“CUANDO TODOS LOS ANDALUCES CONOZCAN SU VERDADERA HISTORIA Y ESENCIA, SERÁ CUANDO LLEGAREMOS A OBTENER LA FUERZA NECESARIA PARA EXIGIR EL RESPETO QUE SE NOS DEBE, POR TENER UNA PERSONALIDAD TAN DIFERENTE DE AQUELLA QUE TRATARON DE IMPONERNOS POR LA FUERZA"

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Llama "refrito" de otros proyectos a la inversión de 200 millones para el desempleo de larga duración.

El PP exigió ayer a la Junta una "verdadera" actuación contra el desempleo de larga duración tras calificar de "timo" el plan de choque aprobado a finales de julio por el Consejo de Gobierno. 

La parlamentaria Ana Vanessa García dijo que la inversión de 200 millones de euros en programas para combatir el paro de larga duración es "un refrito de otros proyectos" con la cuantía además recortada. García se refirió en concreto a los 90 millones de euros correspondientes a la línea de desarrollo rural, que incluyen partidas tanto para caminos rurales como para inversiones en los montes que ya contaban, dice, con planes específicos plurianuales que ahora se reducen. 

Según García, la inversión en caminos rurales anunciada ahora, de 40 millones de euros, es un 33% de la destinada para ese mismo concepto en el plan Encamina2, que ascendía a 118 millones para el año los años 2011 y 2012.

La marcha obrera del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que está recorriendo la comunidad andaluza llegará este lunes a la provincia de Cádiz y así, partirán desde la localidad de El Puerto de Santa María a las ocho de la mañana para recorrer el camino hasta la capital gaditana realizando una parada en el municipio de Puerto Real.

En rueda de prensa durante la presentación en Cádiz de la marcha, el portavoz del SAT, Diego Cañamero, ha puesto de manifiesto la "grave" situación de la provincia "con más paro de la Unión Europea", especialmente en las localidades de la Sierra, donde el desempleo, según ha indicado, "roza el 45 por ciento".

En este sentido, ha explicado que "muchos" trabajadores de esta zona de la serranía gaditana están "buscando desesperadamente trabajo" en Bélgica o Francia, en Cataluña "o en la recogida de la fresa" pero, según Cañamero, "no encuentran nada y la situación es de desesperación total".

Así, ha asegurado que en estos municipios "se está volviendo a la caza furtiva" para poder subsistir ya que, según apunta, los vecinos están "vendiendo todo lo que tienen a mano para poder comer". Además, ha considerado "humillante" la eliminación del requisito de las 35 peonadas.

Por eso, tanto Cañamero como Sánchez Gordillo han animado a la ciudadanía a apoyar la marcha ya que, según aseguran, hay momentos en la Historia "en los que la rebeldía es imprescindible, porque la sumisión es complicidad". Ambos se han calificado como "rebeldes y revolucionarios" desde el punto de vista de la "no violencia activa" que promulgaba Gandhi.

Tras recordar las diferentes acciones que el movimiento está realizando en los últimos meses, Cañamero se ha detenido en el "acto simbólico de la expropiación de comestibles" --en referencia a la acción que protagonizaron en dos supermercados de Ecija y Arcos de la Frontera--, asegurando que lo hicieron para llamar la atención sobre las 350.000 familias que se encuentran "sin protección alguna y que tienen que comer".

Según han explicado, las marchas en Andalucía están sirviendo para denunciar la política del Gobierno y de Europa, y persigue cinco objetivos fundamentales: una renta básica para familias sin derecho a prestaciones; un plan "de choque" para dar trabajo a los parados entre tres y seis meses; que las tierras públicas pasen a manos de cooperativas; no dejar a nadie sin vivienda "para que se las queden los bancos y las dejen cerradas"; y finalmente, decir "no a los recortes".

El Partido Andalucista lamenta que el ejemplo de su portavoz, Francisco Mendieta, no haya cundido en el Ayuntamiento..


Se trata del único concejal que no ha querido liberarse, renunciando así a una dedicación exclusiva que le hubiera supuesto un sueldo cercano a los 40.000 euros al año.

Según los andalucistas, el Consistorio de Úbeda, sin tener en cuenta a las capitales de provincia, es el que tiene más concejales liberados de toda Andalucía. Sobre 21 concejales, 10 de ellos tienen algún tipo de liberación, bien a tiempo total o parcial. “Se da la circunstancia de que 7 de los 9 concejales del PP están liberados, al igual que los portavoces municipales de PSOE, IPdU (escisión del PP) e IU”, explica Mendieta, que argumenta igualmente cómo el dinero destinado al sueldo de estos concejales, 300.000 euros anuales, supone el 1% del presupuesto municipal.

Mendieta ha manifestado que “es incomprensible que en la situación económica que vivimos haya concejales de la oposición que cobren 36.000 € al año por no hacer casi nada”. De esta forma, explica que sólo el Partido Andalucista se ha opuesto a esta “profesionalización” de la política, apelando a que los ediles deben estar al servicio de sus ciudadanos pero, según él, en Úbeda parece que en vez de buscar el bien de la ciudad se dedican a buscar sueldos elevados.

 Por último, el PA considera un atropello que en Úbeda, con 5.000 parados, haya una clase política cuyo principal interés es cobrar del Ayuntamiento.


La portavoz de izquierda califica los silencios de de “cobardes”.Barberá deja constancia de que estar en el interrogatorio puede violar su derecho de defensa.
El PP se suma a los socios del PSOE y mantiene que los declarantes se han puesto de acuerdo.
Y los socios de Gobierno del PSOE, es decir los parlamentarios de IU, estallaron. “Basta ya”, espetó ayer Alba Doblas, la diputada de la federación de izquierdas durante la sesión de la tarde de la comisión de los ERE, una de las más tensas vividas hasta ahora en la sala del Parlamento donde son interrogados, sin éxito alguno, los ex altos cargos de la Junta que tuvieron que ver con la concesión de las ayudas a parados afectados por expedientes de regulación y a empresas en crisis. Tan tensa que el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, al oír a Doblas, aseguró que él no había decidido concurrir al final de este tercer día de silencios, que la veía “algo alterada” y que la Constitución le amparaba en su derecho a no declarar mientras estuviera inmerso, como está, en un proceso penal. Barberá, como ya hicieron el martes un ex parlamentario socialista y un ex jefe de servicio del departamento de Empleo, no sólo se negó a contestar, sino que puso en duda que su presencia durante la lectura de las preguntas fuera legal porque ello también puede causarle daño. “Ruego que conste en acta mi desacuerdo por las preguntas que se puedan hacer a mi persona”, dijo el que fuera segundo en la Consejería durante el mandato de Antonio Fernández, el ex responsable en libertad bajo fianza que hoy intervendrá en la misma sala.

Los silencios que han mantenido hasta ahora los nueve comparecientes que han pasado durante esta semana por esta comisión han ido provocando un profundo malestar en IU; algunas fuentes de esta formación así lo habían explicado a este medio, pero ayer el grupo parlamentario lo hizo público y de una manera muy explícita por boca de Alba Doblas.
De “tomadura de pelo” y de “actitud cobarde” calificó la parlamentaria la estrategia de defensa empleada por los comparecientes que están imputados o encarcelados por la juez Alaya, la magistrada que instruye el caso judicial, que han esgrimido, precisamente, para argumentar su mutismo, que cualquier declaración de ellos en la sede parlamentaria les puede dañar en el proceso paralelo.
Es más, Alba Doblas, profundamente enfadada, en especial ante el ex viceconsejero de Empleo, llegó a asegurar que había una actuación concertada entre todos ellos: de todos los cargos socialistas que han ido pasando por la comisión. Ante la protesta de Barberá al presidente de la comisión, Ignacio García, de IU, la parlamentaria matizó algo la acusación, pero la realizó en forma de pregunta: “Por favor, dígame sólo si ha habido algún acuerdo con los anteriores comparecientes”. Desde IU, Doblas elevó su “basta ya”, y apeló a que el Parlamento, y por tanto la comisión, representa la voluntad popular de todos los andaluces, por lo que estos anteriores cargos públicos deberían responder, al menos, a algunas de las preguntas formuladas, y es que uno tras otro, todos los comparecientes dejan claro desde el principio que contestarán a ninguna de las cuestiones.
Durante el día de ayer, comparecieron ante la comisión los dos directores generales de Empleo que sustituyeron a Francisco Javier Guerrero, y también ambos optaron por el silencio. Tanto Juan Márquez, que fue director a partir desde 2008, como Daniel Rivera, que sucedió a éste hasta junio de 2012, ya con el mandato del consejero Manuel Recio, mantuvieron, desde un principio, que no contestarían a las respuestas de IU y del PP.
El PSOE sigue presentando sus preguntas por escrito. A Juan Márquez, Doblas le afeó que, con su actitud, estaba haciendo un gran daño a la institución que él representaba, esto es, a la Junta de Andalucía, pero la intervención que terminó por colmar el vaso de la paciencia de IU fue la del último director general de Empleo, Daniel Rivero, ya que esta formación entiende que, aunque imputado, podía haber explicado algo, toda vez que fue durante su mandato y el de su consejero, Manuel Recio, cuando la Consejería comenzó a modificar el sistema de ayudas a los ERE y a enviar documentos al juzgado que dirige Mercedes Alaya.
Fuentes de IU explicaron a este medio que les había parecido indignante que Daniel Rivera, que es el único ex alto cargo cuya defensa paga la Junta, mantuviera este silencio. “Es esperpéntico que una persona que ha reconocido que no tiene responsabilidades penales ante la juez, aunque pudiera tenerlas políticas, no las explique aquí”, señaló Doblas ya por la tarde. Rivera dijo que si alguna responsabilidad política había tenido era la de haber mantenido a algunos subordinados; es decir, que señaló hacia abajo. El último director de Trabajo de la Junta -la función está integrada ahora en la Consejería de Economía- mantuvo que fue él quien colaboró con la Policía Judicial, y que el juzgado de Alaya no encontró a ninguno de los intrusos. Según él, los nombres y apellidos los obtuvo de la información que su Consejería remitió a Alaya.
El PP se sumó a la teoría de las actuaciones concertadas apuntada por IU, lo que motivó una protesta dura de la portavoz socialista, Antonia Moro. El caso es que los socialistas habían solicitado en las reuniones preparatorias de estos turnos de intervenciones que no se le formulasen preguntas a aquellos testigos que optasen por no contestar bajo el argumento de que estaban imputados. IU y PP se opusieron a ello, y por esto, las nueve personas que han pasado por la sala del antiguo Hospital de las Cinco Llagas han tenido que oír las cuestiones presentadas.
Sólo el PSOE ha preferido presentar las preguntas por escrito, excepto en el caso del ex director Francisco Javier Guerrero, que le realizó tres: una de ellas, si había ocupado este cargo entre 2001 y 2008.
Para los comparecientes, las sesiones están convirtiéndose en un trámite, incómodo, pero pasable, cercano a la balsa de aceite. Menos de una hora estuvo en la sala el sucesor de Guerrero en la Dirección General de Trabajo, Juan Márquez, también imputado. No hubo respuestas de su relación con Guerrero o con el consejero Antonio Fernández, de la inclusión de intrusos o de la falta de procedimiento en la concesión de ayudas mientras que fue alto cargo durante dos años.
Márquez estrenó el tercer día de interrogatorios y repitió el guión. Como todos, defendió su inocencia en la exposición inicial: “Jamás, en dos años en la Dirección General de Trabajo, he cometido o he tenido conocimiento de alguna ilegalidad. No he cobrado un solo euro más allá de mi sueldo ni conocimiento de lucro de alguien”.
El ex responsable en la tramitación de los ERE protestó cuando a preguntas del PP consideró “improcedente” y que lesionaba su derecho al honor “decir que yo estoy tapando un fraude”. El PP preguntó a Márquez si ordenó a su colaboradora María José Rofa que “reconstruyera o construyera informes a posteriori de los datos administrativos”. Márquez se despidió como todos los imputados hasta ahora: las respuestas se encuentran en sede judicial.

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No sabe que el costo de la vida, el precio de los garbanzos, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas.

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No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales". Bertolt Brecht

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