“CUANDO TODOS LOS ANDALUCES CONOZCAN SU VERDADERA HISTORIA Y ESENCIA, SERÁ CUANDO LLEGAREMOS A OBTENER LA FUERZA NECESARIA PARA EXIGIR EL RESPETO QUE SE NOS DEBE, POR TENER UNA PERSONALIDAD TAN DIFERENTE DE AQUELLA QUE TRATARON DE IMPONERNOS POR LA FUERZA"

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Carlos Mármol,este gran profesional del periodismo que trabajó en El Correo de Andalucía casi una década. Durante catorce años ha sido editorialista, articulista y subdirector de Diario de Sevilla, en cuyo equipo fundacional participó. Escritor de periódicos. Un currículum mas que amplio,por el que debemos los lectores estar  agradecido,a que su trabajo contribuya a despejar y dejar a un lado la incultura política, existente en nuestra tan dolida y masacrada Andalucia.

Nos presenta un articulo muy currado,sobre la gran trama corruptiva de algunos políticos integrados en el gran cortijo andaluz, "La junta de Andalucia",en el que se recopila toda la información sobre los ERES,las  facturas falsas de UGT y la presunta implicación de la patronal, en ciertos asuntos algo escandalosos.

Les recomiendo a los lectores de este glog,que lean su articulo y visiten el enlace adjunto,este trabajo no tiene desperdicio alguno y puede servir para que de una vez,los votantes andaluces que votan y votan a ciegas cada cuatro años,habrán los ojos y vean la luz.
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Por si había alguna duda, el escándalo de las facturas falsas de UGT confirma que el paro ha sido el gran negocio de las élites políticas, empresariales y sindicales en un sistema en el que patronal y sindicatos actuaban como una extensión más de la administración andaluza.

Tiene la forma de un charco pero en realidad se trata de un verdadero océano. La punta del iceberg. El escándalo de las facturas falsas del sindicato UGT Andalucía ha quebrado el silencio que durante más de dos décadas ha sido la nota dominante en la gestión de lo que oficialmente se denomina la concertación social y, en la práctica, no es sino un sistema clientelar alimentado desde la propia Junta de Andalucía que ha permitido que patronal y sindicatos se nutrieran directamente del dinero de los impuestos de los andaluces como si fueran una extensión más de la propia administración. Nunca han dejado de ser otra cosa. Todavía, de hecho, lo son. 
Las irregularidades, que fueron desveladas hace seis meses por el diario El Mundo, han terminado provocando la dimisión del secretario general de UGT Andalucía, Fernández Sevilla, y convirtiéndose, igual que los ERE, en una cuestión de índole nacional. De nuevo con la etiqueta de siempre: corrupción en Andalucía. Para algunos puede parecer un hecho sorprendente que un sindicato elabore facturas irregulares que no se corresponden con la realidad, pero lo cierto es que, visto desde el Sur, el estallido de la aparente paz social andaluza no supone ninguna novedad.

Se mantienen las subvenciones

Es tan intensa la vinculación entre la administración regional y los agentes sociales que el escándalo de UGT no ha paralizado las inyecciones presupuestarias a su favor, la última de ellas aprobada hace apenas unos días. Algo absolutamente anómalo y que contradice la legislación, que establece que ningún beneficiario de una subvención puede recibir más dinero público si no ha justificado la utilización de las ayudas previas.
A la presidenta de la Junta, Susana Díaz, no le ha importado incurrir en una evidente contradicción: mientras anunciaba, probablemente demasiado tarde, una revisión de oficio de parte de los expedientes de UGT y prometía que reclamaría el dinero usado indebidamente, su Gobierno continuaba alimentando a la patronal y a los sindicatos, que desde 1993 han firmado ocho acuerdos de concertación social con la Junta.
UGT, al igual que CCOO y la CEA, han ingresado en este periodo millones de euros en transferencias directas de fondos públicos con la excusa de que impartían cursos de formación para desempleados. En unos casos los cursos se daban, aunque a un coste inferior al oficialmente declarado. En otros jamás han existido más allá de lo estrictamente virtual ¿Cómo es posible?

Los ERE los carga el diablo

Existen factores culturales, mentales y políticos, pero el común denominador de todos ellos es que el paro se ha convertido en un negocio para la élite política y empresarial andaluza, que se nutre de esta lacra para fines poco edificantes, entre ellos armar un sistema de financiación paralelo que les permite justificar gastos corrientes y dispendios –regalos, fiestas, prebendas– haciendo creer que los fondos se destinan a cuestiones relacionadas con la formación. Una desviación de dinero público, objeto ahora de investigación judicial, que pone en crisis toda la política social en Andalucía.
El caso UGT, paradójicamente, es el resultado de un ERE: el sindicato socialista ejecutó hace unos meses un expediente de regulación de empleo aplicando la reforma laboral del PP. Idéntica decisión tomaron también CCOO y la CEA, que despidió al 40% de su plantilla tras los retrasos puntuales en los pagos de los cursos de formación. En estos dos últimos casos las indemnizaciones fueron superiores a las legales. Una medida que no fue fruto de la generosidad de los dirigentes de ambas entidades, sino una medida de precaución ante posibles problemas internos.

La patronal, también investigada

La tormentosa salida de parte de los trabajadores de UGT, que ahora se enfrentan a un segundo ERE, provocó la fractura interna del sindicato. De aquellos polvos vienen estos lodos, aunque con independencia del móvil del escándalo los hechos son incontestables: UGT ha usado dinero público para fines irregulares y la Junta de Andalucía ha mirado para otro lado. Probablemente porque se trataba del sindicato hermano. Esta connivencia, aunque era un secreto a voces, no había sido puesta negro sobre blanco por nadie. Hasta ahora. Incluso el marido de Susana Díaz ha trabajado como coordinador de estos programas a sueldo del sindicato UGT.
El panorama político que deja el escándalo no puede ser más negro.Prácticamente todos los estamentos institucionales están en cuestión en Andalucía tanto por la investigación judicial de los ERES, que ha destapado la estrecha complicidad de empresas, centrales sindicales e importantes despachos de abogados y mediadores para enriquecerse con el dinero público, como por la singular conducta de UGT y la CEA, cuya cúpula está siendo también objeto de investigación por parte de otro juzgado por haberse apropiado –presuntamente– del dinero entregado por los adjudicatarios de una promoción de viviendas sociales en Sevilla. Hasta la Fiscalía ha decidido actuar en esta cuestión tras una demanda presentada por el Sareb (el banco malo).
En la Junta la directriz es aguantar el maremoto y fingir que se combate la corrupción con decisión.Se insiste en que los sindicatos no deben ser cuestionados, cuando lo que está bajo sospecha es la conducta de sus dirigentes, no la institución sindical. En realidad, igual que se lanzan estos mensajes políticos en privado, el Gobierno andaluz continúa relativizando las denuncias que cercan a los agentes sociales. Incluso se ha defendido que nada tienen que ver las facturas falsas con la concertación, aunque sea un argumento que los hechos desmienten a diario. La Junta llama concertación a lo que no es más que la réplica del antiguo sistema caciquil de la Restauración decimonónica. La discusión, por tanto, es meramente terminológica. El fondo del charco, intensamente negro, es el mismo de siempre. Parece como si Andalucía no hubiera avanzado políticamente desde el siglo XIX.

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