cirene', por la que este jueves se está registrando la sede central del sindicato UGT Andalucía para realizar un registro por orden de la juez Mercedes Alaya en el marco de la investigación sobre el uso de fondos de formación, han informado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Las mismas fuentes han agregado que, además del registro en el sindicato se está efectuando, dentro de esa misma operación, el registro en las sedes de dos empresas relacionadas con los cursos de formación de UGT-A, ubicadas ambas en la capital hispalense.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han desplazado a primera hora de este jueves a la sede central del sindicato UGT Andalucía para realizar un registro por orden de la juez Mercedes Alaya en el marco de la investigación sobre el uso de fondos de formación, han informado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

El registro se ha iniciado sobre las 10,30 horas en la sede del sindicato ubicada en la calle Antonio Salado de la capital hispalense, que permanece cortada. Según las mismas fuentes, los agentes están solicitando documentación en papel y soporte digital sobre la contabilidad y las facturas del sindicato referentes a los fondos de formación.

Fuentes sindicales han informado a Europa Press de que los agentes de la UCO se encuentran reunidos en la sede con miembros de la Ejecutiva de UGT-A, entre los que no figura el secretario de Organización, Manuel Ferrer, responsable del sindicato desde la dimisión de Francisco Fernández Sevilla, que se encuentra de viaje.

La juez Mercedes Alaya asumió a principios de octubre la causa sobre las presuntas facturas falsas del sindicato UGT-A dada su conexión con ciertos aspectos de la investigación del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía.

La causa partió de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias donde ponía en conocimiento de la Justicia que UGT-A falseó supuestamente facturas para pagar pancartas y publicidad para la huelga general de 29 de septiembre de 2010 con fondos públicos concedidos por la Junta para la formación de desempleados.

Esta denuncia de Manos Limpias guarda relación con las diligencias incoadas por Alaya, declaradas secretas y derivadas de la denominada operación 'Heracles' desarrollada el pasado mes de marzo por la Guardia Civil y en la que se investigó el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.

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