“CUANDO TODOS LOS ANDALUCES CONOZCAN SU VERDADERA HISTORIA Y ESENCIA, SERÁ CUANDO LLEGAREMOS A OBTENER LA FUERZA NECESARIA PARA EXIGIR EL RESPETO QUE SE NOS DEBE, POR TENER UNA PERSONALIDAD TAN DIFERENTE DE AQUELLA QUE TRATARON DE IMPONERNOS POR LA FUERZA"

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La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, ha dictado este viernes una resolución en la que cita a declarar a la exconsejera andaluza de Economía y Hacienda y exministra de Fomento,Magdalena Álvarez, junto a otros imputados en la causa, han informado a Europa Press fuentes del caso.

La resolución de la magistrada notificada este viernes "modifica" el calendario de declaraciones ya previstas y cita a declarar tanto a Magdalena Álvarez como a otros imputados en la causa a lo largo del próximo "otoño", con jornadas en las que estarían citados "hasta tres y cuatro imputados".

No obstante, según las mismas fuentes, el nuevo calendario no afecta a la comparecencias previstas para la próxima semana de los exdirectores generales de Presupuestos Buenaventura Aguilera y Antonio Vicente Lozano, éste último cesado este mismo viernes a petición propia como viceconsejero de la Presidencia .

El último en comparecer ante Alaya, el pasado martes, fue el exjefe de servicio de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y director del departamento de Administración y Finanzas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Antonio Diz-Lois, que se acogió a su derecho constitucional a no declarar después de que la juez le imputara cuatro presuntos delitos de prevaricación, malversación, no promover la persecución de perseguir delitos y delito societario.

El Pleno del Parlamento andaluz ha designado este jueves al expresidente de la Junta y secretario general del PSOE-A, José Antonio Griñán, como senador en representación del Comunidad, con el voto favorable de 55 de los 104 diputados que han ejercido su derecho al voto de manera secreta, a través de un papeleta depositada en urna, registrándose un voto nulo.

La incorporación de Griñán al Senado llevará aparejada su renuncia a su escaño en la Cámara autonómica, que tiene previsto abandonar antes del próximo Pleno previsto para los días 25 y 26 de septiembre, según ha anunciado al término del Pleno el vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez.

La elección de Griñán como senador ha recibido el apoyo de los parlamentarios del PSOE-A y de IULV-CA, que acordó el sentido de su voto en una reunión previa de su grupo parlamentario. Por su parte, los diputados del no han apoyado la designación del expresidente andaluz, tal y como habían anunciado después del último auto de la juez que instruye el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), Mercedes Alaya, que le comunica la existencia del procedimiento "en calidad de imputado" junto al también expresidente de la Junta Manuel Chaves y a cinco exconsejeros, todos ellos aforados.

Entre los parlamentarios que no han participado en la votación figura la nueva presidenta de la Junta, Susana Díaz, que no ha asistido a la sesión plenaria por su desplazamiento a Madrid para ser recibida esta tarde en audiencia por el Rey Juan Carlos en el Palacio de la Zarzuela, han informado a Europa Press fuentes del Gobierno andaluz.

Tampoco han participado en la votación los parlamentarios de IULV-CA por Sevilla, Marina Segura y Juan Manuel Sánchez Gordillo, éste último líder del CUT-BAI, organización que había pedido a IULV-CA que no apoyara el nombramiento de Griñán, así como la ruptura del pacto de gobierno con los socialistas.

La votación se ha producido de manera individual y secreta por parte de los diputados. En cada papeleta aparecía el nombre de las tres personas propuestas por el PSOE-A como senadores y junto a cada uno de estos nombres había una casilla que debía marcarse si se apoyaba el nombramiento, sino poder emitirse votos en contra. Con el apoyo de un único diputado, el nombramiento ya salía adelante.

Junto a Griñán también han sido elegidos senadores el vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, y la consejera de Educación saliente del Gobierno andaluz, Mar Moreno, que han contado con 101 y 103 votos de apoyo, respectivamente.

AGUAYO NO SE INCORPORA POR AHORA A LA MESA DEL PARLAMENTO

Finalmente, no ha entrado en el orden del día, tal y como estaba previsto inicialmente, la sustitución de la secretaria tercera de la Mesa de la Cámara, la socialista Remedios Martel, cargo que según anunció el PSOE-A, pasaría a ser ocupado por la ya exconsejera de Hacienda y Administración Pública Carmen Martínez Aguayo, también mencionada en el último auto de la juez Alaya.

Al término del Pleno, según ha manifestado a los periodistas el presidente del Grupo Socialista, Mario Jiménez, se ha decidido no introducir esta cuestión en el orden del día "y ya se verá cuál es el mejor momento para plantearla, tal y como acordó la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A el pasado lunes".

Sin embargo, según han informado a Europa Press fuentes de IULV-CA, su grupo parlamentario había planteado al PSOE-A que o retiraba la propuesta o no iba a votar a Carmen Martínez Aguayo como secretaria tercera de la Mesa, lo que hubiera bloqueado su nombramiento. Preguntado por este extremo, Jiménez se ha limitado a manifestar "no tener ninguna comunicación en esa dirección".


La presidenta Susana Díaz borra cualquier huella de los ERE y renueva a cinco de ocho consejeros socialistas.

El reparto de poder atendiendo a los equilibrios internos del PSOE andaluz vuelve a cobrar peso en el Ejecutivo.

El nuevo Gobierno andaluz tomará hoy posesión pocas horas después de que la presidenta Susana Díaz lo confirmara oficialmente y lo presentara a la ejecutiva regional del PSOE-A. Opta por el cambio y la renovación, cambiando a cinco de los consejeros y borrando cualquier huella del fraude de los ER E en su Ejecutivo. La mayoría del Gobierno viene del mundo municipal y la consigna que ha dado Díaz es que los consejeros salgan de los despachos a recuperar la calle.

Serán cinco los nuevos rostros que se incorporen a un Gobierno en el que el reparto de poder atendiendo los equilibrios internos en el PSOE andaluz ha vuelto a estar presente, después de que José Antonio Griñán ignorara esta regla no escrita en sus gabinetes.

Díaz ha optado por un Ejecutivo con una edad media más cerca de los 50 que de los 40 –ella es la más joven–, paritario y que renueva las áreas de Economía y Hacienda, relevando a dos de los consejeros del círculo más próximo a Griñán. Saldrán Antonio Ávila y Carmen Martínez Aguayo. El primero ha tenido que responder desde su departamento por dos asuntos en los tribunales, elescándalo de los ERE y el caso de Invercaria. La segunda, que ha lidiado con los recortes presupuestarios en los últimos tiempos y ha ajustado el cinturón a los funcionarios autonómicos por orden del Gobierno central, está directamente afectada por los ERE, puesto que en su etapa como viceconsejera de Economía, con Griñán al mando, recibió los informes de la Intervención General que alertaban de irregularidades en el reparto de los fondos de Empleo. Ambos saldrán del Gobierno y Martínez Aguayo será premiada con un lugar en la Mesa del Parlamento andaluz.

Para ocuparse de la macroconsejería de Economía, Díaz ha fichado a un catedrático de Hacienda Pública y miembro del PSOE de Málaga y de la actual ejecutiva regional socialista, José Sánchez Maldonado. Sobre él recaerá la apuesta de la presidenta socialista por desanclar a Andalucía de su actual parálisis económica y apostar por un nuevo modelo productivo. Será uno de los hombres fuertes de un Ejecutivo que tendrá a María Jesús Montero al frente de Hacienda y Administración Pública. Después de nueve años al frente de Salud –fue consejera con Chaves y Griñán–, Montero pasará a ocuparse del Presupuesto de la comunidad en uno de los momentos más difíciles. Médico de profesión, los socialistas defendieron ayer que no es nada extraño que Díaz haya confiado a Montero esta nueva responsabilidad, puesto que desde Salud ha venido gestionando el 40% del Presupuesto autonómico. 

Eso sí, no sin tensiones con el personal sanitario que le habrán servido de entrenamiento para lidiar con los problemas de la función pública, también adscrita a su cartera. El único consejero que se mantiene en el mismo puesto y con las mismas competencias es Emilio De Llera, al frente de Justicia, y uno de los pocos que forman parte del círculo personal y de amistad de la flamante presidenta. El otro rostro que permanece es el malagueño Luciano Alonso, que se reforzará sumando a su cartera de Cultura y Deporte las competencias de Educación.

Junto al fichaje en el área económica, Díaz ha optado por otro veterano socialista para ocupar la Consejería de Presidencia. El diputado gaditano Manuel Jiménez Barrios, exalcalde de Chiclana, será quien ostentará el peso político de un Gobierno que se juega mucho en esta clave. Jiménez Barrios fue uno de los hombres claves para acercar el PSOE de Cádiz a los nuevos tiempos de Griñán y estuvo entre quienes lideraron los movimientos internos entre los socialistas gaditanos hasta lograr dejar en segundo plano a los fieles de Luis Pizarro, enterrando buena parte de la vieja guardia socialista en esta jugada.

El PSOE de Jaén ha logrado igualmente la salida de Mar Moreno, quizás la socialista que ha sobrevivido a más vaivenes en su trayectoria política y que ahora irá al Senado, junto a Griñán y el vicesecretario general del PSOE andaluz, Mario Jiménez. Los socialistas jiennenses logran una de sus reivindicaciones históricas, la consejería de Agricultura, que ostentará una mujer, Elena Víboras, exdiputada autonómica y hasta ahora alcaldesa de Alcalá la Real.

Las otras dos incorporaciones se corresponden con dos mujeres. Las competencias de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se desgajan de Agricultura y recaerán en la cordobesa María Jesús Serrano, regidora de Baena. En Igualdad, Salud y Políticas Sociales, el departamento que absorbe más recursos, Díaz ha optado por la socialista granadina María José Sánchez Rubio, delegada del Gobierno.

La composición del nuevo Gobierno andaluz, que preside Susana Díaz es el siguiente:

• Presidencia, Susana Díaz Pacheco.
• Vicepresidencia y Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas.
• Consejería de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios.
• Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, María José Montero Cuadrado.
• Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado.
• Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio.
• Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso Alonso.
• Consejería de Justicia e Interior, Emilio de Llera Suárez-Bárcena.
• Consejería de Fomento y Vivienda, Elena Cortés Jiménez.
• Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras Jiménez.
• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano Jiménez.
• Consejería de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez Bermúdez.
Noticia original: Diario El Correo de Andalucia

La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE, ha dictado un auto en el que traslada la imputación en el caso a los ex presidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves, así como a cinco ex consejeros de la Junta: José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila.

En el auto, que tiene fecha de hoy 10 de septiembre, la instructora comunica la existencia del procedimiento, “en calidad de imputados” a tenor del artículo 118 bis de la Ley de Enjuciacimiento Criminal a los ex presidentes y a los consejeros mencionados.

Dice Alaya que el estado de la investigación “presenta ahora unos elementos configuradores mucho más preciso que hace relativamente poco tiempo, pues sin variar el núcleo esencial que sería la concesión de subvenciones al margen del procedimiento legalmente establecido, aquellos oscilan desde las sobrecomisiones que supuestamente la Junta permitió cobrar a las mediadoras que gestionaban e impulsaban las pólizas, vehículo de las subvenciones, y ello a cambio de ciertos favores, a las modificaciones presupuestarias que permitieron, en términos indiciarios, desde abril del año 2000 ese uso ilícito de fondos públicos a través de la utilización palmariamente irregular de las transferencias de financiación, creando la partida fraudulenta (440) a través de un trasvase de fondos de la partida presupuestaria adecuada para la concesión de subvenciones (481) que ascendió a más de 93 millones en menos de dos años”.

Para Alaya, el convenio marco de 17 de julio de 2001 no constituyó pues el inicio sino “la continuidad del sistema”, pues la magistrada señala que a partir de 2002 el sistema de las transferencias de financiación tuvo su “acogida” en el propio presupuesto. De esta forma, se lograba “eludir el cumplimiento de la ley de subvenciones, que sujetaba el procedimiento a estrictos trámites y los controles de la Intervención, provocando además millonarios desfases presupuestarios cada año durante una década”.

La instructora recuerda que la Guardia Civil continúa practicando “multiples diligencias” para “desentrañar la sucesión de hechos que determinaría el uso ilegal y continuado de fondos públicos”.
Alaya recuerda, no obstante, que hay ciertos informes sobre empresas y ayudas como las concedidas a la Sierra Norte de Sevilla que aún no han podido completarse, y señala que ha ordenado una serie de declaraciones “que abarcarían la gestión presupuestaria y de la ejecución del presupuesto, entrando de lleno en la vertiente política de los hechos”, en alusión al calendario de declaraciones programado, entre los que se encuentran ex directores de Presupuestos.

La magistrada concluye que “resulta conveniente” ahora abordar la cuestión del aforamiento de determinadas personas “designadas en el procedimiento y presuntamente relacionadas con los hechos que se investigan, respecto de las que determinadas actuaciones procesales contendrían cierta carga incriminatoria acerca de presuntos delitos de prevaricación y malversación entre otros”.

Alaya es consciente que, de acuerdo con el artículo 71.2 y 3 de la Constitución, “no puede realizar un juicio formal de imputación o inculpación” con respecto a los aforados, lo que obligaría a la sujeción de los mismos al presente procedimiento, pero si aclara que puede hacer dos cosas: “La primera, darles traslado de las actuaciones para que se personen si lo desean a tenor del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como una resolución como la presente, asimilable a la admisión a trámite de la denuncia o querella, que no constituye como señala la jurisprudencia del Supremo un auto de imputación judicial, pero permite al querellado defenderse en el proceso por los hechos que pudiera incriminarle conforme al artículo 118 de la ley”.

En segundo lugar, Alaya señala que la segunda actuación que puede hacer, siguiendo el análisis de la situación que recientemente realizó la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla al resolver un recurso de uno de los imputados, consiste en que “tras agotar las diligencias de investigación que en su caso pudieran determinar cierto grado de responsabilidad de los aforados”, puede “remitir testimonio de la causa al tribunal superior competente para la instrucción y enjuiciamiento de la misma mediante exposición razonada”, lo que en este caso supondría elevarlo al Tribunal Supremo dado el aforamiento por ejemplo del ex presidente de la Junta Manuel Chaves y del ex consejero de Empleo José Antonio Viera, ambos diputados. 

En cualquier caso, Alaya indica que en esa resolución habría que, para justificar la competencia del tribunal superior, “individualizar la conducta delictiva concreta de los aforados y algún indicio o principio de prueba que pueda servir de apoyo a tal argumentación”, aunque acto seguido la magistrada señala que ahora no es el momento de este trámite, sino de dar cumplimiento al artículo 118 bis, precepto que en la práctica –afirma Alaya- ha determinado “que ciertos aforados con conocimiento mediático de las causas, se personaran en las mismas solicitando incluso su declaración voluntaria” ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo sin esperar al suplicatorio de dicho tribunal ante las Cámaras a las que hubiera pertenecido.

Sin embargo, en la causa de los ERE no ha existido solicitud de personación por ningún aforado “apuntado a lo largo de la documentación que obra en la causa, la cual tiene una notable repercusión en los medios de comunicación”. Todo ello lleva a la juez a trasladar la imputación a los posibles aforados, “en la que medida en que pudieran resultar inculpadas por el tribunal superior si en la presente instrucción se objetivasen indicios de cierta consistencia o solidez en apoyo de la implicación de los mismos y otorgarles así expresamente la facultad de asumir la condición de parte, dándoles traslado de las actuaciones, posibilitándoles la participación en las diligencias que se practiquen y la petición de todas aquellas que consideren convenientes para sus intereses, inclusive las que hayan tenido lugar y guarden relación con ellos”.

La juez insiste en que la situación en la que quedarían en el proceso estas personas es similar al de “un denunciado o querellado sobre el que el juez no ha realizado aún ningún pronunciamiento judicial en el margen de apreciación que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional reconocen al juez de instrucción”. Además, añade, que esta condición vendría determinada por un “hecho futurible”: la “hipotética posibilidad de ser inculpados a través del correspondiente juicio de imputación o inculpación por parte del tribunal superior tras la valoración que realice del acervo incriminatorio que se haya podido obtener en esta sede”.

La magistrada justifica el traslado de la imputación por las actuaciones procesales que obran en la causa y cita expresamente la declaración del ex director de Trabajo Francisco Javier Guerrero, o la del ex interventor general de la Junta Manuel Gomez y la “relevante documentación aportada”, especialmente los informes de la Intervención General, la documentación presupuestaria, la procedente de la Dirección General de Trabajo y la relativa a las subvenciones de empresas de la Sierra Norte.

Por todo ello, Alaya ordena trasladar la imputación a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves (que ocupó el cargo ente 1990 y 2009) y José Antonio Griñán, al ex consejero de Empleo José Antonio Viera (2000-2004), a la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo, al ex consejero de Empleo Manuel Recio (2010-2012), al ex consejero de Innovación Francisco Vallejo (2004-2009) y ex presidente de IDEA, y al ex consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo Antonio Ávila.

La juez apunta que durante el mandato de Manuel Recio se dictó la orden de 27 de abril de 2010 por la que se formalizó la encomienda de gestión de Idea, en virtud de la cual se formalizaron “múltiples expedientes de transferencias de financiación para la concesión de subvenciones”.

Este auto de Alaya puede ser recurrido en reforma ante la propia juez o en apelación ante la Audiencia de Sevilla.
Noticia Original: Diario de sevilla

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CÁDIZ:------------------168.000----------------"--------29,63%
CORDOBA:-------------104.900----------------"---------27,94%
GRANADA:-------------109.000----------------"---------24,61%
HUELVA:-----------------50.300----------------"---------20,59%
JAEN:--------------------92.200----------------"---------30,76%
MALAGA:-------------- 166.900 ---------------"---------21,94%
SEVILLA:-------------- 229.400 ---------------"---------24,76%
DATOS: Encuesta de la Población Activa (EPA) 2º Trimestre



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