“CUANDO TODOS LOS ANDALUCES CONOZCAN SU VERDADERA HISTORIA Y ESENCIA, SERÁ CUANDO LLEGAREMOS A OBTENER LA FUERZA NECESARIA PARA EXIGIR EL RESPETO QUE SE NOS DEBE, POR TENER UNA PERSONALIDAD TAN DIFERENTE DE AQUELLA QUE TRATARON DE IMPONERNOS POR LA FUERZA"

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Rafael Rodríguez de León | La crisis socava los cimientos de todas las instituciones gestadas en el último cuarto del pasado siglo proporcionalmente a la intensidad con que cada territorio la está sufriendo, porque esta crisis, que no tiene vuelta atrás, implica una ruptura global y radical con el pasado.

El nacionalismo andaluz, que siempre ha resurgido durante las crisis porque es cuando se reactiva la sociedad andaluza, debe renovar su discurso y aportar nuevas funcionalidades al cambio tal como lo hizo durante la transición política. Es más, sólo es posible su renovación por la profundidad del cambio que provoca esta crisis sistémica.


LA RENOVACIÓN DEL NACIONALISMO ANDALUZ
La transformación del nacionalismo andaluz requiere la asunción de cinco contenidos esenciales, con radical claridad, sin ambigüedades:
a)    Su profunda sincronización con la defensa de la democracia frente a la dictadura de los mercados, este nuevo fascismo global del siglo XXI.
b)    Su plena ubicación dentro de la izquierda.
c)    Un claro europeísmo sobre todo ahora cuando se agudiza la crisis del Estado-nación.
d)    Su imbricación con la ecología aportando y recibiendo sinergias para un proyecto político igualitario adaptado a la crisis del capitalismo (no hay capitalismo sin crecimiento).
e)    Ocupar la primera línea en la defensa de la autonomía andaluza.
Esta renovación tiene que producirse al mismo tempo que se está transformando la democracia, la izquierda, la Unión Europea, el ecologismo y la funcionalidad de nuestra Autonomía, de ahí su dificultad conceptual. Es más, el nuevo nacionalismo andaluz debe tener un papel activo en esas transformaciones al mismo tiempo que se nutre de ellas y debe hacerlo en un tiempo record porque la crisis en el estado español se acelera cada día y este otoño, sin ir más lejos, va a ser especialmente duro.
LA DEMOCRACIA
La democracia en el Estado español, a pesar de su baja calidad por haberse gestado en una transición sin ruptura con la dictadura franquista, es la única y deseable vía de transformación. Una pretendida vía ‘insurreccional’ que niega la existencia de la democracia en España, la no representatividad de los parlamentarios o la ilegitimidad de toda la clase política es sólo una representación mediática ‘de plató’ de lo que fueron las revoluciones en el siglo XX, cuyos efectos reales son reducir la base social de la izquierda. La victoria democrática en las urnas de una mayoría de izquierda es el camino para el cambio en sociedades complejas e impide, además, que se produzcan déficits democráticos estructurales tal como ha ocurrido en las construcciones políticas surgidas después de procesos de asalto al poder (impensable en Estados democráticos).
La ruptura que necesitamos para una regeneración democrática puede producirse por el acceso al Gobierno del Estado de una gran coalición de izquierda con un programa común de cambio (democratización, federalismo, nuevo modelo económico y defensa de los servicios públicos universales) que rompa con la alternancia PSOE – PP que hasta ahora hemos vivido, y cuyo primer paso debería plasmarse en las próximas elecciones europeas previstas para la primavera de 2014 (que pueden tener una naturaleza radicalmente distinta a las celebradas hasta ahora).
Se trata de pasar de un modelo raquítico de democracia para la gestión del crecimiento a un modelo de democracia para la transformación en la crisis. Esto implicaría una amplia alianza de clases y de territorios que proporcionase una mayoría suficiente construida sobre la hegemonía de los valores progresistas de libertad, la igualdad y la solidaridad.
LA IZQUIERDA
Estamos viviendo, entre otras, la crisis del bipartidismo que se ha agudizado entre mayo de 2010 y julio de 2012, es decir, desde que Rodríguez Zapatero cambio su política (con “reforma exprés” de la Constitución incluida) y se adaptó a las exigencia de los “mercados” hasta que el gobierno de Rajoy decidió un contraprograma político de desmantelamiento del estado social. Las encuestas electorales incluso pueden cuantificar su provisional defunción cuando la suma de PP y PSOE no alcance el 50% en la intención de voto.
Este septiembre vamos a empezar a vivir la larga agonía del Gobierno del PP cuando solicite el “rescate” a la Unión Europea, con tensiones que se trasladarán tanto al PSOE como a IU, quienes deben evitar las respectivas tentaciones de pactar con el PP, el recorte de derechos y libertades (PSOE) o de caer en actitudes populistas y ultraizquierdistas (IU).
El “rescate” cuyo objetivo principal va a ser el “saneamiento” del sistema financiero español que ha pasado de ser considerado “un modelo para el mundo” a “el gran problema” va a exigir el trasvase de fondos públicos mucho más allá del préstamo de los 100.000 millones. El PP intentará compensarlo con recortes insalvables a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, que a su vez no tendrán más remedio que trasladarlo a la financiación de los servicios públicos, incluidos los empleos y sueldos de los que trabajan para la prestación de estos servicios.
El PP espera que con ello se pueda conseguir un triple objetivo: sanear el sistema financiero, deteriorar las comunidades autónomas y la democracia más cercana y cambiar los actuales servicios públicos universales por una segmentación en tres escales: privado y de alta calidad para los ricos, servicios públicos de baja calidad para los que trabajan y beneficencia para los parados sin subsidio y los inmigrantes sin papeles.
Además, hundiría a los gobiernos de izquierda, como el de Andalucía, cuya identidad se basa precisamente en la defensa de los servicios públicos universales y de calidad. Pero, en realidad, lo que puede provocar es una crisis total, tanto social como territorial, en el Estado español porque, como hace poco comentó un conocido articulista, “sin dinero no hay Estado”.España fue el primer estado moderno y puede que también sea el primero en sucumbir, de facto, ante la crisis del estado nación.
EUROPA
El año que falta para las elecciones alemanas va a ser muy duro para los ciudadanos y ciudadanas del Estado español (y de Grecia, Italia, Portugal, Irlanda, Chipre o Eslovenia) porque sin un cambio radical en el diseño de la Unión Europea la crisis en España se va a agudizar. Y desde luego, el cambio en primer lugar tiene que ser político y no sólo económico. La Unión Europea tiene que pasar a ser una institución democrática homologable, así de simple: división de poderes, elecciones al poder legislativo, ejecutivo responsable ante el legislativo y representatividad territorial. Es decir, debe dotarse de una estructura democrática, al menos confederal, y por lo tanto de una Constitución propia. Esa es la legitimidad necesaria para que pueda haber un Banco Central Europeo con Tesoro propio, mutualizar las deudas públicas de los Estados, establecer mecanismos de cohesión territorial, dotarse de un sistema fiscal y financiero común y acabar con la dicotomía que se está produciendo entre los territorios. La lentitud actual de las reformas en Europa es un camino de perdición incluso para la propia Alemania que sufriría muy duramente las consecuencias de llevar a un callejón sin salida a los Estados del sur.
ECOLOGÍA
El nivel de análisis que hemos empleado es de corto alcance ya que trata sobre los problemas que parecen más inmediatos: la crisis financiera del Estado español, sus consecuencias políticas y su imbricación con la construcción europea. Incluso el cambio en la Unión Europea sólo ayudaría a rebajar el precio de la deuda y garantizar la liquidez en sus pagos peroseguirían los grandes problemas económicos estructurales del estado español: la tasa de paro mayor de la OCDE; la deuda neta total en relación con la posición inversora internacional neta mayor del mundo y el déficit estructural por cuenta corriente.
Pero el gran problema es que aquí no acaban las dificultades a pesar de parecernos gravísimas (que lo son). Sobre la crisis de los Estados del Sur de Europa y sobre la crisis de la Zona Euro se superpone una crisis global metabólica cuyos efectos inmediatos fueron el pórtico de esta crisis (subida del petróleo y de los alimentos básicos) y que ahora, por la aceleración de los efectos del cambio climático, amenaza con una crisis alimentaria global por las sequías e inundaciones en todo el planeta y porque los mercados alimentarios están dominados por grandes grupos económicos que homogeneizan la subida de precios y trasladan las previsiones con inusitada rapidez por la importancia que tienen en este sector los mercados de futuro donde se compra y se vende por un valor casi 50 veces superior al de la producción anual.
Este es el contexto de riesgo permanente en el que se desenvuelve la crisis. Ni Andalucía ni el Estado español pueden encontrar una salida si no construyen una nueva economía sobre la base de la adaptación ecológica al futuro inmediato que ya es presente. El cambio energético de combustibles fósiles a renovables es el eje estratégico para la transición a la nueva economía con efectos positivos en todos los órdenes (reducción de las importaciones, eficiencia tecnológica, soberanía energética y disminución de CO2).
DEFENDER LA AUTONOMÍA
La estrategia del PP contra Andalucía es provocar el desgaste permanente del Gobierno de coalición por asfixia financiera. Puede parecer que los recortes en las transferencias del Estado han tocado techo pero sin embargo es fácilmente deducible que lo peor está por llegar y se ve a acelerar a partir de septiembre. La sociedad andaluza tiene que saber que la causa de que no se puedan pagar los servicios públicos ni realizar un plan de inversiones para estimular la creación de empleo está en la estrategia política del gobierno centralista del PP que controla todos los resortes de la financiación de las CC.AA.
Contra esta estrategia sólo sirve, tal como hizo Rafael Escuredo -primer presidente de la Junta de Andalucía-, ponerse al frente de la sociedad andaluza o la sociedad andaluza se pondrá enfrente del Gobierno andaluz. La Junta, en alianza con las organizaciones sociales, tiene que liderar la movilización contra los sitiadores de Andalucía. En este pulso se juega la decantación de base social mayoritaria en Andalucía. O el PP logra culpabilizar a la Junta del deterioro social o la izquierda logra recuperar el voto urbano que ahora domina la derecha en las grandes ciudades.
Desde Andalucía es posible llevar a la práctica la regeneración democrática, cauterizar las prácticas de corrupción y clientelismo que se han producido en la Administración Autonómica, abrir cauces reales de información y participación y consensuar con la mayoría de la sociedad andaluza un proyecto político global basado en nuevas bases sostenibles de financiación; solidaridad y aseguramiento de las condiciones mínimas de vida (renta social básica); creación de empleo y nuevo modelo económico.
CONCLUSIÓN
De la crisis del nacionalismo andaluz puede nacer un nuevo nacionalismo que aporte funcionalidades básicas en estos momentos tan decisivos para Andalucía: conciencia del cambio, defensa de la unidad de la izquierda para alcanzar la mayoría democrática, la radicalidad en la defensa de nuestra autonomía como síntesis de nuestras libertades y derechos, la perspectiva de un nuevo modelo social y económico adaptado al gran cambio del fin del crecimiento y el impulso de un nuevo rol de Andalucía en Europa. Sin nacionalismo andaluz no hay contenido político real para el autogobierno, ni emocionalidad ni símbolos. Y lo que es más importante, aportamos la defensa de un nuevo protagonismo de la sociedad andaluza en la crisis del Estado –nación capaz de generar hegemonía y conexión para la mayoría del pueblo andaluz-.

Esto es para que aprendan todos los descreídos....los milagros existeeen!!!! 
MILAGRO de SANACIÓN en  CORDOBA...!!!
Un coche amarillo cura a un discapacitado que pide dinero en un semáforo.... 




Va de una filosofía: el concepto de desobediencia civil puede definirse como "cualquier acto o proceso de oposición pública a una ley o una política adoptada por un gobierno establecido, cuando el autor tiene conciencia de que sus actos son ilegales o de discutible legalidad, y es llevada a cabo y mantenida para conseguir unos fines sociales concretos". Para que un acto se clasifique como de desobediencia civil, se necesita que la acción se haga públicamente, que sea ilegal o que así lo clasifique el poder, y que al mismo tiempo quien cometa el supuesto delito esté consciente de sus acciones y motivos (definición recogida en Wikipedia).

Va de un contexto: en junio de 2012 la tasa de paro en Andalucía es del 33,92% (Ver datos de EPA Andalucía). Según la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y La Exclusión Social, el %33 de la población en Andalucía está en riesgo de pobreza y exclusión social y el 29,3% está bajo el umbral de la pobreza (ver datos de 2011). Según esa misma fuente, más de 370.000 hogares tienen todos sus miembros en paro, el 36% de l@s trabajadores/-as en paro no recibe prestación por desempleo, y el 70% de l@s andaluces y andaluzas tienen un salario inferior a 1.000 euros al mes.

Va de una foto: gente rebuscando en la basura de restaurantes, bares o supermercados algo que echarse a la boca. (Ver foto ABC)

Va de un vacío legal: según una encuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, sólo un 20,5% de los distribuidores acostumbra a entregar los alimentos retirados a alguna ONG o banco de alimentos, y un 78% de los distribuidores quita alimentos de la circulación por las fechas de caducidad. Lo que no especifica el estudio es qué hacen con ellos, si todos van a la basura o si se aprovechan de algún modo. No hay ninguna ley que les obligue a donarlo a ninguna asociación, ni ninguna ley que prohíba tirarlo directamente a la basura.

Va de una reivindicación: que se redacte y entre en vigor un decreto ley que obligue a las grandes superficies a entregar los productos que vayan a caducar en un plazo de 5-6 días a entidades como Cáritas, Cruz Roja, bancos de alimentos... para que se distribuyan entre l@s más necesitad@s (como ha sucedido en Herstal, Bélgica). Esa ley no sería más que una aplicación práctica de lo que recoge la Constitución Española en el artículo 128.1: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”.

Va de una vía parlamentaria agotada: Izquierda Unida ha presentado una iniciativa en el Congreso para crear un plan coordinado contra la pobreza y la exclusión social, que incluye, entre otras cosas, una renta básica para las personas sin recursos económicos. El Parlamento Español cuenta con una mayoría absoluta del Partido Popular que ni ha apoyado, ni apoya, ni apoyará medidas de este tipo.

Va de un fraude electoral: El partido que sustenta al gobierno ganó las elecciones con un programa que no cumple, con promesas electorales que incumple y/o directamente con mentiras (Ver el blog “Las mentiras de Mariano”). Esta situación no es más que un capítulo más en la larga sucesión de procesos electorales en los que todo se puede prometer y no hay nada ni nadie que lo haga cumplir. En esa situación de fraude electoral han gobernado tanto el Partido Popular como el Partido Socialista.

Va de una acción...:
  • ... política, realizada por un grupo político para un fin político. El Sindicato Andaluz de Trabajadores en un sindicato que realiza acciones políticas.
  • ... de denuncia, para denunciar la contradicción que supone poder tirar a la basura alimentos en un lugar donde hay gente que pasa hambre.
  • … pública, que no se realiza a escondidas, ni clandestinamente, ni con los rostros cubiertos.
  • … de propaganda, porque convocan a los medios de comunicación para que se hagan eco de la acción.
  • … con finalidad social y no privada, ya que la acción no se realiza para beneficio propio.
  • … desobediente, porque se desobedece el principio de “para comprar hay que pagar”, que está en la base de todo el ordenamiento jurídico de la sociedad de consumo capitalista.
  • … pacífica, porque se encuadra en los parámetros de acciones de noviolencia.
  • … simbólica, porque unos cuantos carros de comida no solucionan el problema de las familias necesitadas ni en Andalucía, ni en ningún pueblo, por muy pequeño que sea.
Éste es uno de los múltiples vídeos que circulan en Internet en el que se puede ver la acción: http://www.youtube.com/watch?v=4u2IS24uXHY

Va de un agradecimiento:
  • “Yo apoyo eso, por supuesto, porque habemos muchas familias que no tenemos para comer”
Declaraciones en la Sexta de una mujer que recibió parte de los alimentos (Ver vídeo).

Va de una “defensora del pueblo” (Sí, con minúsculas y entrecomillado):
  • "Yo creo que si hubiera habido ahí un cajero de 1,90 (de altura) y de 80 ó 90 kilos no hubieran actuado así, pero a esas pobres chicas las han maltratado y espero que el fiscal lo tenga en cuenta".
Soledad Becerril, Defensora del Pueblo, en publico.es
En la actual situación de crisis económica, política y moral, ¿es el empujón a la cajera del Mercadona la principal cuestión con la que tiene que salir la Defensora del Pueblo a los medios de comunicación?

Va de un Defensor del Pueblo (Sí, con mayúsculas y sin comillas): Diego Cañamero, portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores, enfrentándose verbalmente a l@s tertulian@s de “El gato al agua” de Intereconomía (Ver vídeo y tuits).
  •  "Da alegría ver personas como Diego Cañamero que deja por los suelos a sujetos como los de Intereconomía” (Ikea el santo. @SanIkerPajillas)
  • Diego Cañamero me ha sorprendido. A una persona íntegra, que actúa sin ánimo de lucro y en defensa del más desfavorecido... sin palabras... (Realista @TutorEscribano)
  • Diego Cañamero una prueba mas de que la clase y la educación no la da el dinero” (maria angeles calle @Mangeles17)
Varios de los tuits enviados durante la emisión del programa “El gato al agua” con Diego Cañamero como invitado.

Va de una cita literaria:
  • JUAN: ¿Te has vuelto loco? ¿No querrás ponerte a la altura de esa gentuza, que ni son obreros ni nada? Además, yo no cojo lo que no es mío.
  • LUIS: ¿Cómo que no es tuyo? ¿Pues quién lo hace, quién lo siembra? ¿Quién construye las máquinas para trabajarlo? ¿Quién lo trabaja? ¿Acaso no somos nosotros, siempre y únicamente nosotros? Y ellos, los empresarios, ¿no son por el contrario los que siempre estafan?
  • JUAN: Muy bien, y como vivimos en un país de bandidos y ladrones, ¡hala, a robar! ¡El más listo es el que más roba! Y el que no roba es imbécil. Pues ¿sabes lo que te digo? Que yo me siento orgulloso de ser un gilipollas en un mundo de listos y de ladrones.
  • LUIS: Ya. Eso se llama "orgullo de gilipollas"
[Tres páginas más adelante]
  • LUIS: ¡Como que les importan los pedidos! Además, se lo pueden llevar todo a Argentina, que ganan más... O mejor aún, al Brasil.
  • JUAN: Por la mano de obra barata, ¿no?
  • LUIS: Y más cosas: salarios congelados, pocas huelgas y pactadas, un gobierno que garantiza la paz social... Y nosotros al paro.
  • JUAN: Pásame ese saco... Y ese otro... ¡Y esos dos¡ Tú espabila y carga lo que puedas.
  • LUIS: Pero ¿y el orgullo de ser un gilipollas demócrata legalista?
  • JUAN: Llega un momento en que hasta los gilipollas recapacitan. Anda, carga y vámonos. Después de todo, hemos trabajado, ¿no? ¡Así que es nuestro!
[Dos páginas más adelante]
  • BRIGADA: Oiga, no se haga el gracioso. Queda advertido.
  • JUAN: De acuerdo, pero piense que estamos haciendo un favor, que si no se pudre todo.
“Aquí no paga nadie”, Darío Fo (1983)

Va de una pregunta: ¿Quién será capaz de ir tres páginas más adelante? ¿Y dos más?

Nota:
El título del artículo evoca la comedia “Aquí no paga nadie” de Darío Fo. Esta breve obra de teatro comienza con la “expropiación” de alimentos en un supermercado, y, a partir de ese suceso, se suceden situaciones surrealistas. Algunos fragmentos de la obra de ficción parecen haberse hecho realidad... Lo podéis encontrar en la red.


Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

La nostalgia por el Estado centralizado crece en España y vuelve a niveles de la transición.


La estrategia de desprestigio de las autonomías rinde frutos con la crisis . Uno de cada cinco españoles, como en 1985, rechaza hoy el Estado autonómico.

La política de mano dura con las autonomías, convertidas en el chivo expiatorio del déficit público y la crisis, ha empezado a encontrar un terreno fértil en el imaginario colectivo de los españoles.Los propósitos de desmantelar gradualmente el Estado autonómico y de recentralizar España cuentan, por primera vez, con el aliento de un número creciente de ciudadanos. A día de hoy, uno de cada cinco españoles apoya un modelo de Estado con un único gobierno central, sin autonomías, según el barómetro del CIS de julio. Y esa cifra (en torno al 22%) significa que en apenas un año la tasa de españoles partidarios del Estado centralizado ha subido más de siete puntos.

La magnitud de esas preferencias adquiere especial relieve porque, en paralelo, el porcentaje de españoles partidarios de que las comunidades tengan menos autonomía que en la actualidad, supera el 17%. Es decir, en total, casi el 40% de los ciudadanos respaldan una política de recorte o incluso de desguace del autogobierno. Y al mismo tiempo, la cifra de partidarios del actual modelo territorial ha sufrido un desplome de casi doce puntos en los últimos dos años, aunque la caída supera los 23 puntos si se toma como referencia el máximo respaldo, alcanzado en el 2006. Esta evolución se complementa con una visible reducción de la tasa de partidarios de impulsar un mayor grado de autogobierno.

Sin embargo, es la evolución histórica a largo plazo (véase gráfico) la que evidencia la magnitud de los cambios que se han registrado en las preferencias de los españoles sobre el modelo territorial. Así, hay que remontarse al periodo de la transición y a la primera mitad de la década de los 80 para encontrar tasas de rechazo al Estado autonómico similares o superiores a las actuales. Sin olvidar que hasta 1984 los partidarios del modelo autonómico sumaban también un porcentaje similar al de hoy en día: el 31%.

A partir de ahí, el desarrollo del Estado de las autonomías y su generalización contribuyeron a diluir los recelos, de modo que en la década de los noventa la tasa de apoyo al modelo territorial vigente superó el 40% de los consultados. Y en paralelo, el porcentaje de rechazo a las autonomías cayó al 14%. Ese proceso se aceleró en la segunda mitad de la década, probablemente influido por el hecho de que, a partir de 1995, el centroderecha español llegó a gobernar diez de las 17 autonomías y, en consecuencia, interiorizó el Estado autonómico.

Curiosamente, el discurso antinacionalista y neocentralista de la segunda legislatura de José María Aznar tuvo efectos que tal vez su autor nunca llegó a prever. Así, el apoyo al Estado autonómico se consolidó al alza (hasta alcanzar a la mitad de los españoles) y, paralelamente, cayó a mínimos históricos (un 9%) la tasa de rechazo a la descentralización. En cambio, las ansias de autogobierno se multiplicaron, y casi un 30% de los españoles apostó por ampliar la autonomía de las comunidades.

El máximo nivel de apoyo al Estado autonómico actual se registró en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, tras la aprobación por las Cortes del Estatuto catalán. En diciembre del 2006, más del 54% de los consultados apoyaba el modelo descentralizado en vigor, mientras que se reducía al 20% la cifra de quienes anhelaban un mayor grado de autogobierno (y se mantenían en torno al 8% los partidarios de reconocer el derecho a la autodeterminación, la mayoría de los cuales se han venido concentrando en Catalunya, Euskadi, Navarra y Baleares). Y al mismo tiempo, sólo uno de cada diez ciudadanos apostaba entonces por volver al Estado centralizado.

Las cosas comenzaron a cambiar en el 2010, después de que la crisis adquiriera carta de naturaleza. Es verdad que el CIS introdujo una nueva variante en el panel de preguntas: la opción de reducir la autonomía de las comunidades pero sin suprimirla del todo. Sin embargo, esa alternativa de involución suave no restó fuerzas, sino al contrario, a los partidarios del Estado centralizado, que en el 2010 crecieron de nuevo hasta el 14%. En conjunto, uno de cada cuatro españoles se mostraba entonces parcial o totalmente en contra de la descentralización y sólo un 42% (doce puntos menos que cuatro años antes), a favor de la autonomía.

La evolución posterior refleja hasta qué punto la eficaz campaña de desprestigio de las autonomías ha calado en la ciudadanía. El apoyo al Estado autonómico vigente ha caído a mínimos históricos (poco más del 30%) y se ha reducido simultáneamente (hasta un inédito 12%) el contingente de respaldo a un mayor autogobierno de las comunidades. Y la involución autonómica ya cuenta de nuevo con un nutrido público: cuatro de cada diez españoles.

Peculiaridades regionales.

Las opiniones de los españoles sobre el Estado autonómico son algo distintas cuando se ciñen al autogobierno de la comunidad en la que viven, según el último barómetro autonómico, del 2010. Ciertamente, no es el caso de los madrileños, pues un 21% de ellos se pronuncia por un Estado sin autonomías (y otro 17% por reducir su grado de autogobierno) y, en consecuencia. Casi un 30% preferiría que su región tuviese un menor nivel de autonomía. Y algo similar ocurre en Valencia, donde los partidarios de un Estado centralizado suponen casi el 20%, mientras que el porcentaje de valencianos que desearían un menor grado de autonomía para su comunidad supera el 23%. En cambio, la situación más paradójica se registra en Aragón: casi el 25% de sus ciudadanos apuestan por un Estado sin autonomías y otro 17% por reducir el autogobierno. Pero cuando se trata de su comunidad, sólo un 13% quiere menos autonomía, frente a casi un 50% que quiere más (mientras que esa tasa cae al 15% cuando se trata del resto de España). Finalmente, y con la excepción de Euskadi y Navarra, las autonomías con menor número de partidarios de un Estado centralizado son Andalucía (8,5%), Canarias (9,4%) y Catalunya (10,7%).

Noticia original: Diario La Vanguardia

El Parlamento inaugura el martes la comisión exprés para descifrar la trama de los ERE. La última comisión de investigación que se celebró en el Parlamento fue en 1995. 17 años después, el escándalo de los ERE será la novena que se desarrolle en la Cámara andaluza.
Nueve días y 25 comparecientes para descifrar las consecuencias políticas de un escándalo que investiga el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla y que ya tiene 60 imputados y tres personas que han pasado por prisión –el ex consejero Antonio Fernández recuperó su libertad tras depositar 450.000 euros de fianza–. Los diputados deberán aclarar cómo y por qué se estableció un sistema presuntamente ilegal que funcionó durante una década y con el que se han repartido 1.500 millones de euros. Los citados son los siguientes:
1. Ramón Díaz Alcaraz
Ex asesor de la Consejería de Empleo. Antes fue sindicalista de UGT y después de su paso por Empleo, diputado del PSOE en el Parlamento andaluz. Coincidió con Francisco Javier Guerrero y con Juan Márquez. Está imputado por presuntamente impulsar la entrada de intrusos en los ERE de Saldauto y Calderinox. Otra asesora, María José Rofa, asegura que era consciente de las irregularidades. No ha prestado declaración ante Alaya.

2. Antonio Diz-Lois
Imputado por la juez Alaya, trabajaba como asesor en la Consejería de Empleo. Según declaraciones de otros implicados en la causa era «el responsable de las cuentas» en la dirección general de Trabajo. Organizaba los pagos a la Agencia IDEA –luego pasó al ente público– y hacía un seguimiento de los compromisos económicos adquiridos. Los indicios apuntan que era consciente de los «pagos cruzados», otra de las irregularidades detectadas por los investigadores de la Guardia Civil. Este sistema consistía en desviar fondos comprometidos para unas pólizas a otras mediante una orden a IDEA, que siempre ejercía de «caja pagadora».

3. Fernando Mellet
Fue director general de Mercasevilla, causa que dio origen a la «trama de los ERE». El mercado de abastos de la capital andaluza promovió dos ERE, en 2003 y 2007, ambos negociados con Francisco Javier Guerrero. Fue donde aparecieron los dos primeros intrusos, Antonio Garrido Santoyo y Carmen Fontela. Contó con la intermediación de Juan Lanzas. Mellet está imputado en la causa de Mercasevilla.

4. Ángel Rodríguez de la Borbolla
Ex alcalde socialista de Cazalla de la Sierra y hermano del ex presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla. Está imputado por recibir a través de un entramado de empresas «con total ausencia de procedimiento y sin mediar solicitud» 9.009.108 euros. La mayoría del dineroera para proyectos relacionados con el sector del corcho, algunos de los cuales –como una planta de ionización– no se llegaron ni a ejecutar.

5. Antonio Rivas
Ex delegado provincial de Empleo en Sevilla. Imputado en el caso Mercasevilla y en la «trama de los ERE». En este caso, introdujo presuntamente de forma irregular a Juan Rodríguez Cordobés en el ERE de Calderinox para abonarle una indemnización por despido. Dos cuñados también se prejubilaron de forma irregular percibiendo fondos públicos. Socialistas de Camas, municipio del que fue alcalde y secretario local del PSOE, también aparecen como beneficiarios de pólizas de renta financiados con cargo al «fondo de reptiles». No ha declarado aún por este caso en el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.

6. Francisco Javier Guerrero
Encarcelado y señalado por la Junta como máximo responsable del fraude. Director general de Trabajo entre 1999 y 2008, era el que manejaba el «fondo de reptiles» y la persona que acuñó el término. Asegura que recibía directrices de sus superiores y que daba cuenta de todas sus actuaciones en los consejos de dirección. Prejubiló de manera irregular a vecinos de su pueblo, El Pedroso, a su suegra y a la madre de su chófer, entre otros. A este último, también en prisión, le concedió 1,3 millones de euros en subvenciones directas a empresas sin actividad creadas con el único fin de obtener el dinero público y gastárselo en «fiestas, regalos y cocaína», según la declaración del ex conductor.

7. Juan Márquez
Director general que sustituyó a Guerrero en 2008, está imputado por continuar dando ayudas de manera irregular y avalando la introducción de intrusos, como el es el caso de Juan Rodríguez Cordobés y el sindicalista Antonio Fernández. La juez le atribuye los delitos de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial y omisión del deber de perseguir el delito. Firmó ayudas por 154 millones pese a que ya contaba con informes jurídicos que alertaban de su ilegalidad.

8. Daniel Alberto Rivera
Sustituto de Márquez en 2011, con él en el cargo saltó el escándalo. Imputado por cuatro delitos, repartió 42 millones con un sistema similar al de sus predecesores en el cargo y trató de darle forma a los acuerdos formalizados en la época de Guerrero. También contó con informes jurídicos que advertían de que la fórmula para pagar prejubilaciones y ayudas directas a empresas era irregular. Defendido por el Ejecutivo de Griñán, la Junta ha admitido que abona la minuta de su abogado.

9. Agustín Barberá
Viceconsejero de Empleo durante la época de Antonio Fernández. Las alegaciones al primer informe de la Intervención General en el que se alertaba de que el procedimiento administrativo por el que se estaban concediendo las ayudas era ilegal iban firmadas por él. Entre otros argumentos, expuso que el modelo garantizaba la «paz social». Alaya le imputa cuatro delitos y asegura que en base a los documentos conocía la ilegalidad del procedimiento.

10. Justo Mañas
Viceconsejero de Empleo con Manuel Recio. No está imputado. La Guardia Civil considera que fue «conocedor de la forma y los motivos de la inclusión del intruso Juan Rodríguez Cordobés en Calderinox».

11. José Antonio Viera
Es aforado y, de momento, no está imputado en la causa. Fue uno de los impulsores del convenio marco de 2001 que atribuyó al ente instrumental IFA la potestad de pagar las ayudas ordenadas directamente por la dirección general de trabajo y seguridad social. La Guardia Civil le atribuye en sus pesquisas un «papel esencial» en la trama.

12. Antonio Fernández
No ha hablado desde que salió de la cárcel bajo fianza de 450.000 euros. La instructora del caso lo considera como el «ideólogo» del sistema ilegal de concesión de ayudas. Era el responsable del IFA cuando se firmó el convenio y fue consejero de Empleo entre 2004 y 2010. Tuvo que ser «conocedor» o «consentía por desidia» todas las irregularidades que se produjeron en su departamento. También aparece como beneficiario de una póliza de renta de 400.000 euros en González Byass aunque renunció cuando trascendió el escándalo a los medios.

13. Manuel Recio
Consejero de Empleo desde 2010, bajo su mandato se aplicó una encomienda de gestión con la Agencia IDEA para pagar las ayudas que la juez también considera ilegal. Por tanto, tardó un año en cambiar el sistema mediante una orden de abril de 2011. Impulsó la investigación interna que ha provocado numerosos desencuentros con la juez por su falta de colaboración.

14. Francisco Vallejo
Colaboró como consejero de Innovación de manera estrecha con Empleo para desatascar conflictos laborales. En el caso de A Novo, su departamento pagó 3,8 millones con cargo al «fondo de reptiles». Los informes de la Intervención también llegaban a su consejería, ya que la Agencia IDEA dependía de ella.

15. Martín Soler
Consejero de Innovación entre 2009 y 2010, época en la que el departamento siguió utilizando a IDEA para dar subvenciones y colaborar con Empleo. Su periodo también se investiga. Llegó a recibir al menos uno de los últimos informes de la Intervención.

16. Antonio Ávila
Es el actual responsable de Empleo. Fue miembro del consejo rector de la agencia IDEA, órgano que aprobó algunas de las ayudas irregulares otorgadas por la dirección general de Trabajo. La Consejería de Innovación, de la que es responsable desde 2010, también pagó ayudas que están siendo investigadas por el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.

17. Manuel Gómez
Ex interventor general de Hacienda, bajo su mandato se produjeron los informes que alertaban de la ilegalidad del procedimiento. Posteriormente fue director general con Martínez Aguayo. Declaró ante la Guardia Civil que Griñán debió recibir los informes aunque no sabe si le llegaron porque él se los enviaba a la viceconsejera Aguayo. No los comentó con el entonces consejero aunque es «probable» que lo hiciera con la «número dos». Los agentes consideran que la Intervención no adoptó «de manera reiterada las medidas necesarias para solventar las deficiencias observadas».

18. Magdalena Álvarez
Consejera de Economía y Hacienda cuando se inauguró el convenio de 2001 que utilizaba las transferencias de financiación al ente instrumental IFA como ayudas sociolaborales. Aprobó modificaciones presupuestarias que ahora la Junta dice que han desaparecido.

19. Carmen Martínez Aguayo
Viceconsejera de Economía y Hacienda en la época en la que Griñán era consejero. Aseguró públicamente que recibió los informes de la Intervención General en los que se alertaba del procedimiento irregular instaurado en la Consejería de Empleo para el reparto discrecional de los fondos públicos. Aseguró que no los leyó y que tampoco se los trasladó al actual presidente de la Junta.

20. Gaspar Zarrías
Consejero de la Presidencia, presidía las reuniones donde los viceconsejeros. Según declaraciones de los imputados, en ellas se expuso el «sistema operativo» mediante el que se otorgaban las ayudas. Como titular de Presidencia también medió en conflictos laborales.

21. Juan Ignacio Zoido
Solicitado por PSOE e IU porque participó, como delegado del Gobierno en Andalucía, en las negociaciones para la prejubilación de los mineros de la Faja Pirítica de Huelva costeado por los Ejecutivos central y autonómico. Sin embargo, no ha sido citado José Torres Hurtado, que también fue delegado del Gobierno y vivió situaciones similares.

22. Javier Arenas
Va en calidad de ex ministro de Administraciones Públicas también para hablar de las prejubilaciones de la Faja Pirítica.

23. Eduardo Zaplana
Fue ministro de Trabajo cuando se aprobaron el grueso de las prejubilaciones en la Faja Pirítica de Huelva, donde hubo numerosas irregularidades.

24. Manuel Chaves
El «fondo de reptiles» se creó bajo su mandato. Medió para que se solventaran problemas laborales antes de procesos electorales. Los avisos de los órganos de control fueron omitidos durante su Presidencia.

25. José Antonio Griñán
Cerrará la comisión de investigación en la que deberá aclarar por qué no recibió los informes de la Intervención si iban dirigidos a su persona. Igualmente, deberá explicar las modificaciones presupuestarias que aprobó para «engordar» el fondo de reptiles cuando aparecían como transferencias de financiación y no como subvenciones.

Noticia original: Diario La Razon Andalucia

Vista panorámica del pueblo de Espera, situado en la provincia de Cádiz. / webespera.com

Entre las milésimas de las cifras del PIB, en una realidad tan lejos de los datos que llegan a Bruselas como lo está un electrón del átomo del que forma parte, hay pueblos de escasos 4.000 habitantes que en los años ochenta comían de la remolacha azucarera, el olivar, el algodón y la uva.

 Pueblos que vivían de un campo que sepultaron bajo hormigón en los noventa y comienzos del siglo XXI, cuando nacieron en su seno hasta 50 empresas  para alimentar el ladrillo de las capitales de provincia y la costa y que conocieron entonces por primera vez lo que era el pleno empleo.

Pueblos cuya riqueza pasajera, hinchada con dinero fácil que llegaba desde la banca del norte de Europa, estalló con la burbuja inmobiliaria y cuyas familias van agotando la prestación por desempleo y los ahorros sin que vean posible que llegue dinero para revertir la deriva de su economía, convirtiendo por ejemplo el campo en explotaciones de regadío, más intensas en mano de obra que el secano. Bienvenidos al municipio de Espera, Cádiz. Un botón de muestra en unos cuantos aspectos de lo que ha sido y es la economía de España. Una maqueta social de Atenas entre Sevilla y la capital gaditana, entre la sierra y la campiña. Donde en lugar del Partenón es el Castillo de Fatetar el que vigila la población desde su particular Acrópolis pero donde, como en la ciudad helena, un número creciente de familias (75 ya), hasta hace poco integradas en la estructura social, depende ahora del paquete de productos básicos que se distribuye semanalmente de forma gratuita.

Para formar parte de ese grupo, que fue pensado para otro fin tras un acuerdo de hace años de la asociación humanitaria Cáritas con el Ayuntamiento, hay que estar desempleado y que los ingresos familiares no superen los 481 euros, es decir, el 75% del salario mínimo interprofesional, explica a Cuartopoder.es Pedro Romero Valverde, alcalde de Espera. Cumplir con esos requisitos no parece complicado en una localidad donde el 58% de la población activa está en paro (70% si se incluyen quienes cobran los 426 euros que da el subsidio agrario durante seis meses).

El PP quita hierro al drama: “Algunos piden ayudas para cremas antiarrugas”

Pero como prueba de lo que es España, en Espera también hay un cristal bifocal. Mientras Romero asegura que el número de familias que necesitan ayuda es muy superior a las que figuran inscritas en la lista de beneficiarios de la ayuda y que “mucha gente no se inscribe porque le da vergüenza” que se conozca en el pueblo su complicada situación, Juana Fernández, representante del Partido Popular en el municipio, los ojos en Espera del partido en el Gobierno central, declara que “de esas familias habrá quien necesite la ayuda” pero que “otras no”. Le consta, asegura en conversación telefónica, que hay quienes “la piden para conseguir cremas antiarrugas o hidratantes”.

Ninguno de esos productos se encontraba en los carros de alimentos básicos que llegaron a Espera tras la acción de los miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en un establecimiento de Carrefour en Arcos de la Frontera hace diez días. Los responsables en Andalucía de la cadena francesa de supermercados pactaron con los participantes en la acción, entre los que se encontraba el alcalde de Espera, precintar los carros y entregarlos al día siguiente a representantes de los tres municipios elegidos por el SAT. Lo que llegó a Espera fueron productos básicos como legumbres, arroz, azúcar y aceite.

La representante del PP reconoce que “hay gente que lo necesita y que en el pueblo no hay trabajo”, pero insiste en que “Cáritas debería revisar las ayudas porque un porcentaje de esa gente está abusando, quizás por la cultura de estar acostumbrado a las ayudas”. La situación de desesperación de algunos hogares que describe el alcalde no es tan alarmante para Fernández, que hace hincapié en que “se trata de un pueblo y todo el mundo tiene familiares para que le ayuden”.

El programa de ayuda municipal, que nació antes de que la crisis económica barriese el país, estaba pensado para familias desestructuradas, para personas con problemas de alcoholismo o drogadicción, lo mismo que en Atenas ahora son familias las que acuden a las listas de ayuda que se crearon pensadas para inmigrantes y toxicómanos. “Hace cuatro años daba asistencia a cinco o seis familias”, recuerda Romero, pero ahora el programa se ha convertido en una delgada tabla de salvación para todo tipo de familias que se están quedando sin nada. “Cáritas está realizando una impresionante labor para que ninguna persona se quede sin recursos”, declara el alcalde, que asegura que el Consistorio está destinando entre 1.500 y 6.000 euros cada trimestre para “complementar la ayuda que se dispensa a las familias inscritas en él”.

Cambiar otra vez de rumbo

“Cuando se va acabando el paro surge una situación muy complicada”, explica Romero, “una situación dramática en un pueblo sin industria y que ya no tiene el recurso de la construcción”. El alcalde considera un error “que el campo sea de secano, siendo Cádiz una provincia de pantanos que permitirían la transformación al regadío”. Pero en este mundo austero parece complicado pensar en dinero público destinado a las obras necesarias para operar ese cambio.

Que los habitantes de Espera pueden dar la vuelta a su ocupación principal es algo de lo que da fe el pasado. Una historia que, de vuelta a los fríos porcentajes del PIB, encaja en la evolución de la economía nacional. Si en el año 1996 el sector primario español (agricultura, pesca y alimentación) pesaba un 4,7% en la producción total de bienes y servicios del país, en 2008, comienzo de la crisis, el porcentaje se había reducido al 2,4%. En el mismo periodo, la construcción pasaba de pesar un 6,6% en el PIB a suponer el 10,4%. Si en 1996 el PIB del sector primario experimentaba un crecimiento del 19,6% respecto al año anterior, el último gran crecimiento del sector, en 2008 caía todavía un 2,6% respecto a 2007. Entre uno y otro momento ya se sabe lo que ocurrió, pero cabe destacar las cifras del PIB del sector primario en los años 2004, 2005 y 2006 (-2,3%; -4,9% y -5,9% respectivamente) frente a las del sector de la construcción en los mismos ejercicios, con crecimientos interanuales del 14,5%; 16,2% y 12,8% respectivamente. Solo invirtiendo esa situación y devolviendo brío al sector de la industria se logrará el cambio. Pero para eso se necesitan recursos, que se haga realidad la política de crecimiento.

Eso también inyectaría dinero a las finanzas públicas. La situación financiera del Ayuntamiento de Espera, espejo de nuevo en miniatura del resto del país, también se va estrechando. Espera arrastra un problema de deuda municipal que, según el alcalde, procede en su mayoría (tres millones de euros) de “una deuda con la Seguridad Social por el antiguo PER” que tienen que afrontar en el peor momento. Además deben otros dos millones de euros a bancos y proveedores. “Cada vez hay más impagos en los impuestos municipales porque las familias no tienen con qué pagar”, explica. “Tampoco existe el recurso de las licencias urbanísticas” de otros tiempos, añade, aunque matiza que Espera, al no estar situado en la costa, no creció físicamente mucho con la burbuja inmobiliaria.

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