“CUANDO TODOS LOS ANDALUCES CONOZCAN SU VERDADERA HISTORIA Y ESENCIA, SERÁ CUANDO LLEGAREMOS A OBTENER LA FUERZA NECESARIA PARA EXIGIR EL RESPETO QUE SE NOS DEBE, POR TENER UNA PERSONALIDAD TAN DIFERENTE DE AQUELLA QUE TRATARON DE IMPONERNOS POR LA FUERZA"

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Miranda de Ebro. Aranda de Duero. San Feliú del Llobregat. Sanlúcar de Guadiana. Puente Genil. Villanueva del Río Segura… Sólo un río pierde el nombre cuando apellida el pueblo que atraviesa: Villa del Río, Almodóvar del Río. Palma del Río. Lora del Río. Coria del Río…El Guadalquivir. El Río grande. El Río con mayúsculas. El Río de Andalucía. Nos robaron el nombre. Y ahora nos roban el río.

Manuel Chaves y Rosa Aguilar, ministros andaluces del PSOE han “enterrado” el Estatuto de Autonomía de Andalucía, al negar las competencias sobre el Río Guadalquivir

El Tribunal Constitucional no ha tomado una decisión jurídica sino política. El año pasado denunciamos que el estatuto andaluz no quedaría indemne tras la sentencia el estatuto catalán. Hace cinco meses, intuyendo lo que iba a ocurrir, vinimos a las orillas del río en Jaén, en Córdoba, en Sevilla y en Sanlúcar de Barrameda a pedir que no mutilaran el Estatuto arrebatándonos el río. Nos iba la vida en ello. Pero ni los partidos parlamentarios que toman sus decisiones en Madrid, ni los intelectuales que opinan y escriben sobre la mercancía informativa que venden los medios estatales, nadie más vino a la orilla de nuestro río ¿Se atreverán ahora a levantar la voz a favor del Guadalquivir? Nosotros sí.

La Consejera de Presidencia, Mar Moreno, ha hecho público que la Junta de Andalucía va a “devolver” de inmediato al Estado el “cien por cien” de las competencias sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren por su territorio ante la imposibilidad de encontrar un acuerdo satisfactorio con el Gobierno del Estado.

La afirmación del localismo y la negación de Andalucía deben tocar a su fin. Por sentido común. Y por justicia. Si no tienes empleo acudes al SAE. Si estás enfermo, al SAS. Si matriculas a tu hijo en el colegio, a la Consejería de Educación… La mayoría de nuestra vida cotidiana está transida por las competencias autonómicas. Más incluso que por las municipales. E infinitamente más que por las estatales. Seguro que no toleraríamos que el Estado dejara de pagar lo que debe a tu Ayuntamiento. Sin embargo, no nos duele cuando la víctima es Andalucía. Como si fuera invisible.

Nos manifestamos por el Sáhara, Libia o Haití. Con razón. Pero nos cruzamos de brazos cuando pagan la mitad de la mitad de la deuda histórica con el suelo que nos sobra. O cuando nos hurtan el debate electoral solapándolo con el del Estado. O cuando nos expropian el capital de nuestras cajas… Los andaluces saben más de lo que ocurre en el País Vasco o Cataluña de lo que pasa con sus propias competencias. Y ya estamos cansados de tanto silencio impuesto. Fuimos críticos con la redacción del art. 51 del estatuto andaluz. Y fuimos los primeros en denunciar públicamente el peligro de amputación de nuestras competencias sobre el Guadalquivir.

El Estatuto de Autonomía Andaluz ha quedado definitivamente mutilado.

El tiempo nos ha dado la razón. Volvemos a ser los primeros en reivindicarlo y en aportar soluciones. Pero no queremos esperar más tiempo cuando la razón y el corazón nos asisten ahora. Habrán derogado la letra del artículo 51, pero su espíritu es inderogable. Y lo que fue aprobado por el Parlamento y refrendando por el pueblo andaluz no puede conchabarse en los despachos entre dos presidentes ilegítimos: el del Estado, elegido por un programa radicalmente distinto a lo que hace; y el andaluz, que ni siquiera fue elegido por el pueblo para desempeñar ese cargo.

El andalucismo tiene claro que existen “líneas rojas” que no se pueden cruzar, y estas se han atravesado en el día de ayer. Tenemos la obligación moral y política de ser “beligerantes” y defender el Estatuto de Autonomía, algo que no ha sabido hacer el Presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.

Cualquier solución debe pasar por la consulta y la opinión de todos los andaluces. Para nosotros el Guadalquivir constituye la identidad líquida de Andalucía. Y el principio de unidad de cuenca es indiscutible.

Por ambas razones, debemos mantener la Agencia Andaluza del Agua. La restauración de la Confederación Hidrográfica supondría una regresión al modelo centralista ilógico y desfasado: Madrid no puede decidir sobre el 90% de nuestra cuenca. Sin perjuicio de la intervención decisoria de otras comunidades en el 10% restante, la competencia debe ser transferida por el Estado conforme al art. 150.2 de la Constitución.

Y exigimos que se inicien inmediatamente en este sentido los trámites legislativos. No hacerlo antes del 22 de mayo supondría la enésima utilización de Andalucía como moneda de cambio. Probablemente la última si Andalucía recupera su expresión política.

El andalucismo político tiene que estar representado en Madrid. Para que no nos robaron el nombre. Para que no nos roben el Río.

Andalucía, octubre de 2011

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La secretaria general del Partido Andalucista (PA), Pilar González, ha asegurado este viernes que dos andaluces, el ministro de Política Territorial y expresidente andaluz, Manuel Chaves, y la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, han “enterrado” el Estatuto de Autonomía de Andalucía, en relación a la pérdida de competencias sobre el río Guadalquivir.

González, se pronunciaba así, en declaraciones a Europa Press, después de que la consejera de Presidencia, Mar Moreno, haya hecho público que la Junta va a revertir de inmediato al Estado el “cien por cien” de las competencias sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren por su territorio ante la imposibilidad de encontrar un acuerdo satisfactorio con el Gobierno de la Nación.

La líder andalucista ha indicado que cuando uno llega a una “línea roja” como la que, en su opinión, se ha atravesado este jueves hay que ser “beligerante” y defender el Estatuto de Autonomía, algo que no ha sabido hacer el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, según ha afirmado Pilar González.

Asimismo, la secretaria general del PA ha anunciado que su formación celebrará este sábado un acto de protesta en Sevilla por lo ocurrido y en defensa del río Guadalquivir, al que esperan que se sume el conjunto de la ciudadanía.

González, junto al candidato andalucista al Congreso por Sevilla, Fernando Álvarez-Ossorio y militantes andalucistas, desplegará una bandera andaluza sobre el río Guadalquivir, desde el sevillano puente de Triana y recreará simbólicamente el “entierro” del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que para el PA supone la pérdida de las competencias sobre el río.

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En la historia de España no ha habido ninguna rebelión popular contra un Gobierno establecido que haya sido capaz de imponerse y traducirse posteriormente en norma jurídica. Eso es lo que aportó el proceso de constitución de Andalucía como comunidad autónoma mediante el artículo 151 de la Constitución. Hubo un primer momento de rebelión contra el intento del Gobierno de la nación de que únicamente los territorios que habían plebiscitado Estatutos de Autonomía durante la II República se constituyeran en comunidades autónomas por esa vía y ese momento de rebelión se expresó en el resultado del referéndum del 28-F de 1980.

Si solamente hubiera habido ese momento de rebelión, el 28-F no habría acabado siendo el 28-F que todos los andaluces celebramos como fiesta de nuestra comunidad autónoma. Ese momento de rebelión fue importante y se convirtió en lo que es, porque después vino el 20 de octubre de 1981 y se consiguió convertir la energía del 28-F en ejercicio real y efectivo del derecho a la autonomía. Sin el 28-F de 1980, no hubiéramos tenido 20-O de 1981. Pero, sin el 20-O de 1981, el 28-F de 1980 hubiera sido una nota a pie de página en los libros de historia.

Esto merece ser recordado. El 20-O de 1981, Andalucía empezó a existir como unidad política en España. La unidad política de Andalucía es un resultado del ejercicio real y efectivo del derecho a la autonomía. Sin el ejercicio de dicho derecho Andalucía estaría tan desarticulada internamente como lo había estado a lo largo de toda la historia de España.

Ha sido, además, el ejercicio de un derecho que se ha prolongado durante 30 años sin interrupción. Y en el que se han conseguido muchas cosas. La más decisiva que la comunidad autónoma se haya convertido en el punto de referencia más importante para la vida cotidiana de los andaluces. A los alumnos les suelo decir que, si reflexionan sobre lo que han sido sus vidas hasta el momento de haber iniciado sus estudios universitarios, advertirán que para ellos el Estado, lo que tradicionalmente se ha considerado el Estado, ha sido la Junta de Andalucía. Nacieron en hospitales integrados en el Servicio Andaluz de Salud, se han educado en escuelas e institutos e inician sus estudios universitarios en universidades gestionadas por la comunidad autónoma, transitan por carreteras de titularidad andaluza y así sucesivamente. En 30 años, un poder artificial, creado prácticamente de la nada, se ha convertido en el punto de referencia más importante de la vida ciudadana.

El carácter del Estado español como un Estado social y democrático de derecho descansa no de manera exclusiva, pero sí de manera fundamental, en el ejercicio real y efectivo del derecho a la autonomía de las comunidades autónomas. Esto es lo que se institucionalizó en Andalucía con el referéndum del 20-O de 1981. Y como consecuencia de que ocurrió en Andalucía, acabó ocurriendo en todas las comunidades autónomas que se constituyeron por el artículo 143 de la Constitución.

Justamente por eso, la crisis económica está afectando con tanta intensidad al ejercicio del derecho a la autonomía. El componente del gasto social es muy superior en las comunidades autónomas que en el Estado. Son las comunidades autónomas las que gestionan la sanidad o la educación y las que tienen que tomar decisiones sobre la prestación de tales servicios. De ahí que el prestigio de la instancia autonómica de nuestra compleja fórmula de gobierno se esté resintiendo en estos últimos años de la forma en que lo está haciendo. Pero también nos sirve para recordar la importancia de la política, porque no en todas partes se están tomando las mismas decisiones.

JAVIER PÉREZ ROYO (El País 21/10/2011)

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El INE acaba de publicar la encuesta de condiciones de vida con datos provisionales del 2011 y datos definitivos del 2010. Los datos más relevantes que contiene esta encuesta son la tasa de riesgo de pobreza y la situación económica de los hogares.

El umbral de pobreza, que depende de la distribución de los ingresos, se fija en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas. Los datos provisionales para 2011, que no están desagregados por CC.AA., indican que el 21,8% de la población residente en España está por debajo de este umbral, en 2010 este porcentaje se situó en el 20,7%, por lo que la tasa de riesgo de pobreza ha crecido, en un año, 1,1 puntos.

Por edades, la mayor tasa de riesgo de pobreza corresponde a los menores de 16 años. Cabe destacar el aumento de esta tasa en los últimos años, que ha pasado del 23,3% en 2009 al 26,5% en 2011.

La tasa de riesgo de pobreza se reduce al 18,2% si se considera el valor del alquiler imputado. El hecho de considerar en el cálculo el valor de la vivienda en la que reside el hogar, cuando ésta es de su propiedad o la tiene cedida gratuitamente, hace que la tasa de pobreza disminuya en todos los grupos de edad, especialmente en el caso de los mayores de 65 años. El alquiler imputado constituye una componente no monetaria de los ingresos del hogar. Se aplica a los hogares que no pagan un alquiler completo por ser propietarios o por ocupar una vivienda alquilada a un precio inferior al de mercado o a título gratuito. El valor que se imputa es el equivalente al alquiler que se pagaría en el mercado por una vivienda similar a la ocupada, menos cualquier alquiler realmente abonado.

Los datos desagregados por Comunidades Autónomas del 2010 indican que Andalucía tiene una tasa de riesgo de pobreza del 30,1% frente a la media española del 20,7%. Otras Comunidades tienen una tasa muy inferior como Navarra (7,3%) o el País Vasco (11,6%). Curiosamente estas tasas correlacionan casi por completo con las tasas de paro existentes: Andalucía 30% y 30%; media del Estado, 20% y 20% y País Vasco, 10% y 11.6%.

Hay que insistir en que los actuales indicadores postcrisis evidencian unas distancias sociales entre Comunidades Autónomas que no se dan en ningún otro estado de la Unión Europea entre territorios continentales.

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JUAN ANTONIO AGUILERA MOCHÓN En la Universidad de Granada están sucediendo graves hechos que atentan contra su papel de líder social en el impulso del pensamiento científico y la racionalidad, y contra la aconfesionalidad que de ella se espera en cuanto institución pública respetuosa de la Constitución. Un breve repaso del segundo aspecto debe incluir la celebración de misas universitarias institucionales, la asistencia del Rector como tal a la beatificación de Fray Leopoldo, la presencia de símbolos religiosos en espacios públicos de la UGR… En cuanto al aspecto académico, recordemos el reconocimiento, mediante la concesión de créditos de libre configuración, de cursos de marcado carácter confesional católico que incluyen conferencias anticientíficas, en las que se defiende el creacionismo frente al evolucionismo… Estos cursos están organizados o por asociaciones creadas por el arzobispo de Granada e insertadas (Seminario J.H. Newman) o no (Instituto Edith Stein) en la UGR, o por instancias próximas al Opus Dei. Las quejas de profesores de la UGR y de la asociación UNI Laica por el carácter confesional (católico) y anticientífico de estos cursos reconocidos por la UGR, no han frenado la intrusión irracional: de hecho, este nuevo curso académico hay más que nunca.

Pero si esto era muy grave, ahora nos encontramos con el episodio tal vez más inicuo en esta insólita relación, en pleno siglo XXI, entre la Universidad pública y la Iglesia católica. El 6 de octubre el rector de la UGR, Francisco González Lodeiro, presidió la ceremonia de apertura de la Facultad de Teología de Granada, y aprovechó para mostrar su intención de “reforzar las relaciones de la teología con la universidad”, de la que es prueba la recién constituida Cátedra de Teología de la Universidad de Granada, la tercera cátedra de este tipo en una universidad pública española, todo un ‘orgullo’. Las otras dos universidades son la Carlos III y La Complutense, ambas de Madrid. “La Cátedra de Teología se crea en la Universidad de Granada, por acuerdo entre esta institución y la Facultad de Teología, en el marco del Convenio vigente entre ambas instituciones”, se dice en la “propuesta de creación” de la Cátedra firmada por ambas partes en octubre de 2010. Ese Convenio data de 1971, cuando la Compañía de Jesús vendió a la UGR unos terrenos que dieron lugar al Campus Universitario de Cartuja.

En el mismo documento se alude a aquellas otras universidades para concluir que “La presente propuesta situaría a la Universidad de Granada en esta misma dinámica de restablecimiento del diálogo entre la teología y las demás ciencias”. Las “demás” ciencias. Me gustaría saber qué ciencia es esta que tiene pendiente demostrar la mera existencia de su principal objeto de estudio (Dios), que defiende unas creencias anticientíficas (milagros, intervenciones divinas en la evolución), y cuyas publicaciones no aparecen en las listas de revistas científicas. El documento aclara que se desarrollarán actividades investigadoras, y la docencia tratará “…los temas vitales de la existencia humana, ‘a la luz del mensaje cristiano’” (cursivas mías). Si esto no es confesionalidad, que venga Dios y lo vea.

Pero, por si hay dudas, seguimos con el documento: “El Director/a de la Cátedra será un profesor/a de la Facultad de Teología o de la Universidad de Granada. Su nombramiento corresponde al Rector/a de la Universidad de Granada, a propuesta del Rector/a de la Facultad de Teología.” Bien, pues el primer Director de la Cátedra es… el ‘padre’ Ildefonso Camacho, Rector de la Facultad de Teología. Se ve que se ha propuesto a sí mismo, y el Rector de la UGR lo ha aceptado.

Recordemos que la Facultad de Teología depende de la Iglesia católica, en concreto de la Compañía de Jesús; en su web se deja claro que es “una Facultad al servicio de la Iglesia y de la sociedad”. Rememoremos como prueba aquel episodio de 1988, cuando los profesores de la Facultad de Teología Castillo y Estrada fueron castigados por su ideología ‘progre’: la Iglesia les retiró el ‘placet’ docente. Podría pensarse que el control eclesial estará mitigado por la “Comisión gestora” de la Cátedra que se creó el 1 de marzo de 2011, pues consta de cinco miembros de la UGR y dos de la Facultad de Teología; sin embargo, por encima de esos siete miembros está el director de la Comisión… adivinen de quién se trata. Pues sí: es, de nuevo, el Rector de la Facultad de Teología, el padre Ildefonso Camacho. ¿Quedan dudas de que la Cátedra está dirigida por la Iglesia católica? Debo añadir que duele encontrar entre los miembros de la Comisión gestora (afectos, cabe pensar, a la Iglesia) a una vicerrectora de la UGR… y para mayor escarnio, nada menos que a la de carácter más “científico”, la de Política Científica e Investigación, María Dolores Suárez.

En la Edad Media la teología era la disciplina dominante en las universidades. Cuánto costó que éstas se desembarazaran de ella para abrir paso a la racionalidad y a la ciencia. Esta Cátedra de Teología significa un duro golpe al espíritu científico de la Universidad y a la aconfesionalidad de esta ilustre institución pública. Un retroceso histórico para una Universidad que pretende la excelencia.

Juan Antonio Aguilera Mochón es profesor de la Universidad de Granada

Publicado en La Opinión de Granada.

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