“CUANDO TODOS LOS ANDALUCES CONOZCAN SU VERDADERA HISTORIA Y ESENCIA, SERÁ CUANDO LLEGAREMOS A OBTENER LA FUERZA NECESARIA PARA EXIGIR EL RESPETO QUE SE NOS DEBE, POR TENER UNA PERSONALIDAD TAN DIFERENTE DE AQUELLA QUE TRATARON DE IMPONERNOS POR LA FUERZA"

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La Junta está abocada a emprender un inevitable régimen de adelgazamiento en sus agencias y empresas públicas, pero el esfuerzo para deshacerse de esa grasa sobrante recaerá sobre los equipos directivos de esas entidades. 

LA Junta de Andalucía ha de afrontar un inevitable adelgazamiento en sus agencias y empresas públicas, de cuya realización se van a responsabilizar sus órganos directivos. 

Pero con demasiada frecuencia se oyen sugerencias de privatización que no siempre están bien reflexionadas, quizá por insuficiente conocimiento de su naturaleza, funciones o posible interés para el mercado ya que la forma empresarial es una mera naturaleza jurídica, si bien buena parte de esas entidades han adoptado la forma de Agencia Pública. Y quizá también por el recuerdo de pasadas privatizaciones de grandes empresas públicas estatales, olvidando que éstas ofrecían sobre todo servicios dirigidos al mercado: Endesa, Ence, Telefónica, Repsol o Campsa por citar las más conocidas, pero apenas tienen parangón en las creadas por las comunidades autónomas. 

El primer inconveniente es que buena parte de ellas constituyen un "medio propio instrumental" y/o "servicio técnico" de la Administración, lo que les faculta para realizar trabajos para la Administración mediante un encargo, sin que sea necesario acudir al procedimiento de concurso que rige para los contratos con empresas privadas. 

A su vez estas entidades pueden contratar a terceros, pero no libremente sino con sujeción a un procedimiento de contratación aprobado y público, que naturalmente está sometido a los principios de la Ley de Contratos del Sector Público muy particularmente en lo que atañe a publicidad, concurrencia y criterios de selección de ofertas. 

Los presupuestos de 2013 son elocuentes y obligarán a una acción decidida de sus administradores en reducción de empleo. No va a ser bastante con la contención de gastos corrientes ni tampoco con el despido de directivos sobrantes, ya que no hay suficiente número de ellos. Y aprovecho para señalar dos cosas: que el comportamiento absolutamente inmoral de determinados directivos de la Empresa de Suelo, de ser cierto, no es algo generalizado en la totalidad de las entidades y que es una ligereza tratar de "parientes y enchufados" a la totalidad de los empleados, puesto que entre ellos hay muchísimas personas sumamente competentes y con vocación de servicio público que ingresaron tras el debido proceso de selección de personal. 

Sin ninguna duda el valor de mercado de estas entidades, en términos generales, vendría dado por la calidad de sus recursos humanos y el valor de los activos que posea, incluyendo concesiones y participaciones societarias, antes que por su cash flow que es una variable básica de valoración. Al margen de sus ingresos provenientes de encargos de la Administración, salvo algunos casos muy concretos, son escasos los provenientes de actividades de mercado, razón por la cual no es de aplicación el criterio de valoración basado en la adquisición de participación en el mercado. 

Existe una enorme diversidad, desde puertos deportivos hasta centros de visitantes de espacios naturales, pasando por laboratorios especializados, talleres de inspección de vehículos y un largo etcétera. 

La ahora Agencia Pública de Puertos es titular de concesiones de puertos deportivos que fueron construidos con recursos públicos, gestionando además algunos espacios logísticos. 

Pero aún en éstas condiciones sería muy razonable entregar a la iniciativa privada la concesión o al menos la gestión de los puertos deportivos públicos. 

No desdeño la capacidad profesional que tienen buena parte de sus empleados, que superan en número al de dos emisoras nacionales juntas, pero éstos podrían ser perfectamente contratados por las empresas interesadas. Sus ingresos de mercado son sólo una fracción de sus costes totales y es inimaginable cualquier sucesión empresarial que pudiera aceptar unas condiciones laborales fuera de la realidad, cuyas sucesivas mejoras gracias a la acción sindical han socavado irreparable la economía de la televisión pública andaluza. Y el servicio público no tendría que verse afectado necesariamente, puesto que bastaría contratar horas de emisión pública a los operadores privados. 

Veiasa constituye un caso singular. Titula y ejerce el monopolio de las ITV en Andalucía (en Extremadura sucede lo propio), amén de ofrecer servicios de metrología que es para lo que fue concebida. Actualmente es el mejor ejemplo académico de apropiación de rentas de monopolio que cabe imaginar: no existen competidores privados en el territorio, su servicio es obligatorio por Ley para todos los propietarios de vehículos y sus precios no se fijan en función de sus costes reales de prestación del servicio. ¿Podría privatizarse este monopolio de 1.259 empleados? Probablemente sí, al menos algunas de sus actividades, pero evitando dar lugar a la creación de un monopolio privado fraccionando la venta y eliminado las barreras de entrada a este sector para nuevos concurrentes. Y, desde luego, señalando sólo unas tarifas máximas que animen la oferta de servicios más económicos. 

Este medio propio instrumental ha gestionado gran parte de las inversiones realizadas por la extinta Consejería de Medio Ambiente, bien mediante la realización de proyectos técnicos y contratación de su ejecución (plantas de RSU, por ejemplo, y numerosas obras) o bien mediante la disposición de sus medios técnicos y profesionales aplicados a muy diversas actividades, incluyendo la participación minoritaria en proyectos empresariales medioambientales y la presencia, luego limitada, en proyectos y concursos fuera de Andalucía. 

Quizá el sector privado pueda interesarse por algunas de ellas, pero no es tampoco imaginable una privatización profunda de esta Agencia por las razones antes descritas; al margen de que no fácil para mí concebir cómo buena parte de sus actividades podrían ser privadas porque son intrínsecamente públicas. 

En definitiva, no habrá soluciones fáciles para esta mal llamada "Administración paralela", en primer lugar porque afectarán a personas que se quedarán sin empleo ya que no basta con reducir el gasto material; en segundo lugar porque los socios del gobierno estarán muy vigilantes, aunque tendrán que hacer lo propio en entidades de su negociado; en tercer lugar porque los dos sindicatos orgánicos están refugiados en estas entidades, una vez rechazados por los trabajadores de la Administración General en las pasadas elecciones sindicales.

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