“CUANDO TODOS LOS ANDALUCES CONOZCAN SU VERDADERA HISTORIA Y ESENCIA, SERÁ CUANDO LLEGAREMOS A OBTENER LA FUERZA NECESARIA PARA EXIGIR EL RESPETO QUE SE NOS DEBE, POR TENER UNA PERSONALIDAD TAN DIFERENTE DE AQUELLA QUE TRATARON DE IMPONERNOS POR LA FUERZA"

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El exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, otorgó al menos 7,5 millones de euros a la agrupación de trabajadores afectados por un ERE del Grupo Joly y sacó el dinero de la tristemente famosa partida 31L, calificada por él mismo como el “fondo de reptiles” existente en la Consejería de Empleo y que investiga la jueza Mercedes Alaya en este escándalo de corrupción. Guerrero escribió una carta al presidente del grupo periodístico, José Joly, en que daba implícitamente su aprobación al ERE que debía incluir a un colectivo de entre 30 y 35 trabajadores mayores de 52 años, ya que garantizaba la concesión de ayudas sociales a los mismos, que así salieron de forma pacífica de la empresa y permitiendo importantes ahorros económicos al editor de Diario de Cádiz y Diario de Sevilla, entre otros medios.

La dirección del Grupo Joly, presidido por José Joly Martínez de Salazar, mantuvo reuniones con la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía, cuyo titular era entonces Francisco Javier Guerrero, para acordar previamente el ERE que le permitiera ahorrarse los elevados costes laborales que representaban 36 trabajadores veteranos de Diario de Cádiz, Diario de Jerez, Europa Sur, Federico Joly y Cía, Ingrasa y Joldis.

Según la carta de Guerrero a José Joly, a la que ha tenido acceso Viva, el entonces director general de Trabajo de la Junta de Andalucía expresó por escrito su “compromiso de apoyo al plan de racionalización y modernización” del referido Grupo empresarial y estimó que el importe de las ayudas sociales a los trabajadores que salieran como consecuencia de un ERE se situaría en el entorno de entre 6.500.000 euros y 7.000.000. El dinero acabaría saliendo de la partida 31L, conocida como “fondo de reptiles”, y sirvió para conseguir la paz social en el seno del Grupo Joly mediante la misma fórmula utilizada en otros EREs, como el de los mineros de la Faja Pirítica de Huelva, de financiar una póliza de seguro a la agrupación sociolaboral que debían constituir los trabajadores despedidos.

Estos, conforme a la práctica establecida, constituyeron la denominada “Asociación Trabajadores de la Prensa de Cádiz”, con CIF G-11831039 y domicilio social en la calle Francia del Polígono El Trocadero de Puerto Real, que coincide con el de Industrias Gráficas Gaditanas (Ingrasa), del Grupo Joly.

El proceso negociador con la plantilla se inició formalmente en enero de 2004, se llegó a un acuerdo preliminar en mayo y se suscribió el definitivo el 26 de octubre de ese mismo año para extinguir el contrato de 36 trabajadores, acuerdo del que se dio traslado por parte del Grupo Joly el día siguiente a la Delegación Provincial de Empleo en Cádiz, para su correspondiente aprobación.

Protocolo para el dinero

El mismo día 26 de octubre el entonces director general de Trabajo y el representante de los trabajadores que iban a ser despedidos, agrupados ya en la “Asociación de Trabajadores de la Prensa de Cádiz”, firmaron en Sevilla un Protocolo de Colaboración. En virtud del mismo, la Junta de Andalucía se comprometía a abonar a través de la asociación -para la contratación por ésta en calidad de tomador- una póliza de seguro colectivo de vida modalidad de rentas (se acabaría suscribiendo con Seguros La Estrella) y a beneficio de los 36 despedidos, por valor de 7.597.247,65 euros, a pagar en los siguientes plazos:

-30 de abril de 2005: 2.500.000 euros.

-30 de abril de 2006: 2.500.000 euros.

-30 de abril de 2007: el resto (teóricamente, 2.597.247,65 euros).

En el Protocolo firmado por ambas partes se especifica claramente que la cuantía se financiará con cargo a la partida presupuestaria 01.13.00.01.00.440.51.031L, conocida luego como “el fondo de reptiles”, tras estallar el escándalo de los EREs que investiga la jueza Alaya.

Un “plan social”

La sintonía entre el Grupo Joly, los 36 trabajadores incluidos en el ERE y el entonces director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, era total, ya que en los documentos que se cruzan todas las partes se refleja, prácticamente calcado, el mismo argumentario para tratar de justificar la aprobación por la Junta de Andalucía del ERE extintivo y la concesión de casi 7,6 millones de euros bajo la forma de ayuda sociolaboral que facilitó los despidos sin conflicto laboral alguno ni protestas de los trabajadores.

Estos despidos se presentan bajo el término “Plan Social”, para justificar que en éste se contemplara “un ambicioso proyecto de ampliación de plantilla laboral que se ha venido poniendo en práctica en los últimos tiempos”, pero con la paradoja de que la expansión geográfica y de actividades de Joly en el ámbito andaluz precisara de “ciertas medidas de ajuste” que tenían que afectar a 36 trabajadores, “sin perjuicio -se decía- de que se contemplen en el propio Plan compromisos específicos de contratación laboral futura”.

Así, gracias al ERE a través del “fondo de reptiles” mediante los más de 7,5 millones en ayudas sociolaborales, Joly se desprendió de 36 trabajadores experimentados y cualificados -entre ellos, hasta el director y un redactor jefe de Diario de Cádiz- y con altas remuneraciones, ya que en conjunto acumulaban 1.014 años de antigüedad en la empresa, a una media de 28 años cada uno, a cambio de comprometerse con la Junta a contrataciones laborales futuras -a sueldos inferiores-, contrataciones que en el balance global del grupo no han compensado los continuos despidos.

Cuando el 27 de octubre de 2004 el Grupo Joly presentó ante la Delegación Provincial de Empleo en Cádiz el ERE extintivo para estos 36 trabajadores, reconocía por escrito que la plantilla ascendía a 687 personas en toda Andalucía. Desde entonces ha procedido al despido de decenas de trabajadores en las empresas del Grupo.

Ingotor, aseguradora de la trama, fue la mediadora

La póliza de seguro colectivo número 5-83-190.001.173, suscrita con la compañía La Estrella -tras su fusión con Vitalicio operaría con la marca Generali-, fue el instrumento utilizado para el pago de la “ayuda sociolaboral” comprometida por el entonces director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, con el Grupo Joly para los trabajadores que se incluyeran en el ERE, para lo cual éstos debían constituirse en asociación. Su presidente la firmó en Madrid el 2 de diciembre de 2004.

Pese a que, según revela la carta de Guerrero a José Joly, las negociaciones se habían mantenido entre la Dirección General de Trabajo de la Junta y el grupo editorial gaditano, en la póliza del seguro colectivo se incluyó como mediador a la empresa Ingotor S.L., cuyo socio único era José González Mata, a su vez administrador único de Uniter, aseguradoras ambas involucradas en la trama de los ERE que investiga la jueza Mercedes Alaya.

En el auto judicial por el que ésta envió a la cárcel a González Mata aseveraba que el empresario participó entre 2001 y 2010 en la “utilización ilegítima de fondos públicos mediante el concierto necesario” con los responsables de la Consejería de Empleo de la Junta.

La participación de González Mata consistiría, según la juez Alaya, en “provocar la concesión de las ayudas públicas a determinadas empresas que estuvieran interesadas en sus servicios, que luego serían financiados por la Junta; en influir y aprovecharse de la ausencia de licitación pública; y, fundamentalmente, en las comisiones que, como agente de seguros, pactaba con la Junta de Andalucía, muy por encima de la media del mercado….”

Según un informe provisional de la Dirección General de Seguros, la compañía Generali (nombre con el que tras su fusión con Vitalicio opera La Estrella, aseguradora en la operación del Grupo Joly) pagó a Ingotor y Uniter en relación con pólizas sociolaborales financiadas por la Junta de Andalucía la cantidad de 21,6 millones de euros, de los cuales más de la mitad (13,3 millones) eran comisiones superiores a la media del mercado.

Entre 2001 y 2010, Uniter, Ingotor y Cureña cobraron 32,9 millones, por lo que la juez Alaya calcula que las sobrecomisiones percibidas por González Mata, socio único de Ingotor, serían del entorno de 20 millones de euros.

Por Aína Díaz. Profesional independiente en el sector Judicial.

"Voy a explicar como jurista lo que ha pasado hoy en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo porque estoy avergonzada de las mentiras y manipulación de la caverna mediática.

Resulta que el legislador del Código Penal anterior al de 1995 se 'olvidó' de legislar qué pasaba con asesinos en serie, múltiples (terroristas o no), o violadores con más de una víctima.

Se olvidó de legislar si los beneficios penitenciarios que se conceden acreditada una mínima reinserción y que implican reducción de pena, que como mucho puede ser de 30 años (se haya asesinado a 1 ó 20), se aplicaban de igual manera a condenados con varias condenas a las espaldas que superaran los 30 años o a condenados con una sola condena.
La ley solo hablaba de aplicarlos no a cada condena sino al cómputo global de 30 años.

Cuando los presos por terrorismo con varias muertes a las espaldas solicitaron (como el resto de presos) que se les computaran los beneficios penitenciarios a los que habían accedido y su salida de prisión por cumplimiento de condena, los Tribunales empezaron a negárselos interpretando que como tenían más de una condena a sus espaldas los beneficios no eran sobre el máximo de cárcel permitido sino por cada condena.

Puede parecer acertado este criterio para que no salga gratis la segunda o tercera muerte, pero eso NO SE TRATABA HOY EN ESTRASBURGO.

El TEDH no dictaminaba si este criterio es acertado o no, que es lo que dice la caverna.

Al TEDH se llegó porque la ley española no preveía el criterio de la Doctrina Parot.
Al no preverse y aplicarse se conculcan los Derechos Humanos. Por qué? Porque tanto nuestro CP, como Constitución, como la Declaración Universal de Derechos Humanos disponen que ninguna norma puede aplicarse con carácter retroactivo, a nadie, si la norma es restrictiva de derechos o/y libertades.

Ello es fundamental en un Estado de Derecho. Imaginad que hoy no es delito fumar marihuana y que mañana sí lo es, y mañana os quieren condenar por algo que hicísteis hoy, cuando aún no era delito.

Pues eso es lo que ha dictaminado Estrasburgo. La Doctrina Parot era una norma que eliminaba un derecho que tenían los presos al momento de ser juzgados y por tanto no se podía aplicar retroactivamente.

El Estado ha estado años aplicando ilegalmente la Doctrina Parot. Y un Estado de Derecho eso no se lo puede permitir."

España ha dado un salto cualitativo en el contencioso de Gibraltar, que en los últimos meses ha vivido una escalada de tensión sin precedentes desde hace décadas.

El Gobierno ha enviado por primera vez buques de la Armada a las aguas que rodean el Peñón, provocando una airada reacción del Ejecutivo gibraltareño presidido por Fabian Picardo, que ya ha informado a Londres de las “incursiones” de navíos de guerra españoles en lo que considera sus aguas territoriales.

Los incidentes en las aguas en disputa han sido constantes a lo largo de los dos últimos años, especialmente a raíz del bloqueo de las autoridades gibraltareñas a los pescadores andaluces que históricamente han faenado en la zona. Pero en esos lances, algunos de los cuales desembocaron en momentos de gran tensión, siempre habían intervenido patrulleras de la Guardia Civil, nunca barcos de la Armada. Hasta ahora.

La posición del Gobierno español acerca de la soberanía de las aguas que rodean la Roca se mantiene inamovible: Madrid no reconoce al Reino Unido, ni por tanto a su colonia, más aguas que las del interior del puerto, en virtud del Tratado de Utrecht de 1713 por el que España cedió a la Corona británica la ciudad de Gibraltar. Pero Picardo, con el firme apoyo de Londres, reclama como propias tres millas naúticas, a las que llama British Gibraltar territorial waters (‘Aguas territoriales británicas de Gibraltar’).

La última incursión de un buque de la Armada se produjo el pasado día 14, cuando el patrullero de altura Vigía, que tiene su base en la estación naval de Puntales (Cádiz), se adentró en las aguas que reclama Gibraltar. El buque, de 68 metros de eslora y dotado de un cañón y dos ametralladoras Browning de 12,7 mm, permaneció durante algo menos de media hora en la zona conocida como East Side o cara Este del Peñón. El Ejecutivo de Picardo planea levantar ahí, en terreno ganado ilegalmente al mar, viviendas de lujo y un puerto deportivo.

Tres días antes, el 11 de octubre, otro patrullero de altura, el Alborán, se adentró en el perímetro de tres millas que tanto el Gobierno británico como el gibraltareño consideran de su jurisdicción. El buque de la Armada llegó a navegar a sólo dos millas del extremo sur de la colonia, hasta que fue advertido por radio por una patrullera de la Royal Navy (la Armada británica, que cuenta con una pequeña guarnición en la Roca) de que debía abandonar la zona de inmediato.

El comandante del Alborán, un buque especialmente diseñado para misiones de inspección, vigilancia y apoyo a la flota pesquera, con base en Cartagena,respondió que se encontraba en “aguas españolas”. Pero el oficial de la Royal Navy repitió insistentemente que el patrullero español había entrado en “aguas territoriales británicas”. El Alborán, que dispone de armamento de calibre medio y una cubierta de vuelo para helicópteros ligeros, abandonó la zona media hora más tarde.

El último incidente conocido se produjo el pasado 3 de octubre, cuando la corbeta de la Armada Cazadora (ahora reconvertida en patrullero de altura y también con base en Cartagena) entró en las aguas que rodean el Peñón. El Gobierno de Picardo ha informado puntualmente de todas esas “incursiones ilegales” al Ejecutivo británico de David Cameron.

Fuentes de la Armada admitieron ayer que los buques Vigía, Alborán yCazadora han navegado recientemente por aguas del estrecho de Gibraltar, pero evitaron ofrecer cualquier detalle sobre la misión que desempeñaban en la zona. El Confidencial se puso ayer en contacto con sendos portavoces de los ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores para conocer a qué obedece la presencia de barcos de la Armada en el Peñón y por qué se ha tomado ahora esa decisión política, pero no hubo respuesta.
Noticia original: Diario El Confidencial

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