“CUANDO TODOS LOS ANDALUCES CONOZCAN SU VERDADERA HISTORIA Y ESENCIA, SERÁ CUANDO LLEGAREMOS A OBTENER LA FUERZA NECESARIA PARA EXIGIR EL RESPETO QUE SE NOS DEBE, POR TENER UNA PERSONALIDAD TAN DIFERENTE DE AQUELLA QUE TRATARON DE IMPONERNOS POR LA FUERZA"

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Primavera Andaluza acusa al Gobierno central de poner los recursos naturales de Andalucía al servicio de empresas privadas para cometer un “atentado ecológico que causará daños medioambientales, económicos y sociales irreparables”.

Para evitarlo, los ecoandalucistas anuncian que irán hasta Bruselas a denunciar, ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que el Gobierno de España quiere instalar contenedores de hidrocarburos en el mayor humedal de Europa.

Tras la autorización del Ministerio de Medio Ambiente para que una filial de Gas Natural instale un contenedor de hidrocarburos en Doñana, los ecoandalucistas de Primavera Andaluza aseguran que es un “atentado ecológico” que dañará irreparablemente el mayor humedal de Europa que es Patrimonio de la Humanidad, espacio protegido comunitario y una joya natural que contribuye al turismo de calidad y respetuoso con el territorio y es un símbolo de la identidad del pueblo andaluz.

La portavoz de los ecoandalucistas, Pilar González, denuncia que, si Doñana sirve como contenedor de hidrocarburos, el Gobierno central cometerá un “golpe de estado ecológico” al patrimonio medioambiental andaluz y supondrá un ataque frontal contra la salud, identidad y recursos naturales de los andaluces.

Para González “existe mucho territorio para implantar contenedores de gas sin que tenga que ser en uno de los mayores espacios protegidos de Europa”. En este sentido, la ecoandalucista está segura de que hay intereses ocultos por los que el Gobierno central autoriza a una empresa privada a destrozar el territorio andaluz. González cree que el actual ministro se cobrará el favor prestado a Gas Natural siendo nombrado asesor de Gas Natural cuando abandone la actividad política: “como ocurre con el expresidente del Gobierno de España Felipe González, que presidió el Patronato de Doñana y ahora es asesor de Gas Natural”.

Pilar González ironiza sobre que “ahora entendemos por qué declararon inconstitucional que el Guadalquivir fuera competencia exclusiva andaluza y se negaron a que Doñana estuviera gestionado por Andalucía: al río Guadalquivir le van a hacer un dragado, que arruinará a las familias del Bajo Guadalquivir que viven del cultivo del arroz, y Doñana será un contenedor de hidrocarburos que servirá para que Gas Natural aumente sus ingresos a costa de Andalucía”, sentencia la portavoz ecoandalucista.

Por estos motivos, Primavera Andaluza exige al Gobierno central que dé marcha atrás en la decisión que autoriza a Gas Natural a hacer un contenedor de hidrocarburos en uno de los mayores monumentos ecológicos de Europa. Los ecoandalucistas denuncian que tal decisión sólo puede ser tomada por un Gobierno que “desprecia profundamente a Andalucía y sin ningún tipo de sensibilidad, no ya ambiental sino humana”.

Los ecoandalucistas también reclaman a la Junta de Andalucía que utilice “todos los mecanismos legales, políticos y la desobediencia civil, si es necesario, para paralizar este atentado ecológico contra los recursos naturales de Andalucía”. Asimismo, Pilar González anuncia medidas contundentes “para denunciar que el territorio andaluz servirá para el enriquecimiento de empresas privadas a costa de perpetrar un atentado ecológico irreparable en Andalucía”.

Por último, para concienciar a los andaluces sobre la gravedad de hacer de Doñana un contenedor de hidrocarburos, Primavera Andaluza comenzó ayer a recoger firmas, a través de una plataforma de activismo cibernético, con la intención de presentarlas en el Ministerio de Medio Ambiente y de acudir a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a denunciar que “el Gobierno España quiere dinamitar el humedal más importante de Europa”. González anima a los andaluces a que se unan a la campaña ecoandalucista ‘Doñana no se toca’ para preservar lo que es de todos los andaluces.

Noticia original: primavera Andaluza


La Policía ha cortado sobre las 12 horas el tráfico en la calle Génova para impedir las protestas de los ciudadanos ante la sede del Partido Popular con motivo del escándalo del llamado 'caso Bárcenas'.
La concentración se ha producido con motivo de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, en el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoyofrecerá explicaciones sobre el escándalo de presuntos sobresueldos a miembros de su partido por parte del extesorero Luis Bárcenas.
Desde primera hora de la mañana ya se había montado un fuerte dispositivo policial —más de una quincena de furgones— en Génova y las calles aledañas, en previsión de que por tercer día consecutivo se repitieran las concentraciones ciudadanas en protesta por la corrupción.
En este momento, varias decenas ciudadanos se concentran en la plaza de Alonso Martínez con gritos de 'Ladrones' y 'No tienen huevos para dar la cara'. Más de una veintena de antidisturbios custodian el cordón ante unas 300 personas en la entrada a Génova.

La pugna judicial contra la ley de reordenación del sector público de Andalucía -conocida como ley del enchufismo- aprobada ahora hace casi dos años por la Junta de Andalucía y emprendida por varios sindicatos como CSIF, SAF o asociaciones de empleados públicos de carrera por entender que suponía la entrada ilegal de 26.000 empleados laborales en la Administración general de la Junta, ha ganado una batalla clave. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha anulado, por primera vez en sentencia firme sin posibilidad de recurso, el protocolo de integración de 1.850 empleados de la antigua empresa pública DAP en la nueva agencia pública Agapa.

Estas personas, junto a las otras 24.000 procedentes de otros entes, empresas y consorcios que se integraron en ocho macroagencias como fruto de la ley de reordenación, son las denominadas enchufadas, por ser en la mayoría de los casos personas afiliadas, simpatizantes y/o familiares de miembros y altos cargos del PSOE, UGT y CCOO.
Paralización total

Todos los protocolos de integración de personal y todos los estatutos de las ocho agencias han sido recurridos por los distintos sindicatos y asociaciones. Como consecuencia, todas las integraciones de personal están paralizadas de manera cautelar a la espera de pronunciamientos firmes, como el conocido este mes.

Esta primera sentencia irrecurrible deja en situación de total ilegalidad, según lo asegura desde el despacho cordobés Mariano Aguayo, que trabaja en el caso, a esas 1.850 personas. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora con ellas? La Junta asegura que estudia la sentencia, pero no ha tomado ninguna medida ni con esta resolución firme sobre la mesa ni con todas las anteriores cautelares.

Los abogados y sus clientes, los sindicatos de funcionarios, aseguran que la situación de ilegalidad está generando problemas enormes para encontrar acomodo y funciones a esas 26.000 personas. Y es que no pueden realizar tareas encomendadas que exijan potestades que, por ley, le corresponden a los funcionarios.

Todos ellos siguen cobrando sus nóminas. En total, el gasto en personal de esta Administración paralela de unos 140 entes -que no ha sido desglosado nunca por la Junta, aunque ahora se verá obligada a remitirlo antes de final de febrero al Ministerio de Hacienda- supera los mil millones. Además, no procede del capítulo 1 del presupuesto andaluz, sino del VII -Transferencias de capital- bajo el que el gasto en sueldos queda camuflado.

Sumando lo que cobran los enchufados, el coste de personal de la Junta de Andalucía supera los 10.000 millones al año, un tercio del presupuesto total para 2013 del ejecutivo andaluz. Estos empleados son además privilegiados, pues sus convenios colectivos superan los de los funcionarios y laborales integrados en la administración general de la Junta. En total, el Gobierno regional paga unas 260.000 nóminas.

Además, y pese a que la reducción de ese capítulo VII es del 22,9 por ciento -hasta 2.764 millones este año-, los gastos de personal incluidos en él correspondientes a las principales agencias y consorcios (los que sí desglosan sus gastos en el presupuesto) sólo caen un 9 por ciento, hasta 800 millones.

Precisamente, tratar de cortar esta vía de transferencia de capital se está estudiando por parte de los demandantes y abogados, aunque es extremadamente complicado, señalan desde el despacho cordobés.

Para dar ese paso será clave el primer pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la impugnación no de los protocolos de integración de personal (cuyo recorrido legal acaba en el Tribunal Superior andaluz), sino sobre la ilegalidad de los propios estatutos de las ocho agencias. La primera sentencia sobre estos recursos se espera para este primer trimestre. Si el Supremo declarara ilegales los estatutos, la ley coladero para esas 26.000 personas haría aguas definitivamente.

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TASA DE PARO:28 DE MARZO DEL 2017

ESPAÑA:-------------4.273.800---------------- "-------18,63%
ANDALUCIA:--------1.120,300-----------------"-------28,25%
ALMERIA:-----------------86.500 ---------------"------24,84%
CÁDIZ:-------------------195.000----------------"------33,86%
CORDOBA:--------------111.300----------------"-------29,42%
GRANADA:-------------127.500----------------"--------28,89%
HUELVA:------------------68.800----------------"-----28,89%
JAEN:---------------------90.100----------------"-------30,57%
MALAGA:--------------- 190.100 ---------------"-------25,00%
SEVILLA:--------------- 251.000 ---------------"--------27,03%
DATOS: Encuesta de la Población Activa (EPA) 4º Trimestre



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