“CUANDO TODOS LOS ANDALUCES CONOZCAN SU VERDADERA HISTORIA Y ESENCIA, SERÁ CUANDO LLEGAREMOS A OBTENER LA FUERZA NECESARIA PARA EXIGIR EL RESPETO QUE SE NOS DEBE, POR TENER UNA PERSONALIDAD TAN DIFERENTE DE AQUELLA QUE TRATARON DE IMPONERNOS POR LA FUERZA"

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Ramón Sáez Valcárcel se desmarca de una condena de la Audiencia Nacional. Su voto particular critica que el instructor, hoy jefe de lo Penal, no pusiera garantías contra el maltrato y que luego se usaran las autoinculpaciones. Beatriz Etxebarria denunció haber sido violada en esa redada.

 El magistrado Ramón Sáez Valcárcel destapó ayer la cuestión de las torturas habitualmente sellada a cal y canto en la Audiencia Nacional, y lo hizo señalando además al nuevo presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española, Fernando Grande-Marlaska. 

En un voto particular discrepante a una sentencia condenatoria, ese juez advierte que no se debió aceptar como prueba la primera declaración judicial de Iñigo Zapirain -condenado a cinco años junto a Daniel Pastor y Beatriz Etxebarria- «después de haber denunciado torturas y negado su anterior manifestación».

El razonamiento del magistrado pone muy en entredicho la labor de Marlaska, que se encargó de instruir la detención de los tres ciudadanos vascos y validó una confesión que Sáez Valcárcel cree que debería haber sido «nula» por la falta de garantías existentes durante los cinco días de incomunicación.

En su voto, Sáez recuerda que la «mejor forma» para prevenir la tortura es no incorporar a la prueba la confesión del detenido cuando este se retracta con posterioridad y denuncia malos tratos, «desechando como sospechosa la declaración que fue obtenida en un espacio de intensa constricción física, moral y sicológica, como es el caso de la privación cautelar de libertad en régimen de incomunicación, máxime si la medida ha sido ampliada respecto al plazo máximo ordinario -72 horas-».

A este respecto, el magistrado recuerda que también se contempla como detención en régimen de incomunicación el primer interrogatorio del juez instructor, siempre cuando se mantenga la medida de excepción. Por ello, destaca que la confesión obtenida por Fernando Grande-Marlaska debía de haber sido rechazada. Es más, Sáez echa mano de la jurisprudencia del Tribunal Supremo para recordar que, «solo cuando pueda afirmarse que la confesión ha sido prestada libre y voluntariamente, puede hacer prueba en contra de su autor».

Se da la circunstancia añadida, según subraya Sáez Valcárcel, de que esa primera declaración judicial de Zapirain, luego revocada tras denunciarse las torturas, «es la única prueba de cargo».
En uno de los párrafos más significativos, este juez apunta que hay «un dato presente que permite identificar con precisión que no se estableció el control jurisdiccional mínimo requerido: los partes de estado del médico forense registraban lesiones, autolesiones y quejas de tortura, maltrato y vejaciones sexuales, sin que ello provocara actividad indagatoria alguna por parte del juez autorizante para comprobar la veracidad de la información y para amparar los derechos básicos de los detenidos. 

Lo que desvelaría la ausencia del mecanismo de garantía previsto en nuestro sistema constitucional para aquel fin -continúa-. Ha de tenerse en cuenta que el examen del médico forense era el único medio habilitado por el juez para conocer lo que estaba pasando en el espacio policial de la detención incomunicada, en ausencia de otros que podrían acompañarle y dotarle de mayor eficacia».

Contra la incomunicación

Junto a ello, el juez pone de relieve la falta de control jurisdiccional durante los cinco días que se mantuvo vigente la incomunicación de los detenidos; un periodo excesivo que choca con el carácter «excepcional, provisional y de breve duración» de la medida. En este sentido, el magistrado discrepante afirma que, en el caso concreto de Etxebarria, Pastor y Zapirain, el periodo de incomunicación «no se compadece con el momento en el que se llevaron a cabo los interrogatorios de los detenidos».

Además, Sáez cuestiona la medida en sí, adoptada prácticamente sin excepción contra los ciudadanos vascos detenidos por orden de la Audiencia Nacional, al considerar que «genera una situación de especial riesgo para los derechos humanos básicos del detenido».

No obstante, la postura del juez Sáez Valcárcel solo supone un voto particular discrepante dentro de una sentencia condenatoria, que castiga con cinco años de prisión a los tres acusados por un delito de «daños terroristas sobre bienes de dominio público». En concreto, los magistrados que componen el tribunal les responsabilizan del atentado contra los juzgados de Sestao.

En cuanto a las denuncias de torturas presentadas por los detenidos, el tribunal reconoce la pertinencia de adoptar medidas cautelares «orientadas a garantizar la libertad a declarar del imputado». Sin embargo, los jueces consideran que «no existen evidencias de que la manifestación judicial -la primera confesión de Zapirain ante el juez durante la incomunicación- hubiera sido emitida bajo presión o coacción».

«Si ustedes quieren ser creíbles, declaren al menos cuando hablan de torturas o amenazas y tengan la misma seriedad que tiene el Estado para investigar», dijo el fiscal en el juicio.

Beatriz Etxebarria denunció haber sido violada en los calabozos en esta redada
 
Las denuncias de torturas derivadas de esta redada son unas de las más duras de los últimos años, sobre todo en el caso de Beatriz Etxebarria. Refirió que había sido violada con un palo en dependencias policiales, pese a lo cual no hubo reacciones políticas relevantes, ni tampoco por parte de los organismos oficiales encargados de combatir la violencia machista, aunque sí de algunas organizaciones feministas.

Ya justo después de los arrestos, el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dejó en evidencia que se buscaban imputaciones concretas contra los arrestados, al despejar las preguntas de los periodistas alegando que «estamos al comienzo de la investigación».

Un día después, el 2 de marzo, los familiares expresaban su alarma, más aún tras constatarse que las irrupciones policiales ya habían sido violentas. Mientras, Grande-Marlaska rechazaba la petición de «habeas corpus» solicitado para los cuatro detenidos y la aplicación del protocolo para prevenir torturas.

El día 4 trascendía que Daniel Pastor había sido trasladado al hospital dos veces, según la versión oficial por haberse autolesionado. Pero nada de todo ello hizo que se interrumpiese el régimen de incomunicación, salvo en el caso de este joven.

Tras cinco días en manos de la Guardia Civil, Iñigo Zapirain, Lorena López y Beatriz Etxebarria fueron al fin llevados ante el juez y, tras ser encarcelados, confirmaron que habían sido torturados. Un día después, pudieron conocerse ya todos los detalles, especialmente sórdidos en el caso de Etxebarria. «Me esparcieron vaselina y me metieron un palo», explicó la joven.

Según su relato, hubo además un hilo común entre los maltratos aplicados a unos y otros. Así, su abogado explicó cómo Zapirain sufrió varios ataques de ansiedad y pánico, con un gran dolor en el pecho, al escuchar los gritos de Etxebarria. López también oyó cómo Pastor, su pareja, se golpeaba contra la pared y era trasladado al hospital. Los detenidos eran conscientes de que sus compañeros estaban siendo agredidos con métodos como «la bolsa», porque escuchaban sus gritos, llantos e incluso vómitos.

En el caso de Lorena López, ya en ese momento se publicó que podía haber sido detenida únicamente para presionar a Pastor. Esta joven quedó libre hace unas semanas, tras casi un año presa, pero no ha sido juzgada ni condenada junto a los otros tres.

Como queda dicho, ninguna institución oficial se hizo eco de estas denuncias. Curiosamente, un día después se conocía la segunda condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Estado español por no investigar una denuncia de torturas, la de Aritz Beristain (antes hizo lo mismo con la de Mikel San Argimiro).

Publicado en. www.gara.net
 Aquí puedes leer la noticia completa y original.

EL CAMBIO QUE NECESITA ANDALUCÍA: UNIDAD DE LOS DE ABAJO PARA GARANTIZAR EL BIENESTAR Y LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
 
Final de etapa

En la sociedad andaluza hay una sensación muy generalizada de que Andalucía necesita un cambio y se percibe un claro síntoma de agotamiento político.

 El partido gobernante muestra síntomas claros de cansancio e impotencia y es fácil detectar, como así lo indican las encuestas, que la mayoría de los andaluces y andaluzas cree que es necesario dar un rumbo diferente al gobierno y a la sociedad en nuestra tierra.

 Los efectos tan dañinos de la crisis provocada por los bancos, el altísimo desempleo que se registra en Andalucía, los escándalos de corrupción en los que se ven envueltos algunos dirigentes socialistas (aunque sean menos que los que se han dado en otras comunidades gobernadas por el Partido Popular) y el clima generalizado de impotencia ante todo esto, contribuyen a crear esa sensación de que en Andalucía deben cambiar muchas cosas y urgentemente.
 
No equivocar el camino ni la orientación del cambio

Quienes formamos parte de ATTAC tenemos también esa sensación pero creemos que los andaluces no debemos equivocarnos. El cambio en cualquier dirección no es lo deseable y mucho menos, el que están ofreciendo la derecha del Partido Popular o las corrientes socioliberales del PSOE. Creemos que Andalucía debe aspirar a mejorar nuestra posición actual, a lograr cotas más elevadas de autonomía, de bienestar, igualdad y progreso social y no a renunciar a las mejores de nuestras conquistas para ir hacia atrás recortando sueldos, derechos sociales y privatizando servicios públicos.

Lo que está ocurriendo en otras comunidades gobernadas por el Partido Popular o la derecha nacionalista aliada con él no deja lugar a dudas: los poderes económicos están empeñados en salir de la crisis con más privilegios aún y para ello se disponen a destruir el ya escaso estado de bienestar español y a limitar nuestra de por sí débil democracia.

 Los recortes en el gasto en educación o sanidad que se necesita para garantizar su cobertura universal, la privatización de hospitales, la suspensión de la ley de dependencia, el despido de empleados y empleadas públicos, el recorte de salarios y pensiones, la bajada de impuestos a los más ricos y la subida de los que soportan los grupos de menos renta, la entrega a bajo precio a capitales privados de empresas o medios de comunicación públicos, los ataques constantes a las organizaciones sindicales que son imprescindibles para la defensa de los trabajadores… nada de eso es una amenaza lejana sino lo que ya está ocurriendo en otros lugares de España. Y eso, teniendo en cuenta que el Partido Popular aún no ha mostrado sus verdaderas intenciones, por ejemplo, negándose a presentar los Presupuestos Generales del Estado antes de nuestras elecciones para no perder votos si la gente comprueba la forma en que se propone utilizar la crisis para dar más beneficios y poder a la banca y a las grandes empresas.

Por eso en ATTAC creemos que hay que impulsar un gran cambio en Andalucía pero que éste no puede darse en cualquier dirección y mucho menos en la que se está imponiendo en otras comunidades y en el gobierno central.

No olvidar qué es Andalucía, de donde viene y quién y por qué nos empobreció
En ATTAC creemos que andaluces y andaluzas quizá estamos olvidando quiénes somos y de dónde venimos, posiblemente, porque los propios poderes públicos han fomentado, sobre todo desde los medios públicos de comunicación, una actitud pasiva, demasiado conformista y muy pegada a los viejos tópicos sobre nuestro pueblo.

No deberíamos olvidar que hemos sido durante siglos una sociedad empobrecida por una oligarquía rentista que sacaba fuera de nuestra tierra sus enormes ganancias o que las dedicaba al consumo suntuario mientras sometía a la incultura y a la explotación a los trabajadores con la connivencia de la iglesia o de dictadores y muy a menudo por la fuerza de las armas.

No deberíamos olvidar que los mismos apellidos de esa oligarquía que desde hace siglos se vienen apropiando de nuestra riqueza son los que ahora se quedan con el 80% de las subvenciones agrarias de la Unión Europea o los que siguen apareciendo al frente de las grandes empresas y bancos o incluso, en bastantes casos, de los partidos políticos y los grupos sociales más poderosos.
No deberíamos olvidar, pues, que a pesar de los avances democráticos y en la provisión de servicios sociales de los últimos años, en Andalucía no se ha resuelto aún el problema de la ancestral desigualdad, de la gran concentración de la tierra, del dinero y del poder y que todavía nos falta mucho camino por recorrer para hacer realidad las aspiraciones de autonomía, igualdad y bienestar que marca nuestro Estatuto.

Ni tampoco despreciar lo que hemos conseguido en los últimos treinta años

Es verdad que Andalucía sigue estando hoy día a la cola de las regiones europeas o incluso de las españolas. Pero también es cierto que ahora nos podemos comparar con ellas, algo impensable hace treinta o cuarenta años.

Debemos quejarnos y con razón de los fallos de nuestro sistema educativo o sanitario, de las carencias de todo tipo que aún sufre nuestro pueblo y de los déficits sociales que aún no hemos cubierto, del paro elevadísimo, de la debilidad de nuestras empresas, de nuestra excesiva dependencia de las subvenciones… de todo lo que funciona mal o todavía no hemos conseguido. Por supuesto que sí, pero quienes formamos parte de ATTAC creemos que sería un error histórico que las deficiencias, limitaciones y carencias indiscutibles del desarrollo social que con tantas dificultades hemos alcanzado no nos dejaran ver las virtudes de todo lo que los andaluces hemos conseguido.

Siendo una de las comunidades más pobres tenemos posiblemente el mejor sistema sanitario público de toda España, y uno de los mejores, si no el mejor, del mundo. Escolarizamos a más del 100% de nuestra población porque acogemos en nuestras aulas a los hijos de miles de inmigrantes en una expresión ejemplar de solidaridad y progreso para el mundo entero de la que pueden sentirse orgullosas muy poquísimas naciones; hacemos un esfuerzo mucho mayor que otras comunidades más ricas para financiar nuestros servicios de bienestar como la ley de dependencia o la educación de 0 a 3 años; hemos aplicado en mayor medida que ninguna otra comunidad los servicios de atención a la dependencia y, porque venimos de donde venimos y porque partíamos de ser los más pobres de los pobres, podemos decir ahora que nuestro avance social, económico, cultural, educativo y comunitario ha sido grandioso. 

Somos conscientes de que estamos a la cola, pero no, como hace muy pocos años, de un país igualmente pobre y frustrado, sino de un grupo de países que está entre los más avanzados del mundo y a quienes podemos hablar ahora de tú a tú, algo impensable para nuestro pueblo hace solo unas pocas décadas.

Fortalecer lo bueno y cambiar lo que se hizo mal

Lo que venimos señalando es la manifestación del desarrollo ambivalente que ha seguido Andalucía en los últimos treinta años.

Como acabamos de decir, es indiscutible que en estos últimos años se ha registrado un progreso extraordinario, sobre todo, en la provisión de bienes y servicios para el bienestar social, en educación, sanidad, pensiones, infraestructuras de todo tipo, etc.

Pero, al mismo tiempo, es igualmente un hecho claro que estos avances han estado constantemente sometidos a una presión de las ideas neoliberales y de los intereses de los grandes poderes económicos y que la timidez con que la mayoría de los dirigentes del PSOE han actuado frente a estos últimos ha hecho que esos avances estén en una gran medida “aguados”, bien por insuficiencia de recursos o por la cesión ante la presión neoliberal que ha impuesto su lógica privatizadora y de privilegios para los más ricos, muy especialmente en los últimos cuatro años.

Eso es lo que ha hecho que los grandes avances registrados no hayan cristalizado en políticas de profundo efecto transformador, porque no han sido capaces de modificar las bases estructurales de nuestro desarrollo económico y social, porque no se han llevado a cabo con suficiente transparencia y honestidad y, en consecuencia, porque, en lugar de haber ido creando a medida que se daban una ciudadanía protagonista, proactiva, despierta y creadora, se ha fomentado más bien la pasividad, la sumisión, la fatalidad e incluso los valores conservadores que a la postre son los que facilitan la consolidación de los partidos de la derecha más reaccionaria.

Es por eso que creemos que el cambio que necesita Andalucía no pueda ser el de volver atrás, renunciando al bienestar conseguido e hipotecando nuestro futuro y el de las generaciones venideras al apostar, como dejó caer Javier Arenas al decir que estaba harto de la “milonga” de la sostenibilidad, por un modelo de crecimiento alejado de la innovación y de las actividades de alto valor añadido. 

Lo que equivale a convertir definitivamente a nuestra costa y nuestro hábitat en una zona residencial de personas con más renta y a Andalucía en un simple semillero de camareros o jardineros de campos de golf. Por el contrario, creemos que lo que hay que hacer ahora es afianzar los avances conseguidos, que honestamente hablando hemos de reconocer que han sido muchos y muy importantes, pero, al mismo tiempo, acabando con los errores y haciendo frente con más fuerza a la tensión neoliberal que busca poner la política andaluza mucho más al servicios de los grupos más poderosos y privilegiados.

Nos encontramos en una situación de verdadera emergencia

La problemática a la que acabamos de aludir no se da en una situación cualquiera sino en una que nos parece de auténtica emergencia.

La crisis provocada por la banca y las grandes empresas ha destrozado la economía y ha arruinado a los gobiernos. Y al ceder las autoridades y los partidos gobernantes ante la extorsión de los grandes poderes financieros se están aplicando políticas (reformas laborales, financieras, privatizaciones, recortes de gasto…) que, en lugar de permitirnos salir de la crisis nos han vuelto a llevar a la recesión, aumentando el paro y la destrucción de empresas y actividad económica.

Y vamos a peor. La renuncia del anterior gobierno a hacer frente a los poderes financieros y el sometimiento aun más evidente del actual, se traduce ya incluso en la presencia de banqueros y grandes empresarios en los ministerios o secretarias de Estado, todo lo cual está suponiendo un recorte brutal de derechos e ingresos en las clases sociales de menor renta.

Las estadísticas ya muestran que la aplicación de las políticas neoliberales en estos últimos años ha aumentado la desigualdad, la pobreza y la exclusión sin mejorar la situación económica general: ya hay un millón de pobres más en España que en 2007 mientras que las ventas de la industria del lujo aumentaron un 25% en 2011.  

Y la llegada al gobierno con mayoría absoluta del PP va a provocar con toda seguridad, como ya ha pasado en Cataluña, Castilla La Mancha, Galicia o Valencia, recortes aún más drásticos que pueden conducirnos a una situación dramática y a graves conflictos sociales, provocados por la exclusión social de una gran parte de nuestra ciudadanía, sobre todo de los niños y las niñas, que es el colectivo en el que más ha aumentado el índice de pobreza y que no solo están sufriendo efectos en su bienestar presente, sino hipotecando su bienestar futuro debido a carencias nutritivas, sanitarias, educativas o vinculadas con la socialización.

En ATTAC creemos que la situación es de emergencia porque, si no se pone freno a esta deriva, en unos pocos años se habrán perdido todas las conquistas sociales que costó decenios y mucho esfuerzo conseguir. Y tenemos la seguridad de que esta impresión, como nos demuestra lo que está pasando a nuestro alrededor, no es desgraciadamente ninguna exageración.

Hacer frente con eficacia a la agresión de los poderes financieros y a los partidos que la llevan a cabo

Nos parece bastante evidente que, desgraciadamente, se ha llegado a esta situación no porque haya aumentado significativamente el número de personas que desean renunciar a sus derechos sociales y económicos o por un aumento del apoyo social a la derecha o de los valores conservadores. Todo lo contrario.

En las últimas elecciones generales el Partido Popular solo obtuvo 552.000 votos más, de modo que lo que le ha permitido alcanzar la mayoría tan holgada que tiene fue la pérdida de 4,3 millones de votos del PSOE. Y las encuestas indican que la opinión pública mayoritaria es contraria a las políticas que se llevan a cabo. El Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas de diciembre de 2011 señalaba que el 52,4% de la población está de acuerdo con que en la situación de actual crisis económica se debe invertir en obras públicas y servicios sociales aunque haya que aumentar los impuestos, y solo el 23,2% opina que hay que reducir el déficit y la deuda pública, aunque esto pueda generar más desempleo.

Ambas circunstancias nos permiten llegar a dos conclusiones  importantes. La primera, que los partidos que nos están gobernando llevan a cabo políticas en contra de las preferencias sociales mayoritarias y solo favorables a los grandes grupos económicos y financieros, como demuestra el que solo estos últimos sean los que están viendo aumentar sus ingresos, su poder y su bienestar.
La segunda, que cuando un partido progresista y de izquierdas como el PSOE renuncia a sus postulados, se somete al dictado de los poderosos y sin hacerles frente se convierte en el ejecutor de las políticas que les favorecen, no solo sufre las desafección y lejanía de su electorado y de su base social (ha perdido el 40% de su electorado y el 10% de la militancia desde 2008) y se acerca al borde de su autodestrucción sino que provoca un grave empeoramiento de las condiciones de vida de la población más necesitada de políticas progresistas y de profunda transformación social.

Ahora bien. También en ATTAC creemos que si se ha llegado a la situación peligrosa en la que nos encontramos no ha sido solo por la traición de los dirigentes del PSOE a los ideales de su militancia o a su propio programa político. También nos parece que tienen mucho que ver las inadecuadas e ineficaces respuestas políticas que se han dado por los partidos a la izquierda del PSOE por muy vanguardistas que hayan querido presentarse.

Todo ello significa, a juicio de ATTAC que, para frenar con eficacia los ataques de los grandes poderes políticos, económicos o mediáticos, es imprescindible también un profundo cambio de estrategia en los partidos de la izquierda tradicional, tanto los de la socialdemócrata como los más radicales a su izquierda. Creemos que han de modificar su forma de actuar, decidir y organizarse internamente, su discurso, su concepción y ejercicio de la política, del poder y de la participación ciudadana y, sobre todo, su forma de relacionarse, de hablarle y dirigirse a las personas que, al fin y al cabo, son las que han de empoderarse y tomar las decisiones de su propio destino.

Amplia unidad de los de abajo para reconquistar derechos y transformar la sociedad actual

Quienes formamos parte de ATTAC tenemos la seguridad de que es completamente imposible evitar la regresión social que quieren imponer los poderes económicos si los sectores que no desean aceptarla actúan separadamente. 

Y que, por tanto, es imprescindible y de máxima prioridad aglutinar en un solo bloque social a los sectores sociales perjudicados por las políticas de recortes y limitación de la democracia: trabajadores, pensionistas, estudiantes, pequeños y medianos empresarios, cooperativistas, autónomos y parados,.. Y que eso debe tener una expresión política unitaria en una candidatura única cuando haya elecciones y en trabajo y propuestas conjuntas permanentemente. 

 Y creemos que en los objetivos comunes que venimos señalando deben coincidir y unirse la izquierda tradicional, incluso a la de postulados socialdemócratas para evitar que el social liberalismo gane la partida a las corrientes más progresistas; también la izquierda más radical de factura también tradicional y, por supuesto, también los nuevos movimientos sociales que, a pesar de la dificultad con que se están manifestando y desarrollando, como el 15M, han mostrado tener una gran capacidad de movilización, de ilusionamiento y para darle la vuelta a las viejas formas de hace política que generan tanto desencanto y rechazo por parte de la población progresista que se ha apartado de la acción política. Y que en particular han conseguido reincorporar a la juventud a la lucha social contra las injusticias y la democracia limitada.

Un programa común para la reconquista de los derechos sociales y la democracia

Lo que acabamos de señalar no significa ni más ni menos que la unión de los de abajo frente a quienes se empeñan en imponer un modo de vida insatisfactorio, irracional y frustrante al resto de la sociedad que solo beneficia a muy pocos. 

Y es evidente que esa unión debe girar no solo en buenas intenciones sino en torno a acuerdos y compromisos efectivos para tomar medidas que frenen los recortes y nos permitan avanzar en otra dirección de bienestar y progreso. Es decir, elaborando y poniendo en marcha un programa de actuaciones claro y rigurosamente definido que sea capaz de poner en marcha acciones políticas que garanticen los derechos sociales y frenen el poder de los grupos oligárquicos que están dictando a los respectivos gobiernos las medidas políticas que toman.

Con el propósito de contribuir a esos objetivos que nos parecen tan decisivos y urgentes, desde ATTAC Andalucía proponemos a todas esas fuerzas, movimientos, partidos, sindicatos, asociaciones y personas individuales, la siguientes ideas fuerza en torno a las que creemos que debería construirse una alternativa de gobierno y de contrapoder democrático y ciudadano de nuevo tipo, que lleve la política más allá de los aparatos burocráticos para convertir a la ciudadanía en su conjunto en su auténtico y principal protagonista:

1) Reconsideración de la política financiera de la Junta de Andalucía para garantizar el presupuesto básico del que depende que pueda haber auténtico desarrollo social y  económico en Andalucía: financiación suficiente y adecuada para poner en marcha nuevas actividades productivas y empresariales que no destruyan bienestar social ni a la naturaleza, nuevas formas de consumo y una distribución de los ingresos y la riqueza justa. Lo que nos parece que debe concretarse en la creación de un banco andaluz de nuevo tipo y en el desarrollo de entidades financieras descentralizadas y cooperativas.

2) Elaboración de planes de choque contra el fracaso escolar, la exclusión social, la desigualdad, el paro juvenil, la economía informal, la discriminación y la exclusión de género esto último mediante un plan de promoción de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres para evitar que la intensificación del trabajo doméstico que provocan los recortes sociales recaiga exclusivamente, como viene ocurriendo, sobre ellas…

3) Revisión de los programas de gasto público de la Junta de Andalucía para garantizar su eficacia y la mayor transparencia y honestidad en su gestión.

4) Apertura de un amplio debate social para definir con el mayor grado de consenso posible un gran proyecto estratégico de políticas sectoriales con particular atención  a la turística, a la agraria y a la de innovación y de regeneración industrial para poner en marcha un nuevo tipo de actividad sostenible, una economía del Bien Común, no dependiente del capital extranjero y que no comprometa el bienestar de generaciones futuras.

5) Reorientación de la política de vivienda para garantizar el derecho a la vivienda y favorecer el alquiler social, que aborde el uso de las que se encuentran vacías y que a medio y largo plazo haga desaparecer los espacios colmatados o sobresaturados.

6) Revisión de las políticas medioambientales para acabar con los efectos perniciosos de cualquier tipo de actividad sobre el territorio y el medio natural andaluz.

7) Adopción urgente de un plan de promoción de  la cultura y la comunicación alternativas fomentando el uso de medios libres y comunitarios y el uso de los de propiedad pública para contribuir a la educación e información independiente, plural, democrática, cosmopolita y responsable de la población andaluza.

8) Reforma de la administración pública acabando con cualquier manifestación de deshonestidad e ineficacia, basado en un Plan de implantación en todas ellas de la evaluación participativa de las políticas públicas que mejore la calidad de la democracia y la gestión. Por un lado, implicando a la ciudadanía en su diseño, ejecución, revisión, evaluación continua y rediseño posterior a través de todos los actores sociales y económicos del territorio afectado en cada caso. Y, por otro, fomentado la democracia participativa que garantice que el accionar de las Administraciones Públicas y la economía estén orientada y no se desvíen del interés general y el Bien Común de la ciudadanía vinculada al territorio.

9) Puesta en marcha de un plan de desarrollo de la actividad empresarial generadora de empleo y producción sostenible y del emprendizaje social basado fundamentalmente: en la promoción de la pequeña y mediana empresa, de la economía social y la propiedad cooperativa; en la creación de mercados descentralizados; y en el fomento del consumo responsable y del comercio local para limitar el poder de mercado y la influencia negativa que ejerce en la economía andaluza el capital extranjero que controla los canales de distribución y bloquea las capacidades endógenas de generación de recursos de los productores andaluces.

10) Compromisos explícitos orientados a ejercer la política de modo diferente, proporcionando la máxima participación a las personas, generando la máxima transparencia y creando órganos de debate y decisión próximos a la gente en todos los territorios andaluces, avanzado hacia una autentica democracia participativa y deliberativa y en la que los ciudadanos y ciudadanas tengan la capacidad efectiva de lograr que las preferencia mayoritarias sean las que se impongan a la hora de gobernar y no la de quienes tienen más riqueza o poder financiero.

Sevilla, 28 Febrero de 2012

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