“CUANDO TODOS LOS ANDALUCES CONOZCAN SU VERDADERA HISTORIA Y ESENCIA, SERÁ CUANDO LLEGAREMOS A OBTENER LA FUERZA NECESARIA PARA EXIGIR EL RESPETO QUE SE NOS DEBE, POR TENER UNA PERSONALIDAD TAN DIFERENTE DE AQUELLA QUE TRATARON DE IMPONERNOS POR LA FUERZA"

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La democracia contemporánea, entre otros fundamentos, se basa en un equilibrio entre la Constitución y la soberanía popular. La soberanía popular se expresa en la capacidad decisoria del parlamento elegido través de elecciones periódicas mediante sufragio electoral universal, libre y secreto. La Constitución constituye un límite para la soberanía popular justificado sólo para determinadas funcionalidades imprescindibles que tienen que expresar un profundo consenso social de carácter estructural en el tiempo: la protección de las minorías (incorpora la garantía de los derechos y libertades); la organización de las instituciones democráticas tanto verticales (esencialmente los tres poderes –legislativo, ejecutivo y judicial- y la relación entre ellos) como horizontales (organización territorial del estado); un marco muy amplio de consenso político – económico (que en nuestro caso se plasma sobre todo en su título VII dedicado a “economía y hacienda”) y la instauración de un árbitro para los grandes conflictos: el tribunal constitucional.
La tesis que quiero defender en este artículo es que la mala gestión de la crisis por parte del PSOE y del PP está quebrando este delicado equilibrio porque, aunque tienen entre ambos una sobrada representación formal “ahora”, están siendo incapaces de expresar el consenso social de carácter estructural, precisamente cuando es más necesario que nunca.
Veamos brevemente las líneas de ruptura del consenso estructural:
a)      La reforma “express” de la constitución acordada por el PSOE y el PP al final de la última legislatura ha sobrepasado los límites razonables del marco constitucional y ha supuesto una “ingerencia” injustificable en la soberanía popular en esta materia ya que el techo de déficit público es un instrumento de política económica sujeto al debate político y no un “límite estructural del consenso político -económico”. Esta limitación, vía Constitución, del juego parlamentario ha supuesto una carga de profundidad contra la legitimidad de las decisiones económica que expresan el pluralismo político.
b)      La ausencia de regulación constitucional de las relaciones entre el estado y la Unión Europea, que debería plasmarse en el título VIII concretando también la distribución competencial que a ésta le corresponde, provoca una continua merma de la soberanía popular agravada tanto por el carecer ademocrático de su actual estructura como por la percepción social de que la Unión Europea está actuando como correa de transmisión de “los mercados”.
c)      Los escándalos que están afectando a la casa real, muy condensados en el tiempo tales como el paso por los juzgados de Undargarín (corrupción); el accidente de Felipe Juan Froilán (uso ilegal de armas) o el desvelamiento, al haber sufrido un accidente, de que el rey estaba cazando elefantes en África (lujo y crueldad), están suponiendo una importante ruptura emocional entre la ciudadanía y la monarquía, precisamente en una institución en la que más impostado fue el consenso constitucional al ser consecuencia de un ejercicio de pragmatismo político durante la transición pero que contravenía frontalmente el principio de igualdad sobre la que se asienta la propia constitución.
d)      El ataque a la configuración resultante de la estructura territorial del estado basada en el principio de igualdad de derechos y diferencia de identidades que logró plasmar Andalucía al ganar el referéndum del 28 de febrero, por parte de la derecha centralista y nacionalista de algunas comunidades del norte. Estas fuerzas políticas quieren involucionar para que los centros de poder político vuelvan a coincidir con los centros de poder económico y no con los centros de expresión social. Andalucía es un espacio de expresión social indiscutible tanto por nuestra identidad como por nuestro peso demográfico y territorial aunque no ha logrado construir un poder económico autónomo. La derecha quiere quitarnos el poder político para que no interfiramos en el reparto de los recursos cada vez más escasos.
e)      La falta de operatividad del Tribunal Constitucional que tiene pendiente de resolver conflictos desde el año 1998 y su crisis de legitimidad por las interferencias en su composición mediante el bloqueo a su renovación por los intereses partidistas del PP y del PSOE, está invalidando también al árbitro que es la garantía en última instancia del equilibrio entre la constitución y la soberanía popular, cualquiera que sea su ámbito nacional de expresión.
La situación es por consiguiente extremadamente peligrosa ya que a una visible situación económica que amenaza con la bancarrota del estado por la mala gestión de los dos grandes partidos se une esta soterrada crisis constitucional. Es más, parece evidente que ambas se retroalimentan y tienen en común el fracaso del PP y del PSOE en esta coyuntura lo que implica la crisis de este sistema político en su conjunto ya que se ha basado precisamente la alternancia bipartidista.
La esperanza de que el PP iba a saber gestionar la crisis se ha desinflado con una rapidez pasmosa. Andalucía, a través de sus propias elecciones, ha sido la encargada de levantar el acta notarial de este fracaso. Ahora queda un largo calvario de sobresaltos a base de “prima de riesgo”, recortes sociales, aumento de la tasa de paro, caída del PIB, etc. bajo la afilada amenazada de una intervención europea por otra parte imposible por la propia dimensión de la economía española. Paradójicamente sólo una victoria contundente de la izquierda en Francia puede allanar el camino para un cambio en la política económica europea, imprescindible para salir del círculo vicioso en el que nos han introducido el PP y el PSOE.
Por su parte, el PSOE representa ahora mismo todas las contradicciones de la política española. Su gestión durante la última legislatura ha provocado un naufragio sin precedentes de la economía evidenciando que carecía de instrumentos cognitivos para liderar al estado frente a la crisis, confirmando así, de forma dramática, la caducidad del modelo socialdemócrata. La crisis es una crisis de estancamiento económico que está rompiendo todas las costuras que contenían la desigualdad estructural del sistema y por lo tanto está abriendo de nuevo la brecha entre la izquierda y la derecha. El PSOE tiene un pie en ambas pero necesita andar en una u otra dirección.
La derecha del PSOE, ligada a intereses económicos de las grandes corporaciones globales, tiene en su hoja de ruta el pacto con el PP, permitiendo inclso la utilización de la constitución contra la soberanía popular aún a costa de romper el consenso estructural necesario que justifica la limitación de ésta. Esta vía implica profundizar en la brecha que abrió la reforma express de la constitución; no actuar para democratizar la Unión Europea de forma que sea un freno a los mercados y no su correa de transmisión; forzar la involución de la democratización del poder territorial que consagró a Andalucía como un sujeto político específico y relevante; impedir la normalización democrática de las instituciones del estado e incluso restringir los derechos y libertades para achicar el espacio de las movilizaciones populares.
La otra dirección está ahora mismo centrada en Andalucía. La constitución de un gobierno fuerte de izquierda, a pesar de todas las limitaciones tanto del PSOE como de IU, trasciende la suma de ambos. Puede implicar el contrapeso político, social y territorial necesario para frenar la involución democrática y ensayar una salida a la crisis que rompa el círculo vicioso de las política procíclicas centradas en el déficit público (que están recortando de forma suicida el gasto público y sobre todo las inversiones estratégicas en energías renovables, investigación y desarrollo, infraestructuras del conocimiento o formación y enseñanza); evitar el desmantelamiento del estado social (salud, enseñanza, desempleo, pensiones o dependencia) e impedir que la nueva santa alianza entre la derecha madrileña y la “liga del norte a la española” machaquen a Andalucía.
Los andalucistas siempre hemos intuido que la defensa de Andalucía no sólo es legitima sino que lleva consigo la defensa de todos los intereses generales en los distintos ámbitos territoriales porque el andalucismo está cimentado en los valores democráticos, igualitarios y universalistas que a su vez definen el patrimonio axiológico común de la izquierda. Por ello todo lo que fortalezca a Andalucía implica hoy, más que nunca, fortalecer la esperanza de que puede haber una salida no traumática de esta crisis que aún no han percibido en su verdadera dimensión los partidos tradicionales.


Raúl Solí
El nacionalismo conservador catalán ha salido del armario. Con la ayuda de la derecha centralista planea dar un Golpe de Estado al pacto constitucional de 1978 para expulsar a Andalucía del estatus de nacionalidad histórica. Con la música de fondo de la crisis de la deuda y la inestabilidad en los mercados financieros, Duran i Lleida no ha tardado en defender una España asimétrica en la que “sólo Cataluña, Euskadi, Navarra y Galicia” conserven la autonomía política. Para el resto de comunidades autónomas, el líder del partido más derechista, insolidario y cerril de CiU aboga por “un grado mínimo de descentralización”.
Este affaire repentino que viven el nacionalismo catalán y la derecha española ha nacido como una entente estratégica para desmantelar las conquistas sociales a cambio de que el PP acepte una involución en el Estado Autonómico y reserve los máximos niveles de autogobierno a la España del norte.
Se trata de gestar el plan pensado en la Transición y que Andalucía hizo saltar por los aires. La víctima, de esta relación peligrosa, será Andalucía. Por rebelde, indomable, vaga, subsidiada, deficitaria, izquierdista, equivocada e inconsciente. Por votar lo que no debía. Por romper el silencio de los vivos.
En Madrid, el secretario de Estado cuestiona las cuentas públicas de Andalucía sin dar datos concretos sobre la supuesta desviación del déficit que denuncia; en Bilbao, el PNV ataca la irresponsabilidad de Andalucía y llama a replantear el modelo de “café para todos” -achicoria para los andaluces-; en Barcelona, Duran i Lleida muestra su preocupación de que el café generoso deje a Cataluña sin café; y, como no, Rosa Díez, en su papel estelar de Isabel la Católica, denuncia en el Congreso de los Diputados que la estructura autonómica es “elefantística” y que “no hay vergüenza ni Estado capaz de soportar este modelo político”. Sin olvidar a la Thatcher madrileña.
Por su parte, los ecosocialistas y comunistas de ICV se alían con Duran i Lleida al “café para todos” pero recuerdan que Baleares y la Comunidad Valenciana también tienen derecho al autogobierno porque tienen “lazos lingüísticos, culturales e históricos” con Cataluña. Además de los lazos enumerados, ICV tiene lazos electorales con los partidos nacionalistas baleares y valencianos que necesita mantener ante una posible encontronazo con IU de cara a las próximas elecciones europeas.
Ni Navarra ni Baleares ni la Comunidad Valenciana conquistaron en la calle los máximos niveles de autogobierno; Andalucía, sí. Sin embargo, en este festival para reeditar la España autonómica no cabe Andalucía. ICV se define como federalista de izquierdas pero no tiene pudor en expulsar a Andalucía de su propia utopía como pueblo. Poco de izquierdas es un partido político que no tiene reparos en defender una España rica, en el norte, y una pobre, en el sur. Y que, además, defiende un pacto fiscal para limitar la solidaridad catalana con el Estado.
Los enemigos del “café para todos” y achicoria para Andalucía quieren culpar a las autonomías del elevado déficit del Estado, a pesar de que es la Administración General del Estado la que ha incurrido en el doble de déficit que las comunidades autónomas. Lo que subyace en el fondo de este debate es la andalufobia que sufren los nacionalismos del norte y la derecha española. Quieren destruir nuestra conquista como pueblo porque nuestra comunidad es “artificial” frente a las “naturales”.
Tanto a CiU como al PP les molesta profundamente que Andalucía haya recobrado su peso en el Estado, votando en contra de lo esperado y diferente al resto de España. De ahí que cuestionen nuestra solvencia financiera basándose en rumores de las empresas que proveen de material sanitario a la Junta de Andalucía. De chiste si no fuera porque el objetivo que esconde la gracia es demasiado escabroso.
En esta Legislatura, los andaluces tenemos que organizarnos cívicamente para salir a la calle a reeditar la utopía del 4 de diciembre de 1977. Y para esta causa, necesitamos un Gobierno andaluz estable y firme ante las amenazas que atentan directamente contra la autonomía andaluza. 
El andalucismo político tiene que volver a ser la vanguardia que encabece las aspiraciones de autogobierno del pueblo andaluz. Y, por supuesto, el andalucismo no puede ser de otra cosa que de izquierdas.
La guerra contra la autonomía andaluza no es por un simple concepto jurídico etéreo, sino contra la potente herramienta que los andaluces tenemos en nuestras manos para decidir de qué manera salimos de la crisis.
Que los ataques a la autonomía, a cara descubierta, hayan comenzado justo tras las elecciones andaluzas no es por azar. La andalufobia combate nuestro autogobierno porque sabe que es la puerta que nos permite salir de la crisis por la izquierda.

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No sabe que el costo de la vida, el precio de los garbanzos, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas.

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No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales". Bertolt Brecht

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ALMERIA:----------------79.500 ---------------"--------23,03%
CÁDIZ:------------------168.000----------------"--------29,63%
CORDOBA:-------------104.900----------------"---------27,94%
GRANADA:-------------109.000----------------"---------24,61%
HUELVA:-----------------50.300----------------"---------20,59%
JAEN:--------------------92.200----------------"---------30,76%
MALAGA:-------------- 166.900 ---------------"---------21,94%
SEVILLA:-------------- 229.400 ---------------"---------24,76%
DATOS: Encuesta de la Población Activa (EPA) 2º Trimestre



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