“CUANDO TODOS LOS ANDALUCES CONOZCAN SU VERDADERA HISTORIA Y ESENCIA, SERÁ CUANDO LLEGAREMOS A OBTENER LA FUERZA NECESARIA PARA EXIGIR EL RESPETO QUE SE NOS DEBE, POR TENER UNA PERSONALIDAD TAN DIFERENTE DE AQUELLA QUE TRATARON DE IMPONERNOS POR LA FUERZA"

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Para los andalucistas el compromiso con el medio ambiente no es sólo una cuestión de racionalidad sino también de afectividad y simbolismo porque nuestro territorio, la conservación de los paisajes andaluces, la protección de nuestro medio ambiente y de nuestra estética, constituyen nuestras propias señas de identidad.

Somos conscientes de que ninguna actividad humana, incluida la económica, puede obviar las limitaciones físicas y biológicas del territorio. Precisamente la ignorancia de estos límites por parte del capitalismo, suponiendo que se puede mantener un crecimiento infinito en un mundo finito, está en la base de la crisis global que padecemos.

Por ello, ninguna respuesta a la actual crisis estructural del sistema no resulta satisfactoria si sólo contempla los elementos internos y olvida las limitaciones externas a las que la economía ha de sujetarse (energía, materias primas, etc.)

Resulta ilusorio suponer que, aún aplacando el marasmo financiero, se pueda poner en marcha de nuevo la “rueda virtuosa” de la producción-consumo-empleo sin darnos cuenta de que esa dinámica es lo que se encuentra en cuestión por ser origen de múltiples contradicciones.

El problema reside en que el actual modelo de desarrollo concibe el bienestar como el crecimiento engañoso del PIB, a costa del derroche continuo y el daño, muchas veces irreversible, a los ecosistemas. Un modelo que en un planeta cada vez más poblado y con pretensiones consumistas occidentales es imposible de mantener ya a medio plazo. Proponemos un cambio del sistema a través de un proceso de transición que restaure el equilibrio metabólico del planeta. Este cambio del sistema no sólo es un contenido esencial de nuestro programa electoral sino que constituye un verdadero reto para la democracia, porque es una cuestión de resultados a largo plazo, de ámbito mundial y al margen de las reglas del mercado.

Tanto el PP como el PSOE han convertido a las elecciones es una especie de tómbola de promesas infantiles de muy corto recorrido, aunque en esta coyuntura les resulte extraordinariamente difícil seguir con este método que tan buenos resultados les ha proporcionado. Todos los estudios y encuestas sociológicas ponen de manifiesto que la opinión pública mundial en general y andaluza en particular es conciente de la necesidad de operar un cambio radical para conseguir un progreso sostenible, sobre todo a partir de las manifestaciones patentes del calentamiento del planeta y del cambio climático No reformar las estructuras productivas y las pautas de consumo para actuar contra el cambio climático sería criminal.

La clave del cambio de modelo consiste en integrar los costes medioambientales en la economía. Lo llamamos ecointegración. El capital físico es un factor productivo que hay que cualificar y reponer como cualquier otro. Los precios deben decir la verdad ambiental. Dilapidar los recursos naturales, y desequilibrar el clima global, no puede seguir siendo gratis.

Los patrones de producción, distribución y consumo actuales, heredados del tipo de industrialización de alto impacto ambiental, son la prueba más evidente del fracaso del modelo neoliberal. Sin embargo son los que el PSOE y el PP han impulsado en Andalucía y en España, lo que ha supuesto no sólo una irresponsabilidad sino un ataque sin precedente a nuestra tierra, de consecuencias a veces irreversibles y, en todo caso, muy duraderas. Sus políticas, aunque disfrazada de palabrería demagógica sobre la sostenibilidad, han producido una catástrofe medio ambiental y territorial, esquilmando el litoral, amenazando la supervivencia del medio rural, degradando la biodiversidad, contribuyendo a la desertización, contaminación de ríos y derroche en el consumo de agua y sobre todo condicionando y lastrando nuestro modelo productivo.

Por ello, los andalucistas presentamos este Programa como una propuesta estratégica para preparar la transición hacia otro modelo de producción y consumo que respete los límites del metabolismo de la naturaleza; hacia otro modelo de progreso que asegure el presente y el futuro de Andalucía, como contribución a nuestra tierra y a la sostenibilidad del Planeta.

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Queremos lograr una escuela andaluza pública que sea:

a) Integradora

La función de integración social, quizás la más tradicional de la escuela pública, es imprescindible si no se quiere que la escuela reproduzca el modelo de estratificación social contribuyendo a su consolidación e inamovilidad. La escuela pública tiene que ser una escuela interclasista, esto es, una escuela en la que convivan todas las clases o grupos sociales. Una sociedad que sufre, de una parte, las tensiones aparejadas a una crisis económica que contribuye a aumentar las diferencias sociales, y, de otra, las presiones culturales derivadas de los nuevos movimientos migratorios, necesita de una escuela que sea integradora e inclusiva.

b) Laica

La función de laicidad de las escuelas públicas satisface la necesidad de que todos los alumnos, sea cual sea, o no sea, su creencia religiosa, lengua, etnia o cultura, puedan encontrar en la escuela pública su casa común, el lugar donde se construye sobre lo que los une, dejando de lado lo que los separa. Queremos una escuela laica que sea garante de neutralidad y tolerancia, que respete positivamente la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión y las opciones ideológicas, políticas y morales de los alumnos, de sus familias, de los profesores y de los demás trabajadores de los centros. Una escuela que acepte el hecho del pluralismo religioso, filosófico, ideológico, político y moral de la sociedad, que rechace el proselitismo y el adoctrinamiento a favor de una religión particular, de un sistema filosófico, de una opción política, ideológica o moral.

c) Participativa

La escuela pública debe educar en la participación a todo el alumnado y promover la participación de las familias y del profesorado en la gestión democrática de la vida escolar, revitalizando los órganos colegiados de gobierno, y muy especialmente los consejos escolares de centro. Si no queremos para la sociedad del futuro una sociedad de consumidores, sino de ciudadanos, hay que comenzar desde la escuela a educar para la participación. La escuela pública debe ser eminentemente participativa.

f) Democrática

La escuela pública tiene el deber de hacer frente a las tendencias disgregadoras e inculcar el sentimiento de pertenencia a una democracia deliberativa formando ciudadanos educados en la virtud cívica y preparando a los futuros ciudadanos para la sociedad del conocimiento, facilitando la igualdad de acceso a los bienes de una cultura cualificada y democrática. La escuela pública tiene que ser un modelo en la transmisión de los valores democráticos en los que se asienta la convivencia pacífica de todos los ciudadanos.

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Mañana jueves 29 de Septiembre, a las 19 h ;se presenta La Plataforma sevillana por la escuela pública, laica y de calidad. En la Nueva Facultad de Ciencias de la Educación (C/Pirotecnia s/n)

Intervienen: Jaume Carbonell/Concha Caballero/Rafael de Cózar/Francisco Delgado/Leopoldo Acal y el público asistente

INDIGNADOS Y DISPUESTOS A REACCIONAR, MANIFESTAMOS:

La educación es uno de los pilares fundamentales de la democracia. Una sociedad democrática es aquella en la que los individuos, al poder desarrollar su autonomía de pensamiento y su capacidad crítica en libertad, son difícilmente manipulables y no quedan a merced de las élites que controlan los medios de comunicación. La educación es el único medio para que los individuos puedan desarrollar sus capacidades y ejercer plenamente esa libertad.

Así, pues, la libertad de conciencia y la igualdad de todos los ciudadanos son los pilares fundamentales de toda democracia. De ellos se deriva la necesaria separación entre el Estado y las organizaciones religiosas. El laicismo defiende esos valores que dotan a la Democracia de una sólida base moral para promover y soportar la convivencia en comunidades como las actuales, de gran diversidad de culturas y de credos. Sin el laicismo, la Historia nos lo enseña, se produce la imposición de un credo que tiene la hegemonía, o la lucha entre las varias confesiones y opciones espirituales.

Es necesario, pues, que la escuela garantice que los futuros ciudadanos puedan aprender, entender, valorar, practicar y defender los valores democráticos en igualdad de condiciones, como sujetos de derechos y deberes. La escuela pública tiene que garantizar una educación laica, con un acceso al conocimiento universal, igual para todos, libre de adoctrinamientos y de encasillamientos o manipulaciones ideológicas. Para conseguirlo, la escuela, en su dinámica cotidiana, ha de ser una escuela de democracia, porque no hay mejor aprendizaje que aquel que es vivido desde la experiencia.

Por todo ello aspiramos a un Estado verdaderamente laico y que la enseñanza confesional de la religión desaparezca definitivamente del ámbito escolar. Las creencias y prácticas religiosas no son una asignatura, pertenecen a la esfera de las creencias personales, por lo que no forman parte de las competencias básicas escolares ni del currículo de la enseñanza obligatoria. El adoctrinamiento religioso, la catequesis, no es ni puede ser un área de conocimiento en la escuela porque segrega a niños, niñas y adolescentes por cuestiones ideológicas y de conciencia, lo cual va en contra de los principios de la educación en igualdad, base de la Democracia.

En el momento actual consideramos que la debida separación Iglesia-Estado tiene carencias inmediatamente subsanables, después de una Constitución aprobada hace ya 32 años. Es inadmisible que muchos centros educativos públicos (y concertados) mantengan crucifijos u otros símbolos religiosos a pesar de haberse ya pronunciado en contra los tribunales internacionales. Es inadmisible que puedan ser promovidos en el ámbito de la escuela actos religiosos como actividades extraescolares, y que se organicen actividades de formación del profesorado subvencionadas con dinero público cuyo objetivo es la catequesis o la evangelización de alumnos o de profesores.

Reclamamos que el Estado no financie como concertados a los centros privados religiosos que fomentan una visión de la realidad contraria a los avances del conocimiento científico o, a nivel ideológico y político, a las leyes aprobadas por el parlamento democrático. Tampoco a los que aplican idearios o proyectos educativos u organizativos que contradicen los principios de la Declaración Universal de los

Derechos Humanos, de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como los derechos civiles garantizados por las leyes españolas. Los centros educativos confesionales transmiten a sus alumnos el particular ideario de la confesión católica, desdeñando otros modelos, contraviniendo en su caso principios constitucionales y fomentando actitudes antisociales como el machismo, la homofobia y la discriminación de los que tienen convicciones diferentes. Sin mencionar los casos más graves de encubrimiento o justificación de conductas que son graves delitos (contra la consideración igualitaria de la mujer, el respeto a menores, etc.).

Consideramos por ello dejación de las responsabilidades del Estado equiparar sin más bajo la categoría de “servicio público de educación” la red de centros públicos con la de los privados concertados (mayoritariamente católicos) y rechazamos las políticas que desmantelan la oferta de enseñanza pública (desde la etapa infantil hasta la universitaria) favoreciendo la enseñanza privada, que es en España mayoritariamente católica. Las últimas leyes educativas (LOE, LEA) y las medidas propuestas por el Ministerio de Educación para el fallido pacto de Estado reinciden en esta identificación inaceptable.

Como un paso imprescindible, previo a la erradicación de la enseñanza confesional, exigimos la supresión inmediata en el próximo curso de la llamada “Debida atención educativa” (DAE) que con la aquiescencia y protección del propio estado privilegia la elección de la asignatura de religión al obligar a que los niños y adolescentes permanezcan en el centro educativo sin poder desarrollar actividades provechosas si no dan religión.

Por último, para una atención especial al fracaso escolar, exigimos que la formación del profesorado así como la modernización y actualización de contenidos, métodos y formas de evaluación, basadas en la innovación, la reflexión y la investigación contrastada y rigurosa por parte de ese profesorado, cuenten con el apoyo y la adecuada cobertura de medios por parte de la administración.

La escuela pública debe garantizar una formación integral y básica y un aprendizaje relevante, duradero y de calidad para todos y todas.

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SI ESTÁS DE ACUERDO: REACCIONA, ACUDE Y DIFUNDE

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CONVOCAN Y APOYAN:

SEVILLA LAICA/REDES/FORO POR OTRA ESCUELA-RED IRES/PLATAFORMA POR UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA, DEMOCRÁTICA Y DE CALIDAD/FAMPA SEVILLA/USTEA/CCOO/IU

La Policía Nacional ha detenido al ex alcalde del municipio malagueño de Ronda, Antonio Marín Lara (PSOE), por presuntos delitos de corrupción urbanística.

Bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número dos de Ronda (Málaga), los agentes investigan la presunta comisión de delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, falsedades y blanqueo de capitales, según han confirmado fuentes de la investigación. A los registros que se están realizando desde la mañana de este martes en el ayuntamiento rondeño y en la Delegación de Urbanismo, podrían sumarse otros fuera de Málaga.

La Fiscalía Anticorrupción, junto al instructor de la causa abierta por este asunto y agentes especializados en cuestiones urbanísticas, llevan más de un año indagando en la posible comisión de diversos delitos, entre ellos prevaricación urbanística. Tras meses de investigación, que ha incluido la intervención de teléfonos por orden judicial, esta mañana se han iniciado los registros en las dependencias municipales, aunque está previsto que se realicen otros registros posteriores.

Los agentes están requisando numerosos documentos y ordenadores para estudiar su contenido y determinar si se van a producir detenciones en el marco de esta operación.

La alcaldesa del municipio, María Paz Fernández (PP), ha confirmado que los registros que están teniendo lugar están en los despachos de miembros de la antigua Corporación; en concreto, de las dependencias del ex alcalde, Antonio Marín Lara (PSOE); el ex primer teniente de alcalde y secretario general del PSOE de Ronda, Francisco Cañestro; la ex delegada municipal de Obras, María José Martín de Haro, y el ex delegado de Seguridad, Rafael Lara.

No obstante, la actual regidora, que se encuentra dentro del ayuntamiento junto a la mayoría de los concejales, se ha mostrado tranquila, debido a que las intervenciones se corresponden con la gestión del equipo de gobierno anterior.

Asimismo, ha señalado que a lo largo de la mañana se celebrará una rueda de prensa para informar de las actuaciones. Mientras, los funcionarios de este Ayuntamiento se encuentran en la sede del Consistorio, ubicado en la plaza Duquesa de Parcent, sin poder acceder al mismo, dado que el edificio se encuentra cerrado desde que comenzaron los registros, según ha afirmado Fernández.

Al parecer, los agentes están entrando con cajas vacías tanto a la sede del Consistorio como a la delegación de Urbanismo. A estos se ha unido, posteriormente, una patrulla de la Policía Local, que también custodia la sede consistorial.

En las pasadas elecciones el PSOE, con Antonio María Marín Lara como cabeza de lista, obtuvo 175 votos más que los ‘populares’, aunque ambos consiguieron siete concejales. El PA se hizo con cinco e Izquierda Unida (IU) con dos, alcanzando el PP una coalición con los andalucistas para desbancar a Marín Lara del sillón municipal.

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Los andaluces y las andaluzas estamos comprobando cómo tenemos que cambiar radicalmente nuestra expresión política para tener la fuerza suficiente con la que luchar contra la crisis y el desempleo masivo que nos ahoga.

Delegar nuestra representación en los dos partidos centralistas que han reducido la participación política a la mínima expresión nos ha servido para muy poco, sólo para crear un espejismo desarrollista que escondía una economía muy dependiente que se ha desvanecido con una rotundidad sin parangón con ningún otro territorio de Europa y nos arrojado a una situación de emergencia social con un 30% cuando la media en España es del 20% y en la Unión Europea del 10%. Tenemos la necesidad y la obligación de preguntarnos ¿cómo hemos llegado a esta situación, después de más de 30 años de democracia y de Autonomía y perteneciendo a la Unión Europea?. La respuesta es que no hemos tenido una representación política que expresara la voluntad propia de Andalucía para construir una economía mucho más autónoma, con peso en Madrid y Bruselas para lograr que las políticas que allí se deciden redundaran en una mayor autonomía real para Andalucía.

Los andalucistas exponemos en este programa cuál es nuestra alternativa y sobre todo el compromiso y la firme voluntad de lucha por los intereses de Andalucía en todos los foros políticos priorizando la lucha contra el paro como nuestro objetivo político número uno. Para que Andalucía vuelva a existir como sujeto político es necesario que los andalucistas tengan grupo parlamentario en el Congreso y en el Senado. En caso contrario esta legislatura que se caracterizará por la escasez de recursos sólo nos traerá más desigualdad. A pesar de ser la comunidad más numerosa con más de ocho millones de habitantes estaremos en total desventaja con los territorios que tengan representación política propia. ¿de qué nos han servido los 61 diputados del PSOE y el PP en esta legislatura que se acaba?. Andalucía no ha existido en Madrid. Para que haya más Andalucía el único voto útil es el voto al Partido Andalucista. Sabemos cómo hacerlo: este es el programa, hecho en Andalucía para Andalucía.

La secretaria general del Partido Andalucista (PA), Pilar González, presentará este martes un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) por la “vulneración de derechos fundamentales” por incumplimiento de artículos la Constitución que, en opinión del partido, supone la instrucción de la Junta Electoral Central y el Real Decreto de Convocatoria de Elecciones Generales, al establecer como obligatoriedad a los partidos sin representación en la Cortes Generales, la recogida de avales para poder presentar una candidatura.

En un comunicado, el PA explica que, tal y como establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) en la nueva redacción del artículo 169.3, los partidos, federaciones y coaliciones que no hubieran obtenido representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria de elecciones necesitarán la firma, al menos, del 0,1 por ciento de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretendan su elección. Este artículo establece igualmente que ningún elector podrá prestar su firma a más de una candidatura.

La nueva redacción del artículo 169.3 de la LOREG establece un requisito previo a los ciudadanos y a las formaciones políticas legalizadas e incluidas en el Registro de Partidos Políticos dependiente del Ministerio del Interior que “no puede encontrar justificación alguna ni en los debates parlamentarios ni en la propia legislación. Ni en unos, ni en otros se justifica ni se motiva la necesidad de establecer el requisito previo de aportar las firmas que avalen con el 0,1 por ciento de los censados a algunas candidaturas que se deseen presentar a la convocatoria electoral”, recoge el Partido Andalucista en el recurso.

Asimismo, la campaña institucional de información al ciudadano que tradicionalmente se desarrolla desde la convocatoria electoral no está contemplada por “por instrucción o acuerdo alguno de obligado cumplimiento por parte de la Junta Electoral Central”, lo que el PA entiende como una vulneración de derechos al considerar que “dicha campaña no sólo debe incluir tanto la información a cerca de la fecha de votación como del proceso electoral del que se trata, los requisitos para participar, el voto por correo, sino también la novedad en el proceso de participación que supone el artículo 169.3 de la LOREG y que establece la posibilidad de firmar a favor de una candidatura y la necesidad de que los partidos sin representación en el Congreso de los Diputados tienen para poder concurrir a las elecciones generales”.

Precisamente, a tal fin y la espera de la resolución del recurso, el PA inicia este martes la campaña informativa ‘Yo Avalo, Más Andalucía’ y desplegará mesas petitorias para la recogida de avales en diferentes puntos de la geografía andaluza. En una de estas mesas, la situada en la plaza de la Campana de Sevilla, Pilar González, ofrecerá una rueda de prensa para informar sobra las distintas acciones emprendidas a este respecto por el Partido Andalucista. Junto a ella estarán Fernando Álvarez-Ossorio, candidato del PA al Congreso de los Diputados por Sevilla y David Cabello, secretario de Organización del Partido Andalucista.

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  • Piden modificar la ley para incluir la dación en pago con carácter retroactivo.
  • Quieren que las viviendas vacías se dediquen al alquiler social.
  • El objetivo de las marchas es conseguir una moratoria de tres años para discutir las medidas que proponen en el Parlamento que se forme tras el 20-N.

Miles de personas se echado a las calles en más de 40 ciudades españolas para exigir soluciones a la situación de las hipotecas en España, convocados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Adicae, con el apoyo del movimiento 15M y Democracia Real Ya.

En la capital española y bajo el lema 'Por el derecho a la vivienda: Dación en pago retroactiva, stop desahucios y alquiler social ya', medio millar de personas (5.000 según los organizadores) se han reunido para pedir una "ley hipotecaria justa" y "defender el derecho a la vivienda digna".

Las reivindicaciones

Durante la manifestación y en declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz de la PAH, Chema Ruiz, ha pedido la modificación de la legislación para incluir la dación en pago con carácter retroactivo para evitar que las familias se queden en la calle. Según datos facilitados por Ruiz, en el primer trimestre del año ha habido 16.000 desahucios en España y hay, además, un millón y medio de expedientes de ejecución hipotecaria.

Más de 40 ciudades

En Valladolid, unos 150 'indignados' han exigido que se cumpla el derecho a una vivienda digna tal como recoge la Constitución y han denunciado el abuso de las hipotecas, bajo el lema: "Por una vivienda digna. Stop desahucios".

En Salamanca, cerca de 200 personas se han movilizado y han propuesto la "paralización y retardo de los desahucios", así como "la renegociación con las entidades bancarias y acciones legales contra éstas, alquiler social e impuesto a las viviendas vacías".

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca en La Rioja ha fijado en una veintena el número de desahucios o ejecuciones hipotecarias que se registran al mes en la comunidad autónoma.

En Valencia, en cuya comunidad calculan que al día se producen unos 72 desahucios, un grupo de manifestantes ha reclamado la moratoria de desahucios en tiempos de crisis y ha pedido al Gobierno que fomente el alquiler social y no desperdicie viviendas.

Barcelona, Bilbao, Almería, Córdoba, Gijón, Tenerife, Burgos, León, Toledo, Santiago de Compostela o Zaragoza son algunas de las otras ciudades en las que los indignados también han salido a la calle a protestar contra los desahucios.

Campaña contra los desahucios

Desde el estallido del movimiento 15M, el pasado mes de mayo, la PAH inició una campaña contra los desahucios con la que han evitado que un total de 74 familias hayan sido desalojadas de sus casas por impago de las hipotecas.

Además, la plataforma presentó una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre la dación en pago, para que la devolución de un piso salde la deuda con el banco, que está bloqueada en el Congreso de los Diputados y no se tramitará hasta después de las elecciones generales del próximo 20 de noviembre.

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“ Si el alumno no puede aprender por el camino en el que se enseña, el docente debe buscar el camino por el que el alumno aprende ”

TASA DE PARO: 29 DE MAYO DEL 2017

ESPAÑA:-------------4.255.000---------------- "-------18,75%
ANDALUCIA:---------1.072,400-----------------"-------26,94%
ALMERIA:----------------74.200 ---------------"--------21,37%
CÁDIZ:------------------195.500----------------"--------33,87%
CORDOBA:-------------104.800----------------"---------27,53%
GRANADA:-------------113.700----------------"---------25,66%
HUELVA:-----------------63.900----------------"---------26,22%
JAEN:--------------------76.100----------------"---------25,39%
MALAGA:-------------- 240.400 ---------------"---------26,20%
SEVILLA:-------------- 243.900 ---------------"---------26,37%
DATOS: Encuesta de la Población Activa (EPA) 1º Trimestre



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