“CUANDO TODOS LOS ANDALUCES CONOZCAN SU VERDADERA HISTORIA Y ESENCIA, SERÁ CUANDO LLEGAREMOS A OBTENER LA FUERZA NECESARIA PARA EXIGIR EL RESPETO QUE SE NOS DEBE, POR TENER UNA PERSONALIDAD TAN DIFERENTE DE AQUELLA QUE TRATARON DE IMPONERNOS POR LA FUERZA"

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El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido este jueves de forma cautelar durante cinco meses el decreto andaluz sobre desahucios, que autoriza la expropiación temporal de inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras, sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos. La suspensión ha sido adoptada por el tribunal al admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado contra esta medida por el Gobierno central.

La suspensión ha sido adoptada por el tribunal al admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado contra esta medida por el Gobierno central.

Desde que el decreto de la función pública de la vivienda entró en vigor el 12 de abril, la Junta de Andalucía ha iniciado los expedientes de expropiación temporal de diez viviendas a los bancos: cuatro para familias de Málaga, dos de Granada, dos de Huelva y uno de Sevilla y de Cádiz, según la Consejería de Fomento y Vivienda. 

La decisión paraliza en Andalucía la aplicación de este decreto al menos durante los próximos meses, durante el tiempo que necesiten para tramitar sus alegaciones los gobiernos central y autonómico. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional impone que el tribunal de garantías constitucionales debe decidir si prolonga esa suspensión temporal antes de que pase un plazo de cinco meses o, en su caso, levantarla. Por tanto, aunque la suspensión es cautelar y no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto, podría extenderse hasta que el TC resuelva sobre el fondo del recurso, es decir, la legalidad de este decreto.

 En la providencia notificada hoy, el pleno del TC da traslado de su decisión a la comunidad de Andalucía para que en el plazo de 15 días se persone en el proceso y formule las alegaciones oportunas. Conforme a la legislación, ha dado también traslado de la demanda y de los documentos presentados al Congreso, al Senado y al Parlamento de Andalucía. En aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, y conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la resolución indica que para las partes del proceso se suspende la aplicación del precepto impugnado desde la fecha en la que se interpuso el recurso del Gobierno (9 de julio de 2013). 

La providencia añade que "para los terceros", la suspensión será efectiva desde el día en que la suspensión aparezca publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Gobierno que preside Mariano Rajoy presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto andaluz por considerar que vulnera el derecho a la propiedad de la vivienda. El Gobierno andaluz ha defendido la constitucionalidad de la norma. Quince días para presentar alegaciones Según el decreto, la expropiación temporal (cuyo paso previo es la publicación en el BOJA) se puede aplicar a los inmuebles en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras, sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos. Tras su publicación, la sociedad adjudicataria del piso dispone de quince días para presentar alegaciones y, si no son aceptadas, se establecerá un justiprecio y se emitirá un informe técnico de la Dirección General de Vivienda como paso previo a la aprobación definitiva de la expropiación por parte del Consejo de Gobierno. 

Además de la expropiación, el decreto prevé sanciones para viviendas vacías y, para ello, la Consejería ha puesto en marcha un plan extraordinario de inspección para detectar casas vacías, que si se mantienen en esa situación seis meses pasarán a formar parte del primer registro de inmuebles deshabitados y sus poseedores serán sancionados si son personas jurídicas o recibirán un incentivo para que las alquilen si son personas físicas. Recurso indecente para la Junta El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas había tachado antes de esta resolución de "indecente" y "cobarde" el recurso presentado por el Gobierno central al Tribunal Constitucional sobre el decreto andaluz de desahucios, y ha asegurado que el Gobierno está cometiendo la "indecencia política de defender a los más poderosos". Diego Valderas acusa al gobierno de defender a los poderosos. 

Las primarias exprés convocadas por el PSOE de Andalucía para elegir a su candidato a la Presidencia de la Junta para unas elecciones previstas dentro de tres años han llegado a los tribunales. El alcalde de Jun (Granada), José Antonio Rodríguez, ha presentado este miércoles unadenuncia por irregularidades en el proceso, después de que la Comisión de Garantías del PSOE y su propia dirección general no hayan atendido los requerimientos de los aspirantes alternativos para disputar la recogida de avales en igualdad de condiciones con la candidata de José Antonio Griñán, Susana Díaz, su consejera de Presidencia y secretaria general del PSOE de Sevilla.

A ella se enfrentan el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente,Luis Planas, veterano político y diplomático; el propio alcalde de Jun, un pionero en el uso de las redes sociales en la gestión política; y Marcos Antonio Encinas Romero, licenciado en Ciencias Políticas en paro y militante del municipio malagueño de Torrox.

El pasado lunes, los representantes de las candidaturas de Planas y Rodríguez se reunieron con la dirección regional del partido para exponerle sus principales peticiones: tener acceso a los censos de militantes, como el 'aparato' del partido que apoya a Susana Díaz; y que se acepten los avales telemáticos que están recogiendo a través de Internet, dada la extensión geográfica de Andalucía y el breve plazo concedido para que los aspirantes recojan los 6.860 avales necesarios para presentar candidatura antes del día 17.

En su denuncia, el aspirante alega a los derechos fundamentales de los militantes para reclamar el acceso al censo y advierte de que la existencia del aval telemático no aparece en los estatutos del partido, por lo que su aceptación es una cuestión de voluntad política.

Según argumentó ante la dirección regional el lunes, el aval telemático tiene más garantías jurídicas que el que se recoge a mano, ya que hay que cotejar si esa firma existe como tal, y no está falsificada, y si pertenece al militante descrito. En el formato informático, cada avalista se retrata con su correo electrónico y DNI personal, por lo que su verificación resulta más sencilla.

El histórico proceso de elecciones primarias, abierto por primera vez tras 30 años de gobierno del PSOE en Andalucía, provoca así otro hecho sin precedentes: que un aspirante tenga que recurrir a la Justicia para garantizar la igualdad de trato.

La cuestión de fondo es si se celebrarán esas primarias o no. Los candidatos alternativos aseguran que la precipitación de su convocatoria, antes de que el PSOE regule en su próxima Conferencia Política la apertura del proceso y la rebaja de las exigencias para presentarse, tiene un único objetivo: que las primarias no se celebren porque sólo haya un candidato, la elegida por Griñán para sucederle, Susana Díaz. Se trataría de dar así una apariencia de democracia interna lo que no es más que una elección personal.

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