“CUANDO TODOS LOS ANDALUCES CONOZCAN SU VERDADERA HISTORIA Y ESENCIA, SERÁ CUANDO LLEGAREMOS A OBTENER LA FUERZA NECESARIA PARA EXIGIR EL RESPETO QUE SE NOS DEBE, POR TENER UNA PERSONALIDAD TAN DIFERENTE DE AQUELLA QUE TRATARON DE IMPONERNOS POR LA FUERZA"

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PSOE y PP pactan en el Senado prohibir a los agentes participar en protestas públicas de carácter «político o sindical» aunque no vayan de uniforme.

Los guardias civiles no podrán ni asistir y mucho menos promover manifestaciones de carácter «político o sindical». Aunque no vayan de uniforme no podrán participar jamás en una protesta pública de carácter reivindicativo. Socialistas y populares han pactado en la Comisión de Economía y Hacienda del Senado, sin ningún tipo de publicidad, una enmienda conjunta a la Ley de Contratos del Sector Público en los ámbitos de la Defensa y de la Seguridad, que veta definitivamente el derecho de los agentes a manifestarse e iguala a todos los efectos su situación con la de los miembros de la Fuerzas Armadas.

La iniciativa encendió a las asociaciones profesionales del cuerpo que, lejos de esperar que se recortaran sus derechos, llevan años reclamando que estos se amplíen con el reconocimiento al derecho de sindicación o de huelga. La propuesta se debatirá este martes en cámara alta y si no cambian las tornas se aprobará con los votos de los dos partidos minoritarios. La reforma, en esencia, deja en papel mojado las mejoras que introdujo la Ley Orgánica Reguladora de los Derechos y Deberes de los miembros de la Guardia Civil, que en 2007 legalizó el derecho de manifestación, aunque de manera muy restringida. El artículo 8 de esa normativa exclusivamente prohibía a los funcionarios «organizar manifestaciones o reuniones de carácter político o sindical» o «asistir manifestaciones o reuniones vistiendo el uniforme reglamentario ni portando armas».

El PSOE y el PP, que abogan por derogar este artículo, recuerdan en su enmienda conjunta el carácter militar del instituto armado, por lo que aseguran que a los guardias, en este punto, deben acogerse a la nueva Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. El artículo 12 de ese texto va mucho más allá que el de la Guardia Civil, pues establece que los uniformados «no podrán organizar ni participar en reuniones o manifestaciones de carácter político o sindical».

Según explicaron fuentes parlamentarias, el acuerdo entre los dos partidos no ha sido complicado, ya que antes del anteproyecto del Gobierno había una enmienda del PP en junio, que luego retiró, en la que se reclamaba que la ley militar fuera aplicada a los miembros de la Guardia Civil.

Monumental enfado

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el colectivo que enero de 2007 movilizó a miles de agentes para que se manifestaran vestidos de uniforme en el centro de Madrid a fin de reclamar más derechos para los funcionarios, mostró hoy su más rotunda oposición a la enmienda. Esta asociación, mayoritaria en el cuerpo, denunció que a los guardias se les veta un derecho que «ni siquiera al entorno de ETA se le cuestiona». El colectivo responsabilizó en un comunicado al ministro del Interior del recorte y cargó en términos muy duros contra Alfredo Pérez Rubalcaba. «A los guardias civiles no sólo se les siguen hurtando derechos, sino que además, Rubalcaba -ese político que utiliza todos los resortes que el Estado ha puesto a su disposición, en beneficio propio y de su partido y que no duda en cambiar de postura aunque ello suponga incurrir en faltar a los compromisos adquiridos- no tiene pudor democrático alguno en situar a los guardias civiles en los estadios más bajos de ciudadanía, muy similares a los que tenían los guardias civiles en la dictadura».

«Rubalcaba, que parece haber descubierto la utilidad de la sumisión absoluta, ha comulgado con las ideas más retrogradas y arcaicas, que sólo representan a los que quieren una Guardia Civil al margen del Estado, una Guardia Civil de siglos pasados», denunció la AUGC, que tildó al vicepresidente de «pijo que va de rojo y con ansias de poder ilimitadas».

Según el colectivo, el ministro del Interior ha sido el artífice de «provocar ese pacto antinatural PP-PSOE» para introducir una enmienda en una ley de contratación del sector público «que nada tiene que ver con la regulación de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española» para dar un auténtico «golpe de estado institucional».

«Parece que Rubalcaba no se entera que en España muchos estamos 'indignados' y reclamamos Democracia Real, también para los guardias civiles», explicó la asociación antes de acusar al PSOE de «engañar» a la Guardia Civil por no desarrollar la Ley Orgánica de Derechos y Deberes, como había prometido.

Aquí puedes leer la noticia original.


Habían acudido a apoyar a los despedidos que esperan la readmisión

El secretario general de UGT Huelva, Jorge Puente, y varios miembros de la dirección provincial del sindicato, fueron ayer desalojados por la fuerza del Ayuntamiento de Bollullos, donde habían acudido a mostrar su apoyo a los trabajadores despedidos a los que el alcalde niega la readmisión, pese a estar ésta dictada por los tribunales.

“Ha sido vergonzoso, un verdadero ejemplo de falta de democracia”. Así se pronunciaban ayer desde UGT Huelva, cuya directiva provincial fue desalojada por la fuerza del Ayuntamiento de Bollullos. El secretario general del sindicato, Jorge Puente, y muchos de sus compañeros, habían acudido al primer pleno de la legislatura para mostrar su apoyo a los trabajadores despedidos a los que el equipo de Gobierno se niega a readmitir pese a contar con el respaldo de los tribunales.

Mientras el colectivo de despedidos se manifestaba frente al Ayuntamiento, donde llevan acampados desde principios de la semana pasada, varios miembros del sindicato entraron en el salón de plenos, donde presenciaron como “cada vez que algún concejal de la oposición le preguntaba al alcalde, Francisco Díaz Ojeda, por el asunto de los despedidos, éste le apagaba el micrófono y no le dejaba hablar”. Así, “no permitió que se abordase ningún tema que él no quisiera, y el ambiente se fue poniendo tenso”.

Cuando desde el público –donde además de UGT también se encontraban vecinos y simpatizantes tanto de los distintos partidos políticos como del colectivo de despedidos– comenzaron los reproches a la actitud de Díaz Ojeda, “el alcalde llamó a la Policía, que procedió a un desalojo forzoso ante la resistencia del público asistente”.

Según se aprecia en el siguiente vídeo, grabado en el momento del desalojo, la Policía llegó a empujar a quienes se resistían a abandonar el salón de plenos –entre ellos, Jorge Puente–, e incluso utilizó las esposas para evitar la resistencia de algunos.


VIDEO COMPLEO DE TODO LO SUCEDIDO


SE adelantarán las elecciones. Las españolas, quiero decir. Y no creo que esta vez Griñán cometa la felonía y la torpeza de anticipar las andaluzas. Por dos razones: primero, porque al fin ha calado el daño que se nos ha hecho con el solapamiento electoral; y segundo, porque intentará sacar partido de las primeras medidas correctoras que aplique el PP en el Estado. Es lo único que le queda.

La fecha no dependerá tanto como se intuye de la rendición (provisional) de ETA. La foto se producirá antes de la votación, incluso en plena campaña, pero no antes de la convocatoria electoral. La clave estará de nuevo en el debate presupuestario. El PSOE no puede destapar sus cartas y pregonará permanentemente su deseo de concluir la legislatura (aunque por debajo ya esté maquetando los carteles con la sonrisa de Rubalcaba). El PNV también manifestó en el Congreso la inconveniencia del adelanto electoral, confesando públicamente su noviazgo estratégico con el PSOE. Y el imprudente Chaves declaró por los pasillos que ojala la capitalidad de San Sebastián “sirva para que Bildu vaya en ese camino que todos deseamos, y que en un contexto de ciudad cultural abierta a toda Europa pida la disolución de ETA”.

A las puertas de unas elecciones a nadie interesa que se visualice el soborno para unos y el apoyo para otros. Todo lo que se tenía que regalar ya se ha regalado. No se negociarán los techos de gasto. Y sería un escándalo desproporcionado hipotecar al nuevo gobierno con unos presupuestos aprobados con el apoyo del PNV y CC. Como decía Faulkner: “Si me dan a elegir entre la tristeza y la soledad, me quedo con la tristeza”. Zapatero no tiene donde escoger: está triste y solo. Las condolencias de CC, por la despedida del benefactor, lo demuestran. No habrá debate de presupuestos hasta pasadas las elecciones. Así pues, vayan preparando las papeletas. ¿Quizá para el 27 de noviembre?

Este juego de intereses es el mismo que arrebató la capitalidad cultural a Córdoba. Que nadie hable de conspiración, por favor. Hablemos de política. ¿O no fue política la eleción de Qatar como sede de los mundiales de fútbol? ¿O Londres y Río como sedes olímpicas? Por supuesto que en estas decisiones interviene la política y mucho más cuando 6 de los 13 miembros del jurado son elegidos por el Gobierno. Y no nos preguntemos por qué se le ha dado a Donosti y preguntémonos por qué no se la han dado a Córdoba. En octubre del año pasado aventuré en esta columna que la letra pequeña de los presupuestos incluía el premio a San Sebastián (a cambio del apoyo del PNV) y las aguas saladas para Canarias (a cambio del apoyo de CC).

Los andaluces nos hemos quedado sin la capitalidad y sin el Guadalquivir. ¿Por qué? Andalucía está completamente ausente de los centros de poder político, económico y simbólico del Estado. Nos hemos descapitalizado. No existimos. Para ellos. Ni para nosotros. Pocos saben lo que se ha dicho en el debate sobre el estado de la comunidad, pero sí que hubo otro en el parlamento español donde se escuchó a navarros, aragoneses, gallegos, canarios, vascos, catalanes… y a ninguno de los 64 diputados andaluces. Las sedes sociales de las fusiones de Cajasol o Unicaja están en Madrid y la de Cajasur en Euskadi. Nos cierran empresas potencialmente rentables como Cádiz electrónica o Locsa y peligra Calmante Vitaminado… Hemos normalizado nuestra inexistencia como sujeto político a la vez que afirmamos la de otras comunidades. ¿De quién es la culpa? Nuestra. ¿Quién lo puede solucionar? Nosotros. ¿Cómo? Capitalizándonos.

Aquí puedes leer la noticia original.

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"El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos.

No sabe que el costo de la vida, el precio de los garbanzos, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas.

El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política.

No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales". Bertolt Brecht

TASA DE PARO: 13 DICIEMBRE 2017

ESPAÑA:-------------3.731.700---------------- "-------16,38%
ANDALUCIA:---------1.005,600-----------------"-------25,241%
ALMERIA:----------------96.400 ---------------"--------27,65%
CÁDIZ:------------------159.500----------------"--------27,61%
CORDOBA:-------------114.600----------------"---------30,21%
GRANADA:-------------118.800----------------"---------26,95%
HUELVA:-----------------62.300----------------"---------25,92%
JAEN:--------------------78.900----------------"---------27,01%
MALAGA:-------------- 158.300 ---------------"---------20,88%
SEVILLA:-------------- 217.000 ---------------"---------23,54%
DATOS: Encuesta de la Población Activa (EPA) 3º Trimestre



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