“CUANDO TODOS LOS ANDALUCES CONOZCAN SU VERDADERA HISTORIA Y ESENCIA, SERÁ CUANDO LLEGAREMOS A OBTENER LA FUERZA NECESARIA PARA EXIGIR EL RESPETO QUE SE NOS DEBE, POR TENER UNA PERSONALIDAD TAN DIFERENTE DE AQUELLA QUE TRATARON DE IMPONERNOS POR LA FUERZA"

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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha procesado por tres presuntos delitos de usurpación, daños y desobediencia y una falta de hurto al parlamentario andaluz de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, por la ocupación el pasado verano de la finca 'Las Turquillas' en Osuna, donde se ubica la Yeguada Militar del ejército.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal andaluz acuerda continuar la causa por los trámites del procedimiento abreviado contra Sánchez Gordillo, el secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, y otros 52 simpatizantes y militantes del sindicato.

El TSJA, que cifra los daños causados en 794,14 euros y en 281,50 euros el valor de los objetos sustraídos, concede un plazo de diez días a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para que soliciten la apertura de juicio oral y formulen sus respectivos escritos de acusación o soliciten el sobreseimiento de la causa, pudiendo interesar de manera "excepcional" la práctica de diligencias complementarias.

El pasado día 29 de abril, Sánchez Gordillo se acogió a su derecho a no declarar ante el magistrado instructor de la causa, Jerónimo Garvín, pero posteriormente señaló en declaraciones a los periodistas que la ocupación del pasado verano en Las Turquillas fue "pacífica, simbólica y tranquila", por lo que garantizó que "no tiene ningún problema en declarar lo que haga falta" cuando llegue "el momento".

El juez relata que fue el 23 de julio de 2012 cuando se recibió la información de que el SAT había decidido ocupar Las Turquillas, una finca de titularidad estatal de 1.200 hectáreas que es "de relevante importancia por su ubicación y características ecológicas, agroambientales, ecoturísticas y grado de protección".

Añade que sobre las 10,00 horas del 24 de julio de 2012 se concentraron en las inmediaciones de la finca unas 500 personas encabezadas por una pancarta con el lema 'Andaluces levantaos. Pedid tierra y libertad. ¡Movilízate!. Las Turquillas para los trabajadores', con banderas de Andalucía con el anagrama del SAT.

Según indica el magistrado instructor, los manifestantes se dirigieron desde allí hasta la portada lateral de la finca, "rompiendo con un hierro el candado y la cadena" que cerraba las dos hojas metálicas, de malla, de la puerta de entrada al camino, "fracturando igualmente" el bastidor de la misma y accediendo seguidamente a la finca todos los concentrados, "a cuyo frente" figuraban Sánchez Gordillo, Cañamero y otros dos militantes del SAT.

De este modo, y "preguntados" por el jefe del dispositivo montado en el lugar por la Guardia Civil, contestaron que "pretendían ocupar la finca para trabajar en ella y se dirigían a entrevistarse con los responsables de la yeguada militar para comunicárselo", siendo advertidos por el responsable de la Benemérita de que "podían cometer un delito de usurpación".

Una vez en el recinto militar, recorrieron unos tres kilómetros, "de los que la parte final del camino es de uso exclusivo del personal de la yeguada militar", y "destruyeron" un azulejo rústico colocado junto a la puerta de entrada al recinto con la leyenda 'Yeguada Militar', que sustituyeron por otro con el lema 'Igualdad y Tierra'.


'TRABAJAR' LA TIERRA OCUPADA

Sánchez Gordillo y Cañamero fueron recibidos por un capitán de la Guardia Civil, "que les advirtió que podían cometer un delito", pero ellos "insistieron en que iban a ocupar la finca", mientras que el oficial al mando del dispositivo, "que grabó videográficamente todo lo que estaba sucediendo e identificó a 53 de los ocupantes de la finca", ordenó a los agentes a sus órdenes "no intervenir para evitar una alteración del orden público".

Junto al camino, los "ocupantes" instalaron "una especie de campamento" formado por una choza de cañas y varias tiendas de campaña, "en el que se fueron relevando para pasar los días y las noches y 'trabajar' la tierra ocupada", asevera el magistrado, que indica también que los imputados "fracturaron" los sistemas de guarda y anclaje de un pozo cercano "e instalaron una especie de motobomba para extraer el agua".

De igual modo, "labraron un corto trozo de tierra y conectaron una goma de polietileno a una ventosa de la conducción de agua, de suministro de los bebederos del ganado, para usarla como ducha, y se apoderaron de utensilios de labranza y de materiales que se llevaron" cuando desalojaron la finca.


RIESGO DE INCENDIO AL PRENDER FUEGO A 18 ALPACAS DE PAJA

Además, el 26 de julio prendieron fuego a 18 alpacas de paja, "con riesgo de incendio del rastrojo existente en la zona", un riesgo que "se incrementó durante los días de la ocupación, al circular constantemente sus vehículos por tierras de labor", habiendo desaparecido además la cadena que delimitaba el terreno cedido al Ayuntamiento de Osuna y que impedía el acceso a coches hacia el acuartelamiento.

Al día siguiente, unas 35 personas rompieron un candado de la cancela del vallado e iniciaron el corte de ramajes de olivos y almendros, a lo que se suma que otras tres personas subieron a un depósito de agua y pintaron una bandera de Andalucía.

Fue el 7 de agosto cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Osuna ordenó el "inmediato" desalojo de Las Turquillas, lo que fue notificado personalmente a los imputados por el capitán de la Guardia Civil al día siguiente, pero los mismos se negaron y le dijeron que "no abandonarían el recinto si no era a través del empleo de la fuerza". Finalmente, el desalojo se produjo sin incidentes el 9 de agosto.


TODOS LOS IMPUTADOS SE NEGARON A DECLARAR

El TSJA, que investigó la causa al ser Sánchez Gordillo aforado por su condición de parlamentario andaluz, rechaza la petición del fiscal para que se les imputara un posible delito de coacciones cometidas sobre el capitán del Instituto Armado, quien aseguró que en su encuentro con los líderes de la ocupación "sintió algo de miedo", ya que "en ningún momento del encuentro nadie le impidió con violencia" hacer algo que no quisiera.

Por el contrario, acuerda la unión a la causa de la certificación expedida por el subdirector general de Patrimonio del Ministerio de Defensa en relación a los daños causados por los imputados en la finca, que volvió a ser ocupada por estos el pasado día 1 de mayo.

En el auto, el instructor llama la atención sobre el hecho de que "absolutamente todos" los inculpados se acogieron a su derecho a no declarar, mientras que ninguno de ellos, salvo Sánchez-Gordillo, se ha personado en la causa.

Mientras el Gobierno trata de explicar a toda Europa qué está intentando hacer para reducir la enorme tasa de paro del país, la mayor de toda la Unión, la prensa extranjera ha puesto el foco en un pueblo de Andalucía -comunidad en que la tasa de desempleo supera ampliamente el 30%- donde todo el mundo tiene trabajo.

Es Marinaleda, el pueblo sevillano que vive bajo la batuta de su popular y polémico alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo desde hace 30 años. La mayoría de los habitantes de este municipio trabajan en una cooperativa agrícola (propiedad de los trabajadores) 35 horas a la semana por un sueldo aproximado de 1200 euros. Todos los trabajadores públicos cobran lo mismo en el pueblo. Desde el administrativo del Ayuntamiento hasta el que trabaja en el campo. Las decisiones sobre los temas clave, empleo, vivienda o impuestos, se toman en asamblea. Se puede acceder a una vivienda por una especie de alquiler de 15 euros al mes. Marinaleda es un pueblo distinto, tampoco hay policías ni multas.

Sánchez Gordillo ha saltado a la fama por sus ocupaciones de tierras y latifundios -una de ellas es la que ha permitido crear la cooperativa en terrenos del Duque del Infantado- y el asalto a varios supermercados para conseguir comida para bancos de alimentos. La prensa extranjera le ha dedicado bastante tinta en los últimos años, e incluso le ha llegado a llamar el Robin Hood español. En 2009, un reportaje del prestigioso New York Times llegó a definir al pueblo como un oasis comunista.

El diario británico T'he Independent le acaba de dedicar un amplio reportaje al pueblo sevillano analizando la paradoja que supone el municipio en términos laborales y políticos. El rotativo destacala brecha increíble que supone el 27,2% de tasa de desempleo en España y el pleno empleo en Marinaleda, y la valoración que hace de este dato su alcalde: " Me llena de esperanza y desesperación, ambos al mismo tiempo”.

Dice que el pueblo no está completamente aislado de grave desempleo del país, que es sólo una parte de la crisis financiera que sufre España. Cita los casos de jóvenes aldeanos que habían estado trabajando en la industria de la construcción, pero que se vieron obligados a regresar a Marinaleda después del descalabro del sector.

"Es cierto que formamos parte de una tradición, pero estamos haciendo algo nuevo aquí también: estamos insistiendo en que los recursos naturales deben estar al servicio de las personas, que tienen un derecho natural a la tierra y que la tierra es no es algo que se comercializa ", dice Sánchez Gordillo. “La comida no es para especular. Es un derecho humano básico”, añade.

Sánchez Gordillo cree que la profunda recesión de España es culpa del Gobierno. "Desafortunadamente, las políticas no se han dirigido hacia los problemas de la gente, sino que se dirigen hacia los problemas de los bancos", dice. "Las personas son más importantes que los bancos, sobre todo cuando los beneficios son recibidos por un puñado de banqueros que han especulado con los derechos humanos básicos. El dinero que han proporcionado no llega a la base de la pirámide social, por lo que se paralizó la economía.

Sin embargo, al igual que Robin Hood, la política de Sánchez Gordillo está fuera de la ley en muchos casos. Las ocupaciones de tierras lo están al igual que los robos de comida en los supermercados. Las voces críticas le acusan de que su sistema de producción vive de las subvenciones estatales, como el PER, y de las regionales. También le acusan de acumular deudas enormes para sostener un sistema de producción y vivienda quimérico.

El reportaje denota cierta fascinación por el fenómeno Marinaleda. El diario concluye que aunque sus métodos se discuten con frecuencia en España, Sánchez Gordillo (con algún apoyo financiero del gobierno regional) ha sido capaz de ofrecer a su pueblo tres cosas que la mayor parte de España está deseando desesperadamente: el empleo, la vivienda asequible, y una mayor participación en el gobierno local.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y el sindicato CCOO han vuelto a ocupar hoy simbólicamente una finca de la Junta de Andalucía en Málaga para pedir que no se subasten las tierras públicas y que éstas sean arrendadas a parados, jóvenes y pequeños agricultores.

Alrededor de 250 personas han participado en esta actividad en la finca Peñarrubia, de 800 hectáreas, situada en la localidad malagueña de Campillos y que tiene parte de su superficie en desuso.

Al igual que el pasado 15 de marzo, la ocupación tiene como objetivo reivindicar la creación de un banco público de tierras y para ello un "primer paso" es la derogación del decreto de venta de tierras públicas, que está actualmente en suspenso, ha explicado a Efe el secretario del sindicato Agroalimentario de CCOO en Málaga, Andrés González.

De esta forma podría comenzar a tramitarse la creación de un banco público de tierras que pusiese a disposición de los agricultores y desempleados los terrenos mediante un régimen de arrendamiento.

Esta acción crearía unos 3.000 empleos directos (cultivo y recolección) y otros 3.000 indirectos (primera transformación) en Andalucía en las 22.000 hectáreas que hay y que ahora mismo no son productivas, según el dirigente sindical.

La COAG también demanda la suspensión del proceso de liquidación de las fincas del antiguo Instituto Andaluz de Reforma Agraria para avanzar en la explotación de tierras de titularidad pública con el objetivo de reducir los niveles de paro en Andalucía.

Además de garantizar el uso productivo de las tierras, se generarían ingresos a las arcas públicas en concepto de seguridad social, IVA o IRPF, según este colectivo agrario.

Las organizaciones convocantes han decidido suspender dos de las tres marchas que, desde varios puntos, iban a confluir en la finca Peñarrubia debido a la niebla, por recomendación de la Guardia Civil, que ha establecido un dispositivo de seguridad durante la ocupación.

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HUELVA:-----------------62.300----------------"---------25,92%
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MALAGA:-------------- 158.300 ---------------"---------20,88%
SEVILLA:-------------- 217.000 ---------------"---------23,54%
DATOS: Encuesta de la Población Activa (EPA) 3º Trimestre



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